Daniela tiene 32 años y una hija de 7. Vive y trabaja como empleada doméstica en la ciudad bonaerense de Pergamino, aunque desde que arrancó la cuarentena por el COVID-19 quedó desempleada.
Hace poco más de cuatro años Daniela sintió que había tocado fondo. Tenía neumonía y no lograba recuperarse “porque cortaba los efectos de la medicación con las drogas que consumía”, cuenta.
El médico clínico que la atendía fue quien supo escucharla y contenerla, guiarla para que se tratara con una psicóloga que rápidamente la derivó al Centro Integral para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones Padre Galli, un espacio municipal creado en 2012, según la perspectiva de la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010.
Daniela, que a esta altura de la cuarentena solo asiste al centro para su terapia y realizar alguno de los talleres que allí se dan, empezó a consumir sustancias como alcohol y cocaína a los 18 años. Recuerda: “Creo que empecé por el dolor que me provocaban las burlas que me hacían por ser pobre, por no tener zapatillas o ropa de marca, o por mi apariencia física. Eso sumado a la muerte de mi mamá, mi abuela, mi abuelo me llenó de tristeza, de angustia. A veces solo necesitaba un abrazo, pero no había nadie para dármelo y entonces consumía alguna sustancia”.
El centro al que llegó Daniela incorpora lo que dice la Ley de Salud Mental, “ofrecer un tratamiento profesional que se adecua a cada usuario con consumo problemático, estableciendo la alternativa terapéutica más conveniente, menos restrictiva y respetando sus derechos y obligaciones como sujeto de derecho. Todo esto tratando de favorecer el lazo social del usuario”, según se destaca en el informe 2020 de gestión de la Dirección de Prevención y Tratamiento de las Adicciones del municipio. Un documento que bien puede inspirar a otros distritos para trabajar en este sentido.
Daniela, como M —que tiene 23 años y prefiere dar solo la inicial de su nombre, y que hace unos meses terminó un tratamiento—, César —de 47 y que tras años de consumir alcohol y cocaína y se trata en el centro Padre Galli— o Manuel —28 años, también prefiere usar un nombre de fantasía y resguardar su identidad—, forman parte del 10,4% de la población argentina que sufre trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas —esto engloba alcohol, tabaco y drogas—. Al dato lo reveló un Estudio Epidemiológico de Salud Mental (ver página 36) publicado en 2018 y realizado por la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Buenos Aires, la Asociación de Psiquiatras Argentinos y la Universidad de Harvard, entre otros organismos.
Mientras, un Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas publicado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) en 2017 puntualiza que la marihuana y la cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo en el país. Un 7,8% de la población declaró haber usado marihuana en el último año y un 1,5% cocaína. A su vez, un 5,3% consumió cocaína alguna vez en su vida, lo que implica un incremento del 100% con respecto al estudio del 2010; aunque si focalizamos en los adolescentes este número se triplicó. Tanto en la marihuana como en la cocaína, los varones de entre 18 y 24 años son los que presentan las mayores tasas de consumo.
El acompañamiento familiar
M trabaja como maquilladora, estilista y productora de modas en la ciudad de Buenos Aires. Hizo el secundario en un colegio privado religioso y estaba en cuarto año cuando empezó a ir a “la jodita”. “Eran fiestas electrónicas muy oscuras, en lugares feos, con muchos chiques duros, con los dientes crujiendo de lo apretados, consumiendo en los baños hasta quedar desmayados ahí mismo. Vi a amigues que se desmayaban y yo con la angustia de no saber si ir o no al hospital con ellos porque yo también estaba drogada. Estaba en los boliches hasta la mañana y seguía de ‘after’ hasta media mañana”, describe M.
Ella cuenta que nunca llegó “quebrada” a su casa y que sus padres no supieron de su consumo de sustancias hasta que un día, buscando algo en su habitación, le encontraron pastillas de éxtasis. Por entonces, ella tenía 20 años y hacía 4 que ya consumía psicoactivos. Estudiaba en una universidad privada y estaba de novia con quien hoy sigue siendo su pareja. “Lo primero que hizo mi papá fue llamar a su médico, quien le recomendó que me tratara en el Dispositivo Pavlovsky”. Así M llegó a este centro ambulatorio y de tratamiento intensivo privado, para personas con consumos problemáticos, que se creó en 2010 y funciona en CABA.
“¿Qué me llevó al consumo? Quería olvidarme de mi vida. Soy adoptada, como mis otros tres hermanos. Mis padres nunca nos lo ocultaron, pero yo empecé a sentir que necesitaba saber más, conocer que me había pasado, y como ninguno de mis hermanos manifestó nunca ese deseo, empecé a sentirme la oveja negra, culpable de que no me bastara con la familia que tenía. Me llevó un año de terapia en el centro poder plantearle esa necesidad a mis padres”.
Su papá, pero sobre todo su mamá y uno de sus hermanos siempre estuvieron dispuestos a acompañarla a las terapias familiares. Y hoy sigue hablando con su mamá sobre cómo empezar la búsqueda de sus orígenes. M terminó su tratamiento a comienzos de año y desde que inició la cuarentena vive con su novio, en la casa de la familia de él.
Todas las fuentes consultadas para esta nota coinciden en que el consumo de sustancias psicoactivas atraviesa a personas de todas las edades y estratos sociales. Y que detrás de él siempre hay algún sufrimiento que se trata de calmar, un vacío que se busca completar en una sociedad que promueve la satisfacción inmediata. Por eso, es importante que todos y todas, como parte de la sociedad —y desde el lugar en el que estamos—, entendamos la problemática y demos una mano, sin juzgar.
En ese sentido, es super recomendable este manual que se lee en 2 minutos, que hizo Mutante, un medio de comunicación colombiano. 👇
¿CÓMO HABLAR DE DROGAS EN FAMILIA?
Qué se espera de los sistemas y los profesionales de la salud
La situación de M es bastante particular. Ella accedió a un tratamiento a pocos años de comenzar a consumir. Pero no es lo habitual, “en general llegan a una consulta después de entre 5 y 10 años de estar consumiendo”, explica Federico Pavlovsky, psiquiatra y director de Dispositivo Pavlovsky. Por eso, destaca, “es importante que los profesionales empiecen a entender que la adicción es una problemática severa de la salud mental y que los centros de salud deben estar preparados para que cuando una persona pide ayuda o llega a una guardia no pierdan la única posibilidad, tal vez, de brindarle un tratamiento”.
El camino que recorrió César es un ejemplo de lo que plantea Pavlovsky. Él vive en Pergamino desde hace cuatro años. Pero antes residía en la ciudad de Buenos Aires, trabajaba básicamente en jardinería y vivía con quien ahora es su expareja y sus hijos. César empezó a consumir cocaína y alcohol a los 18 años y lo hizo hasta los 23. Cuando vio que corría riesgo de perder a su familia dejó, y volvió a recaer a los 33.
En un momento, su hija le propuso internarse, “pero todo lo que conocía era privado, exigían no ver a nadie por mucho tiempo y no podía pagarlo”, cuenta.
Hace dos años, ya en Pergamino, César tuvo pensamientos suicidas y decidió ir a ese lugar que siempre veía y al que no se animaba a entrar: el Centro de Adicciones Padre Galli. A partir de ahí va dos veces por semana a talleres y una vez a terapia con una psicóloga.
“Siento que si hubiese encontrado antes la ayuda que encontré acá no hubiese perdido a mi familia. Encontré contención, que me escucharan sin reprocharme lo que soy”, dice César.
En ese sentido, Silvia Quevedo, psicoanalista y socióloga, a cargo del departamento de Consumos Problemáticos de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires sostiene que un modo de aproximarse a lo que propone la Ley de Salud Mental es “debatiendo los prejuicios, no cayendo en los estereotipos, pudiendo así distinguir un consumo simple de uno problemático sin considerar a la persona un delincuente. Corrernos de la sustancia que consume y localizarnos en qué le pasa a esa persona”.
Si bien este debate es necesario en la sociedad en general, los especialistas consultados acordaron que en este punto el desafío para el sistema de salud está en ofrecer tratamientos profesionales en vida comunitaria, que le permitan a la persona tener una vida articulada con su entorno familiar, social y laboral.
Pero si bien hace una década que contamos con la ley que propone cambios en el abordaje y tratamiento del tema, aún estamos en período de transición. Tanto en la sociedad en general como en el sistema de salud, estamos pasando de ver a la persona que consume como a alguien que tiene que recuperarse y abstenerse, a ver a un sujeto con una perspectiva de derechos.
Hasta 2010, “la mayoría de los centros que ofrecían tratamiento en el país, llamados comunidades terapéuticas o granjas, lo hacían en general sin la presencia de profesionales, conducidas por ex personas con consumos problemáticos que habían logrado un cese en sus vidas”, explica Marcos Carini, psicólogo especializado en drogadependencia y Director de Prevención y Tratamiento de las Adicciones del municipio de Pergamino.
El estilo de estas comunidades, sigue Carini, “se basaba en el disciplinamiento del sujeto a través de tratamientos muy largos, exigentes y completamente abstencionistas. De hecho, aún hoy muchas comunidades, si bien están aggiornando su funcionamiento a las nuevas exigencias, continúan con la misma lógica. Los resultados son muy cuestionables y las consecuencias del propio tratamiento restringen libertades y derechos básicos de los usuarios”.
Actualmente, “cuando una persona llega al Centro Padre Galli por un consumo moderado de sustancias optamos por la variable terapéutica que menos restrinja las libertades de ese sujeto. Estamos convencidos de que restituir derechos es recuperar salud mental”, explica Carini.
Para eso, consensúan con la persona tratamientos que permiten la integración al contexto comunitario, donde convive con su entorno. “La persona puede integrarse a la vida social consumiendo. La abstención como condición de admisión fue reemplazada por una práctica de reducción de riesgos y daños, que tolera la decisión del sujeto”, dice el funcionario.
Por otro lado, los profesionales consultados concuerdan en que no se puede pensar que todo el que consume es adicto. “Existe el consumo recreativo, el problemático y la adicción, y estos se pueden dar con cualquier sustancia psicoactiva, legal o ilegal”, informa Carini. Y enseguida subraya: “En adolescentes, al estar aún en etapa de desarrollo, no existe el consumo recreativo inocuo porque provoca daños al sistema nervioso mayores que en adultos”.
Buscando brindar información y acompañamiento, desde el Estado la Sedronar cuenta cuenta con varios canales de escucha y asistencia inmediata, gratuitos, que funcionan durante las 24 horas, los 365 días del año. El más importante:
Mientras que distintas ciudades del país cuentan con teléfonos locales a los que llamar por información.
Este año, la Sedronar recibió “entre el 1 de enero y el 31 de agosto, 17.876 llamadas en la línea 141, contra 16.690 del mismo período de 2019”.
Qué se espera de escuelas y universidades
Manuel es formoseño, tiene 28 años y llegó a la ciudad de Buenos Aires tras egresar del secundario. Ahí empezó a ir a fiestas electrónicas y a consumir marihuana, alcohol, ácidos, éxtasis, hongos, LCD. Estudió Administración de Empresas en una universidad privada y se recibió a los 22 años. Para entonces, “ya tenía un consumo problemático”, reconoce.
Se fue a estudiar un año a Lisboa, volvió y empezó a trabajar en la empresa familiar, hasta los 24, cuando lo contrató una financiera. Allí trabajó hasta que tras cuatro sobredosis de cocaína sus padres se mudaron a Buenos Aires para acompañarlo con el tratamiento que está haciendo en el Dispositivo Pavlovsky.
“Yo consumía y me sentía bien. Entonces, cuando escuchaba que las drogas eran malas el mensaje no me llegaba. Nunca había escuchado, por ejemplo, que el consumo de drogas deteriora los vínculos, nunca había visto lo que provocan”, dice Manuel.
En ese sentido, “yo vengo de una familia tradicional y vivíamos en una ciudad que estigmatiza mucho a la persona que consume y sobre todo si está en tratamiento. Por eso todos lo ocultan. Nunca recibí educación sobre consumos de sustancias en la escuela secundaria o en la universidad y creo que es fundamental por esos años poder hablar sin prejuicios del tema”.
En verdad, la prevención que plantea Manuel está contemplado en la Ley de Educación Sexual Integral. Mientras que los Departamentos de Orientación Escolar (DOE), que funcionan en secundarios y universidades, son los que deberían acompañar a los y las estudiantes con consumos problemáticos de sustancias.
En la misma línea que Manuel, M sostiene que en el secundario, “así como tuve un taller obligatorio sobre métodos anticonceptivos, me hubiese gustado tener un taller que me explicara el consumo de sustancias y cómo se podía terminar si se consumía, que contara que aunque al principio te parece buenísimo y placentero, a mediano y largo plazo te destruye”.
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