A unos 170 kilómetros de las Cataratas del Iguazú, entre el monte verde que crece sobre la tierra roja y a metros del arroyo Paranay Guazú, en El Alcázar, provincia de Misiones, vive la comunidad mbya guaraní de Perutí.
Desde ahí, Javier Karai Villalba dice que el principal desafío de su comunidad es mitigar la desaparición del monte. “Porque sin monte nosotros no tenemos identidad. En el monte conseguimos los alimentos, los materiales para hacer nuestras casas y los espacios y elementos para realizar nuestras prácticas religiosas”, explica.
A unos 1.300 kilómetros al noroeste de El Alcázar, en la provincia de Salta, la presidenta de la comunidad kolla tinkunaku María Isabel Canabiri cuenta: “Nuestros principales problemas son la entrada de camiones a nuestro territorio para extraer madera, los cazadores que no solo lastiman y matan a los animales del monte sino también a los que nosotros criamos para consumo nuestro, y las carreras de motocross que destruyen la flora y la fauna del monte”.
A más de 2.600 kilómetros al sur, en la provincia de Neuquén, la lonko —quien lleva la conducción política— Amancay Quintriqueo dice que el principal desafío que enfrenta la comunidad mapuche lof kinxikew es “la pérdida de los menucos (humedales) por la flora y la fauna exótica —entre la que se encuentra el jabalí— introducida por quienes llegaron tras la Conquista del Desierto. Sin los menucos nosotros nos quedamos sin plantas medicinales para curarnos, sin pastizales para los animales que son nuestro alimento y nuestra producción frutihortícola se deteriora dejándonos sin alimento y sin el excedente que vendemos. Todos los procesos que afectan el ambiente nos desequilibran como comunidad. Por eso necesitamos preservar nuestros nueve menucos”.
Comunidades aborígenes como estas, esparcidas por casi todo el territorio argentino, trabajan por mitigar los peligros que acechan a la diversidad biocultural. De la misma manera, lo hacen otros miles de pueblos indígenas y comunidades locales de diferentes lugares del mundo para preservar la biodiversidad del planeta.
Con el fin de desarrollar juntos estrategias que les permitan preservar sus territorios, han desarrollado la Red Ticca (territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales) tanto a escala nacional como internacional.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (más conocida por su sigla en inglés: FAO), “los territorios ancestrales indígenas abarcan el 22 % de la superficie terrestre, albergan el 80 % de la diversidad biológica del planeta, lo que convierte a los pueblos indígenas en custodios de los ecosistemas y los recursos naturales. Junto con la diversidad biológica, la diversidad cultural de los pueblos indígenas es esencial para mantener la biodiversidad general”.
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Preservar el territorio
En 2020, 39 comunidades indígenas se sumaron hasta hoy a la Red Ticca Argentina y 32 están ejecutando proyectos de preservación de la biodiversidad financiados por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Durante 2021 iniciaron encuentros virtuales y en octubre pasado se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires donde aprobaron el reglamento con el que funcionará y conformaron el equipo coordinador.
Para comprender la importancia de esta iniciativa hay que remontarse a 1992, a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. “Ahí se crean instancias para afrontar el cambio climático pensando en los Estados. Y se crea el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que implementa el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pensando en potenciar soluciones locales, que encuentran las comunidades, a problemas ambientales globales”, explica Francisco López Sastre, coordinador nacional del PPD y quien hace seguimiento de los proyectos.
“Por eso ―sigue López Sastre― se financia y se da apoyo técnico directamente a las organizaciones de base comunitaria (cooperadoras de escuela, cooperativas o comunidades con personería jurídica, como pueden ser las indígenas) o asociaciones civiles, aunque siempre en línea con políticas públicas establecidas”.
En Argentina, desde 2006, el PPD impulsa proyectos que se ejecutan en uno o dos años y que buscan conservar y restaurar el medioambiente al tiempo que mejoran el bienestar y los medios de vida de las personas. Ya ha patrocinado 261 proyectos.
A su vez, en 2015, el FMAM recibió dinero del Gobierno alemán y eligió a 26 países (de los 125 en los que promueve proyectos de este tipo) para apoyar puntualmente a las comunidades indígenas que preservan el territorio. Uno de esos países fue la Argentina, que recibió unos 900.000 dólares.
“Ya se están ejecutando unos 650.000 dólares en 34 proyectos seleccionados por concurso, que desarrollan 32 comunidades (tres de las cuales son las mencionadas al comienzo de esta nota). En ese contexto, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) ganó el concurso y recibió 150.000 dólares para ayudar a generar la Red Ticca Argentina, que propusieron conformar las comunidades indígenas”, detalla López Sastre.
“Queremos que sea una organización propia de los pueblos indígenas, autónoma a nivel nacional. Que nos sirva para defender nuestro territorios, promover el reconocimiento político de los pueblos preexistentes y de su sabiduría respecto a la protección de nuestra naturaleza. Y también que nos permita ser más orgánicos en la búsqueda de financiamiento”, sostiene Javier Karai Villalba.
Por su parte, Amancay Quintriqueo cuenta que su comunidad es parte de la Red Ticca Internacional desde hace seis años. “Es importante generar esta alianza nacional porque aún falta mucho para que el Estado reconozca nuestros derechos indígenas. Ahora trabajamos en proyectos puntuales que permitan preservar la biodiversidad. Esto significa desarrollar estrategias de preservación de territorios amenazados por la explotación del litio en Jujuy, del petróleo en la zona de Vaca Muerta (Neuquén) o la explotación inmobiliaria y minera en la Patagonia. Necesitamos unirnos para fortalecernos y frenar estos avances”, subraya Quintriqueo.
Tres ejemplos
Unas 300 familias conforman la comunidad mbya guaraní a la que pertenece Karai Villalba. “Nuestro principal problema es el deterioro de la biodiversidad y de los suelos, lo que nos dificulta acceder a alimentos, seguridad y agua. Cada año es más seco y aumentan las posibilidades de incendios. Durante 2020 se quemó el 20 % de nuestro monte nativo”, cuenta.
El proyecto que se está ejecutando con fondos del PPD tiene por objetivo fortalecer el cuidado del medioambiente, revalorizando los saberes y prácticas culturales y propiciando un espacio de aprendizaje comunitario. Concretamente, se está construyendo un vivero para el rescate de orquídeas nativas, su cultivo y propagación, y para cultivar y plantar árboles, frutales nativos y plantas medicinales.
“Por ejemplo, los pueblos indígenas tenemos 16 variedades de semillas de maíz nativo”, detalla Karai Villalba. “Pero nosotros hoy solo tenemos seis, a las otras diez las están buscando las mujeres en diferentes comunidades. La idea es recuperarlas para producir nuestros alimentos”.
El proyecto también contempla talleres de usos y propiedades de la materia prima, producción y agregado de valor y creación de artesanías. Más la construcción de un puesto para venta de artesanías y de un centro de interpretación mbya-guaraní y trabajos de protección de vertientes.
A la comunidad kolla tinkunaku de Salta la conforman unas 400 personas preocupadas por el impacto de la tala de árboles nativos y la caza furtiva en su territorio. Para mitigar estas amenazas, el PPD financia un proyecto que les permitió equipar un centro de interpretación ubicado en la entrada del territorio. “El punto es estratégico para los cuatro parajes que conforman a la comunidad”, aclara María Isabel Canabiri. Y sigue: “Además, no se inunda, cuenta con internet y paneles solares”.
Lo que se busca con este centro es que los guardianes ambientales de la comunidad controlen el ingreso de los taladores y cazadores a su territorio. “Estamos conversando con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta para que reconozca y les dé una identificación a los guardianes ambientales. Así, podríamos hacer que los taladores y cazadores no se llevaran la madera o los animales que hayan cazado y que la policía nos tome la denuncia, además de advertir que estas prácticas no están permitidas”, explica Canabiri.
Cerca de ahí la comunidad también construyó un vivero de plantas nativas: laurel, lapacho, cedro, roble, entre otras. “El año pasado, con los incendios perdimos animales y más de 10.000 hectáreas de monte. El vivero es fundamental para poder reforestar con plantas nativas”, dice Canabiri.
En tanto, a la comunidad mapuche lof kinxikew la constituyen 20 familias que son las encargadas de ejecutar el proyecto subvencionado por el PPD. El plan se propuso preservar los menucos que están conectados al lago Nahuel Huapi y puntualmente se concentra en resguardar al que está más seco.
“El proceso de preservación consiste en cercarlo para que no entren los jabalíes y lo sequen y en limpiar la flora exótica que allí crece y con la que se alimenta este animal. Así comienza a crecer la flora y fauna autóctona que ayuda a preservar el humedal, como el maitén, la laura, el radal y el arrayán. Todas son plantas medicinales, requieren de lugares húmedos para desarrollarse y se necesitan unas a otras para coexistir en este ambiente”, detalla Amacay Quintriqueo. Y aclara que este trabajo lo hacen tanto hombres como mujeres.
Los miembros del Comité Directivo Nacional (CDN) del PPD, que son los que aprueban los proyectos y participan del seguimiento del programa son la Fundación Vida Silvestre, la Fundación Gran Chaco, la Asociación de Médicos por el Medio Ambiente, la Fundación Avina, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el INTA, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Revolución 21. También participan del comité los ministerios nacionales de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Relaciones Exteriores y Culto.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 15 de noviembre de 2021.
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