Juana es una niña wichi con retraso madurativo, del pueblo de Alto La Sierra, en la provincia de Salta. Allí viven unas 2.000 personas, más de la mitad de ellas de origen wichi y chorote. En noviembre de 2015, Juana tenía 12 años cuando ocho "hombres blancos" la violaron. Otra niña fue testigo del abuso y quien primero la socorrió cuando la dejaron tirada en una canchita de fútbol de la comunidad. Pero la violación a Juana —nombre de fantasía que se usó en la causa judicial que siguió— no es un hecho aislado, sino un caso más de "chineo".
"El 'chineo' es una práctica colonial de abuso sexual, en la cual se pone en juego la dominación criolla sobre la población indígena, y se juega en el cuerpo de las niñas y las mujeres indígenas", explica el antropólogo forense del Ministerio Público de la Defensa de Salta, Martín Yañez.
Vale aclarar que entre las mujeres indígenas no hay coincidencia en cuanto al uso del término "chineo". Octorina Zamora, mujer wichi y referente feminista, no está de acuerdo con que se utilice la palabra "chineo", "porque es reproducir el racismo. Es una palabra ofensiva para nosotras, porque a las cosas hay que decirlas por su nombre: son violaciones sexuales en banda o en grupo". Mientras que otras marcan que dicho así, se le quita todo el agravante racista, de que se las ataque también porque son indígenas.
La violación grupal a Juana muy probablemente hubiese quedado oculta, como ocurre, desde hace siglos, con este tipo de práctica. Pero Juana quedó embarazada producto de esas violaciones y así se visibilizó el delito. El 3 de junio de 2016, luego de meses de pelea de la familia de la niña y “cuando vieron que el bebé estaba sin vida le practicaron una cesárea”, puntualiza Yañez.
Ya hecha la denuncia, el Estado, por primera vez, se constituyó como querellante. La causa sentó precedente, pero los abusos siguen. Durante la pandemia, salieron varios casos a la luz. Uno de ellos es el de una adolescente wichi violada por cuatro hombres en el pueblo salteño de Rivadavia Banda Sur.
Debo reconocer que cuando me enteré de que esta práctica aún existe y empecé a conocer detalles de cómo se da, hace tan solo semanas, creí que me tragaba la historia, que volvía a leer crónicas de la época de la colonización. Pero no, empecé a ver rostros y escuchar voces de muchas mujeres y algunos hombres que contaban cuán vivo, naturalizado e invisibilizado se mantiene este tipo de abuso. Sobre todo en el Chaco Salteño —que abarca a las provincias de Salta, Jujuy y Chaco—, en comunidades indígenas como la qom, wichi, chorote y toba.
"Nací y crecí sabiendo de estas prácticas", reconoce la salteña Ana Sandoval, en uno de los "Conversatorios sobre Chineo (abusos sexuales sobre las mujeres y niñxs indígenas), racismo y violencia de género", que organizó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en el último mes.
Ana es psicóloga del Ministerio Público de la Defensa de Salta y cuenta que esta práctica se da en el monte. "Es común escuchar entre grupos de amigos: '¿Te vas al monte?', y la pregunta siguiente: '¿Te vas a chinear? ¿Te están esperando las chinas?'. La pregunta, hecha como un chiste, siempre tiene como respuesta una risa acusando recibo. Así, algo intolerable se vuelve tolerable y se naturaliza".
Cómo se naturalizan las violaciones en grupo
A unos 60 kilómetros de la comunidad donde vive Juana está Santa Victoria Este, donde Daniel Nieli es juez de Paz. Para los conversatorios del INADI y buscando demostrar cuán naturalizada está la práctica, Nieli hizo una encuesta entre 134 chicas y chicos de pueblos de la zona.
Les preguntó qué era el "chineo"; "casi todos dijeron que al 'chineo' lo hacen los hombres y que es ir a buscar mujeres indígenas", sostuvo el juez. Luego, les preguntó si salían a chinear; "todos dijeron que no salen a chinear, sino a pasear. Y que la diferencia está en que en el 'chineo' la finalidad es sexual, mientras que en el paseo no, aunque puede haber contacto sexual".
Por último, el magistrado preguntó si había forcejeo en el 'chineo'. "Contestaron que puede haber forcejeo, pero no siempre lo hay. Aunque casi siempre hay ofrecimiento material: plata, golosinas, gaseosa, cigarrillos".
Este "pago" es muchas veces para hombres indígenas que las entregan o para que las niñas y mujeres abusadas no los denuncien. Y en la mayoría de los casos hay amenazas para la víctima y su familia.
Pero volviendo a las conclusiones que Nieli hace a partir de la encuesta, él sostiene que "la diferencia entre 'chineo' y paseo la hacen para tomar distancia, que la práctica se identifica con fines sexuales donde puede haber abuso o violación. De hecho, reconocen que hay forcejeos".
Cuando el criollo —proveniente de parajes cercanos a las comunidades indígenas— entra al monte, a pasar un fin de semana cazando o pescando a orillas de los ríos Pilcomayo o Bermejo, "se da un contexto que favorece este tipo de delitos porque los hombres se sienten impunes, sienten que todo lo que habita allí les pertenece. Pueden acceder a los peces del río, a los chanchos del monte y a las mujeres indígenas que habitan en las comunidades del monte", describe Ana, la psicóloga.
En los conversatorios del INADI también explicaron que para esos hombres la mujer indígena no es vista como un sujeto, sino como un objeto más al que se puede acceder. Por eso, precisa Ana, "resultaba incomprensible para los violadores de Juana y sus familias entender por qué se les hacía un juicio y se los sancionaba por algo que no es un hecho aislado, sino una construcción social que se reproduce desde hace años".
Las deudas del Estado
La violación a Juana "fue el primer caso en lograr sentencia —en febrero de 2019— en el que consta que fue abuso en manada", explica Martín Yañez. Los hombres que la violaron recibieron una pena de 17 años de prisión efectiva.
Más allá de la sentencia, "Juana desnudo la realidad de cientos de mujeres: sin DNI, sin derechos, con falta de alimentación y sin escolarización, entre muchas otras falencias", enumera el juez Nieli.
Sin embargo, la práctica brutal y sistemática de la que fue víctima Juana sigue invisibilizada. Por un lado, porque las mujeres indígenas tienen miedo, reciben amenazas y muchas veces desconocen sus derechos. Por otro lado, según lo expuesto en los conversatorios, el Estado suele no estar preparado para atender la situación de las y los indígenas. Las personas al frente de las instituciones oficiales no entienden sus lenguas ni sus costumbres y quienes deben recibir estas denuncias suelen ser familiares de los criollos involucrados.
Por dar un ejemplo, cuando trasladaron a Juana para declarar en el juicio, la policía la llevó en la misma caja de la camioneta con algunos de sus violadores. El viaje duró una tres horas. "La fiscalía, los jueces, la defensa deben contemplar estas situaciones", subraya Yañez.
Para visibilizar el "chineo" y lograr que se erradique, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir lanzó la campaña #BastadeChineo. Una de las participantes del movimiento es Juana Antieco Ñeguiman. Ella es mapuche tehuelche, de la lof [una forma de organización comunitaria] Newentuain Inchiñ de Costa del Lepá, en Chubut, y describió los cuatro puntos centrales que tiene la iniciativa que reclama políticas públicas que aborden el tema (además de generar conversatorios y capacitar en derechos humanos a poblaciones indígenas del Chaco Salteño):
- El "chineo" debe declararse crimen de odio. "Buscamos que se cambie la tipificación de este delito y que se incorpore el agravante de mirada racial que conllevan estas violaciones en manada. La cuestión étnica entra en juego, no es que chinean con las niñas blancas o hijas de criollos".
- Que se entienda al "chineo" como una práctica colonia, no cultural. "Cuando en octubre del año pasado hicimos la toma pacífica del Ministerio del Interior y reclamamos por la violación de una niña que se había dado esos días, la respuesta fue que no podían intervenir porque era una práctica cultural. Eso nos dijeron de manera verbal, en la mesa de diálogo. Y el 'chineo' no tiene que ver con nuestra cultura, no es cultural", resalta Juana.
- Que las causas se declaren imprescriptibles, como ocurre con las de lesa humanidad.
- "Que se inhabilite a las empresas a entrar a nuestro territorios, si entre sus empleados hay varones que han cometido estos delitos. Esto sobre todo es aplicable en comunidades patagónicas, donde, si bien desde hace algunos años no tenemos registro de que se practique el 'chineo', sí se dan abusos de criollos con poder social o económico", puntualiza Juana.
Desde el Estado están empezando a trabajar el tema. En los conversatorios realizados por el INADI coincidieron en la necesidad de que estas violaciones sean reconocidas como una de las formas de violencia de género, con componente racista. Mientras que desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad están diseñando políticas relacionadas a la violencia contra las niñas y mujeres indígenas. De hecho, en junio pasado designaron a Verónica Huilipán, una mujer mapuche, al frente de la oficina de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Integrantes de Pueblos Indígenas.
A su vez, en la Comisión de Mujeres y Diversidad del Congreso Nacional ya están trabajando a partir de los conversatorios "en un proyecto que amplíe los derechos de las niñas y mujeres indígenas, que sensibilice para la prevención y contemple un abordaje claro de asistencia a las víctimas. Por supuesto, con el objetivo final de erradicar estas prácticas. Aspiramos presentarlo este año", puntualiza Verónica Caliva, diputada nacional por Salta del Frente de Todos.
Si denunciar el hecho cuesta, la asistencia a la víctima es impensable. Hoy, Juana sigue viviendo en la comunidad de Alto la Sierra, en las mismas condiciones de pobreza y cercanía con las familias de sus victimarios en las que vivía antes de noviembre de 2015.
A esto, Yañez agrega que "si antes estaban aislados, ahora lo están más. En la comunidad hubo muchas muertes por desnutrición y diarreas provocadas por las aguas turbias. Por la pandemia, las ambulancias se retiraron de Santa Victoria Este hacia Tartagal".
Comunidades wichis: viajamos a Salta para conocer cómo viven y por qué necesitan asistencia urgente
Todo esto, en un contexto en el que en los últimos años los agronegocios y el desmonte han puesto en crisis al modelo de subsistencia de los wichis, que son cazadores recolectores. Y así, cada vez más dependen del Estado, que hoy está concentrado en el COVID-19.
***
