El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) lanzó bodyright, una campaña que exige que los derechos de las imágenes de los cuerpos de las personas se respeten de la misma manera en que se respeta la propiedad intelectual de los contenidos y se penaliza su uso indebido y no autorizado.
Bodyright es también una manera de concientizar acerca de un problema que crece: la violencia de género en línea y, principalmente, aquella vinculada a la difusión de imágenes sin consentimiento.
Según ONU Mujeres “la violencia digital o en línea contra las mujeres es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, etcétera) contra una mujer por el hecho de serlo”.
Para la organización internacional, este tipo de violencia de género puede incluir ciberacoso (“envío de mensajes intimidatorios o amenazantes”), sexteo o sexting no consentido (“envío de mensajes o fotos de contenido sexual explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria”) y doxing (“publicación de información privada o identificativa sobre la víctima”).
Según un estudio realizado en 2020 por la Unidad de Investigación de la revista The Economist, el 85% de las mujeres mayores de 18 años, en diferentes partes del mundo, fue testigo de violencia digital; cerca del 40% fue víctima directa; y el 57% indicó haber sufrido un abuso o mal uso de sus videos o imágenes en Internet.
“Las personas son objeto de insultos que incluyen referencias a la violación, a su género, a la raza, a su pertenencia al colectivo LGBTQ+, al tipo de cuerpo y otros identificadores. Sus imágenes son objeto de actos sexuales degradantes no consentidos”, expresan desde el sitio de bodyright. Y suman: “Las mujeres, las niñas, las minorías raciales y étnicas, el colectivo LGBTQ+ y otras comunidades marginalizadas son las que más probabilidades tienen de que se abuse de sus imágenes en Internet. Esto provoca un malestar psicológico, emocional y físico a largo plazo. Sin embargo, las empresas tecnológicas y los responsables políticos no se toman en serio la violencia digital y parecen querer ignorar la situación”.
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¿En qué consiste la campaña?
El símbolo lanzado por la agencia de la ONU emula al del copyright, con una letra b en lugar de una c, y puede agregarse a las imágenes de tres maneras diferentes: utilizando la “herramienta bodyright” y siguiendo los pasos en el sitio de la campaña; descargándolo desde la web de la campaña para añadirlo con la herramienta de edición de fotos de preferencia; o buscando “bodyright” entre las opciones de stickers de Instagram para agregarlo a las historias. La idea es colocarlo sobre la piel en las imágenes del cuerpo humano, como se ve en la galería de fotos de la campaña.
“El objetivo es hacer que las empresas tecnológicas y los encargados de formular políticas se tomen la violación de los derechos humanos y la protección de la autonomía corporal en línea tan en serio como se toman la infracción de los derechos de autor”, indican.
Además de agregar la marca de bodyright a las imágenes y compartirlas en redes sociales con el hashtag #bodyright, el UNFPA junto con la organización internacional Global Citizen llama a las personas a firmar una petición que exige a políticos, autoridades, compañías y plataformas digitales tomar medidas reales para terminar con las agresiones y la violencia digital.
Ya en julio de este año la ONU publicó un reporte sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión en el que señala la responsabilidad empresarial por los derechos humanos que poseen las plataformas de redes sociales y les recuerda que “se espera que actúen con la debida diligencia y realicen evaluaciones periódicas de derechos humanos de sus productos, operaciones y políticas con miras a identificar , prevenir o mitigar los impactos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos y proporcionar reparación”.
También les recuerda que deben guiarse por las normas internacionales de derechos humanos, ser transparentes acerca de sus políticas y sus prácticas. Y anuncia recomendaciones para combatir, específicamente, la violencia en línea contra las mujeres. Entre ellas sugiere “realizar evaluaciones periódicas del impacto de género y derechos humanos para identificar y mitigar los riesgos que afectan a las mujeres y a las personas que no se ajustan al género”; “poner a disposición políticas sobre seguridad frente a la violencia en línea, con total transparencia en relación con los algoritmos, las prácticas y los procesos de toma de decisiones”; “garantizar la seguridad y privacidad de los datos” y contar “con el consentimiento informado pleno de los proveedores de datos”.
Actualmente están trabajando en más sugerencias, como por ejemplo que se agreguen etiquetas en las cuentas que hayan enviado agresiones o mensajes misóginos; que haya más moderadores humanos estudiando y actuando sobre el contenido ofensivo y un sistema de alerta temprana cuando se crea que la violencia digital puede convertirse en violencia física.
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En busca de una legislación que proteja los derechos humanos en el entorno digital
Desde el sitio de la campaña de bodyright, el UNFPA pregunta por qué la ley no protege contra los abusos en línea y responde que “las leyes en este ámbito no han seguido el ritmo de la tecnología”: “en 64 de 86 países ni los organismos encargados de hacer cumplir la ley ni los tribunales parecen estar tomando las medidas adecuadas para hacer frente a la violencia en línea contra las mujeres”. “Aun cuando los países tienen recursos legales, a menudo no son consistentes entre los Estados, distritos o provincias. Se debe poner fin a esto. Se debe impulsar un mundo en el que todas las personas estén protegidas de los abusos en línea mediante medidas legales coherentes y eficaces”, afirman.
Argentina no es la excepción. Pero hay organizaciones y personas trabajando para revertir esa situación. Una de ellas es Marina Benítez Demtschenko, que es abogada especializada en derecho informático y preside la Fundación Activismo Feminista Digital, desde donde promueve el reconocimiento de los derechos digitales con perspectiva de género.
Demtschenko explica que en nuestro país no existen leyes que protejan los derechos digitales de las personas, si no que hay algunas leyes contra cyberdelitos específicos.
“La ley de delitos informáticos prevé situaciones delictivas orientadas a, por ejemplo, el daño informático, la cuestión patrimonial, las bases de datos. Están destinadas a resguardar la información previendo que tiene un impacto económico. Hay otros delitos que están contemplados, por ejemplo, la penalización de extraer comunicaciones electrónicas del área privada y publicarlas pero sin perspectiva de género. Esto no se entiende como violencia digital, se entiende como situaciones que le pueden pasar a cualquiera. Desconociendo que el impacto en la vida y en los derechos de las mujeres es mil veces peor si somos las víctimas”, detalla.
Demtschenko amplía: “Cuando las mujeres somos las atacadas, el impacto sobre nuestros derechos tiene un efecto expansivo impresionante, propio de la violencia machista y de una sociedad que no favorece la situación de la mujer afectada si no que la culpabiliza, entonces la protección, si no es con perspectiva de género, no funciona. Esto es crucial para prever reformas venideras. Lo que falta es una reforma del Código Penal que incorpore situaciones que hoy no son delitos y que nos pasan, mayoritariamente, a las mujeres, aun cuando no somos las únicas víctimas. Porque la difusión no consentida de material íntimo puede sufrirla un varón, pero no va a tener el mismo impacto que en la vida de una mujer”.
Por si faltaran pruebas para demostrarlo Demtschenko recuerda que hay mujeres que se suicidaron después de ver que su material íntimo había sido publicado.
“Si no basamos las reformas en los casos específicos o en las víctimas o en el género, realmente se van a dar respuestas parciales que, sin considerar las particularidades que vivimos las mujeres en la era digital, no van a servir. Podrían ser previstos como agravantes: un tipo penal general agravado en la pena cuando la víctima es una mujer porque sabemos muy bien que si nos acosan virtualmente corremos riesgo hasta en la integridad sexual. Estos diferenciales tienen que preveerse en cualquier reforma y es parte de lo que promuevo desde el día cero”, dice.
Desde la Fundación Activismo Feminista Digital impulsan un proyecto de ley para que se incorpore la violencia digital a la Ley de Protección Integral a las Mujeres. La primera vez que lo presentaron fue en 2018. Allí proponían que “la violencia digital sea considerada como un tipo de violencia machista y la violencia telemática como una modalidad de violencia machista”.
“La ley prevé tipos y modalidades y hay gran parte de los diálogos sobre la violencia digital que se enfocan únicamente en que es una modalidad de violencia porque pasa en las redes y en lo virtual. Y es un grave error. Porque la violencia digital afecta derechos digitales y la telemática, como una modalidad, es aquella que en el uso de las tecnología de la información y la comunicación atenta contra derechos ya reconocidos, como por ejemplo el acoso virtual que atenta contra la libertad de tránsito, que es un derecho constitucional desde hace muchos años, sin embargo en la era digital se ve afectado por este tipo de prácticas”, explica Demtschenko.
Ese proyecto de ley obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en 2019, pero se estancó en el Senado y perdió estado parlamentario en 2020. Por eso este año volvieron a presentarlo con actualizaciones vinculadas a la ESI, a la alfabetización digital obligatoria (con el objetivo de reducir la brecha digital de género) y a la gratuidad de los procesos administrativos y judiciales que impliquen violencia digital o telemática. Aunque el proyecto perdió una vez más estado parlamentario, Demtschenko asegura que volverán a hacer el trámite y lo que haga falta para intentarlo nuevamente en 2022.
Tecnología para combatir la violencia en línea
La Agencia de Naciones Unidas que impulsa la campaña bodyright llama a las empresas, a las plataformas, foros y redes sociales a intensificar sus esfuerzos y “ofrecer a las mujeres y a las niñas la misma protección que los materiales con derechos de autor”. “Las empresas tecnológicas deben crear soluciones innovadoras para prevenir la violencia digital y mejorar la seguridad en línea. Deben ser más receptivas con las víctimas que buscan ayuda para retirar las publicaciones que violan sus derechos y su privacidad, así como abordar adecuadamente a los agresores”, reclaman.
Meta (el nuevo nombre de la empresa propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger) parece haber recogido —o comenzado a recoger— el guante.
A principios de este mes anunciaron que la companía se unió a StopNCII.org, una plataforma creada por la organización Revenge Porn Helpline, del Reino Unido, para, justamente, combatir la difusión no consensuada de imágenes íntimas en internet (NCII, por sus siglas en inglés).
Meta trabaja desde 2017, en algunos países, haciendo lo que llaman “el banco de hash”. El hash es una secuencia alfanumérica única que representa cada imagen o contenido que se publica en la web sin consentimiento. Como si se tratara de una huella digital que generan para identificar ese material y evitar, así, que alguien más lo vuelva a subir. Es decir que además de quitar las imágenes difundidas sin consentimiento, generan y guardan el hash en su sistema para que no puedan publicarse nuevamente.
La unión entre Meta y StopNCII.org busca expandir el uso de esa tecnología a todas las empresas y organizaciones que quieran actuar contra este tipo de violencia digital y valerse del banco de hash. A partir de esta alianza, cualquier persona que tema que su material íntimo sea publicado sin su consentimiento puede entrar al sitio StopNCII.org y crear hash de sus imágenes sin la necesidad de publicarlas o subirlas a ninguna plataforma, para sumarlos al banco de hash y que queden registrados y protegidos, al menos ante las empresas que lo utilicen.
“El mensaje para las mujeres cuyas imágenes han sido abusadas en línea es que no son dueñas de sus cuerpos en línea”, dice el UNFPA desde la campaña de bodyright. “Nosotros decimos que sí deberían serlo. Humillar y degradar los cuerpos contra la voluntad de alguien en el ciberespacio es un acto de violencia que debemos erradicar. Porque cuando se trata de violencia digital, lo virtual es real”.
