El viernes pasado, una multitud marchó desde Plaza de Mayo hacia el Congreso en la cuarta Marcha Plurinacional contra los travesticidios y los transfemicidios. Las cifras son escalofriantes y en lo que va del año las organizaciones de la comunidad calculan que unas 39 travestis han sido asesinadas por un agresor concreto o a través del “travesticidio social”; es decir, la falta de acceso a la salud y a otros derechos básicos que no están adaptados para gente trans (por ejemplo, hospitales sin atención intersex) y que generan poca concurrencia y abandono. La expectativa de vida de una travesti en la Argentina es –según estadísticas de la comunidad– de 35 años.
“Marchamos en la fecha de los disturbios de Stonewall, el 28 de junio, pero no como una celebración, como ocurre en otros lugares del mundo, sino como una oportunidad de visibilización”, dice Ivana Gutiérrez, una de las organizadoras de la caminata, además de miembro de Conurbanxs por la Diversidad y candidata a concejal en Morón. “Hicimos cuatro asambleas para discutir la organización de la marcha, la logística, el documento a leer y la participación política. Esta vez no debatimos sobre abolicionismo o reglamentarismo en prostitución porque hay algo más urgente: nos están matando”.
En 2016, en un día tan frío como el viernes pasado, un grupo de unas 500 mujeres trans realizó la primera marcha. La consigna era la misma, contra los travesticidios, pero el reclamo muy concreto en ese momento pedía la resolución del crimen de Diana Sacayán, una referente comunitaria asesinada en octubre de 2015.
Sacayán había tenido una vida de activismo (militó por el cupo laboral trans y por la Ley de Identidad de Género; y de hecho recibió de manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner su nuevo DNI) y su homicidio, con trece puñaladas de la mano de un amante acompañado por un cómplice, no dejó de ser un shock para un grupo social que ya estaba, desde hacía tiempo, acostumbrado al odio y a la violencia. “Todas las travestis tienen tantas amigas y compañeras muertas... Es como dice Marlene Wayar: ya tienen un cementerio en la cabeza”, explica Francisco Quiñones, el director del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, un colegio que debe su nombre a una travesti asesinada presuntamente por un policía, cuyo crimen quedó impune.
Lohana Berkins, quizás la activista trans más conocida (fue parte del Partido Comunista, candidata a diputada nacional y líder de la creación de la Cooperativa Textil Nadia Echazú, entre otras cosas), había muerto en febrero de ese mismo 2016. “Mirando hacia atrás se ve un cambio: el apoyo de la sociedad hacia nuestros reclamos ahora es mayor que en ese momento”, dice Florencia Guimaraes, la coordinadora de La Casa de Lohana y Diana, un centro de día para travestis en La Matanza. “Además, hubo un crecimiento de muchas compañeras en el plano político, sobre todo después de la muerte de Berkins y de Sacayán”.
Una parte importante del problema de los homicidios de travestis es la prostitución –una consecuencia de la marginación–, que coloca en situación de vulnerabilidad a quienes la ejercen. Según datos de 2014 publicados por Economía Feminita, sólo el 18% de las travestis y trans tenían un empleo formal y al menos el 80% trabajaba o lo había hecho en prostitución.
Mientras tanto, la Ley de Cupo Laboral Trans de la provincia de Buenos Aires, aprobada en 2015, está vigente pero no reglamentada. De los 600.000 empleos del gobierno y la administración estatal, la ley ordena que un 1 por ciento (6.000) sea para personas trans, travestis y transgénero. La inclusión por esta vía y la concreción de esta ley es una de las mayores demandas actuales de la comunidad, que también pelea por una norma similar a nivel nacional (cuyo proyecto hoy tiene las adhesiones de 45 diputados).
Hay proyectos de cupo laboral trans en las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Y Chubut, Resistencia, Bell Ville y Santa Rosa son algunos de los lugares donde ya están reglamentados.
El crimen de Diana Sacayán encontró una sentencia en junio de 2018, cuando el Tribunal Oral Criminal número 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a uno de los dos asesinos (ahora la investigación continúa para dar con el otro). En un fallo de más de 400 páginas, los jueces mencionaron 33 veces el término “travesticidio”, al que definieron como “una de las especies de la prolífica familia del ‘odio de género o a la orientación sexual de género’; y destacamos que el agravante radica en la mayor perversidad del autor y en el gran peligro social que representa un homicidio inspirado en tales fines. Al desprecio a la vida en sí mismo se le suma esta condición adicional”.
Fue una sentencia histórica, y luego se habló de travesticidio o transfemicidio en otros dos casos: el de Zoe Quispe, asesinada en Jujuy; y el de Marcela Chocobar, muerta en Santa Cruz.
El término “travesticidio” podría alcanzar el impacto de “femicidio”
Ante el crecimiento del número de asesinatos, el término “travesticidio” podría alcanzar pronto el impacto de “femicidio”, una palabra que creció desde las bases feministas a un ritmo vertiginoso y que en 2012 llegó al Código Penal como un agravante de homicidio.
“Pero los travesticidios son más significativos y afectan de un modo más fuerte al conjunto de la comunidad travesti”, dice Luli Sánchez, la abogada que actuó como querellante por Diana Sacayán. “El asesinato es una de las tres causas principales de muerte de las travestis. Todas han sido amenazadas o agredidas alguna vez en su vida y una de cada tres sufre un crimen”.
“Deberíamos preguntarnos qué es lo que hace que socialmente toleremos que una travesti sea asesinada”, sigue. “Hay una vulnerabilidad colectiva. Los travesticidios ocurren en escenarios íntimos, donde las parejas se convierten en asesinas; o en escenarios públicos, en situaciones vinculadas con la prostitución en las que hay una sobreexposición y ocurre un ejercicio tolerado de limpieza social”.
Desde el Poder Judicial hay pocas respuestas a esta epidemia de homicidios. Una está en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que tiene un documento dedicado a la metodología para el registro de femicidios y homicidios de mujeres donde se incluye a los homicidios por razones de género (femicidios, travesticidios y transfemicidios). Es un sistema de medición hecho de acuerdo a las recomendaciones del Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, de Naciones Unidas, que también menciona a los homicidios transfóbicos.
Sin embargo, el Estado no tiene un registro de travesticidios ni de transfemicidios. Sólo los grupos civiles lo llevan. “El año pasado murió una pibita [trans] de 19 años por HIV y este año ya enterré a cinco compañeras trans… ninguna era mayor de 30 años”, dice Claudia Vázquez Haro, una docente de la Universidad Nacional de La Plata a punto de alcanzar su título de doctorado. Además ha sido la representante del Fondo Internacional Trans, preside la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, y la organización Otrans Argentina.
“La comunidad trans y travesti es la más vulnerable del planeta”, dice Vázquez Haro. “Las travestis rompemos con el binomio de sexo y género, y la sociedad ejerce sobre nosotras una violencia conservadora y sistemática. Somos traicioneras al patriarcado”. Para ella, la comunidad trans debe procurarse justicia ayudando a formar a los jueces en temas de género, y hacer a la vez un reclamo a la sociedad: “Dejen de matarnos. Espántense cuando se asesina a una travesti, tanto como cuando se mata a otra persona. Dénnos derecho al duelo público”. Ella misma sufrió un intento de asesinato en su propia casa, en 2017, cuando un hombre ingresó y la atacó. Vázquez Haro dijo que fue una venganza por sus denuncias contra la policía.
El panorama no es nada bueno, pero, muy lentamente, las cosas podrían estar cambiando. El bachillerato Mocha Celis, fundado en 2011 como una primera experiencia mundial de su tipo, inspiró la creación de otras escuelas para personas trans en Tucumán, Avellaneda, Brasil, Chile y Costa Rica. “De a poco, las travestis y trans van teniendo más posibilidades de elegir sobre su vida”, dice Quiñones, el director.
Su mirada no es naïve: él también se refiere a “una cuestión cloacalizante de la sociedad que todo lo endilga a la población trans, y un odio cultural hacia lo femenino y hacia la pobreza”. Pero, a la vez, hay 150 estudiantes en esas aulas que buscan lo que él llama “un giro a la predestinación de la muerte temprana” y que encuentran un desarrollo laboral a través de convenios con empresas privadas y oficinas públicas. “A fin de cuentas, lo que necesitamos”, dice, “es más presencia del Estado, más formación profesional de los funcionarios públicos y más conciencia social que genere más oportunidades para las personas travestis y trans”.
