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Las tomas ilegales acapararon las noticias en los últimos meses. Pero reflejan un problema que es mucho más grande y estructural: el del déficit habitacional. ¿A qué nos referimos con esto?

Hay dos tipos diferentes de déficit habitacional.

Primero, tenemos el cuantitativo. Es decir, la cantidad de viviendas que hacen falta para que todas las personas tengan un lugar digno donde vivir. Por ejemplo, se considera que hay un déficit de este tipo cuando más de una familia comparten una misma vivienda. Según el INDEC, esta situación alcanza a casi 1 de cada 10 hogares.

Después está el déficit cualitativo. Este tiene que ver con la calidad de la vivienda, de los materiales con los que está construida y otras limitaciones. También incluye las condiciones deficientes de acceso a servicios básicos como agua, cloacas y gas.

En este último punto es donde se refleja de forma más profunda el déficit. Según el censo de 2010, 1 de cada 4 personas no tiene conexiones adecuadas a redes cloacales y agua potable.

Desde 2010, las reiteradas crisis económicas continuaron con el impacto en la situación habitacional. Según una encuesta de 2019 en 31 aglomerados urbanos, más de la mitad de las personas no acceden a alguno de los servicios básicos (EPH 2019)

Las causas para que se dé este tipo de situaciones son varias.

Pero en gran parte se puede atribuir a una falta de coordinación correcta entre el Estado y el mercado.

"El déficit habitacional responde a una lógica de cuando dejamos operar la lógica del mercado por sí sola y la lógica del Estado no está tan presente. En Argentina además tenemos el problema de que el suelo urbano está dolarizado, entonces eso siempre con cada devaluación se encarece más en pesos el suelo", considera Fernando Bercovich, sociólogo y experto en ciudades y urbanismo.

Los problemas económicos también se reflejan en el aumento de la cantidad de inquilinos y en el aumento de los alquileres.

Desde el censo del 2001, el porcentaje de inquilinos está en aumento y hoy en día alrededor del 45% de los ingresos totales de los hogares se usan para pagar el alquiler, según datos de la Encuesta Nacional de Inquilinos.

En respuesta a este problema, en 2012, el gobierno creó el Plan Procrear, un programa que otorga créditos para la construcción de viviendas. Hace unas semanas se relanzó el programa y esta vez se otorgarían 300 mil créditos para mejoras y se construirán 44 mil viviendas nuevas.

Mientras tanto, ¿qué pasa en otros países?

Un ejemplo de modelo que sirvió para este problema en países como Noruega, Suecia y Dinamarca es el Andel.

Este se basa en la cesión voluntaria de tierra, ya sea de un privado o del Estado, por un largo periodo de tiempo para la construcción de una cooperativa de inquilinos. Los inquilinos asumen el costo de la construcción a partir de un aporte inicial y el acceso a un crédito, después solo tienen que pagar un muy bajo alquiler para mantenimiento. Pero quien pagó la construcción nunca es propietario. Cuando desea abandonar la vivienda renuncia al derecho de uso, se le reembolsa su aporte inicial y un nuevo inquilino puede abonar la misma cantidad para participar de la cooperativa (cooperativas Andel)

En la Argentina desde hace mucho tiempo hay organizaciones que luchan para que más gente pueda acceder a una vivienda digna. En particular, las más de 4 millones de personas que viven en barrios populares a lo largo del país. Por ejemplo, impulsando a que se cumpla la ley 27.453 que busca mejorar la integración socio urbana de estos barrios a partir de la regularización de los terrenos y las mejoras de la infraestructura, entre otras cuestiones.

"Creemos que es indispensable que se ponga en marcha la ley 27.453 para la integración socio-urbana de los barrios populares. La vivienda no es solo la casa sino también el entorno que la rodea. La participación de vecinos y vecinas es indispensable para que estos proyectos salgan bien. Creemos que es sumamente necesario que el Estado tome un rol proactivo hacia el acceso al suelo. Que se generen políticas que permitan el acceso al urbano de manera justa, accesible y asequible para todos y todas", opinó Gabriela Arrastua, directora del Centro de Investigación e Innovación Social de Techo.

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