La pandemia del COVID-19 ha causado el mayor derrumbe de la actividad económica global del que haya registro. Pero la caída de las emisiones de dióxido de carbono ha sido sólo temporaria. Si bien las emisiones globales de CO2 cayeron un 6,4% en general en 2020, ya habían empezado a subir en la segunda mitad del año y ahora han regresado a los niveles previos a la crisis.
El hecho de que las circunstancias extraordinarias del año pasado todavía no hayan puesto a las emisiones globales en línea con los objetivos que fijó el acuerdo climático de París de 2015 es un duro recordatorio de la magnitud del desafío que enfrentamos. Como nos recuerda el economista y premio Nobel William Nordhaus, el cambio climático es la externalidad global por excelencia. Sus efectos se propagan en todo el mundo y ningún país tiene incentivos o capacidad suficientes para resolver el problema por sí solo. Una coordinación internacional, por ende, resulta esencial.
Afortunadamente, un retorno a la cooperación multilateral a través del G7, del G20 y del Consejo de Estabilidad Financiera ofrece una ventana de oportunidad única. Luego de la decisión del presidente norteamericano, Joe Biden, de volver a sumarse al acuerdo de París, del compromiso de la Unión Europea de alcanzar una neutralidad de carbono en 2050 y de la promesa de China de hacer lo mismo en 2060, ahora tal vez estemos en un punto de inflexión para una acción climática global.
Tres prioridades se destacan en la agenda internacional. La primera es la necesidad de aumentar los precios globales del carbono. Ponerle un precio más alto al carbono es la manera más efectiva en términos de costos para reducir las emisiones en la escala y la velocidad necesarias. Al internalizar el costo social de las emisiones –haciendo que los emisores paguen-, el precio del carbono aprovecha el poder de los mercados para alejar las actividades económicas de las actividades que exigen un uso intensivo de carbono.
Actualmente, los precios del carbono están excesivamente bajos. El Fondo Monetario Internacional calcula que el precio global promedio del carbono es de apenas 2 dólares por tonelada. Y, según el Banco Mundial, sólo 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se cotizan dentro del rango requerido para alcanzar los objetivos del acuerdo de París.
En este sentido, las economías avanzadas pueden liderar con el ejemplo y utilizar la ventana de políticas actual para comprometerse a implementar precios del carbono consistentes con el acuerdo de París. Si bien las economías avanzadas más pequeñas representan sólo un porcentaje limitado de las emisiones globales, su adopción de medidas decisivas de descarbonización podría alentar a los países en desarrollo a hacer lo mismo.
La segunda prioridad es utilizar la recuperación de la pandemia del COVID-19 para “reconstruir mejor”. Las decisiones que se tomen hoy forjarán la trayectoria climática en las próximas décadas. Los responsables de las políticas deberían aprovechar esta oportunidad para colocar a la economía global en un sendero de crecimiento sustentable. El paquete de recuperación de la UE –Nueva Generación UE- está a la altura de esa ambición.
La tercera prioridad toca el corazón del sistema financiero y la banca central: financiar la transición verde. La eliminación gradual de los combustibles fósiles implica la necesidad de una enorme inversión, aun si las estimaciones de la cifra precisa son objeto de una incertidumbre importante. Si miramos más allá de las reducciones de emisiones y tenemos en cuenta la agenda de sustentabilidad más amplia, las Naciones Unidas estiman que implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 exigirá inversiones globales de 5-7 billones de dólares por año. Para llenar esta brecha, será crucial movilizar los recursos de los intermediarios financieros, incluidos los bancos.
Los productos de finanzas sustentables –como los préstamos verdes, los bonos verdes y sustentables y los fondos con características ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)- han crecido sustancialmente en los últimos años. Desafortunadamente, el campo sufre de asimetrías en materia de información y de una transparencia insuficiente.
Para fomentar el crecimiento de las finanzas sustentables, muchos países han comenzado a desarrollar marcos regulatorios para combatir el “enverdecimiento”, y la UE está a la vanguardia de estos esfuerzos. Sin embargo, a falta de una coordinación global, diferentes jurisdicciones han desarrollado diferentes estrategias y las iniciativas basadas en la industria han proliferado.
La construcción resultante de estándares, definiciones y métricas inconsistentes e incomparables ha fragmentado a los mercados de finanzas sustentables, reduciendo su eficiencia y limitando la disponibilidad transfronteriza de capital para inversiones verdes. En tanto las jurisdicciones compiten para atraer finanzas, el riesgo de un arbitraje regulatorio y de una carrera hacia el abismo ha crecido. Si no se le encuentra una solución, esta tendencia podría resultar en estándares más bajos a nivel global, lo que aumentaría la posibilidad de un enverdecimiento.
Pero ahora tenemos la oportunidad de comenzar a diseñar una estrategia global común. Las finanzas sustentables son una prioridad máxima tanto para el G20 en su presidencia italiana como para el G7 en su presidencia británica. Asimismo, en una carta pública poco después de su confirmación, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, requirió una adecuación del grupo de trabajo sobre finanzas sustentables del G20 para “reflejar su importancia”.
Un primer paso clave es acordar estándares mínimos para la divulgación de información corporativa. Si el desempeño en materia de sustentabilidad de una empresa se desconoce o no es claro, comprobar la sustentabilidad de los activos financieros relacionados resulta imposible. Debemos reemplazar la actual sopa de letras de los marcos de divulgación de información por un estándar común. Con ese objetivo, la estrategia de la UE –que incluye la revisión en curso de la Directiva sobre Informes Financieros de Sustentabilidad Corporativa- representa un parámetro avanzado hacia lo que debería apuntar cualquier estándar internacional.
Para que un estándar común inicie una carrera hacia la cima, debe contar con las mejores prácticas internacionales. Debería cubrir todos los aspectos ESG de sustentabilidad. Y debería exigir que las empresas revelen no sólo cuestiones que influyen en el valor de la compañía, sino también información sobre el impacto ambiental y social más amplio de la empresa (conocido como “doble materialidad”).
Un segundo desafío aún mayor es garantizar que los países desarrollen clasificaciones consistentes de lo que cuenta como una inversión sustentable. Si una actividad o activo se considera sustentable en un país, pero insustentable en otro, no puede haber un mercado de finanzas sustentables realmente global.
Para garantizar un campo de juego nivelado a nivel global, los líderes de hoy deberían apuntar a un acuerdo sobre principios comunes para taxonomías que funcionen bien y sean globalmente coherentes. De la misma manera que los gobiernos necesitan ser conscientes del riesgo de una fuga de carbono, también deben considerar el riesgo de una fuga financiera de carbono.
Finalmente, debemos garantizar que todos los segmentos de la actividad financiera sigan alineados con objetivos climáticos más amplios. El enorme consumo de energía y las emisiones de CO2 asociadas con la minería de criptoactivos podrían socavar los esfuerzos de sustentabilidad globales. Sólo Bitcoin ya consume más electricidad que Holanda. Controlar y limitar el impacto ambiental de los criptoactivos, inclusive a través de regulación y tributación, debería ser parte de la discusión global.
El cambio climático y la sustentabilidad son desafíos globales que exigen soluciones globales –y en ningún otro lugar más que en el sector financiero-. El contexto político actual nos ofrece una oportunidad poco frecuente de hacer un progreso sustancial. No debemos desperdiciarla.
Fabio Panetta es miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.
