La Asociación Internacional de Mujeres Juezas junto con los capítulos de Transparencia Internacional de diferentes países de Latinoamérica pusieron el foco en definir y, a partir de ahí, investigar y crear herramientas para combatir un delito que si bien es frecuente no está visibilizado: la sextorsión.
“La extorsión sexual o sextorsión ocurre cuando alguien [que se desempeña en alguna parte del sector público] desde un cargo de poder, usa su autoridad para explotar sexualmente a quien depende de ese poder. Básicamente es usar una posición de autoridad, una posición dominante, para explotar la necesidad de otra persona”, explica la jueza Maria Soledad Gennari, secretaria de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina y colaboradora de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, organización que acuñó el término sextorsión.
“Esto se registra, por ejemplo, —continúa— en los ámbitos de salud por una cama de hospital, cuando se piden los mal llamados favores sexuales. En realidad no hay un favor sexual, esta es una forma de suavizar el término”. Gennari señala que, según Transparencia Internacional, una situación como esta tiene que reunir tres condiciones para considerarse sextorsión:
- Que quien pida algún tipo de relación sexual esté en una posición de poder o autoridad. “Se da en una relación de uno a uno entre un funcionario encargado, por ejemplo, de administrar agua, una escuela, una bolsa de comida, un empleo o hasta la cama de un hospital, y un ciudadano o ciudadana que depende de eso”, explica.
- Que efectivamente exija una acción con contenido sexual. “Mal llamada intercambio sexual porque la voluntad de la víctima está totalmente viciada”, acota.
- Que haya coerción psicológica. “Si no hacés esto va a pasar esto”.
Según explica Gennari, aunque la sextorsión puede afectar tanto a varones como a mujeres porque puede ser ejercida por unos u otras “tiene un impacto diferenciado, cuantitativo y cualitativo sobre las mujeres y, mayoritariamente, los sujetos activos, quienes la ejercen, son varones. Se registra un fenómeno que muestra que hay una afectación específica que se puede dar en el plano laboral, en el plano de salud y en muchos otros ámbitos. Entonces lo que ahora se intenta es llevarlo hacia lo que serían delitos de corrupción”.
La magistrada dice que si bien la Convención Interamericana contra la Corrupción no habla específicamente de sextorsión, entiende por corrupción a “cualquier acto que se desvíe de la finalidad del bien público”. “Entonces, lo que se está tratando de hacer es instalar este concepto y empezar a tipificar la sextorsión como un tipo penal específico o como un agravante dentro de los delitos de corrupción”.
El diagnóstico
La sextorsión y cómo combatirla fue uno de los temas abordados en el encuentro de EUROsociAL —un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, y que es liderado por la entidad de cooperación española FIIAPP— que se realizó hace dos semanas en Valparaíso, Chile. Durante tres días, una pluralidad de voces de diversos sectores, organismos y organizaciones de la sociedad civil de los países de la región y sus aliados, aquellos encargados de impulsar nuevas políticas públicas, empezaron a construir la respuesta a la pregunta “¿Qué pactos sociales son necesarios para una nueva América Latina post-pandemia?”.
Ana Linda Solano, consultora de EUROsociAL, intervino en la cooperación entre países para este programa. Desde fines de 2017 trabaja en la intersección entre corrupción y género, un área de la que se convirtió en especialista y en la que trabajó para crear una comunidad internacional que se abocara al problema. A partir de una sociedad entre ONU Mujeres, Transparencia Internacional y EUROsociAL, desde 2018, trabajaron en un diagnóstico y un plan de acción.
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Los países que más se involucraron fueron Perú, Argentina, Chile y Guatemala, que son, indica Solano, quienes están desarrollando experiencias y herramientas en la materia. En 2020 se lanzó un segundo diagnóstico en Cartagenta “y sobre esa base comenzamos a trabajar con la Asociación Iberoamericana de Fiscalías, con un liderazgo sobre todo de Argentina y de Brasil, con la red contra la trata de personas, la red anticorrupción y los organismos”.
El diagnóstico “es como un primer aterrizaje, no solo conceptual si no en la realidad, de lo que había en la región. Detectamos principalmente tres fenómenos: la sextorsión (que aparece transversal a todo), la corrupción faciltadora de la trata de personas y uno ligado a la participación política de la mujer y la corrupción, pero nos centramos en los dos primeros, aunque este tercero está para explorar porque tiene que ver con el acceso a programas sociales y la compra de votos, que es un tema supergrave, sobre todo en Centroamérica”, señala.
A partir de este primer acercamiento comenzaron a estudiar casos de sextorsión en Perú, en Argentina y otros países que están involucrados con este tema. Empezaron a construir “un marco conceptual y a ver qué había en la práctica: relevando casos, la poca estadística que hay e información, haciendo entrevistas con actores clave”.
Lo que advirtieron en esta etapa de investigación es que si bien la corrupción es el eje principal de la sextorsión, “hay pocas acciones que articulan estas dos áreas de trabajo”, es decir, corrupción y género. A partir del diagnóstico, realizaron un paquete de recomendaciones entre las que se encontraban profundizar la investigación de estos delitos y el propio diagnóstico. A propósito de eso formaron equipos con la Red Iberoamericana de Fiscales y organizaciones e instituciones de la región y a nivel nacional en cada uno de los países, con la sociedad civil, asociaciones contra la trata y contra la corrupción, para continuar estudiando lo que sucedía y cómo prevenirlo, perseguirlo y sancionarlo. A partir de eso, entre 2019 y 2020, llegaron a nuevas conclusiones y hallazgos y diseñaron una hoja de ruta para Perú, el primer país que presentó un proyecto de ley contra la sextorsión, sobre cómo avanzar.
En Argentina, cuenta, encontraron que la sextorsión estaba en general asociada a la trata de personas. “Argentina tiene un liderazgo importante de las redes anticorrupción. Cuando hicimos los aterrizajes nacionales y salieron las prioridades, empezó un trabajo técnico que es el que nos lleva a esta concentración de sextorsión asociada a la trata”.
La propuesta legislativa de Perú
Al momento, de los países dedicados a luchar contra la sextorsión, Perú es el único que presentó al Congreso de su país una reforma legislativa dedicada a reconocer y castigar la sextorsión como un delito en sí mismo.
“El proyecto que hemos presentado es solo una forma de intentar gestionar el problema de la sextorsión. En el caso peruano hay una dificultad para abarcar, con lo que tenemos en la actualidad, esta problemática. La sextorsión está vinculada con el chantaje sexual y el abuso del poder público por parte de algunos servidores, entonces si bien desde la óptica de la lucha contra la corrupción es posible perseguir estas situaciones hay muchas dificultades a la hora de probar que este delito se ha dado. Sobre todo porque no hay testigos y porque muchas veces hay un análisis que se hace respecto a si la contraprestación sexual es o no consentida. También desde la óptica de la lucha contra la violencia de género se podría intentar gestionar, pero las penas no son las necesarias y muchas veces hay protección de los agentes públicos. Por eso pensamos que es necesario una medida específica para afrontarlo”, dice Eloy Munive, que es Secretario de Integridad Pública de Perú, es decir, quien trabaja con todos los temas relacionados con la prevención de la corrupción.
Lo que propone el proyecto, que ya se encuentra asignado a una comisión para su análisis, es modificar el Código Penal peruano y agregar un agravante por sextorsión a los delitos de corrupción que ya existen. “Ese agravante tiene que ver, precisamente, con que en los casos donde se solicite cualquier tipo de contraprestación sexual o intento de violencia contra el género, así sea usando los medios tecnológicos, se pueda sancionar adicionalmente a cualquier servidor público”, explica Munive.
Y desarrolla: “¿Cómo se aplicaría esto? Por ejemplo: un policía solicita fotos indebidas a una mujer que tiene negocios para evitar que se le realice una inspección que ordenó el Ministerio Público. Ahí hay un acto de coacción. Con el delito actual que tenemos esto tendría más o menos una sanción de hasta ocho años. Con el agravante que estamos introduciendo en la propuesta normativa, esto aumentaría hasta dos años y seis meses. Es decir, el nuevo rango sería de hasta 10 años y seis meses. Esa es la característica principal del proyecto de ley”.
De todas maneras el proyecto no solo es punitivo, si no que también propone medidas que tienen que ver con la prevención y la sensibilización, como ofrecer “programas de desarrollo de capacidades dirigidos a los operadores de justicia” y “que se empiece a recopilar información sobre denuncias, investigaciones y procesos vinculados a estos actos, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial y en la Policía Nacional de Perú. Esto es importante porque al no estar expresamente reconocido en ningún documento oficial (tanto en la parte sancionadora como en la parte preventiva) no existe mucha información”, explica.
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Para elaborar el proyecto debieron hacer una búsqueda exhaustiva de los casos, con la cooperación del Ministerio Público, el Poder Judicial y áreas administrativas. “Fue difícil, no porque no sucedan los delitos si no porque no son visibles, porque no se tenía esta categorización que se estaría creando ahora con la norma. Con la aprobación de esta propuesta legislativa empezaríamos a recopilar y a evidenciar”, dice Munive.
En un estudio realizado en 2019 por Transparencia Internacional, el “Barómetro global de corrupción de América Ltina y el Caribe”, la extorsión sexual aparece vinculada a la corrupción. Según este informe el 71% de las personas dijeron que la sextorsión ocurre al menos ocasionalmente y una de cada cinco personas dijeron haber experimentado algún tipo de chantaje sexual.
A propósito de ese estudio, Munive cuenta que agregaron preguntas sobre sextorsión en una encuesta que realiza Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia internacional. Y los resultados fueron contundentes: “El 23% de las personas encuestadas indicó que se le había solicitado un favor sexual a cambio de un trámite o servicio. Y este es un tema fundamental porque, precisamente, este tipo de crimen se da principalmente en sectores de pobreza, desfavorecidos, vulnerables, donde hay una mayor presencia de las mujeres. Aparece asociado a servicios públicos que son de primera necesidad, como por ejemplo: el acceso a hospitales, a centros de salud, que es un tema de preocupación en estos días; ahí justamente se han encontrado estos actos como recurrentes. También en municipios, en lo que es la administración de la justicia y en educación, en los colegios, también”.
El ministro destaca que la propuesta que presentaron no es la alternativa “ideal”, y que en otros países se sostiene que lo que se debe hacer es crear un tipo penal específico para la sextorsión en lugar de introducir un agravante. Pero aún así representa un avance. “Al no existir estos antecedentes en la región es bastante complicado desde un primer momento apostar al máximo de un tipo penal independiente. Por estrategia lo que hemos hecho es incorporarlo como delito de corrupción porque hay un consenso ahora en el Congreso para trabajar todos los delitos de corrupción, y empezar por este primer paso”.
Aunque señala que la medida no representa todo el camino que desean seguir —que tiene que ver con “tratar de que esto también se abarque desde la vía preventiva y se trabaje de manera intensiva en todas las entidades de la administración pública”— sostiene que es un avance porque favorece el debate y que se sienten precedentes legislativos para próximas medidas.
Cómo se trabajará en la Argentina
Con la propuesta de Perú como modelo, la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina también está por comenzar a trabajar en un proyecto de ley para combatir la sextorsión. “Lo que vamos a hacer es armar un grupo de mujeres que ya estamos trabajando esta temática. Y la idea es (aunque aún no lo hemos definido) tipificar este delito”, dice Gennari. Y confirma lo que señalaba Munive respecto a que es preferible crear un tipo penal específico en lugar de un agravante de otros delitos de corrupción.
“La realidad es que más allá de la legislación, que es fundamental, considero que la falta de una mirada específica sobre este fenómeno tan recurrente y tan invisibilizado y silenciado es un incumplimiento por parte del Estado argentino. No tener una figura que encaje, específicamente, en este fenómeno, es una falta de servicio porque es algo que sucede en secreto. Hay que reconocer que cuando se trata de delitos de género siempre hay desventaja, desigualdad y asimetría. Entonces, si a la falta de legislación le sumamos que no hay una ruta clara, que no se puede denunciar, que generalmente estas denuncias se vuelven en contra de las víctimas, tenemos que tratar de ir por este lado”, enfatiza la jueza.
El objetivo de la Asociación será tener listo el proyecto para presentarlo al Congreso durante este año.
