El organismo de la Naciones Unidos relevó las condiciones en las que viven los adolescentes encarcelados en centros de detención del país y llegó a la conclusión de que se trata de una “medida sancionatoria ineficaz para cumplir con los fines educativos y de reinserción social”.
El estudio expone que durante el encierro suelen ser maltratados y viven en condiciones ilegales. Además advierte que es un método de sanción “selectivo” porque la mayoría de los adolescentes recluidos vienen de hogares pobres, vivieron en la calle o no iban a la escuela.
Cómo llegaron a esas conclusiones. Unicef encuestó a 508 adolescentes, lo que representa el 40% de los 1305 detenidos del país que atraviesan algún conflicto con la ley penal.
Las encuestas se hicieron buscando que sean representativas del universo total, de forma tal que se pudiese establecer un diagnóstico. El trabajo ya está online y puede ser consultado.
Cuál es la trayectoria de los adolescentes. El informe es concluyente respecto a que las detenciones recaen sobre quienes durante su infancia y adolescencia fueron vulnerados en sus derechos elementales.
- El 94,3% son varones, y 7 de cada 10 tiene 16 o 17 años.
- La mitad no iba a la escuela cuando los encerraron. Y el 77% había repetido.
- 1 de cada 3 chicos encerrados llegó a vivir en la calle.
- Un 14% pasó por un hogar porque sufrió violencia y maltrato en su casa.
- El 61% empezó a trabajar cuando tenía menos de 16 años, la mayoría en albañilería.
- La mitad de los chicos consumió cocaína y psicotrópicos (pastillas). Y 23%, pasta base.
- 1 de cada 4 adolescente tiene al menos un hijo a cargo.
- Solo el 40% dijo haber recibido alguna ayuda del Estado en la casa donde se crió.
“El sistema de justicia juvenil es claramente selectivo”, advirtió Hernán Monath, especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de Unicef. “El estudio muestra que los adolescentes que ingresan a los centros son los que tienen mayor vulnerabilidad y menores recursos para enfrentar tanto los riesgos sociales como el proceso penal, y eso determina que se los encierre”, agregó.
Monath fue categórico respecto del rol del Estado antes y durante el encierro: “Hay una ausencia marcada del Estado para garantizarles tempranamente derechos básicos, pero una intervención férrea a través del sistema penal y las medidas de encierro cuando se les imputa haber infringido la ley”, explicó.
Qué ocurre durante el encierro. Como la mayoría de los adolescentes no pudo acceder a derechos fundamentales (como casa, afecto y educación), Unicef resaltó que es necesario que los centros restituyan esos derechos. Sin embargo, en gran medida ocurre lo contrario:
- El 30% fue maltratado durante el encierro, principalmente física y verbalmente. Mayormente señalan al personal de seguridad. Y el 89% afirma que no pudo hacer ninguna denuncia.
- Entre quienes sufrieron maltrato, el 3,2% aseguró que le suspendieron las comidas.
- El 27% no va a la escuela durante el encierro.
- El 54% nunca habló con el juez que lleva su causa y el 71% no sabe cuánto permanecerá recluido
- Casi la mitad de los detenidos dijo que la comida era insuficiente.
- El 48,3% de los detenidos es reiterante.
Por qué es importante el estudio. Para tener un diagnóstico respecto de cuál es el trayecto de los adolescentes detenidos y en qué condiciones están. Además, permite discutir políticas públicas con información.
“En el debate público sobre la reforma pendiente del sistema de justicia juvenil argentino, se suelen escuchar argumentos que señalan la necesidad de aumentar las sanciones penales, incluyendo las medidas privativas de libertad, como estrategia adecuada para mejorar su efectividad. Sin embargo, estos argumentos no presentan en ningún caso evidencias que permitan establecer la relación entre el aumento de las penas y el logro de los objetivos de inserción social y posterior desistimiento por parte de las y los adolescentes que cumplen sanciones privativas de la libertad”, argumentó Ana de Mendoza, representante de Unicef en la Argentina.
Qué propone Unicef.
- Se deben aplicar políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que derechos fundamentales no estén asegurados en los niños y adolescentes.
- Promover un sistema de justicia juvenil especializado, centrado en la prevención del delito y en las causas que podrían originarlo.
- Impulsar medidas alternativas, como mediaciones, reparación de daño, probation, entre otras herramientas.
- Crear y fortalecer mecanismos de supervisión y monitoreo de los centros de encierro.
- Reforzar los programas que acompañen el egreso y permitan el trabajo articulado con las familias.
- Destinar recursos públicos suficientes al trabajo con adolescentes.
