Este contenido contó con participación de miembros de RED/ACCIÓN
En una casita de una villa de Rosario, un chico de 17 años vende cocaína y marihuana. El sitio apesta, el piso es de tierra y no hay ni una silla ni una cama, ni nada para sentarse a descansar. Sólo una mesa repleta de envoltorios de cocaína y marihuana, con una balanza y algo de dinero en efectivo. El lugar es un búnker: un cubo de ladrillos y chapa sin ventanas, donde apenas hay una mirilla a través de la que entran los billetes de la gente que llega a comprar droga y salen las bolsitas anudadas con un precinto rojo (con cocaína) o con un precinto verde (con marihuana) que el chico entrega.
Este chico cumple su tarea en turnos largos de 12 horas, y a veces de 24 e incluso de hasta 48. Horas en las que no puede salir, ni siquiera a un baño, ni a alimentarse, ni a tomar agua. El tiempo pasa de un modo desesperante. Aun así, cuando la policía entra y allana el búnker, él es detenido. Y es acusado de comercio de estupefacientes. Como si fuera un “soldadito narco”.
“En general, los niños y adolescentes a los que se menciona como ‘soldaditos narco’ son judicializados y no son tratados como lo que son: víctimas de trata”, dice Mercedes Assorati, la coordinadora general de la ONG Esclavitud Cero, que desde 2007 ha capacitado a unas 10.000 personas. “Es decir, no reciben la asistencia a la que según la ley tienen derecho. ¿Por qué nadie las reconoce como víctimas de trata y nadie las asiste?”.
Assorati escribió a RED/ACCIÓN proponiendo un tema: “Los soldaditos narco menores de edad en las villas de emergencia son criminalizados, pero muchos de ellos son, en realidad, víctimas de la trata de personas. Aunque la ley los protege, nadie los está reconociendo cómo víctimas ni brindándoles la asistencia a la que tienen derecho”.
¿Qué hace un soldadito narco? Está en el nivel más bajo de una estructura narco. Hace tareas sencillas, monta guardia cerca de los búnkers, avisa quién pasa por ahí, y eventualmente vende la droga. Casi siempre es menor de edad. A veces, apenas un nene. Y muchas veces es él mismo un consumidor.
Hablar de niños en el narcotráfico en Argentina no es una novedad. En 2015, un chico de 12 años llamado Rolando Mansilla fue asesinado mientras custodiaba un búnker en el barrio Ludueña, también en Rosario. Ese año, la policía chaqueña encontró en una villa de Resistencia a un soldadito de 10 años que cargaba con un celular para hablar con su jefe. En Córdoba los llaman “teros” o “perros”, y en La Plata y en sus suburbios hay niños usados por los narcos en las zonas de El Mercadito, Altos de San Lorenzo, Villa Catella, City Bell, Villa Elisa y El Palihue. En Catamarca, también en 2015, un hombre fue detenido por distribuir droga con niños de entre 6 y 10 años. En 2018, un narco al que apodaban “el Palomo” mató a un rival mientras dos soldaditos lo cubrían. Y una banda que contaba con tres búnkers y que fue desmantelada en La Matanza, también en 2018, usaba a unos 40 niños de 6 y 7 años a los que les daba gaseosas y galletitas.
El caso del búnker de Rosario es un ejemplo que, con una sentencia en septiembre de 2018, sentó un precedente jurídico. El chico de 17 años que vendía droga encerrado ahí adentro había sido imputado luego del allanamiento (ocurrido en abril de 2011), pero luego de un largo proceso pasó a ser considerado una víctima. De hecho, su nombre no aparece en la sentencia: se lo menciona como “F.J.R.”, con sus iniciales, a propósito de la Ley 26.364 (de trata de personas), que indica anonimato para los afectados. Lo mismo ocurre con su hermano, “D.J.R.”, de 19 años, también implicado en el caso.
En la Argentina hay 1.305 menores de edad detenidos. Entre 2011 y 2015, mientras se resolvía en los tribunales rosarinos el caso de F.J.R., el salto de imputaciones relacionadas con narcotráfico en ese distrito fue abrupto: hubo un incremento de 816% (de 24 casos a 220).
Según un estudio reciente de Unicef, las detenciones recaen sobre quienes durante su infancia y adolescencia fueron vulnerados en sus derechos elementales: la mitad no iba a la escuela cuando los encerraron; 1 de cada 3 chicos encerrados llegó a vivir en la calle; un 14% pasó por un hogar porque sufrió maltrato en su casa; en promedio, empezaron a trabajar casi a los 14 años de edad; la mitad consumió cocaína y pastillas, y el 23%, pasta base; 1 de cada 4 tiene al menos un hijo a cargo; y el 60% dijo no haber recibido ayuda del Estado en la casa donde se crio.
La pobreza sólo empeora esta situación: las últimas cifras del INDEC apuntan que el 52,6% de los niños menores de 14 años, unos 5 millones, vive en hogares pobres. Y la indigencia infantil subió del 8 al 13,1% en un año. “En todo el país, cuando el Estado está ausente, ese lugar lo ocupan otras organizaciones: algunos chicos, en vez de tener un lugar para poder trabajar y capacitarse, terminan siendo rehenes de algún narco”, dijo el Padre José María "Pepe" di Paola el año pasado.
Pero cuando se trata de delitos de narcotráfico, los jueces deberían pensarlo dos veces antes de condenar a un chico. “Hablamos de reclutamiento juvenil para el delito, de trata de personas, de criminalidad organizada y de delincuencia juvenil vulnerable”, dice Julián Axat, el titular de ATAJO (Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia), un programa del Ministerio Público Fiscal para facilitar el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. “También, de trayectorias de jóvenes hipervulnerabilizados, instrumentalizados por el delito”.
Axat, que durante años fue un defensor oficial de menores en La Plata, explica qué es un pibe hípervulnerabilizado: “Es un pibe que está en una situación de consumo en la que no tiene un margen de decisión sobre su propio cuerpo o su propia subjetividad. Está en el margen de hacerle un daño enseguida a un tercero. Está pasado y aún así le dan una función”.
¿Cómo se da la trata? En el caso de F.J.R., su madre denunció que él y su hermano habían sido secuestrados y que uno de los captores había pedido 800 pesos por el primero. Como la madre conocía a ese hombre y sabía sobre el búnker, informó a la policía. “Me había acercado al lugar para acompañar a un amigo y cuatro personas me dijeron que si no vendía para ellos, iban por mi familia”, declaró luego el chico. “Me golpearon, me encerraron y me obligaron a vender Me amenazaban con matar a mi familia. Tenían los nombres y las fotos de cada uno de ellos”.
“He visto pibes muy paqueados o con muchas causas penales, que cumplían roles expuestos en una banda”, dice Axat. “Yo no diría que eran soldaditos, sino pibes hipervulnerabilizados a quienes la organización les ponía a disposición un lugar para venta o cumplían el rol de silbar, marcando quien entraba a la manzana. A cambio de droga, de un arma o de estar en el círculo de la banda. Si eso es trata o no, hay que fijarse hasta qué punto el aprovechamiento de la vulnerabilidad del pibe está en hacerlo cumplir un rol de reducción a la servidumbre”.
A veces los jueces consideran que no hay un delito de trata porque existe un margen de libertad y responsabilidad. “La única posibilidad para considerar a un menor de edad como un reclutado por una organización criminal sin posibilidad de reproche (sin dominio de los hechos), sería un caso en el que la organización fuera de un tipo especial, muy vertical y cerrada, y cuyo poder de sanción no diera margen de otra acción que la que definen los superiores bajo amenaza”, explica Axat. “Y en esa maquinaria, el menor debe ser un mero eslabón fungible y sustituible. Pero el caso es de laboratorio y, en la realidad, nadie es un autómata. En la Argentina, las pertenencias de estos jóvenes a organizaciones criminales son situacionales y lumpenizadas”.
Por qué no se los reconoce como víctimas de trata y se los asiste, se preguntaba Mercedes Assorati unas líneas más arriba. “En lo judicial, para mí está claro que hay corrupción”, responde ella misma. “No puede ser que haya casos donde las personas que estaban haciendo vender droga a niños de 4 años hayan sido imputadas por trabajo infantil”.
Pero también hay un problema desde el Estado. “La respuesta a la trata se ha centrado fundamentalmente en trata para explotación sexual de mujeres y niñas”, dice Assorati, que trabajó en este tema para la Organización Internacional para las Migraciones. “La mayor parte de los refugios y programas de asistencia están pensados para mujeres y falta asistencia para los hombres; no sólo para los soldaditos narco, sino también para los hombres que están en una situación de trabajo esclavo o de explotación sexual”.
En el caso de F.J.R., el fiscal Mario Gambacorta acusó a cuatro personas de haber sometido al chico a “una explotación equiparable a la de una reducción a servidumbre, situación que lo obligó a llevar a cabo la actividad ilícita”. El caso contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que consideró que el empleo de niños y niñas para la venta de drogas encuadra en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Y los jueces, en su sentencia, se refirieron a “trata de personas”.
