La lista es extensa. Pero podemos empezar por: hacer las compras, cocinar, limpiar la casa y cuidar a niños, niñas, personas mayores o con discapacidad que requieren apoyo. Luego, agregar la coordinación de horarios y traslados al médico, la escuela, los cumpleaños, las actividades extraescolares o el apoyo escolar. Y no olvidar las tareas comunitarias como cocinar en un merendero o darle clases de apoyo en centros barriales.
Estas son, entre otras, las denominadas “tareas de cuidado” que nuestra sociedad reconoce como temas a resolver en las familias y que recaen, en su enorme mayoría, sobre las mujeres. Pero, en línea con lo que viene ocurriendo en varios países del mundo, entre los que se encuentra Uruguay como el caso más cercano, el Estados argentino pretende que estas tareas dejen el ámbito estrictamente familiar para ser discutidas e incluidas en el diseño de las políticas públicas.
Es que si bien con la organización de los Estados modernos se implementaron sistemas públicos de salud y educación, no fue así con los cuidados.
Expertos y funcionarios consultados coincidieron en que esto ocurrió porque los Estados de bienestar se diseñaron con base en la división sexual del trabajo, que implicó que los varones fueran a trabajar y las mujeres a cuidar. Así, el cuidado quedó en manos de las familias y bajo la responsabilidad de las mujeres, en su enorme mayoría.
Esto significa para las personas que realizan estas tareas de cuidado no remuneradas: menos tiempo libre y de descanso, menos tiempo para desarrollarse profesional y laboralmente, menos acceso al mercado de trabajo, menos posibilidades de tener salarios equivalentes al de los varones (brecha salarial), mayores tasas de desempleo e informalidad, menos tiempo para participar en actividades políticas, más probabilidad de caer en la pobreza y menores posibilidades de salir de situaciones de violencia por falta de autonomía económica.
Virginia es psicóloga, divorciada y trabaja en un hospital de la ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio de Salud de Nación. Si bien comparte la crianza de su hijo con el padre, es ella la que gestiona mucho del acompañamiento escolar, las visitas a los médicos y las necesidades básicas de ropa del niño.
Virginia cuenta que este año, agravado por la pandemia, “el trabajo ocupa cualquier hora del día. Muchas veces espero a que mi hijo se duerma o utilizo el fin de semana para avanzar con tareas que puedo hacer en la computadora. Tengo reuniones de trabajo con la cámara apagada mientras lavo los platos y se me superpone el trabajo con videollamadas de la escuela de mi hijo. Ni que hablar de pensar en capacitaciones largas, este año solo pude tomar cursos cortos. Mi sensación es que hago tareas no pagas durante casi todo el día y el trabajo pago se superpone”.
En Argentina, si bien desde hace tiempo se vienen implementando soluciones que buscan equiparar esta brecha, las medidas se llevan adelante de manera desarticulada y sin una perspectiva de género. Por ejemplo, “la Asignación Universal por Hijo y la moratoria previsional son dos políticas públicas que indirectamente aportaron a un acto de justicia económica con las personas que se ocupaban de tareas de cuidado”, sostiene Lucía Cirmi Obón, directora nacional de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Esta dirección, precisamente, fue creada por el Gobierno nacional con el objetivo de empezar a configurar un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género, que organice y articule todos los esfuerzos que hoy funcionan de manera aislada.
En ese sentido, entre las políticas que el Estado podría impulsar para modificar la actual distribución inequitativa de estas tareas en la sociedad están la provisión de servicios de cuidados para primera infancia, personas mayores y con discapacidad; la implementación de políticas para que los varones tengan mayor responsabilidad en cuanto a la realización de estas tareas; que las tareas de cuidado sean reconocidas como un trabajo y que las personas que cuidan cuenten con protección social.
Porque hoy, puntualiza Cirmi Obón, “en Argentina, la mitad de las mujeres con hijos de menos de tres años está fuera del mercado de trabajo porque está cuidando”.
4 líneas de acción para organizar un sistema de cuidados
En el diseño de un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género el Gobierno nacional comenzó a trabajar en enero pasado conformando la Dirección que hoy lidera Cirmi Obón. Desde allí se articuló el Mapa Federal de los Cuidados, que se creó con el apoyo de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y que ya fue replicado en algunas provincias y municipios.
Cristian Silva, Director del Mapa, detalla: “Estamos recabando información y, al mismo tiempo, desarrollando un portal que se espera presentar en el primer trimestre del 2021 y que permitirá ver la oferta de servicios de cuidado y de formación de cuidadoras y cuidadores. El mapeo es federal, pero también territorial. Es decir, tienen en cuenta las necesidades y culturas de cada territorio”.
Otra línea de acción es la que conforma la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, que busca organizar las actividades que cada ministerio lleva adelante de manera desarticulada. En esa línea, en marzo pasado publicó un informe sobre Políticas de Cuidado frente al COVID-19 y durante la cuarentena realizó varias campañas buscando sensibilizar e informar sobre la situación de las trabajadoras de casas particulares o los inconvenientes que tenían las familias monoparentales cuando no tenían con quien dejar a sus niños o niñas y debían concurrir con ellos a hacer las compras. También redactó un documento en el que hizo un diagnóstico como Estado y acordó hacia dónde se irá con las políticas públicas de cuidados.
Un tercer campo de acción es la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad”, que se lanzó en agosto pasado, con el objetivo de empezar a discutir a nivel provincial qué prioridades tiene cada territorio. De estos parlamentos participan distintos organismos con los que se trabaja previamente. Pero si alguien quisiera participar, puede escribir a [email protected]
El cuarto eje es la Comisión Redactora del Proyecto de Ley de Cuidados, —integrada por profesionales de distintas disciplinas especializados/as en el tema provenientes del sector académico y de las organizaciones de la sociedad civil—, que funciona ad honorem. Se nutre de todo lo que digan los parlamentos, la Mesa Interministerial, distintas organizaciones y representantes de sectores “para escribir un proyecto de ley que proponga un cambio de paradigma sobre el tema. Y, claro, eso significa un cambio de capital, de recursos”, sostiene Cirmi Obón.
La directora también subraya: “Estos cambios son una necesidad y las políticas públicas tiene que tenerlos en cuenta como derecho y como trabajo. Es decir, tiene que ser reconocido económicamente. Y también jerarquizar estos trabajos de cuidado, que no son una intuición femenina sino algo que se aprende”.
De hecho, Andrea Cuevas, que vive en el barrio Los Hornos, de la ciudad de Santa Fe, explica que ella trabaja sin cobrar un peso en distintos espacios comunitarios en el barrio y que es coordinadora porque sabe por experiencia cosas que otras mujeres desconocen.
Cuando la contacté, Andrea me pidió hablar más tarde porque estaba acompañando a familias que construían sus casa donde antes había ranchos. Es que, después cuenta, ella fue una de las mujeres que relevó los ranchos de su barrio para programar con las familias la edificación de casas en esos lugares.
Ella no tiene trabajo rentado pero está todo el día ocupada: cocina para su familia, lava la ropa, hace los mandados, cuida a su nieto y coordina un centro donde se entrega una vianda diaria de desayuno y merienda. “Hoy a las 8 de la mañana entregamos viandas para 200 chicos. Y ahí también otras mamás dan apoyo escolar sin cobrar nada. Y lo mismo ocurre con los centros de salud donde hay mamás que han hecho cursos de promotoras de salud o chicas que estudian enfermería y con tal de que la sala esté abierta ellas acompañan y ayudan a los médicos”, ilustra Andrea.
Natalia Gherardi, que es directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y participa de la Comisión Redactora del anteproyecto, explica “el objetivo es consensuar un proyecto de ley que establezca los grandes principios dentro de los cuales habrá que articular luego la política pública en pos de una organización de los cuidados más justa. Hace unas semanas escuchamos las posiciones y las expectativas de la Mesa Interministerial y por estos días estaremos conversando con los sindicatos. Esta escucha es importante porque un sistema de cuidados -que es lo que se pretende comenzar a construir con la ley- debe cubrir necesidades y expectativas que garanticen los derechos a cuidar, recibir cuidados y cuidarnos nosotros mismos”.
Ella aclara: “Esta escucha es importante porque un sistema de cuidados —que es lo que se pretende comenzar a construir con la ley— debe cubrir necesidades y expectativas que garanticen los derechos a cuidar, recibir cuidados y cuidarnos nosotros mismos”.
La convocatoria de una Mesa Interministerial y el trabajo de escucha atenta por parte de la Comisión Redactora fueron destacados como pilares importantes para un futuro sistema de cuidados por Julio Bango, quien como secretario nacional de Cuidados de Uruguay, entre 2015 y marzo de 2020, puso en funcionamiento el sistema en su país.
Desde su experiencia, Bango destaca: “Es importante que puedan articular de manera interinstitucional y no que se cree un Ministerio de los Cuidados. También es vital contar con el respaldo político, arrancando por el respaldo del presidente de la república. Y, por supuesto, un desafío es el financiamiento”.
Vale aclarar que la ley que dio marco al sistema de cuidados en Uruguay se sancionó en 2015, tras 5 años de investigación y debate. Y entre 2015 y 2020 pusieron en funcionamiento el sistema.
Experiencias argentinas y el caso uruguayo
Expertas y expertos consultados estuvieron de acuerdo en que, en un país federal como el nuestro, la ley debe establecer los grandes principios con los que articular la política pública. Pero esos principios deben contemplar las experiencias que ya existen en el país y que son estrategias de cuidados muy valiosas.
Gherardi, por caso, menciona a “los centros de cuidado o desarrollo infantil para la primera infancia —es decir, los dos o tres primeros años de vida— que se han desarrollado en distintos barrios y que es necesario reforzar”.
En esa misma línea, Virginia Franganillo, directora del Observatorio de Género y Pobreza de la UNSAM y también miembro de la Comisión Redactora del anteproyecto resalta otra cuestión a rever como que “en educación temprana tenemos salas de tres horas diarias cuando las mujeres trabajan ocho”.
Uruguay también tuvo que trabajar sobre los cuidados en la primera infancia, ya que en 2015 solo contaba con salas de 4 y 5 años. “Generamos salas de 0 a 3 años y de no haber existido la pandemia en 2020 hubiésemos llegado a cubrir al 100% de niños y niñas de 3 años. Así logramos cubrir al 80% de niños y niñas. Mientras que en sala de 2 años llegamos al 58%, y de 0 y 1 el 30%”, detalló Bango.
También, explica el ex funcionario, crearon centros de cuidados para hijos e hijas de trabajadores de distintas empresas, que estaban abiertos de 7 de la mañana a 7 de la noche, y niños y niñas entraban y salían según las necesidades de los padres.
En esos casos, “el sindicato gestiona el centro, la empresa pone la infraestructura y el Estado financia el funcionamiento y garantiza la calidad y formación de los recursos humanos”, aclara Bango. Y destaca: “Al formar parte de un mismo sistema todas estas instituciones, logramos garantizar la calidad de los servicios en todo el país por igual, sin importar si el servicio es público o privado. Esto es clave para garantizar los derechos”.
Volviendo a las experiencias argentinas que hay que mirar, Gherardi menciona “los programas de la ciudad de Buenos Aires destinados a personas mayores a las que se asiste para ciertos trámites y gestiones”.
Mientras que Franganillo aclara la importancia de “valorar si la infraestructura con la que se ofrecen los servicios está distribuida de manera apropiada contemplando una perspectiva de género”. Porque el transporte de pasajeros urbano, ilustra la experta, “está organizado en función de un varón que trabaja 8 horas, cuando la ciudad está llena de mujeres, niñes y personas mayores. Eso significa que hay que repensar las políticas urbanas, centralmente en función de la red de servicios de cuidados, contemplando las necesidades de las familias y muy especialmente el de la doble o triple jornada de las mujeres”.
En cuanto a los mayores en situación de dependencia, Uruguay implementó servicios y centros de día para para las personas con necesidades leves y moderadas, y servicios y centros de permanencia para personas con necesidades severas. “Para eso, generamos una nueva regulación de mejoramiento de los centros de larga estadía y creamos un sistema de asistentes personales, que puede ser subsidiado hasta 80 horas al mes”, explica Bango.
Ahora, ¿cómo funciona el sistema en la práctica? “Si una persona mayor solicita un o una asistente personal, el Estado va hasta su casa a evaluar si efectivamente tiene una dependencia severa, se le pasa un listado de personas que cuidan, que ya se inscribieron en un padrón de cuidadores/as que tenemos y recibieron formación gratuita. Si la persona no puede pagar se la subsidia pagando una parte o la totalidad del salario del cuidador o de la cuidadora. Claro que al comienzo la formación y el trabajo se daban al mismo tiempo, y en general eran mujeres”.
La idea, concluyen tanto en Argentina como Uruguay, es colaborar para romper la división sexual del trabajo, generando autonomía económica a las mujeres. Y que, cuando haya que cuidar, cuidemos en equidad de tiempo varones y mujeres.
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