Con toda la devastación que ha causado, la crisis del COVID-19 tiene un aspecto positivo: ha puesto en evidencia importantes vacíos de políticas, comenzando por la falta de protección social para los cerca de 2 mil millones de trabajadores informales del planeta. Pero para abordar esta carencia se necesitarán más que programas sociales: también los gobiernos tendrán que ir cerrando la brecha digital.
Durante la pandemia, los programas sociales que apoyaban al “segmento medio faltante” -trabajadores informales excluidos de la seguridad social estándar vinculada al empleo y que a menudo no califican para programas sociales que apuntan a la extrema pobreza- han dependido fuertemente de las tecnologías digitales. El registro se hizo en teléfonos móviles. Los gobiernos verificaron a los beneficiarios mediante sistemas de identificación digital. Los pagos se hicieron a billeteras electrónicas.
Este uso bienvenido de la tecnología digital agilizó los procedimientos y permitió que los trabajadores evitaran interacciones cara a cara cuando solicitaban o recibían beneficios. Pero también implicó un riesgo evidente: la exclusión de quienes se encontraban en el lado equivocado de la brecha digital.
Una experiencia ilustrativa es la de los recicladores de basura informales de Johannesburgo. Cuando el gobierno sudafricano lanzó el subsidio en efectivo de Social Relief of Distress, programa destinado a adultos excluidos de otras formas de apoyo estatal durante la pandemia, las solicitudes se tenían que enviar mediante un formulario del sitio web, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp o un código de Datos Complementarios No Estructurados.
Eso prometía eficiencia, pero también hizo que muchos recicladores de basura quedaran al margen del proceso de solicitud. Según Steven Leeuw, miembro activo de la Organización Africana de Recicladores (ARO, por sus siglas en inglés), “un 90% de la gente con la que trabajamos no tiene teléfono móvil. Si lo poseen, por lo general es un modelo antiguo que no funciona bien, o no tienen dinero para cargar datos, o no tienen ningún lugar desde donde acceder a Wi-Fi gratuita”.
Afortunadamente, la ARO ayudó a sus miembros con el proceso, lo que significó no solo llenar y enviar solicitudes, sino realizar los pasos administrativos correspondientes en caso de rechazo de las solicitudes iniciales. Según Leeuw, “habría sido mucho más fácil si [la Agencia de seguridad Social sudafricana] hubieran enviado a funcionarios a nuestros lugares de trabajo para ayudar a que la gente se registrara para el beneficio”.
Hay historias similares en todo el planeta. En Ciudad de México, al principio la ayuda en dinero ofrecida a los trabajadores no asalariados era accesible solo mediante una solicitud en línea. “Fui tres veces al café internet a escanear documentos y enviar correos electrónicos”, señaló un trabajador. “¿Cómo lo van a hacer los analfabetos y quienes no puedan pagar lo que cobra el café internet?” Tras protestas de las organizaciones de los trabajadores, el gobierno añadió una opción de solicitud manual.
De manera similar, los trabajadores informales de Delhi se vieron en dificultades para lidiar con las solicitudes digitales del plan AtmaNirbhar Nidhi (SVANidhi) para vendedores callejeros, un programa de préstamos estatales diseñado para apoyarlos. No solo la solicitud estaba disponible únicamente en línea, sino que tampoco estaba escrita en hindi coloquial y el sitio web colapsaba a menudo.
Más aún, inicialmente se exigía a los solicitantes que tuvieran una Tarjeta Aadhar (una forma de identificación digital vinculada a datos biométricos y demográficos) ligada a un número de teléfono móvil, lo que creó una serie de otros problemas. “No todos los trabajadores contaban con una Tarjeta Aadhar”, señala Shalini Sinha, Coordinadora para Delhi de la organización Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (Mujeres en Empleos Informales: Globalización y Organización). “O si son trabajadores migrantes, la tarjeta podía estar en sus pueblos de origen, y entonces podrían no tener el mismo número de móvil y tener que hacer todo el proceso de vincular el número nuevo a la tarjeta”.
No son incidentes aislados ni seleccionados a mano. Un informe de 2019 realizado por Philip Alston, entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza, observó que la digitalización del bienestar a menudo causa “profundas reducciones del presupuesto general destinado a bienestar, la limitación del conjunto de beneficiarios [y] la eliminación de algunos servicios”. De hecho, advertía Alston, los sistemas digitales de bienestar suelen “castigar a las clases más necesitadas”. Por ejemplo, la coincidencia de datos sin restricciones se usa para exponer y penalizar las “más mínimas irregularidades” en los registros de beneficiarios del bienestar social, causando a veces la negación de servicios de importancia crítica.
No es posible que se usen las tecnologías digitales como una manera de recortar presupuestos y hacer pasar la responsabilidad desde el gobierno a las organizaciones de base que prestan servicios a los pobres. Los gobiernos que implementan tecnologías digitales en sus programas de bienestar social además tienen la obligación de asegurarse de que haya equidad en los sistemas e instituciones desde los que se ofrecen.
Para comenzar, a medida que los gobiernos invierten en la transición digital (con grandes cantidades de fondos dirigidos al sector privado), también deben apoyar el trabajo de las organizaciones de base que prestan servicios esenciales de último minuto para lograr que las personas accedan a los beneficios a que tienen derecho. Tal como están las cosas, pocas de estas organizaciones con trabajo en el Sur Global son capaces de recaudar los recursos financieros necesarios para sostenerse.
Más aún, los gobiernos deben crear mecanismos de consulta significativa con estas organizaciones, a fin de diseñar programas que satisfagan las necesidades de los grupos de destino, monitorear y evaluar los avances y hacer los cambios que sean necesarios. Los trabajadores burocráticos de primera línea, así como los asistentes sociales y funcionarios de registro, también necesitarán un mayor apoyo, lo que puede implicar aumentar su dotación en algunos casos.
Por supuesto, cerrar la brecha digital debería seguir siendo una alta prioridad, lo que implica ampliar el acceso a las tecnologías digitales, como los teléfonos móviles y la internet de banda ancha, y asegurar que la gente sepa cómo manejarlas. Y en esto las organizaciones de base tienen un papel que desempeñar también. Pero, mientras tanto, es urgente cerrar la brecha digital para que los más vulnerables puedan acceder al apoyo estatal que tanto necesitan.
Laura Alfers es Directora del Programa de Protección Social de Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (Mujeres en Empleos Informales: Globalización y Organización).
