Cicatrices de la pandemia es un trabajo impulsado desde la alianza editorial entre SembraMedia y ARCO en el marco de Velocidad. Tuvo el apoyo del ICFJ y Luminate. Investigación realizada por Ciper, El Pitazo, El Surti, RED/ACCIÓN, Ponte Jornalismo, Posta y CONNECTAS.
Rodrigo Salinas, 44 años, profesor de inglés, casado y con tres hijos, conoce la angustia de ver cómo sus ahorros previsionales y los del seguro de cesantía de su esposa se esfuman sin pausa a medida que transcurre la pandemia y él no encuentra un empleo formal en Santiago, la capital de Chile.
Le pasa igual a Rodrigo Matute, uno de los 570.000 ecuatorianos que perdieron su trabajo en 2020. Tiene 64 años, había empezado a tramitar su jubilación a finales de 2019, y en mayo siguiente lo despidieron porque las ventas cayeron y su empleador prefirió mantener a la gente con menor antigüedad. La indemnización por años de servicio fue inferior a la que le correspondía, pero como no iba a dejar que la pensión se le escapara, optó por utilizar sus pocos recursos en hacer aportes voluntarios a la seguridad social durante el tiempo que falta para su retiro. En noviembre espera sumarse a la lista de jubilados. “Creé un perfil informativo en Twitter y vendí espacios publicitarios, brindé asistencia publicitaria a un club de fútbol, pedí ayuda a los amigos, a la familia, no me rendí”, afirma este hombre con 30 años de trabajo constante como relacionista público y empleado de medios de comunicación, gobiernos y empresas de publicidad.
En la vecina Argentina, Mariana Wotorak, 44 años, también quedó endeudada cuando en abril de 2020 debió bajar las cortinas del local de pastelería que había abierto apenas en agosto de 2019. Pese a seguir pagando un préstamo bancario, tuvo ánimos para postularse a uno de los créditos otorgados por el Gobierno a los monotributistas, pequeños contribuyentes cobijados por el régimen simplificado de impuestos. Así pudo darle un nuevo aire al negocio, cuya cocina trasladó a su casa y ahora solo vende por internet.
Veintiséis millones de latinoamericanos perdieron su trabajo en 2020, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Muchos de ellos quedaron endeudados o con pagos pendientes que deben sufragar por cuenta propia porque no clasifican en las ayudas gubernamentales, sobre todo porque a menudo son independientes y, además, informales. En buena parte, estas se dirigieron a los trabajadores más pobres, mediante acciones como el aumento de las transferencias monetarias directas, los bonos de solidaridad o las devoluciones del impuesto al valor agregado, y a los empresarios a través de subsidios a la nómina o postergación del calendario fiscal, entre otras iniciativas.
En el primer año de la pandemia la clase media se encogió al pasar de 41,2 a 37 por ciento, según la Cepal. En general, sus integrantes no son tan pobres como para recibir auxilios monetarios o bonos de alimentación, ni tan ricos como para alcanzar a cubrir todas sus obligaciones al disminuir sus ingresos. Pero sí se han beneficiado de algunas medidas, aunque la mayoría no fueron tomadas específicamente para ellos. A algunos, los cobijaron con la protección del empleo, porque son trabajadores formales de pequeñas empresas que recibieron facilidades de crédito o disminución temporal de cargas fiscales. A otros, su calidad de emprendedores les dio acceso a créditos con intereses bajos o incluso a tasa cero. Y a unos más, que pasaron a ser pobres o quedaron muy cerca de caer en esa situación, les llegaron ayudas en dinero o en especie.
Así, en Argentina hubo créditos a tasa cero y prohibición de despidos, además de auxilios económicos para familias. En Chile se entregaron subsidios según el número de integrantes del hogar; por ejemplo, 800 dólares para 5 personas. En Brasil el monto varió según el momento: entre abril y diciembre de 2020 se benefició a 68 millones de personas con 110 dólares por mes, suma que al final se redujo a la mitad. En abril de 2021 se reanudó el programa para 45,6 millones de individuos con aportes de entre 27 y 67 dólares, según su condición social.
En Bolivia las medidas de mayor impacto se destinaron a quienes perdieron su empleo, con bonos de canasta familiar y universal, de 72 dólares. Además, el Gobierno implementó el Bono Contra el Hambre de 144 dólares a mayores de 18 años y menores de 60 años, que no percibían un salario. También hubo rebajas en las boletas de consumos de electricidad y agua potable.
TAMBIÉN PODÉS LEER
En Perú se aprobaron créditos avalados por el Estado para apoyar a las empresas de distintos tamaños, aunque esta iniciativa concluyó en 2020 con críticas sobre su funcionamiento, ya que hay dudas respecto a si llegaron a los negocios que más lo necesitaban. Hubo dos bonos que beneficiaron indirectamente a los trabajadores de clase media, uno para empleados informales y otro para empleados formales a los que se les suspendió el empleo.
En Colombia, donde la clase media bajó casi 5 puntos porcentuales (de 30,1 en 2019 a 25,4 por ciento en 2020, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística), se entregaron 100.000 subsidios a la tasa de interés de créditos hipotecarios y operaciones de leasing habitacional, con la intención de favorecer la compra de viviendas de la clase media. A su vez, hubo subsidios para el pago de las mensualidades de la educación privada. Además, algunas disposiciones gubernamentales favorecieron a los pequeños empresarios y por ende a los empleados formales, como, por ejemplo, al disminuir temporalmente de 16 a 3 el porcentaje de aporte a pensión de los trabajadores, incluidos los independientes. Esta, sin embargo, fue reversada por la Corte Constitucional.
En ese país también se intentó aumentar el recaudo mediante la presentación al Congreso de un proyecto de reforma tributaria. Con él se elevaba la carga impositiva de la clase media al ampliar el número de personas naturales declarantes de renta, así como la base de productos gravados con el impuesto al valor agregado. Este fue el detonante de violentas protestas sociales a finales de abril y comienzo de mayo de 2021 y llevó al Gobierno a retirarlo.
En Ecuador, donde según el Banco Mundial la clase media disminuyó de 33,4 por ciento a 30,4 por ciento (medio millón de personas), las medidas también tendieron a proteger más a las empresas que a los trabajadores. Como lo explica el abogado laboralista Juan Maldonado, la Ley de Apoyo Humanitario promulgada por la Asamblea Nacional las autorizó a reducir los horarios laborales para así, a la vez, bajar las remuneraciones hasta en un 45 por ciento, por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados. Para los funcionarios públicos, la reducción podía ser de hasta 2 horas laborales y un 16,6 por ciento de su sueldo. Esto las liberaba del peso de indemnizaciones por despido intempestivo, años de servicio y jubilación patronal; en varios casos se aprovechó para separar a los más antiguos y con indemnizaciones más baratas, como le sucedió a Rodrigo Matute. “El espíritu de la ley buscaba que las empresas no quiebren, pero no se fijó en la afectación que causaba a los empleados”, dice Maldonado.
A esto se suma que una de las ayudas anunciadas por el gobierno ecuatoriano, que justamente iba a tener un gran impacto en la clase media, fue suspendida por falta de fondos en agosto de este año. Se trata del bono de 500 dólares que sería entregado a quienes perdieron su empleo durante la pandemia. El ministro del Trabajo, Patricio Donoso, dijo el 16 de agosto en una entrevista en Radio Rumba que “no hay dinero en este momento y hay una severa crisis fiscal que todo el país conoce”.
A su propia suerte
Tras su despido como profesor de inglés, el chileno Rodrigo Salinas, residente en Macul, un barrio de clase media, pasó de ganar 1.800 dólares mensuales en 2019, a unos 900 en 2020. Esa merma en los ingresos llevó a su familia a tomar medidas drásticas que, incluso así, son insuficientes. Por un lado, se inscribió en el programa estatal Ingreso Familiar de Emergencia, su única entrada fija, que para un hogar de cuatro personas asciende a 650 dólares mensuales, pero que puede terminar en cualquier momento. Por el otro, él comenzó a trabajar como conductor en la aplicación DiDi y su esposa se empleó de nuevo en ventas, pero con menor salario. “No podemos cortar el internet porque es un bien básico de consumo —relata—. Hemos hecho bajas en las compras de supermercados, hemos tratado de ahorrar en insumos básicos como el agua y la luz; no tenemos mucho donde cortar los gastos y en un par de meses debemos retomar el pago del crédito hipotecario”.
Para sobreaguar, también se acogió a la autorización gubernamental de hacer tres retiros de fondos de ahorros para la jubilación. En cada uno se podía extraer hasta el 10 por ciento de lo acumulado durante la vida laboral (en ese país, a las personas con contratos formales les retienen el 10 por ciento de su sueldo, el cual va a un fondo para su pensión). Aunque en su momento la medida fue muy bien recibida, cada vez surgen más voces que advierten que esto hizo que los trabajadores, sobre todo los de clase media porque son los que tienen ahorros, terminaran asumiendo el costo de la crisis con sus propios fondos.
La ilusión de emprender
Los emprendedores quieren ser Mark Zuckerberg. Llevar a cabo una gran idea, volverse famosos y millonarios. Pero en el camino pocos lo logran, aunque eso no se diga mucho en los discursos. En Latinoamérica los emprendimientos, además, se confunden con pequeños negocios que solo dan para la supervivencia. Y los empleos que generan a menudo son de mala calidad. Sorpresivamente, en la pandemia algunos emprendedores encontraron un nicho, lo explotaron y tuvieron éxito. Incluso por primera vez recibieron ayuda estatal.
De ese grupo de afortunados hacen parte la ingeniera agrónoma Ruth Sánchez y su esposo, un odontólogo. Después de años de golpear sin éxito las puertas de los bancos para montar una granja de cabras en Misiones, Paraguay, en 2020 accedieron a un crédito con garantía estatal y un año sin intereses.
Fue gracias a la pandemia porque antes se habían postulado a préstamos bancarios, pero no calificaban.
Para promocionarse regalaban muestras del producto y así, de boca en boca, fueron llegando los clientes. Ahora venden la leche y el queso de Las Chivitas en cuatro ciudades paraguayas, gestionan la obtención del registro sanitario para expandirse y planean producir yogur. “No es que hayamos sentido una crisis en la pandemia porque nosotros comenzamos en la pandemia”, dice Ruth.
Otra pareja visionaria fue la de Pedro Dhers, profesor de economía, y su esposa, Mechi, diseñadora de interiores. En Argentina, desde 2019, cuando se quedó cesante, ella montó su propio negocio. Llevaban seis o siete meses de ensayo y error y de experimentar con una cuenta en Instagram cuando llegaron los encierros. Ese fue el impulso para el despegue de Bordeaux Home. La gente se dio cuenta de que, si la casa iba a ser el lugar de trabajo, valía la pena invertir en cambiar la decoración de los espacios.
Animados por el éxito pidieron un crédito de 75.000 pesos (765 dólares) con tasa cero, con el que se abastecieron de insumos e hicieron publicidad. Les sirvió para ganarle a la inflación, pero no les evitó los problemas logísticos del comienzo, sobre todo los de comunicación para resolver dificultades tecnológicas de la tienda nube que usan para vender. “Toda la comunicación con cualquier tipo de servicio externo a la empresa, sea de internet, de logística o de telefonía, fue catastrófico, porque los servicios de atención eran rarísimos, siempre te contestaban bots, rara vez eran personas”, cuenta al explicar que como neófitos en el uso de las plataformas requerían más asesoría que la que puede brindar una máquina.
También en Argentina, la pastelera Mariana, que en 2020 devolvió el local que había abierto ocho meses antes, utilizó el crédito gubernamental para comprar implementos e ingredientes culinarios. Se decidió a postularse cuando cambió del local físico a un emprendimiento en línea a través de redes sociales. Para ese momento ya había dedicado tiempo a identificar factores diferenciadores: los empaques, los letreros personalizados, los desayunos temáticos, los detalles para los abuelos…
“Yo ligo el cierre de mi local directamente con la pandemia. Sabía que iba a funcionar. Es como todo, había que darle tiempo nada más. Al tercer mes me preguntaba ¿qué hago? ¿Me voy a seguir endeudando? Y fue ahí cuando dije: ¡No!, lo corto acá, y todo el ingreso que voy teniendo lo reinvierto en mercadería”. Ahora con el nuevo crédito siente que está saliendo adelante.
TAMBIÉN PODÉS LEER
La solidaridad, una aliada
“Lo único que entraba por la puerta eran las facturas”. Con estas palabras, David Levy describe la razón del cierre de Zaperoco, un emblemático bailadero de salsa, en Cali, Colombia. Habían resistido sin percibir ingresos desde el 25 de marzo de 2020, cuando se ordenó la cuarentena, hasta que el 8 de abril de 2021 no pudieron más.
“Queremos informar a nuestro público que después de tanto aguantar, gracias a ustedes, pero sin recibir ningún apoyo por parte de las entidades concernientes, Zaperoco, ‘el templo de la salsa’, cierra sus puertas después de 27 años”. Así lo anunciaron los propietarios del establecimiento, calificado por The New York Times como uno de los sitios para visitar en Cali.
Antes de la pandemia, el turismo rumbero de los caleños sabía que los lunes eran para bailar en Juanchito, los martes de Siboney, los miércoles en La Matraca, los jueves en Living y los viernes en Zaperoco. Pero el 25 de marzo, cuando se inició la cuarentena en Colombia, todos se callaron.
No fueron los únicos. El rubro de entretenimiento se paralizó. Cesó la rumba. Las pistas de baile se silenciaron, los restaurantes se vieron obligados a vender solo por domiciliarios y los hoteles y hospedajes quedaron vacíos. Ellos pertenecen a uno de los sectores más golpeados, en el que también están los servicios de turismo, restaurantes, industria cultural tradicional, comercio, reparación de bienes, transporte, moda y automóviles.
Solo en Cali, por las restricciones en movilidad, alrededor de 570 establecimientos del sector nocturno cerraron sus puertas durante el primer año de pandemia, de acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio. Poco a poco, con ayuda de clientes y amigos, varios empiezan a funcionar de nuevo. En el caso de Zaperoco, sus seguidores no se resignaron a dejar los parlantes en silencio. El ‘viernes de resurrección’ fue el pasado 16 de julio, cuando gracias al ‘diezmo’ de los fieles a la rumba, y la venta de camisetas e instrumentos musicales, lograron reabrir.
Ser un lugar emblemático de la salsa despertó “voces de solidaridad de muchos lugares del mundo”, relata David Levy, su administrador y copropietario. Pero todavía falta. “Con nosotros trabajaban 14 personas”, dice el DJ Osman Arias, y ahora solo han podido reintegrar a la mitad. En la medida en que los clientes vayan regresando, esperan readmitir a todos los empleados.
A veces el empujón provino de un entorno más cerrado. Fueron los familiares, como el papá de la paraguaya de 21 años Lourdes Vásquez, los que pusieron el dinero para que se reinventaran. En enero de 2020, ella había invertido todo su capital en remodelar su casa para habilitar un salón de belleza. Dos meses después, el Gobierno declaró cuarentena total por la pandemia de covid-19 y el mundo se le vino abajo. Sin trabajo, se refugió en la cocina. En su casa en San Ignacio, en el departamento de Misiones, comenzó a hacer alfajores que vendía entre familiares y amigos. Su primer inversionista fue su papá, que le prestó 100.000 guaraníes —unos 15 dólares— para comprar ingredientes. “La gente siempre se ríe de mí por eso, pero es cierto. De esos 100.000 guaraníes salieron unos cuantos alfajores”. Hoy vende 8.000 al mes con su marca Alfa Ana en su propia tienda y en una importante cadena de minimercados de Asunción, la capital paraguaya.
Lo que comenzó en la cocina de su mamá ahora es una pequeña fábrica donde trabajan cinco mujeres, más los padres de Lourdes. “No podemos crecer más porque no damos abasto. Es una idea a futuro tener maquinarias, ojalá que se dé. Para eso necesitamos mucho capital. Todo es artesanal todavía”.
A medida que los países van aumentando la autorización para retornar a las actividades presenciales, mejora la situación de muchas personas porque se reactiva la economía. De hecho, en el primer trimestre de 2021 se había recuperado el 58 por ciento del total de empleos perdidos en la pandemia, según la Cepal. Sin embargo, no todos volverán a sus puestos anteriores porque apostaron por un nuevo negocio como independientes, porque ya son muy mayores para que los contraten o porque la recuperación económica será lenta (5,2 por ciento para 2021 y 2,2 por ciento para 2022, según la misma Cepal).
Mientras llega la estabilidad, esos trabajadores necesitarán las ayudas estatales, pues como dice el chileno Rodrigo Salinas, la incertidumbre de no encontrar trabajo lo pone ansioso porque se está comiendo los ahorros “y las ayudas del gobierno son completamente insuficientes”. Y concluye que la suya es “una falsa clase media, porque la verdad somos trabajadores asalariados, con una vulnerabilidad muy alta en el momento de ser despedidos”.
Vea el especial completo Cicatrices de la pandemia en este enlace.
