La ley 24.901 de 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Este sistema garantiza la cobertura integral y universal de las prestaciones y tratamientos para personas que cuentan con un certificado único de discapacidad (CUD). Sin embargo, pende de un hilo: los detalles de su funcionamiento están regulados por un decreto reglamentario del año siguiente (el 1193/98), por lo que el Ejecutivo puede modificarlo mediante otro decreto. Organizaciones de la sociedad civil alertaron recientemente que esto está próximo a ocurrir. Y, en este contexto, un proyecto de ley que acaba de ingresar al Congreso busca garantizar la continuidad del actual sistema.
Como contamos en esta nota, los prestadores de servicios para personas con discapacidad deben inscribirse en un registro y garantizar un estándar. A su vez, el monto que reciben por prestarlos está definido en un nomenclador. Y los recursos para el pago son financiados por tres organismos estatales distintos, según la cobertura del beneficiario: puede ser PAMI, Incluir Salud o la Superintendencia de Servicios de Salud (este último caso para quienes tienen obras sociales y algunos beneficiarios de prepagas).
El borrador de un decreto presidencial establece que cada ente financiador podría establecer su propio nomenclador. “El proyecto de decreto discrimina por la situación económica y social a las personas con discapacidad. No va a ser lo mismo ser un prestador de Incluir Salud, de obras sociales o del PAMI. Es una muestra de que el Ejecutivo denosta el sistema”, advierte Marta Lastra. Ella es abogada, trabaja en temas de discapacidad y es madre de un hijo con discapacidad. También es parte del equipo de trabajo de la diputada cordobesa Natalia de la Sota (peronista del bloque Córdoba Federal), quien presentó el martes por la noche en la Cámara baja un proyecto de ley para asegurar que siga existiendo un nomenclador único.
“Lo que queremos es que la obligatoriedad y universalidad del nomenclador queden establecidas en la ley. Que sea la ley, no un decreto, la que determinen cómo el Ejecutivo debe tutelar las prestaciones, para así evitar decisiones arbitrarias y unilaterales”, explica Lastra ante la consulta de RED/ACCIÓN. Y agrega que ”el proyecto propone cuáles serían las funciones del directorio, encargado de actualizar el nomenclador. Contempla ampliar su conformación y precisar cuándo y cómo debe reunirse. Indica el marco en el que se tiene que manejar el directorio”. Actualmente, el directorio está integrado por representantes de los organismos financiadores, del Ministerio de Salud y de los prestadores.
El proyecto de ley presentado propone modificar artículos de la ley 24.901 con el fin de garantizar la cobertura integral y universal de las prestaciones para personas con discapacidad. Por eso, propone incorporar como artículo 1 bis el siguiente texto:
"El Sistema de Prestaciones básicas de atención integral y universal a favor de las personas con discapacidad se implementará según el Nomenclador Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad vigente, con prestaciones y aranceles obligatorios para todos los financiadores establecidos en el artículo 7° de esta ley y las entidades comprendidas por la ley Nº 26.682”.
También se modifical y agregan artículos que detallan las funciones del directorio y la responsabilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) como autoridad de aplicación de la ley 24.901.
El equipo de la diputada de La Sota trabajó sobre la base de un proyecto del del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), en el cual intervinieron organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Federal de Discapacidad.
“Tanto Incluir Salud como PAMI piensan a las personas con discapacidad desde el modelo rehabilitador —que considera a este colectivo como sujetos deficientes—, no desde el modelo social de la discapacidad. Si permitimos que tengan un nomenclador propio, pobre de nosotros”, advierte Lastra.
La abogada admite que existen problemas en el funcionamiento del sistema actual, como demoras en los pagos, aranceles bajos y prestaciones que no se brindan.
Pero señala que eso no significa que haya que romper la estructura actual, sino actualizarla. “La ley es una ley buena, fue muy visionaria. Lo que se debe hacer es aceitar los mecanismos, realizar auditorías, controlar cómo se pasa la plata entre distintos organismos, como llega, por ejemplo, desde la AFIP hasta el prestador”. Y cierra: “No rompamos lo que hacemos bien. Argentina es uno de los pocos países del mundo que cubre prestaciones a todas las personas con discapacidad”.
