Cada año la cantidad de presos crece proporcionalmente 12 veces más rápido que la población del país. Ya hay 85 mil personas en cárceles provinciales y federales. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es cuántos niños, niñas y adolescentes tienen a su padre, madre o un familiar en prisión. Son por lo menos 146.000 o el 1,12% de todos los que tienen menos de 17 años, según reveló un informe de la Universidad Católica Argentina. Lo más grave es que sus vidas se vuelven muy difíciles: sus hogares se empobrecen; abandonan la escuela o repiten de grado con más facilidad; y es muy común que sufran agresiones físicas y verbales.
Los niños no son culpables de lo que pudieron haber hecho sus padres o madres. Pero la mayoría paga una condena que oficialmente nadie mide: muchos de sus derechos son vulnerados, la calidad de vida se desploma y su desarrollo personal es menor en comparación al de los demás chicos.
"Desde el momento en el que la cárcel entra en sus vidas, se enfrentan a necesidades específicas que suman o agravan vulneraciones y factores de riesgos previos al encarcelamiento, como el acceso a vivienda digna, alimentación, educación de calidad, salud integral, juegos, y protección contra toda forma de violencia", advierte Martín Coria, director regional de Church World Service, una ONG internacional que trabajó junto al Observatorio de la Deuda Social de la UCA en la elaboración del informe "Infancias y encarcelamiento".
Inocentes sobre los que recaen varias "condenas"
Siete datos explican el deterioro de su calidad de vida:
- 7 de cada 10 viven en hogares por debajo de la línea de la pobreza.
- El 20% está retrasado en la escuela y el 23% repitió algún año.
- 2 de cada 3 no tienen cobertura médica y se atiende en hospitales públicos.
- 4 de cada 10 comparten con otra persona la cama donde duermen.
- El 13,8% de los que tienen entre 5 y 17 años hacen actividades a cambio de propina o dinero.
- 1 de cada 4 no suele festejar el cumpleaños.
- 5 de cada 10 está expuesto a agresiones verbales o físicas.
La desigualdad frente a quienes no tienen familiares presos
Los niños, niñas y adolescentes que tienen un familiar preso viven en el 68,9% de los casos en un hogar pobre. Ese porcentaje baja al 57% cuando se analiza a menores de 17 años de condiciones socioeconómicas y sociodemográficas similares pero sin ningún familiar privado de la libertad.
"Y de pronto ya no hay plata, y me tengo que aguantar que mis compañeros se burlen de mí porque estoy con la ropa de hace meses, y es una sensación incómoda, fea, que me asusta".
Joven de 19 años
Este hundimiento en la pobreza puede ocurrir por muchas situaciones. "Pueden no estar accediendo a la Asignación Universal por Hijo", ejemplifica Ianina Tuñón, coordinadora del estudio de la UCA.
"También hay que tener en cuenta que visitar al padre preso, como ocurre en la mayoría de los casos, le lleva a la madre que queda a cargo del niño un día completo. Eso implica un día menos de trabajo. Es decir, la familia debe mantener a quien está preso", explica Andrea Casamento, presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos.
En el 81,4% de hogares donde hay niños con integrantes presos, el salario familiar es deficitario. Es decir, no les alcanza el dinero. Para los hogares "similares" pero sin nadie privado de la libertad, ese déficit baja al 70%.
"Las asignaciones familiares, las estoy peleando para que me las tramiten ya hace siete años (...) Yo iba y les explicaba toda la situación, que estoy a cargo de mis hermanos, no soy la mamá, pero necesito que me ayuden, porque me corresponde. Porque soy la hermana y si bien no soy la mamá tengo un vínculo directo (...) Necesito que me ayuden".
Joven de 25 años encuestado.
Un impacto muy negativo en la educación
El desarrollo educativo es una de las dimensiones donde el encarcelamiento familiar tiene mayor efecto, aseguran desde el Observatorio de la Deuda Social en base al relevamiento, que incluyó encuestas a 14.888 niños, niñas y adolescentes durante 2014, 2015 y 2016.
El 13,6% de quienes tienen entre 4 y 17 años directamente no va a la escuela. Es un porcentaje superior al 11,1% para lo que ocurre en hogares "similares" en los que no tienen familiares presos.
El informe también expone que el clima educativo es "bajo" en la mitad de los hogares con un familiar preso, algo que se corresponde con el hecho de que 7 de cada 10 presos hizo como máximo la primaria.
También la sobreedad, la repitencia y la necesidad de apoyo escolar son más altas en los niños y adolescentes con familiares presos que en los demás:
"Después que se lo llevaron tuve que dejar el colegio por el tema de que mis hermanas no tenían quién las cuide. Mi mamá tuvo que empezar a trabajar, yo iba al colegio a la mañana, y ellas a la tarde, así que yo preferí que mis hermanas puedan estudiar y yo no".
Adolescente de 17 años encuestado.
Visibilizar y acercar las políticas públicas que ya existen
Para los especialistas que trabajaron en el estudio, el principal objetivo del informe es visibilizar que en el país hay 146.000 niños, niñas y adolescentes que son víctimas y tienen derechos vulnerados por el simple hecho de que su padre, en la mayoría de sus casos, su madre, un tío o un familiar que vivía con ellos está preso.
"Lo primero que se necesita es hacer que las políticas públicas existentes lleguen y estén accesibles para estos hogares. Y en todo caso, luego pensar si es necesario pensar en políticas específicas nuevas", señala Andrea Casamento, de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos.
Sin embargo, desde el Observatorio de la Deuda Social remarcan que "el Estado es muy pasivo respecto a garantizar el acceso a esas políticas públicas y más aún en estas familias victimizadas y con muchas barreras para llegar a esas políticas".
"Si una persona cae presa, que el Estado ayude económicamente a la familia de esa persona como para que por lo menos tenga un respaldo".
Joven encuestado.
