En las últimas semanas ingresó a las cámaras de Diputados y de Senadores un proyecto que busca promover más inclusión en el ámbito educativo. El texto promueve la capacitación docente obligatoria en discapacidad. Una iniciativa que surgió a partir de lo que veía Romina Núñez, una abogada y activista por los derechos de las personas con discapacidad.
“Como abogada recibo a diario casos de familias hostigadas por el sistema educativo, niños a los que se le prohíbe la entrada si no cuentan con acompañante, niños a los que no les permiten realizar la jornada completa, familias que no encuentran vacante bajo el argumento de ‘no estamos preparados’ o ‘no tenemos herramientas’. Y como mamá de un niño con discapacidad, también percibo la necesidad de capacitación docente”, cuenta.
¿Cuál es el objetivo del proyecto?
Nuñez explica: “El proyecto busca hacer obligatoria la capacitación docente en discapacidad, sensibilizar al sistema educativo, explicar a los docentes de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad y darles las herramientas necesarias para abordar a la diversidad en el aula”. La abogada aclara que “el proyecto no busca solucionar los problemas estructurales del sistema educativo ni quitar los apoyos vigentes, como el maestro de apoyo o acompañante, simplemente se basa en capacitar con perspectiva de discapacidad, atendiendo a toda la diversidad”.
¿Qué contenidos incluiría esta capacitación docente en discapacidad?
El proyecto no incluye la capacitación en sí misma. La iniciativa contempla que el Ministerio de Educación sea la autoridad de aplicación, algo que puede modificarse durante el tratamiento del proyecto en comisiones. Recién entonces se delineará qué incluirá esta capacitación.
¿Qué dice el proyecto?
Entre otros aspectos, dice que apunta a “brindar un trato adecuado y no discriminatorio a estudiantes con discapacidad y/o dificultades en el aprendizaje” y brindar a los docentes “herramientas pedagógicas para la inclusión”. Este es el texto presentado en Diputados la última semana por la diputada Carla Carrizo (de Evolución Ciudadana) y otros 14 cofirmantes y este el presentado en el Senado por Carlos Linares, del Frente de Todos (ambos son casi idénticos).
¿Por qué es importante?
En el 2008, Argentina aprobó la ley 26.378, y adhirió así a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado de Naciones Unidas dice, entre otras cosas, que las escuelas deben adaptarse y proveer apoyos para que cualquier persona (con o sin discapacidad) pueda aprender. Pero esto no ocurre en la práctica. En esta nota te contaba que según un relevamiento del Ministerio de Educación de 2019 de los 245.906 estudiantes con discapacidad, el 43,7% va a escuelas especiales, mientras que el restante 56,3% asiste a escuelas comunes.
Ante este panorama, Núñez recorrió los ministerios de Educación de Nación y de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. “Siempre recibí como respuesta: ‘¿Existe alguna que otra capacitación para el que quiere tomarla?, no podemos obligar a los docentes a capacitarse’”. Sin embargo, Núñez pensó que ya existían leyes que, en otros ámbitos, exigían a las personas involucradas capacitarse, como en el caso de la Ley Micaela (que obliga a la capacitación de funcionarios públicos en violencia de género). Entonces, investigó y conoció que países como Francia, Portugal, República Dominicana, Nepal, Palestina, Canadá o Chile ya avanzaron para capacitar a docentes en discapacidad.
