El sábado 14 de marzo fue la primera y última visita que Marta Gauna pudo hacerle a su hijo, preso en la Unidad Penal Nº 35 de Magdalena. El jueves siguiente se decretó la cuarentena y las visitas se suspendieron.
El hijo de Gauna, de 21 años, quedó detenido en octubre de 2019, pasó por varias comisaría y el 8 de marzo fue trasladado al penal. Seis días después, la mujer de 53 años hizo una verdadera aventura para poder visitarlo, algo que le ocurre a la mayoría de los familiares. Salió de su casa en Lomas de Zamora a las 4.15. Esa madrugada la lluvia era intensa. Cargó dos bolsos con alimentos y productos de higiene y tomó un micro hasta La Plata. Después se subió a otro que lo llevó hasta la terminal de Magdalena.
“En la terminal, conocí a una mujer que me dijo que iba al penal y me ofreció compartir el remís”, dice Gauna. Todo el viaje, a ella le costó $ 350. “Cuando llegás, tenés que hacer fila. La gran mayoría somos mujeres. La primera fila es para que te revisen los bolsos”, cuenta Gauna. A ella le tiraron cajas de jugos en polvo, el dulce de leche y las latas de durazno. Después pasó por dos inspecciones más.
“Después me llevaron hasta la sala donde me encontré con mi hijo. Son horribles los penales, es horrible que los hijos se equivoquen así. Las que sufrimos también somos nosotras”, relata Gauna, que pudo ver a su hijo recién a las 11.30.
Desde esa visita, Gauna no pudo hablar con su hijo por tres semanas porque él no tiene celular. “Le dijeron que podíamos pasar uno, pero con papeles y en este momento no puedo comprarlo. La forma de comunicarnos es que alguien le preste uno. Otra opción es tratar de conseguir tarjetas y mandárselas, pero no está siendo fácil”, cuenta Gauna.
Su hijo es diabético y por eso ella quiere que le den prisión domiciliaria. Pero temor al contagio, aumentaron esos pedidos. Y según informó Perfil, no hay suficientes tobilleras con GPS para monitorear que los reclusos cumplan la restricción de quedarse en sus casas. Según el Servicio Penitenciario Bonaerense, hay un stock de 2000 tobilleras y están todas en uso.
Gauna quiere ver a su hijo pero sobre todo quiere que no le falta lo básico que necesita. “Lo que le dan de comer es muy poco y medido. Necesita de las cosas que les llevamos”, dice. Hace una semana pudo hacer una encomienda y reponerle alimentos y productos de higiene: dos cajas con arroz, fideos, azúcar, yerba, Nesquick, leche en polvo, puré de tomate, galletitas, harina, detergente, lavandina, jabón para lavar la ropa y jabón para lavarse las manos.
Así transita los días Gauna, pensando en qué pueden necesitar sus hijo y cómo se lo puede hacer llegar. Así transitan estos días los familiares de las casi 95 mil personas que están detenidas en cárceles de todo el país. ¿Cuántos cientos de miles de personas serán?
La desesperación de saber que la comida no es suficiente
Según un relevamiento que la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD) difundió este mes, el 76% de las personas detenidas consultadas dicen que la comida no alcanza para todos los detenidos. Además, el 42% aseguró que depende de los alimentos que llevan los familiares.
“Una parte importante de la comida en la cárcel es brindada por la familia porque los recursos no alcanzan. Los familiares saben que lo que se lleva se suele compartir entre seis. Las familias separan una parte de sus ingresos para comprar comida y productos de higienes y llevarlos a la cárcel", explica Andrea Casamento, referentes de AciFaD, una organización que acompaña y asesora a los familiares de personas detenidas.
En medio de la pandemia, muchos familiares tuvieron que dejar de trabajar, viven de changas y pocos son los que tienen un sueldo asegurado. Hay que recordar que el preso "promedio" es joven es pobre y cuando quedó detenido no tenía empleo ni un oficio.
"En general, por la pandemia, toda la economía de la familia se ve deteriorada. Todos están angustiados. De todas formas se la rebuscan para tramitar el permiso de circulación y hacerles llegar alimentos a los detenidos", agrega Casamento.
El relevamiento de AciFad revela también que 9 de cada 10 encuestados tuvieron algún problema de salud como tuberculosis, asma, problemas intestinales, diabetes y cáncer. El 61% de las personas mencionaron que necesitan tomar alguna medicación y que sólo el 18% la recibe del penal. En un 59% de los casos son las familias las que les llevan la medicación que necesitan.
“Ahora que empieza el frío, también hay que hacerles llegar ropa de abrigo. Algunos familiares se acercaron a la puerta del penal a dejar el bolso y otros la envían por encomienda”, cuenta Casamento.
Ir hasta el penal es un desgaste emocional muy fuerte para los familiares. “El viaje, las filas, las requisas. Todo es muy desgastante”, dice Mabel Carrera, directora ejecutiva de la Fundación Volviendo a Casa, una organización que trabaja para la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, como presos, ex presos y personas en situación de calle.
El hacinamiento en las cárceles hace que las prisiones sean un espacio donde las enfermedades contagiosas se propagan con gran rapidez. Por eso se tuvieron que tomar algunas medidas. En primer lugar se suspendieron las visitas y actividades que involucran personas por fuera del servicio penitenciario, como las de educación y los talleres de organizaciones de la sociedad civil.
Además, el Servicio Penitenciario Federal creó un Comité de Crisis para la prevención, detección y asistencia ante el brote epidemiológico. En algunos penales de la Provincia de Buenos Aires se autorizó el uso de celulares y se crearon espacios para realizar videollamadas.
"La visita es lo que más valor tiene acá adentro "
En la Argentina hay 94.883 personas privadas de libertad. Esperanza (nombre ficticio), de 37 años, es una de ellas y actualmente está en el Complejo IV de Ezeiza. Cuenta que estar en la cárcel "siempre es difícil" pero dice que en estas circunstancias "es todavía más".
"La visita es lo que más valor tiene acá adentro. Uno aprende a ser hija, madre o hermana desde la cárcel, a través de un teléfono o las visitas. Así uno sigue adelante el vínculo. También sabemos que es difícil venir a ver a tu familiar a la cárcel. Mi familia tiene dos horas de viaje hasta acá”.
Ella recibía la visita de sus hijos (viven con su hermana y es quien los acompaña), su mamá, su cuñado y sus sobrinos. La hermana iba cada 15 días.
Desde que se suspendieron las visitas, Esperanza puede hacer, dos veces por semana, una videollamada de 15 minutos con su familia. “En el momento que nos llevaron a la sala para hacer la videollamada, eramos cinco, pero solo dos nos pudimos comunicar. No todas las familias tienen conexión a wifi o datos disponibles en el celular”, comenta.
En relación al encierro en cuarentena, Esperanza dice que es complicado para cualquier persona en cualquier situación. “Uno está acostumbrado al encierro y se lo está tomando de la mejor manera. Entiendo a las personas que pasan esto en sus casas. Lo viven como los primeros días acá adentro: al principio estás desorientado y es difícil entender que no podés ver a tu familia”, explica.
En el pabellón de Esperanza son seis chicas. Están en una situación privilegiada porque tienen celdas individuales. Comparten una zona común, un patio y el baño. Por el coronavirus tuvieron que interrumpir su trabajo porque tanto en los talleres de costura como en la panadería no pueden mantener los dos metros de distancia. También se interrumpieron los encuentros de Volviendo a Casa, no hay misa, ni educación formal.
“Ahora me tengo que cuidar más que nunca porque en un año y medio salgo de acá. Uno tiene miedo de enfermarse, salir al hospital y que no lo traten igual que a otros. Cuando veo en la tele que en algunos países tienen que elegir a quién darle el respirador pienso que si hay que elegir a una persona en situación civil o a un detenido, no nos van a elegir a nosotros. Es un fantasma que uno tiene en la cabeza”, piensa Esperanza.
"Armé una caja de 27 kilos "
Silvia Viviana Escobedo, de 54 años, tiene dos hijos presos: uno de 24 años en la Unidad 21 de Campana y otro de 30 años en la Unidad 30 de Alvear. Escobedo vive en Pilar y ella es quien se encarga de llevar alimentos y productos de higiene a sus hijos.
Desde que se suspendieron las visitas, al más chico, le pudo llevar un bolso a la puerta del penal y al más grande tuvo que hacer un envío por encomienda. “Armé una caja de 27 kilos para el mayor. Para mandarla, tenés que pagar $50 por kilo. Por suerte les llegó todo bien a los dos. Armé un listado con las cosas que mandé y confirmamos que llego todo. Nos dimos cuenta que la ropa, que les mandamos la están rociando con lavandina porque llegó manchada”, dice Escobedo.
Como Escobedo trabaja los fines de semana cuidando a una persona, le resulta imposible viajar hasta General Alvear, incluso en un contexto normal. “Mi hijo mayor está preso desde los 20 años y hace un tiempo lo trasladaron allá. Antes estaban los dos juntos en Campana”, dice.
Su hijo menor tiene un teléfono viejo que solo lo deja hacer llamadas y mandar mensajes. Además, dice: “Él está en pareja, pero con la pandemia mi nuera no pudo llevarle las cosas porque tienen dos criaturas chicas. Así que fui yo con otro hijo de 21 años. Nos tomamos dos colectivos y después teníamos que conseguir un taxi. Nadie nos quería llevar a los dos. Solo podían llevar una persona. Así que él me tuvo que esperar ahí”.
"Sin la familia no comeríamos bien y la higiene no existiría"
Para Pedro (nombre ficticio) la visita es oxígeno, es lo que te llena para seguir día a día. Él está en la Unidad 23 de Florencia Varela y en su pabellón son 56 personas, dos por celda.
“Sin la familia, no comeríamos bien y la higiene no existiría. Acá tratamos de ser solidarios y compartir con aquellos que le falta hasta un jabón blanco. Desde que arrancó esto, el servicio penitenciario nos dio 20 jabones, dos litros de cloro y una esponja”, expresa.
Pedro, que está preso hace 8 años y 4 meses, dice que están muy preocupados. “Si el virus entra y llega acá adentro morimos todos porque ante cualquier dolor te dan Ibuprofeno”.
"Tengo miedo de que se me enferme estando tan cerca de la libertad"
El 27 de marzo, el marido de Karina Luna cumplió 42 años y este año no pudieron visitarlo para festejar con él. “Le íbamos a llevar la torta, pero no se pudo”, dice la mujer de 38 años. Ella vive cerca de Cañuelas y él está en la cárcel de Sierra Chica.
“Siempre voy yo para allá para llevarle las cosas, pero ahora solo se puede por encomienda”, comenta Luna. Esta semana ella va a hacer el primer envío. Desde el aislamiento obligatorio, el marido de Luna habla con sus hijos por videollamada un día del fin de semana.
La última visita de Luna fue en febrero. Salió un domingo a la 1 de la mañana para llegar a las 6.30. Recién se encontró con su marido tipo 9. Ella recuerda que en una oportunidad recién pudo entrar a las 10.30 porque hubo peleas y hasta que no se calma todo, no se abre la puerta.
Ella, suele llegar a su casa a las 2 de la mañana del día siguiente “Yo voy sola. Mis hijos no van. Antes estaba en otro penal más cerca de casa y ahí podía llevarlos. Voy cuando puedo porque tengo que viajar en los micros de larga distancia. No me manejo con los micros tumberos porque a veces te roban y me parecen violentos. Espero a juntar más plata para viajar más segura”, cuenta Luna, que es cooperativista en Hacemos Futuro, un programa del estado, y changuea. También estudia para asistente social.
“El año que viene mi marido sale. Tengo miedo que se me enferme tan cerca de la libertad, después de todo lo que pasamos. Ya estamos planeando armar una carpintería para cuando vuelva a casa”, dice Luna.
