Karina Arroyo hace tareas de limpieza en dos casas del barrio Los Sauces, en Nordelta. Ella es una trabajadora registrada y está afiliada a la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP).
Desde que comenzó la cuarentena, se queda en su casa y respeta la cuarentena obligatoria. Como no tiene una cuenta en el banco, le pagan en efectivo. Para cobrar marzo y abril, uno de sus empleadores le llevó la plata hasta su casa y el otro le transfirió el dinero a la cuenta de un familiar.
Karina trabajaba seis horas, de lunes a jueves, en una casa y ocho horas, los viernes, en otra. Para llegar a su trabajo, tomaba un colectivo. “Cuando se flexibilice la cuarentena, espero que se organice el transporte público porque en Nordelta trabaja mucha gente y los colectivos van llenos", dice.
También le preocupa el contacto con los guardias del barrio: "Agarran la tarjeta que nos identifica. Deberían poner aparatos para que apoyemos la tarjeta como en las fábricas. En las casas también habría que tomar medidas. Mis empleadores suelen viajar mucho. Debería contar con guantes, alcohol, mudas de ropa”.
Karina considera que en este momento es importante contar con una obra social, estar en blanco y tener el respaldo de un gremio. “Nosotras hacemos un trabajo no reconocido, pero estoy orgullosa de lo que hago porque así cubro las necesidades de mis hijos”, expresa.
Ella pudo quedarse en casa, cobrar su sueldo y tiene la expectativa de volver a su trabajo una vez que la cuarentena se flexibilice. Pero esta no es la realidad de todas las trabajadoras de casas particulares. Muchas fueron obligadas a ir a trabajar, algunas no cobraron su sueldo y hubo casos de despedidas.
Las trabajadoras de casas particulares dependen demasiado de la buena voluntad de sus empleadores. Las 1,4 millones de trabajadoras domésticas del país están más expuestas a los riesgos sanitarios y laborales por la crisis del coronavirus.
En la Argentina, el 20 de marzo se estableció que las personas que realizan tareas de servicio doméstico tenían que cumplir la cuarentena obligatoria y los empleadores debían mantenerles el sueldo. La única excepción era para aquellas que se dedican al cuidado de personas mayores, de enfermos, o de niños y adolescentes, cuyos padres hacen trabajos esenciales. En esos casos, sí deben seguir yendo a trabajar.
Nalba Rosa Montania Torres, por ejemplo, nunca dejó de trabajar porque cuida adultos mayores. Ella trabaja con miedo al contagio. Para llegar a su lugar de trabajo, viaja dos horas todos los días. “Lo que más me preocupa es estar contagiada, no saber y llevarlo al lugar de trabajo”, señala.
Romina también estuvo trabajando todos estos meses, pero como ella hace tareas de limpieza, debería haberse quedado en su casa. “Me hicieron un permiso para circular y tuve que acceder a venir por miedo a perder mi trabajo. Ellos saben que tengo un hijo con problemas respiratorios y me hacen venir igual, de lunes a sábado, 7 horas por día”, cuenta Romina.
Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo El COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina, esta actividad representa el 5,6% del empleo y el 22% de las mujeres asalariadas del país. Al mismo tiempo, existe una alta tasa de informalidad: tres de cuatro trabajadoras no está registrada y, por lo tanto, no accede a derechos laborales ni a protección social.
Según Juana del Carmen Brítez, secretaria de Actas y Organización de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares, una consecuencia de la pandemia va a ser el despido. “Llegan muchas consultas de trabajadoras porque los empleadores les piden que renuncien o les dicen que no están en condiciones de pagarles el sueldo”, explica.
Cuando se cumplió un mes de la cuarentena, Antonella recibió un llamado de su empleadora y le dijo que no iba a poder seguir contratándola por la situación. Ella trabajaba informalmente y por eso no cobró indemnización. Tampoco le pagaron abril.
“Primero me plantearon que me quede ahí durante la cuarentena, pero yo no quise porque sabía que se iba a extender. Le dije que prefería irme a mi casa. A fin de marzo me ponían excusas para transferirme el sueldo, me decían que había que esperar a que termine la cuarentena y después me pagaban. Después de idas y vueltas, me pagaron. Le tuve que pedir a un familiar que me preste su CBU para que me transfieran. Después, me echaron”, cuenta la joven de 21 años, que vive en La Matanza y antes de la cuarentena viajaba casi dos horas para ir a su trabajo.
Ella comenzó a trabajar en esa casa hace seis meses. Entraba los lunes a las 8, dormía ahí durante la semana y salía los viernes a las 7 de la tarde. Limpiaba, cocinaba y cuidaba a los chicos.
“Apenas pase todo esto voy a tener que mandar una carta documento. Ahora me estoy quedando en casa, muy preocupada por los ingresos. Al menos pude cobrar el el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, comenta Antonella.
El ingreso que menciona Antonella fue una de las medidas que lanzó el Gobierno para aliviar un poco la situación económica de los personas con menos ingresos. El bono de $10.000, entregado por la ANSES, cubre a todas las trabajadoras domésticas, con independencia del tipo de trabajo que realicen y si en sus empleos están registradas o no. De todas formas, la falta de información que tienen muchas trabajadoras, hace que muchas no hayan tramitado esa ayuda.
Con la flexibilización de la cuarentena, en algunas provincias se permitió que las trabajadoras domésticas retomen sus actividades. “Hay que tener en cuenta que cuando las trabajadoras retomen sus actividades, comenzará a circular un volumen importante de mujeres. En caso de que la trabajadora se contagie queda muy desprotegida porque muchas no están registradas y no cuentan con obra social”, advierte Elva López Mourelo, especialista en mercados de trabajo inclusivos de la OIT Argentina.
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Además, si no se toman recaudos se puede aumentar su exposición al contagio. Cuando la trabajadora habita en el hogar de sus empleadores, su salud depende en gran medida de las acciones que tomen los dueños de casa. En el caso de las trabajadoras que se desempeñan con retiro, es bastante común que lo hagan para más de un empleador. Según la OIT, el 32% de las trabajadoras domésticas trabaja para más de un hogar, normalmente dos o tres casas. Esta situación las expone a un mayor riesgo, debido a que tienen que moverse de una casa a otra.
Hace seis años, Carla (nombre ficticio para preservarla) fue contratada para encargarse de la limpieza general de la casa de una persona mayor. Recién hace un año y unos meses que está en blanco.
“Mi empleador no reaccionó muy bien con el tema de que tenía que pagarme aunque no estuviera trabajando. Me escribió diciendo que no me iba a pagar porque el Gobierno me iba a dar los $10.000. Por suerte, yo estaba asesorada por el sindicato y tuve que decirle que iba a tener que asesorarme con un abogado. Pasaron unos días y pude hablar con mi empleador. Me trató como si yo quisiera sacarle plata, pero accedió a pagarme. Tuve que ir a buscar el pago porque no me lo quiso depositar”, cuenta.
En este momento, Carla se siente un poco más segura porque la ANSES le dio el ingreso de emergencia y recibió un bolsón de alimentos de la escuela, donde cursa el secundario.
Cómo registrar a una trabajadora doméstica
Las trabajadoras de casas particulares suelen ser mujeres jefas de hogares monoparentales, con niñas y niños a cargo. La mayoría tiene entre 35 y 54 años y más de la mitad vive en hogares con ingresos mensuales inferiores a $15.000.
Francisca Avalos es trabajadora doméstica hace más de 40 años. Trabaja en distintas casas. En ninguna está registrada. Asiste a las casas de lunes a sábado. Sale de su casa a las 5 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde. Ella está jubilada, pero necesita seguir trabajando.
“Todos mis empleadores me pudieron pagar. Hasta ahora no tuve problema. Mi hijo pasa por las casas y me retira el efectivo”, cuenta. Ellos viven en Escobar y las casas donde trabaja quedan en la ciudad de Buenos Aires. “Paso la cuarentena aburrida. Me gustaría que pase pronto para salir a trabajar”, dice.
Muchas trabajadoras viven en barrios donde muchas familias están en la misma situación y donde hay muchas necesidades, algunas muy urgentes, como la falta de comida. Esto lleva a muchas de estas mujeres a realizar trabajos comunitarios.
Desde que empezó la cuarentena obligatoria, Soledad Solares y su marido se ponen el barbijo y con las distancias aconsejadas hacen trabajo social en el barrio Lagomarsino en Pilar. Arman campañas de donaciones de alimentos y ropa. Los sábados hacen un almuerzo solidario para más de 50 familias.
Solares realiza tareas de limpieza en dos casas en el barrio privado La Lomada, en Pilar. En una trabaja de lunes a viernes de 11.30 a 17.30. Y los sábados va a la otra casa por tres horas. En la primera casa está en blanco y en la otra no.
“Generalmente, en la primera casa me pagaban en dos veces y en efectivo. A fin de marzo fui hasta ahí a buscar el sueldo y ahora tengo que ir a buscar lo de abril. También pude cobrar el IFE. La otra casa la tuve que dejar porque no me pagaron nada en este tiempo. Ahí, si no trabajo, no cobro”, cuenta Solares.
El pago en efectivo es algo muy común en el sector. Muchas trabajadoras tuvieron dificultad para cobrar su sueldo por no tener cuenta bancaria o tuvieron que exponerse en el transporte público para buscar el salario. Otro problema es que en algunos barrios no hay cajeros automáticos cerca y ese es un obstáculo más. Solares, de todos modos, se siente una privilegiada: "Me respetaron el sueldo y cuando vuelva a trabajar supongo que vamos a retomar la misma rutina”.
