“Transitar el encierro con derechos y dignidad no es solo una aspiración, sino un camino hacia la construcción de mejores individuos. La base de nuestro enfoque es empoderar a las personas privadas de libertad para que tomen las riendas de su propio proceso de integración. Creemos que, al recuperar derechos fundamentales, se forja un ambiente más humano y justo dentro de las cárceles, que permite crecer y transformarse positivamente”. Quien habla es Xavier Aguirreal, tiene 55 años y actualmente reside en la cárcel de Batán (Mar del Plata, provincia de Buenos Aires), donde, además de cumplir su condena, es el coordinador de Liberté. Esta cooperativa es la primera del país completamente integrada por personas privadas de su libertad y la única del mundo con preso/as y víctimas. La diplomatura es una de sus apuestas más disruptivas en busca de un cambio de paradigma sobre la integración social de quienes cumplen una condena en la cárcel.
Movido por la necesidad de no ser simplemente un mantenido por el sistema carcelario, en 2014 Aguirreal impulsó la creación de un emprendimiento autogestivo dentro del penal al Servicio Penitenciario Bonaerense. Mediante el desarrollo de unidades productivas (como una donde fabricaban relojes de pared), los integrantes de la cooperativa pronto lograron recuperar el derecho al trabajo. Luego crearon talleres educativos y una biblioteca, entre otras iniciativas.
La cooperativa actualmente cuenta con el reconocimiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y tiene como aliados a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC), el Programa proHuerta del INTA y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), entre otros. Además, trabaja en conjunto con la agrupación Víctimas por la Paz, integrada por víctimas de hechos delictivos.
Liberté fue formalizada como cooperativa en 2022 y hoy abordan distintas áreas como empleo, educación, formación, entretenimiento, alimentación y terapias en el entorno penitenciario. Las actividades que llevan adelante las personas privadas de su libertad incluyen marroquinería, carpintería, herrería, venta de artículos de almacén, artesanías, apicultura, huerta orgánica, biblioteca, aulas de formación y servicios de restauración.El año pasado abrieron un restaurante que atienden en el penal. Sus miembros crecieron con el paso de los años hasta los 200 actuales.
Otra visión de la justicia
La diplomatura de Liberté es un programa de extensión universitaria de la UNMDP que aborda cuestiones del ámbito de la justicia restaurativa, la integración social y la convivencia pacífica en contextos de encierro. Es un espacio de formación para personas detenidas, penitenciarios, estudiantes de derecho, trabajo social y psicología y profesionales que se relacionan directa o indirectamente con el contexto de encierro.
A través de una combinación de clases teóricas, talleres prácticos y actividades complementarias, los participantes adquieren herramientas significativas para comprender y transformar el sistema penal. Se cursa en línea, a través de distintas plataformas como Zoom, Radio en línea, Radio FM, campus virtual y YouTube.
El enfoque de la diplomatura promueve una visión de la justicia basada en el cuidado, la dignidad y la reconciliación. A medida que los participantes adquieren conocimientos y habilidades, se convierten en agentes activos de cambio dentro y fuera del sistema carcelario. Es la única diplomatura de habla hispana coordinada por presos, lo que subraya su carácter único y transformador.
En su tercera edición, la diplomatura 2023 se llama Integración Social: Un Camino Desde el Encierro hacia la Convivencia y la Paz a través de la Justicia Restaurativa y el programa tiene diez ejes temáticos. Durante 25 sábados por la mañana, abordan conceptos como el cambio de paradigma sobre las personas privadas de su libertad, la ejecución de penas, el sistema penitenciario, la justicia restaurativa, la facilitación del diálogo, la salud integral y el autocuidado, el enfoque de género, el rol de las familias y la educación en entornos de reclusión. También trabajan habilidades de diálogo para la resolución de conflictos y fomentan la cultura de autogestión laboral. Además de las 75 horas de formación en sesiones, tienen actividades prácticas que suman 100 horas. Para la certificación se exige un mínimo de 75 % de asistencia.
La diplomatura está financiada por Liberté y la Universidad Nacional de Mar del Plata. A su vez, todos los profesores (que son jueces, víctimas, profesionales y preso/as) dan sus clases ad honorem.
Los participantes
Este año confluyen en la diplomatura presos, familiares, jueces, trabajadores del sistema penitenciario, víctimas, docentes investigadores, agentes del Instituto de Rehabilitación de Uruguay, jueces de la Corte Suprema de Perú, abogados, estudiantes de derecho, de trabajo social, víctimas de delitos y familiares de víctimas.
No hay requisitos para anotarse, incluso han tenido alumnos que no sabían leer ni escribir. En estos tres años ya han cursado 8.000 alumnos.
Hay estudiantes que se conectan desde diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Cecilia, que vive en Canadá. Otros, que se conectan desde más de siete países, como Uruguay, España, Ecuador y México, entre otros.
En esta edición, algunas personas que cursaron el año pasado forman parte de la organización. Como Pamela, que está en la cárcel de Los Hornos, Mariela, que está en la cárcel de Azul, y Silvia, que está en una cárcel de Tucumán. Ellas colaboran en la moderación de la diplomatura desde sus cárceles.
“La integración social de las personas privadas de libertad no solo beneficia a los individuos, sino también a la sociedad en su conjunto. Al brindarles una oportunidad real de cambio e integración, estamos promoviendo una sociedad más justa, inclusiva y segura”, dice Mariela Martínez. Ella tiene 47 años y actualmente está detenida en una unidad en Azul, provincia de Buenos Aires. Es una de las cinco coordinadoras de la diplomatura quienes se ocupan de las aperturas y la moderación de los encuentros. “Además conduzco el Programa Libres de Mente, con mi compañero Dailo, en Radio Aires de Liberté”, cuenta.
Martínez descubrió la cooperativa en el año 2020 cuando las cárceles estaban convulsionadas por la pandemia y por el conflicto con las visitas. En ese contexto, surgieron diferentes colectivos de detenidos que buscaban promover sus derechos. “Liberté me pareció el más acorde a los tiempos de cambio en contextos de encierro. En ese momento hacía otro programa de radio para la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y entrevistamos a Xavier Aguirreal. Le pedimos su guía para formar una cooperativa y fue el comienzo de mi participación en la diplomatura”.
Los docentes también son de distintas áreas. Como Diana Márquez, directora de Víctimas por la Paz, quien enseña y coordina en el módulo Justicia Restaurativa, su especialidad. Márquez también preside la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa y es secretaria de Liberté.
Desafíos
El principal desafío que enfrentan los organizadores de la diplomatura es el de trabajar con un grupo muy diverso y heterogéneo y abordar temas tan sensibles como la cárcel, la inseguridad y el delito. Pero los mueve el deseo de trascender la crisis de separatividad, que describen como una que aqueja a la humanidad.
“El cambio de paradigma que buscamos implica más que tomar conciencia; es asumir una responsabilidad compartida. En este camino conjunto, las conversaciones trascienden la fragmentación de miradas y vamos hacia la integración social: dar espacio a las diferencias, visibilizarlas, habilitarlas, siempre con respeto por la controversia”, dice Aguirreal. “No buscamos borrar las diferencias, sino generar un terreno común donde todos podamos contribuir a la construcción de una sociedad más cohesionada y justa. Donde las diferencias enriquezcan nuestro entendimiento mutuo y se traduzcan en soluciones concretas para todos”, concluye.
Resultados
Hasta el momento, los resultados del impacto de esta diplomatura están siendo evaluados por el equipo de investigación Aprendizaje y Desarrollo Organizacional del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE), afiliado al Conicet y a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), bajo la dirección de la Dra. Claudia Perlo. “Los datos preliminares muestran cambios en las percepciones de quienes tenían prejuicios y estigmatizaciones. Han ampliado sus horizontes al comprender la realidad de las personas presas, y ven la solución como un esfuerzo conjunto. La mayoría destaca la necesidad de aprender, difundir y replicar estos conocimientos”, explica.
Martínez coincide: “Los profesionales adquieren herramientas que les permiten trabajar con aquellos que enfrentan discriminación, falta de oportunidades y marginación”.
Para Liberté, en un sistema carcelario donde la reincidencia y la falta de preparación para la vida fuera de la cárcel son problemas persistentes, esta diplomatura se presenta como una respuesta efectiva. Aborda la necesidad de preparación e integración de manera integral.
“Su diseño pedagógico es un cambio de paradigma en sí mismo. Re-unir en un espacio a presos, investigadores, jueces, víctimas, sociedad civil en general; es un giro radical para pensar la seguridad, el delito y la cárcel”, sintetiza Perlo.
Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones, una alianza entre Río Negro y RED/ACCIÓN.
