La trata de personas es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Es un fenómeno global —más de 130 países han reportado casos— y una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas: según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se estima que la actividad genera 32.000 mil millones de dólares a nivel mundial.
La Argentina es considerada pionera en varios frentes del combate contra la trata y la explotación de personas. En 1913, la Ley 9.143, conocida como “Ley Palacios” — contra la denominada trata de blancas y contra la prostitución infantil— constituyó un hito reconocido mundialmente por ser la primera norma en el continente americano destinada a proteger a las víctimas de la explotación sexual, combatiendo el flagelo y penalizando a los responsables. En 2008 se sancionó la Ley N° 26.364 (que fue modificada en 2012 y pasó a ser la Ley N° 26.842) de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas que derivó en la creación del Programa Nacional de Rescate que según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ya rescató más de 17.000 víctimas.
Cuando la ley fue modificada en diciembre de 2012, se dispuso la creación del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Se trata de un fondo fiduciario público, constituido por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata y explotación de personas y lavado de activos provenientes de esos delitos. En julio de 2019 se sancionó una nueva ley (la 27.508) para regular el Fondo y la misma fue reglamentada en diciembre, días antes de que asumiera el nuevo gobierno, por lo que nunca llegó a ponerse en marcha. El 25 de octubre del 2021, Dia Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se anunció que, casi una década después de su creación, el Fondo comenzaría a funcionar.
“Cuando llegamos al Ministerio de Justicia, en marzo de 2021, entendimos que, más allá de las dificultades que presentaba la implementación de un mecanismo tan complejo como este fondo, debíamos tener la iniciativa política de ponerlo en marcha de una vez. Era una deuda de casi diez años que el Estado debía saldar, porque es una herramienta esencial para combatir la trata y para reparar los derechos de las víctimas”, explica Martín Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. “Una de las primeras cosas que hicimos al frente del Ministerio fue articular con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y, en octubre de 2021, logramos finalmente poner en funcionamiento el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata”, agrega Soria.
¿Cómo funciona exactamente? La Ley 27.508 obliga a los jueces que juzguen casos de trata de personas a establecer una reparación para las víctimas dentro de la sentencia, lo que garantiza el acceso efectivo a la restitución de derechos. Son los jueces los que determinan, en base a las evidencias de cada causa, el monto de la reparación.
“En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenemos a nuestro cargo la Unidad Ejecutiva de ese fondo, la cual ejecuta las reparaciones, instruyendo al fiduciario (el BICE) para que haga efectivas las resoluciones judiciales firmes que dispongan restituciones económicas e indemnizaciones en favor de las víctimas de trata y explotación de personas”, explica Soria, quien agrega que la unidad informa al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados de la existencia de bienes decomisados, su enajenación y el resultado de la venta. “Luego la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizará la venta pública, y el dinero que se produce es transferido al Fondo Fiduciario para la restitución económica correspondiente a las víctimas”, concluye el funcionario.
Desde Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) explicaron que se están realizando los últimos trámites en relación a los requisitos que se exigen para el fondo fiduciario: apertura de cuentas, inscripciones y demás procesos administrativos para la implementación del fondo, que ya cuenta con una inversión inicial 10 millones de pesos destinados por la cartera de Justicia, por lo que estaría listo en el próximo mes. Aún ninguna víctima de trata recibió dinero de este fondo.
En caso de que las restituciones y reparaciones no pueden ser satisfechas con los bienes de la persona o personas condenadas, desde PROTEX explicaron que el Consejo Federal contra la Trata —organismo encargado de decidir sobre el destino de los bienes— deberá utilizar los recursos del “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata” para amparar este tipo de situaciones. Este principio solidario responde a la necesidad de evitar que en algunos casos resulten frustrados los derechos de restitución que corresponden a la víctima porque el condenado es insolvente y/o porque durante el proceso no se llevó adelante una investigación proactiva tendiente a identificar, localizar y cautelar los activos vinculados al delito, y éstos fueron transferidos u ocultados.
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Un fondo necesario en el camino a la libertad
Uno de los casos en trámite refiere a lo que sucedió en Córdoba, donde 30 mujeres obligadas a prostituirse serán indemnizadas con los bienes de sus proxenetas. Tenían entre 18 y 30 años cuando fueron víctimas de trata en prostíbulos. La causa llegó a juicio oral y se hizo un juicio abreviado. Los acusados reconocieron su culpa y para evitar el juicio pactaron una condena con Carlos Gonella, fiscal federal de juicio de Córdoba, y con Alejandra Mangano, titular de la PROTEX. Los fiscales establecieron que la reparación total será poco más de 31 millones de pesos a repartir entre las 30 víctimas.
“Tendremos en cuenta la reciente ley 27.508, que en su artículo 14 introduce como finalidad del decomiso de bienes en casos de lavado cuyo delito precedente sea la trata de personas el destino específico de reparación integral a las víctimas”, explicó el fiscal Gonella en la audiencia sobre el acuerdo con los acusados. El cálculo de la reparación económica se realizó en base a las pérdidas personales de cada víctima y por los beneficios que los condenados obtuvieron por su explotación.
“Las pérdidas personales comprenden los servicios médicos (cuidados físicos, psicológicos y/o psiquiátricos); terapia ocupacional o rehabilitación; gastos de transporte, alojamiento y cuidados de niños; ingresos perdidos (lucro cesante); honorarios de abogados y otros gastos en los que hubiera incurrido y cualquier otra pérdida sufrida por la víctima como resultado directo por la comisión del delito”, detalló en la misma audiencia Mangano. Los autos y las propiedades que los acusados compraron serán tazadas y luego rematadas para que el dinero sea repartido entre las víctimas de trata sexual.
“La creación de este fondo es fundamental para poder realmente apoyar a las mujeres que salen de la trata para que puedan reinsertarse en la sociedad. Para que puedan sustentarse y no solamente superar los traumas psicosociales sino además tener la capacidad de poder financiarse, que es uno de los motivos por los cuales muchas veces tienen que volver a los brazos de los traficantes, porque no consiguen trabajo ni posibilidades de sustentarse económicamente. Entonces este fondo tiene que ayudar a que se les brinde la atención psicológica, social y legal para poder lograr esta reinserción”, explica la doctora Mabel Bianco, presidenta y fundadora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
Sin embargo, para Bianco el funcionamiento del fondo debe mejorar. “Existe por ejemplo el caso de dos antros en Mar del Plata, en el cual los edificios han sido dados en usufructo a organizaciones de la sociedad civil cuando en realidad esto no es lo que debería pasar, solo puede ser transitoriamente. Luego tienen que ser vendidos y esos bienes ser utilizados en el fondo como apoyo a las mujeres que fueron víctima de esos antros. Ha sido muy dispar el cumplimiento y depende de los distintos jueces o ámbito judiciales donde se siguen estos proceso, por lo cual no hay uniformidad”, explica. Margarita Miera, fundadora de la organización Madres Víctimas de Trata, coincidió en este punto. “Hay muchos lugares donde antes funcionaban prostíbulos que se convirtieron en centros culturales e incluso espacios para mujeres que sufrieron violencia de género y eso no debería ser así. Lo que pedimos es que se cumpla la Ley de Trata”, expresó.
“Todo lo que haga a la asistencia de las víctimas es necesario y que pueda ser retribuido de alguna forma es bueno, aunque nunca llegue a ser suficiente”, explicaron desde la Asociación Civil La Casa Del Encuentro. Entre los desafíos pendientes, destacan que es importante que se apliquen de forma sistemática y que se mejoren los mecanismos para que esa asistencia llegue a todas y cada una de las personas que hayan sido o sean víctimas de estos delitos.
