Este contenido contó con participación de miembros de RED/ACCIÓN
El 12 de octubre pasado en La Plata, en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres, las trabajadoras sexuales organizaron una marcha. Salieron, con tangas rojas atadas a sus mochilas, desde el Colegio Nacional y fueron hasta la comisaría 9ª, en la que son apresadas muchas mujeres y travestis que “hacen la calle” en la zona roja de esta ciudad. Y no sólo eso: las trabajadoras sexuales también dieron un taller en el Colegio Nacional, donde discutieron sobre sus derechos laborales. Quieren jubilarse y proponen la creación de una moratoria.
La campaña por el reconocimiento de derechos laborales, incluyendo también obra social mientras trabajan, fue lanzada por el sindicato AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) en mayo de 2017. Ahora quieren reunirse con el próximo director de la ANSES y armar una mesa de trabajo con abogados laboralistas. Su modelo es el de las amas de casa, que en 2005 benefició con un plan de facilidades a quienes tenían 60 años y habían realizado algún aporte. Ellas, en cambio, no pueden jubilarse porque en la ANSES no están tipificados los servicios sexuales.
“En la actualidad, las meretrices no cuentan con un marco legal que regule la labor que desempeñan”, decía en La Plata Georgina Orellano, la secretaria general. “Somos parte de la clase trabajadora pero no contamos con una ley que nos garantice el acceso a una obra social ni a una jubilación. No contar con un marco legal que nos ampare nos expone a ejercer en la clandestinidad, vulnera nuestros derechos y aumenta el estigma hacia nuestro sector”.
Durante algunos días, en RED/ACCIÓN organizamos un grupo de WhatsApp en el que discutimos el tema y hubo aportes y sugerencias para preparar esta nota. Participaron Melisa de Oro (trabajadora sexual y parte de AMMAR), Alejandro Mamani (abogado de AMMAR), Ángeles Mazureck (trabajadora sexual de la ciudad de Buenos Aires), Laura Moses (coordinadora federal del Observatorio de Género y Diversidad del Instituto Moisés Lebensohn; parte de la Juventud Radical) y Juan Manuel Speerli (un miembro y lector de RED/ACCIÓN de Villa Cañas, Santa Fe).
El grupo habló de las condiciones de trabajo, las dificultades y las trabas burocráticas para conseguir una jubilación.
Lo que se discute desde entonces es el reconocimiento del trabajo sexual justamente como… trabajo.
Es un viejo debate, incluso entre feministas: abolicionistas (que creen que las trabajadoras sexuales son víctimas de proxenetas y redes de trata) versus regulacionistas (que creen que muchas trabajadoras sexuales son sujetos de libre elección, que la prostitución es un trabajo más y que debe ser legislado).
Y esto en el contexto de la ley contra la trata, de 2012, que ordena que se penalice cualquier organización para el desarrollo del trabajo sexual y habilita que se juzgue a quien alquile un departamento y lo ponga a disposición de trabajadoras sexuales para, por ejemplo, afrontar colectivamente los gastos.
También está la idea, de una parte de la sociedad, de que se llega al trabajo sexual cuando no hay otra opción. ¿Es tan así? "Creo que en parte es una presunción de la sociedad y en parte no", dice Ángeles Marzureck. "Es más lo que podés ganar como trabajadora sexual que limpiando casas, como mesera o trabajando en un taller de costura. Hay casos de mujeres como yo que no soportan tener un jefe y un horario fijo, tener que ir todos los días al mismo lugar, no ver clara la posibilidad de ascenso y por lo tanto preferir ser independiente a pesar de la clandestinidad o la falta de derechos. Pero también hay dentro de nuestro sector mujeres cis y trans que preferirían tener otras oportunidades en el mercado y que por diversas situaciones de vida, y por la misma vorágine de nuestro sistema capitalista, no acceden a un trabajo que satisfaga sus necesidades y las de su familia; creo que la falta de oportunidades nos atraviesa a todes como sociedad."
El reclamo por el derecho a la jubilación de quienes prestan servicios sexuales surge, según Melisa de Oro, de la toma de conciencia de la injusticia que padecen por no ser reconocidas como trabajadoras “y por la necesidad concreta de numerosas compañeras de contar con un ingreso mínimo regular que les permita acceder en mejores condiciones al sistema de salud para la tercera edad y que pueda satisfacer las necesidades más elementales para tener una vejez que puedan disfrutar”.
Según AMMAR, en la Argentina el trabajo sexual no es ilegal pero tampoco está reconocido como trabajo. De acuerdo a estadísticas de ese gremio, de 2009, unas 80.000 mujeres son trabajadoras sexuales. De ellas, 86% son madres jefas de hogar que tienen entre 1 y 7 hijos. Un relevamiento de la sección cordobesa de AMMAR y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC halló en 2019 que el 93% de las trabajadoras sexuales de la Ciudad de Córdoba no tiene obra social, el 92% no tiene otro trabajo y, entre quienes están en edad de jubilarse, el 91% no tiene jubilación. AMMAR cuenta con más de 1.000 afiliadas en Córdoba, de las cuales 250 fueron parte del sondeo: el 73% declaró ser jefa de hogar.
“Como trabajadora sexual”, dice Ángeles Marzureck en el grupo de chat, “estoy convencida de que lo que hacemos es un trabajo como cualquier otro: ofrecemos un servicio como lo hace un psicólogo, masajista, etcétera. La diferencia es que nosotras lo ejercemos en clandestinidad, sin derechos y sufriendo persecuciones de distinta índole”.
Eso que menciona Marzureck es el lado oscuro del oficio. Y mientras no haya jubilación y obra social, el trabajo sexual seguirá siendo muy tabú. Entre 1996 y 2016, AMMAR contó que el 9% de los crímenes de trabajadoras sexuales recibió condena y el 91% quedó impune. Amnistía Internacional relevó el contexto de esta situación. En la mayoría de esos casos ni siquiera hubo imputados. Además, en 18 provincias la oferta de servicios sexuales en la vía pública está criminalizada con multa y/o arresto de hasta 30 días; los cabarets están prohibidos y, de nuevo según AMMAR, “los departamentos privados donde se prestan servicios sexuales son allanados constantemente por aplicación de políticas antitrata”.
“El reclamo de los derechos previsionales”, sigue Mamani vía audio, “radica en que las personas que ejercen el trabajo sexual de cualquier forma no pueden hacer aportes ni demostrar ingresos de una forma transparente, no mintiéndole al fisco. En muchos casos, esto termina expulsándolas del sistema. La categoría para realizar aportes no las habilita, aunque existe, por ejemplo, la de ‘tarotista’. Tampoco pueden ingresar a moratorias. Hay una negación: el trabajo sexual es algo de lo que no se habla. Se lo ve como trata y se reduce todo a una cuestión de víctimas y victimarios”.
"Lo que necesitamos es que se habilite la categoría 'servicios eróticos y sexuales', o alguna figura equivalente, y que cada trabajadora sexual pueda elegir cómo enmarcarse provisionalmente, y eso puede implicar el aporte para una jubilación mínima, o de mayor valor", agrega Melisa de Oro.
"Aunque podríamos conseguir una jubilación como amas de casa, la cuestión también es dejar el estigma de lado y poder ingresar al sistema como lo que somos: trabajadores sexuales", sigue Ángeles Marzureck.
Juan Speerli, lector y miembro de RED/ACCIÓN, pregunta: “A nivel internacional, ¿cómo es la legislacion vigente, si es que hay sobre la trata de personas? Digo, en relación a políticas actuales que son temas que hoy se debate en nuestro país”.
Mamani le responde: “Las legislaciones son diferentes en el contexto Norte y Sur. Y claramente Europa y Estados Unidos tienen ciertas cuestiones diferenciales. Pero la temática se trata como ‘human traficking’. Y hay variables: tráfico de personas migrantes, tráfico para explotación sexual, tráfico de órganos, de niños… En el contexto español, las leyes antitrata han sido leyes de control migratorio que buscan expulsar o no recibir. Respecto al trabajo sexual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió a las trabajadoras sexuales hace dos años para hablar sobre sus derechos humanos, entre los que estaba la cuestión previsional”.
En Alemania, por ejemplo, la prostitución está reconocida legalmente desde 2002. Quien lo ejerce paga impuestos y tiene acceso a seguro de salud y a jubilación. En México no hay jubilación, pero hay asilos de la sociedad civil para trabajadoras sexuales retiradas.
Luego escribe Laura Moses: “Como feminista no abolicionista, creo que [el trabajo sexual] debe ser reconocido como trabajo ya que es una decisión propia mía, y de cada unx, lo que quiero hacer o no hacer con mi cuerpo. El trabajo sexual autónomo es una realidad, existe. Y frente a esa realidad me parece que hay que asegurar un marco de derechos para asegurar que quien quiera ofrecer ese servicio de manera voluntaria, pueda ejercerlo de manera segura. Necesitamos un marco legal de derechos laborales, de salud y también de jubilación”.
“Me atrevo a hacer una pregunta aprovechando el grupo para saber su opinión”, continua Moses. “¿Cuáles son hoy las estrategias que creen que se necesitan reforzar o encarar para potenciar el reclamo o para superar las barreras (y cuales identifican concretamente) que impiden que se pueda tener un marco legal?”.
Melisa de Oro concluye: “El gran problema que tenemos quienes ofrecemos servicios sexuales es la falta de derechos. Hasta hace muy pocos años, el abolicionismo (anti-prostitución) controlaba todos los espacios de poder. Controlaba el discurso moralizante reforzando el estigma y disciplinando la sexualidad humana, transmitiendo la imagen de la prostituta como escoria social. Contra esa ideología represiva y fundamentalista (además de falsa y prejuiciosa) nos levantamos en todo el mundo. Hoy damos la cara, defendemos nuestros derechos y no dejamos que nos silencien impunemente”.
