La dinámica de los consorcios puede generar conflictos, sin distinción de lugar o clase social. Y esto puede representar un gran desafío cuando se trata de una propiedad horizontal de barrios populares cuyos habitantes han tenido que dejar sus viviendas —autoconstruidas y habitadas durante años— para mudarse a complejos de departamentos con reglas, espacios comunes, responsabilidades y gastos que antes no tenían. Es cierto que el cambio tiene sus beneficios. Principalmente, el acceso a infraestructura básica: agua potable, gas, servicio de desagüe cloacal, construcciones más sólidas y seguras, es decir, mejoras significativas en la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, estas mejoras no son condiciones sine qua non: pasar de un hábitat informal a uno formal supone costos de mantenimiento. Por ejemplo, las boletas de los servicios llegan todos los meses y si no se pagan, se cortan. Y al costo económico se le suma además un costo social: de un día para otro, los vecinos tienen que compartir techo y paredes con personas que viven arriba, abajo y a los costados, en una dinámica desconocida.
Como primer paso, deben construir un consorcio, una organización alrededor de los espacios o bienes comunes. ¿Cómo hacerlo sin conocimientos previos o recursos económicos para pagar a un administrador? A resolver esta problemática se dedica la organización civil INSITU, un grupo de trabajo socioambiental especializado en el abordaje territorial. “Nuestra metodología de trabajo supone un abordaje democrático de lo consorcial, por sobre la mirada asistencialista y/o legalista del Estado que suele darse en las relocalizaciones de barrios populares. Nuestra manera de intervenir no es desde la posición del experto hacia el desvalido: para nosotros, abordar es también, y necesariamente, investigar”, explica Belén Demoy, una de las fundadoras de INSITU.
“Nos centramos en trabajar una herramienta legal, el consorcio, desde un enfoque social y comunitario. Por eso es bien complejo. No tiene que ver con enseñarles a vivir a los vecinos ni con llevarles asistencia de recursos, se trata de ejercitar dinámicas colectivas que permitan mayor autonomía y soberanía sobre su nuevo barrio”, agrega. “En esta línea, el consorcio es un instrumento que facilita la vinculación con las nuevas viviendas con foco en el espacio social por sobre el espacio físico”.
INSITU realiza esta tarea desde el 2018, hoy está en 14 consorcios generales de Vicente López en articulación con la dirección de Hábitat y Vivienda Social de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Conocer la experiencia del barrio identificado como Ramón B. Castro ayuda a tener una dimensión del valor de su trabajo. Ahí los vecinos no solo han logrado organizarse democráticamente sino que han ido más allá: idearon el Proyecto Paisaje Popular para embellecer los espacios comunes como lugar de encuentro, iniciativa que sirve de ejemplo y motivación para otros consorcios que están siendo intervenidos por INSITU.
Cruzar la calle
En el marco del Plan Nacional de Viviendas, la Municipalidad de Vicente López les anunció en 2008 a las familias que vivían en el asentamiento 7 de Mayo, ubicado sobre la calle Ramón Castro de la localidad de Olivos, que serían relocalizadas. Algunas de ellas fueron mudadas a un nuevo complejo habitacional de 24 viviendas distribuidas en tres edificios construidos justo en la vereda de enfrente. A diferencia de otras relocalizaciones, esta fue voluntaria y celebrada por la mayoría de los vecinos. No tuvieron que abandonar el barrio en el que habían vivido toda su vida, sino solo cruzar la calle para apropiarse de una vivienda nueva, más cómoda. “Diez años llevó todo el proceso hasta llegar a la mudanza, con parates, idas y vueltas. Nos censaban, pasaba el tiempo, las familias se agrandaban o cambiaban, nos volvían a censar”, cuenta Cecilia Monzón (41), vecina que nació y vivió toda su vida en el asentamiento 7 de Mayo. “Sabíamos que en la primera etapa no podríamos mudarnos todos. Eran 24 viviendas para cien familias que vivíamos en la villa. A cada una le iba a corresponder un departamento. Por ejemplo, en la villa yo vivía con mi papá y mis dos hijos, así que nos correspondían dos viviendas: una para para nosotros y otra para mi papá, pero pasó tanto tiempo que mi viejo murió antes del 2018, año en que nos adjudicaron un departamento de tres ambientes, en la escalera 1 para mis hijos y para mí. Pasar de la villa a un edificio como este es un cambio enorme. Por suerte, con la gente de INSITU fuimos preparándonos para convivir en un consorcio”, agrega.
Conocer las leyes básicas de propiedad horizontal, designar una administración, convocar asambleas, llevar los libros contable y de actas, establecer un reglamento de convivencia, reunir y manejar dinero en común representó un universo nuevo y desafiante para los vecinos. “Desde INSITU acompañamos el proceso de los vecinos y vecinas en la premudanza, abordando las nociones consorciales en talleres planificados para poder familiarizarse con el tema, a la vez que diseñamos un manual técnico acerca del cuidado y uso de la vivienda, los materiales y elementos que la componen en pos de trabajar lo referido al mantenimiento en términos edilicios”, destaca Manuel González Ugarte, miembro de INSITU. En cuanto a los resultados, añade: “Se evidenció la apropiación de estas nociones: los vecinos trabajaron situaciones hipotéticas, incorporaron herramientas como balances, libro de actas, convocatorias a asambleas, reglamento interno, las cuales otorgan transparencia a la gestión y facilitan la resolución de conflictos de la vida cotidiana. Siempre nuestra intervención fue a modo de guía, debían ser ellos los responsables de cada decisión que hace a la vida en común, de una manera transparente y democrática”.
Natalia Guerrero (46) es abogada, mamá de dos hijos de 16 y 6 años y la actual administradora general de Ramón B. Castro. “Hace ya 15 años que me mudé a la villa y muchos me siguen considerando ‘la nueva’, la que viene de afuera porque la mayoría ha vivido toda su vida en el barrio. Aquí estudié y me recibí de abogada. Costó que se entienda que en el consorcio nadie se lleva dinero, lo hacemos ad honorem”, explica. Cuenta que los temas más conflictivos son el portón, “que debería estar siempre cerrado pero jamás se cumple”, que mascotas y niños no deben estar solos en los espacios comunes, los horarios para sacar la basura, el volumen de la música y los gritos. De tanto insistir en las asambleas, de a poquito se van viendo cambios positivos en la dinámica de convivencia. ¿Qué se hace cuando no se respetan las normas básicas de convivencia? “Aprendimos a no ir nunca de a uno a golpear la puerta, nos juntamos entre varios para pedirlo personalmente. Aun así no siempre se consigue”, cuenta.
A cinco años de la relocalización, Guerrero y Monzón, quien también integra la administración, destacan dos aspectos positivos que evidenció el cambio de hábitat: sienten que el diálogo está más instalado y que hay una mejor convivencia. Además, Guerrero cuenta: “En la villa había mayoría de personas desocupadas, hoy en el complejo casi todos tienen alguna fuente de ingresos, salen a cartonear o lo que sea para poder pagar los servicios”.
Proyecto Paisaje Popular
Los espacios comunes como las escaleras, los pasillos, el jardín suelen ser tierra de nadie en los conjuntos habitacionales. Los vecinos de Ramón B. Castro se propusieron cambiar esta idea y transformarla en tierra de todos, bajo la premisa de que en la vivienda social también hay —o puede haber— paisaje, en el que den ganas de estar, de salir, de reunirse: un “paisaje popular”, como han bautizado al proyecto. “La idea surgió en pandemia, en el 2020, los vecinos propusieron tener una huerta que sirviera para autoabastecerse. A partir de ello, desde INSITU fuimos acompañando en diferentes talleres participativos para diseñar lo que imaginaban y deseaban en el espacio común. Encuentros para llevar adelante las diferentes ideas, como la pintada de un mural, la construcción de parrillas, nivelación de tierra, armado de muebles, mesas y sillas para los espacios comunes. Así fue que fuimos contactando a una serie de actores con distintas experticias para llevar adelante las transformaciones que querían los vecinos, por ejemplo”, cuenta Manuel González Ugarte.
Claro que la participación fue voluntaria: se organizó una consulta puerta a puerta para aprobar las propuestas y así se conformó la Comisión de Paisaje, exclusiva para este proyecto. “Lo llamativo fue que se sumaron personas que no asisten a las asambleas o que no querían tener nada que ver con la administración, pero se entusiasmaron con esta idea”, comenta Monzón. A partir de 2021 hubo talleres participativos para que los vecinos pudieran imaginar y diseñar los espacios comunes. Primero fue una jornada de plantación, lo que implicó un calendario de riego, lo mismo con el pasto, con la limpieza. “Lo vamos haciendo entre todos, tratamos de organizar previamente, pero lo cierto es que si alguien pasa y ve que la higuera está muy seca, busca una jarra y le trae agua”, comenta Natalia.
Al día de hoy han hecho una plantada comunitaria con especies como malvavisco, poleo del monte y variedades de salvia, entre otras, también nivelaron el terreno del jardín. Pintaron un mural con la participación de vecinos de todas las edades y el asesoramiento de muralistas convocados por INSITU. Diseñaron sus propias mesas y sillas para compartir en el patio y están ahora abocados al armado de cuatro parrillas.
Falta muy poco para que las parrillas del patio de Ramón B. Castro estén listas. Habrá una celebración por los logros, los vecinos utilizarán las mesas y sillas que ellos mismos hicieron, mientras la higuera que plantaron crece a su ritmo. Los vecinos de Ramón B. Castro van comprobando que el paraje desértico de los espacios comunes puede mutar en el calor del encuentro.
Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones, una alianza entre Río Negro y RED/ACCIÓN.
