Con la crisis climática en la mira y un abanico de propuestas que van desde ofrecer capacitaciones hasta hacer compras al por mayor de insumos tecnológicos, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) trabaja desde hace más de una década con diferentes actores públicos y privados para generar planes de acción climática con estrategias a medida de las necesidades particulares, sin perder de vista los procesos globales.
En el origen de esta red, de la que hoy forman parte 260 Gobiernos subnacionales en 13 provincias y unas 30 empresas en diferentes puntos de la Argentina, está Ricardo Bertolino, formado como ingeniero agrónomo y preocupado desde muy joven por las interacciones entre los humanos y el ambiente, cuando comenzó su militancia en el movimiento Agua y Juventud. Desde su lugar de asesor de varias municipalidades en materia de cambio climático, desde principios de los 2000, Bertolino ―que fue subsecretario de Ambiente de Rosario entre 2011 y 2013― armó y lanzó en 2010 lo que sería el germen de la red, de la cual hoy es director ejecutivo.
“La crisis climática no es algo que va a pasar, es algo que ya está pasando. Es un tema que ya está instalado y hay una responsabilidad política y también empresaria de entender esto y de actuar en consecuencia. Estamos frente al mayor desafío de la humanidad”, señala Bertolino, para quien es clave alinear la agenda local con la internacional y enfocarse en tres conceptos que explican el corazón del trabajo de la red: planificación, mitigación y adaptación.
“No creemos en las visiones catastrofistas. Por el contrario, pensamos que esta crisis permite encontrar oportunidades para generar otro tipo de desarrollo. El desafío es aprender a consumir y a producir de otra manera”, dice.
Inventario de gases: la foto precisa
La RAMCC nació en 2010 tras una primera reunión entre municipios. Corrientes y Monte Caseros fueron los primeros en sumarse, y las primeras acciones ―rememora Bertolino― fueron capacitaciones sobre cambio climático para funcionarios.
En 2014, la organización comenzó a ofrecer el servicio de inventarios de gases de efecto invernadero, que se hace con una metodología propia, y en 2018 dio un salto de escala al sumarse al Pacto Mundial de Alcaldes, desde donde se abordan tres aspectos de la acción climática: la mitigación, la adaptación a sus efectos adversos y el acceso universal a energía segura.
En ese marco, la red ofrece a sus miembros planificación y acciones concretas a Gobiernos locales y empresas. También el acceso a un fideicomiso que permite que las municipalidades participen de procesos de compra de insumos tecnológicos (como luminarias led, paneles y calefones solares o vehículos eléctricos) al por mayor.
El inventario de gases de efecto invernadero mide las emisiones contaminantes y permite visualizar qué sector aporta más gases de efecto invernadero (GEI): a nivel subnacional, estos sectores suelen estar relacionados con el transporte, la energía y la gestión de residuos.
El servicio que ofrece la RAMCC es inventariar o mapear la manera en la cual una comuna, una ciudad, una provincia o una empresa contaminan.
Esto, a su vez, abre la puerta al siguiente paso: el diseño de una acción climática hecha a medida para cada actor, a modo de menú de opciones, para reducir las emisiones donde haga falta.
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“Un inventario es una herramienta que nos permite medir y cuantificar todo para, a partir de allí, establecer una meta que es la que orienta la acción climática. Es un camino que busca llegar a la carbono neutralidad, en la que las emisiones de gases contaminantes son compensadas por su absorción o anulación”, señala el presidente de la RAMCC.
Gobiernos locales, la clave
“Los Gobiernos locales son los que tienen los mayores problemas porque es en el territorio donde más se sienten los impactos. Además, las ciudades son las que más emisiones generan”, subraya Bertolino.
Los tomadores de decisiones locales, dice, pueden incidir en el diseño de políticas públicas en sectores como la energía, la gestión de residuos y el transporte.
Un ejemplo es la ciudad de Juárez Celman, en Córdoba, de 18 mil habitantes y ubicada 20 kilómetros al norte de la capital de esa provincia. Mathias Zanatto, su director de Ambiente, cuenta que la intendencia viene trabajando desde hace dos años con diferentes acciones en materia de reciclaje, construcción sustentable y energías renovables. En ese marco, comenzó a trabajar con la red y generó su inventario de GEI, gracias al cual pudo establecer mejores políticas: “Nos llevamos algunas sorpresas porque pensábamos que el sector más contaminante iba a ser el de residuos y resultó el agropecuario (un feed lot e industrias de pollo), seguido del transporte. El inventario nos sirvió para recolectar información e identificar dónde teníamos los mayores inconvenientes”, explica el funcionario y agrega que con esta información, el municipio redobló las fiscalizaciones y las visitas a esos establecimientos agropecuarios y mejoró su reglamentación para esas industrias.
A la par, se reforzaron los cursos y talleres de educación ambiental que se ofrecen a los vecinos para visibilizar qué es un inventario de GEI y qué puede hacerse para cambiar la ecuación ambiental de la localidad.
Las energías renovables también ocupan un espacio importante en Juárez Celman: “Tenemos una planta de agua que funciona gracias a la energía generada por 167 paneles solares. Y hay paneles en la municipalidad y en el parque agroecológico”, apunta Zanatto.
Además de comunas y municipalidades, dos provincias ya comenzaron a trabajar junto a la red para elaborar sus inventarios de GEI: Misiones y Entre Ríos.
Misiones a la vanguardia
La provincia de Misiones, que cuenta con un gabinete provincial de cambio climático, se posicionó como una de las que más prioridad le otorga al cuidado del ambiente con varias acciones innovadoras. Una de ellas es el inventario de GEI que lleva adelante junto a la RAMCC, que además acompaña con la elaboración de estrategias de adaptación y mitigación.
Gervasio Malagrida, ministro de Cambio Climático de esa provincia, explica que se trabaja en varios niveles partiendo de lo micro, que tiene que ver con acciones ciudadanas como la captación de agua de lluvia, la separación de residuos y un fuerte plan de concientización “para que la población sepa qué es el cambio climático y conozca lo que significa Misiones en este contexto, que con dos tercios de la superficie provincial cubierta por vegetación ―con 1.600.000 hectáreas es selva paranaense― es un importante sumidero de carbono”.
En relación al trabajo que se hace con la RAMCC, Malagrida explica que a finales del año pasado el ministerio a su cargo concluyó el proceso de medición de su huella de carbono “para reforzar el camino hacia la carbono neutralidad”. Ahora está trabajando con empresas misioneras para que implementen esa herramienta: “A partir de 2027 desde Europa y Asia nos van a pedir que, por ejemplo, la yerba que se exporte tenga certificación de huella de carbono”, menciona el funcionario. También la empresa Energía de Misiones está midiendo su huella de carbono corporativa.
El papel del sector privado
Si bien en un principio el foco del trabajo de la red estuvo puesto en actores del sector público, desde hace un tiempo también se sumaron empresas. “Lo que hacemos con los municipios y comunas lo replicamos también con empresas privadas. Es clave avanzar en esa articulación y que los privados se comprometan”, dice el director de la RAMCC.
Una de las treinta empresas con las que trabaja la red es el Grupo San Cristóbal, la aseguradora con mayor patrimonio neto de la Argentina, que comenzó a medir su huella de carbono hace tres años. Nicole Couvert, analista ambiental de Grupo, afirma que llegar a la carbono neutralidad es uno de los tres objetivos de la estrategia de sustentabilidad de la empresa. “Comenzamos a medir nuestra huella de carbono en 2019 en nuestra sede corporativa de Rosario para encontrar los puntos críticos y empezar a trabajar en mitigar y compensar esa huella”, detalla.
Las mediciones incluyeron, por ejemplo, las emisiones por el uso de gas natural y de diésel en los grupos electrógenos, la combustión de los autos de la flota corporativa, los gases refrigerantes de los aires acondicionados, el consumo eléctrico e incluso las “emisiones indirectas”, generadas no en el edificio sino en los traslados de los empleados desde y hacia la compañía. A eso se sumaron, en una segunda medición realizada en 2020, más variables como los gases refrigerantes de los extintores y los residuos.
Para Exequiel Arangio, jefe de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad de Grupo San Cristóbal, que una empresa avance con una gestión sustentable hoy es “un factor determinante”. “No somos un agente económico sino un agente social. No hay negocio sustentable en una sociedad que no lo sea”, sostiene.
Según Bertolino, “mientras más rápido los privados entiendan su responsabilidad social, mejor se van a poder adaptar a un mercado que ya cambió y que tiene demandas de sustentabilidad”.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 23 de mayo de 2022.
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