“En la vida en el hogar se ve un poco de todo”, dice Cristian Guarasci, que tiene 31 años y dejó, hace una década, el hogar de menores donde fue criado desde que su madre perdió su custodia. “Te levantás, te hacés la cama, barrés la habitación, ayudás en la cocina. Pero, en general, es un vida buena. Para mí fue genial porque yo con mi vieja no iba a tener un buen futuro: ella nos descuidaba todos los días”.
Como él, en la Argentina hay unos 9.800 chicos que no están siendo criados por su familia, sino en “dispositivos formales de cuidado”: familias de acogimiento, familias sustitutas, pequeños hogares y hogares convivenciales (ya no existen los orfanatos de otras épocas). El problema, para todos ellos, ha sido cómo resolver la vida cuando, a los 18 años, salen al mundo. Pero una nueva ley intenta resolver el asunto.
Se trata de la Ley 27.364, sancionada en mayo de 2017 (y reglamentada la semana pasada): la Ley Nacional de Egreso. Reconoce el derecho de estos jóvenes de contar con un apoyo personalizado en su tránsito a la vida adulta y establece que, a partir de los 13 años, podrán tener un referente que los acompañe y, una vez que dejen el hogar o la familia, también recibirán una asignación económica mensual hasta los 21 años (o hasta los 25 si están estudiando). Será el 80% de un salario mínimo.
“Las principales dificultades que enfrentan son el acceso a la vivienda y al trabajo digno, y la falta de estudios y de apoyo”, dice Mariana Incarnato, la directora ejecutiva de Doncel, una asociación civil que impulsó la sanción de la Ley y que –junto a Aldeas Infantiles SOS, Fundación Voz, UNICEF y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia– organizó, el martes pasado, el primer Festival Mandate / Foro Nacional de Jóvenes Sin Cuidados Parentales, donde se reunieron más de 120 chicos y chicas.
“Comparativamente, a otros chicos de esa edad tan corta no les toca enfrentar todo eso”, dice Incarnato. Doncel trabajó con jóvenes que ya habían dejado los hogares: con ellos armó el colectivo Guía Egreso, un espacio de acción y discusión que confluyó en una propuesta a la diputada Ana Carla Carrizo (UCR), quien llevó el tema al Congreso. “A mayor autonomía y edad, menor cuidado, pero ese cuidado no se puede cortar de modo abrupto”, sigue Incarnato.
Cristian Guarasci, que trabajó en el proyecto de ley desde Guía Egreso, vivió casi diez años en el hogar Alborada, del barrio porteño de Villa Devoto, al que llegó en diciembre de 1999. Antes había estado con familias. Tiene seis hermanos que corrieron una suerte parecida, a los que sigue viendo. “Yo iba a visitarlos siempre que podía, pero eso no era muy seguido porque trabajaba y tenía dos horas de viaje; ellos estaban en un hogar en Garín”, recuerda. Hace nueve meses trabaja como repositor. Vive con uno de sus hermanos y se acaba de comprar una moto con la que se mueve a todos lados.
“Cuando yo me fui, alquilé una casita cerca del hogar: estaba solo y no tenía ni a quién mandarle un mensaje, pero ahora los chicos van a tener más apoyo”, dice. “Ya no va a pasar más que un chico se vaya del hogar sin ayuda”.
Una investigación paraconocer la situación
Doncel y Guía Egreso realizaron una investigación en la ciudad de Buenos Aires sobre la alta vulnerabilidad social que los jóvenes que vivieron en instituciones de cuidado enfrentan en su vida adulta. Detectaron que el 45% de ellos no terminó la educación obligatoria y no está estudiando, pero al 90% le gustaría continuar sus estudios. Entre los que tienen más de 25 años y egresaron de hogares (u otros dispositivos), el porcentaje sin estudios secundarios llega al 66%, mientras que para la población promedio de su misma edad es del 25,1%.
“La imposibilidad para seguir estudiando en ese período generalmente marca la interrupción definitiva de sus trayectorias educativas”, se lee en la investigación. “Esto se suma a las dificultades para conseguir vivienda y para lograr inserción laboral y a la falta de apoyo económico y emocional como los principales obstáculos que enfrentan quienes egresan de hogares, al cumplir la mayoría de edad”.
El 46% no trabaja y está buscando empleo, y sólo el 34% tenía trabajo al momento del egreso. Más de la mitad señaló que el dinero no le alcanza nunca o casi nunca para cubrir sus gastos básicos. El 31% vive en situaciones habitacionales precarias (hotel, pensión, parador u hogar de tránsito) y un 30% vivió alguna vez en la calle. Por otra parte, el 30% fue madre o padre antes de los 20 años (un porcentaje considerablemente alto si se lo compara con el 7,1% de toda la población adolescente de la ciudad de Buenos Aires que fue padre o madre).
Según el estudio, viven en promedio 6 años de su vida en estas instituciones, aunque la ley indica que este tipo de situación debería ser excepcional y que una familia sustituta debería acogerlos cuanto antes. Algunos, incluso, se quedan en los hogares luego de cumplir 18 años: es difícil iniciar la vida afuera sin sostén económico y por eso alargan su estadía allí.
Mara Bustamante tiene 20 años y vive en el hogar Aldeas Infantiles, en Luján, desde hace nueve años. “Nosotros, con mi hermano, peleábamos mucho para que nos adoptara alguien”, dice. “No queríamos llegar a los 18 años y ser sacados del hogar sin un techo, sin trabajo ni nada”.
Dos de sus siete hermanos fueron adoptados. Mara estudia en una escuela secundaria técnica de electromecánica y sueña con anotarse en la carrera de Veterinaria (en el hogar hay dos gatos y dos perros). Y trabaja: los días de semana en el kiosco de la escuela; los fines de semana, vendiendo entradas en una cancha; y de noche, vendiendo entradas en un boliche y en la barra. “Estoy cerca del egreso y sé que va a ser difícil vivir sola en las primeras semanas”, sigue. “Pero me siento preparada”.
Mara sonríe. Ella podría ser, cuando la ley comience a aplicarse, una de las primeras beneficiadas por la nueva legislación.
