Por año, en el país, ocurren en promedio de 5173 piquetes. Pero 2021 fue un récord, con la cifra más alta en 7 años: se registraron 6658 manifestaciones. Estos son datos de la consultora Diagnóstico Político.
En lo que va del año, el escenario no parece ser muy distinto: las últimas semanas estuvieron marcadas por varios piquetes y protestas en todo el país, en especial en la Ciudad de Buenos Aires.
El reclamo social habla en gran medida de la dura realidad económica que atraviesa la Argentina, pero también reavivó un viejo discurso que plantea la necesidad de regular los piquetes o penalizarlos, un discurso que cuestiona su legitimidad como forma de protesta, tipificándolos como actos extorsivos o que impiden el ejercicio del derecho a la libre circulación.
En este episodio, hablamos sobre la tensión que estos piquetes plantean entre el derecho a la protesta y a la libre expresión y el derecho a la libre circulación de terceros. Y tratamos de responder a preguntas cómo:
- ¿Hay derechos más importantes o básicos que otros?
- ¿Por qué el piquete se convirtió en una modalidad de protesta tan popular?
- ¿Deberían regularse este tipo de protestas en la Argentina?
- ¿Cómo resolvieron este desafío en otros países?
Ante estas discusiones, distintos especialistas dan sus respuestas en este episodio:
- Federico Orlando, abogado especializado en derecho constitucional y derechos humanos. Es profesor de la UBA y de la Universidad General Sarmiento. Entre otras cosas, hoy coordina el Área de Litigio de Amnistía Internacional Argentina.
- Alicia Millán, coordinadora de la licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación en la Universidad Tres de Febrero.
- Pablo Lumermann, politólogo, facilitador en conflictos sociales complejos, quien trabaja sobre conflictos en América Latina con comunidades, gobiernos y agencias de las Naciones Unidas.
- Manuel Tufró, director del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Para entender mejor el contexto, repasemos algunos de los casos más recientes y discutidos durante las últimas semanas:
- El 10 de marzo, mientras el Congreso debatía el acuerdo de refinanciación de deuda con el FMI hubo protestas en los alrededores del parlamento que terminaron en enfrentamientos con la policía.
- Una semana después, organizaciones sociales acamparon en el centro porteño y otras ciudades del país, exigiendo aumentos en los salarios y planes sociales. Levantaron su protesta cuando se logró acordar un nuevo aumento del salario mínimo.
- El 30 de marzo, organizaciones sociales y de izquierda, acamparon sobre la avenida 9 de Julio, impidiendo la circulación de autos y bloqueando el Metrobus durante 48 horas. Las protestas exigían verse con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio “Juanchi” Zabaleta, quien pidió a estos movimientos buscar “otra modalidad de protesta”.
- El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó a quienes hicieron este acampe, lo calificó de extorsión y pidió al Gobierno que le saque los planes sociales a quienes cortan calles.
- En noviembre pasado, la ciudad de Rosario sancionó por unanimidad el ‘‘Código de convivencia urbana‘‘. En uno de sus artículos, se plantea que se debe cobrar una multa a aquellas personas que corten una calle. Estas multas podrían ir de 1200 pesos a 24 mil pesos.
