La pandemia por COVID-19 afectó múltiples esferas de la realidad y representó un desafío sin precedentes para los Estados, que debieron gestionar la respuesta ante esta crisis. En este contexto, la producción de información pública de calidad, como insumo para elaborar políticas, planes y programas, cobró vital importancia.
Al tomar decisiones e interactuar con el entorno, la ciudadanía genera “datos” todo el tiempo. Dónde y con quiénes viven, de qué trabajan, qué estudian, por dónde se mueven; todos esos y otros datos son o pueden ser relevados como fuente de información gubernamental y servir para hacer un diagnóstico de la situación y entender dónde hay problemas y lugar para tomar acción. También para vislumbrar los recursos disponibles y las principales limitaciones para lograr un objetivo. Así, producir y utilizar datos es fundamental para que las decisiones resulten en políticas efectivas y eficientes que mejoren la vida de las personas.
El uso intensivo de datos para informar las decisiones que se toman en el contexto cambiante que supone el avance de la COVID-19 fue un punto en común de muchas estrategias implementadas para dar respuesta a la pandemia. En nuestra región, Costa Rica es un claro ejemplo de este enfoque: en una asociación entre la organización sin fines de lucro Imperativo del Progreso Social (IPS), la Escuela de Negocios INCAE y los gobiernos nacionales y municipales, el país desarrolló una herramienta que, sobre la base de factores económicos, sociales, de salud, y de las interacciones sociales, captura el riesgo que las distintas regiones enfrentan al abordar la COVID-19. Conocida como Riesgo y Respuesta Integrada (IRR por sus siglas en inglés), esta herramienta es utilizada por las y los tomadores de decisiones para diseñar estrategias para afrontar la pandemia en Costa Rica.
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¿Y por casa cómo andamos? En mayo de 2020, desde CIPPEC empezamos a preguntarnos por las capacidades de los distintos niveles de gobierno en Argentina para recolectar y sistematizar información sobre el coronavirus. Un relevamiento inicial mostró que había lugar para mejorar la cantidad y calidad de información disponible. A nivel nacional, datos relevantes como la ocupación de camas de terapia intensiva o los días promedio de internación por COVID-19 no eran publicados, mientras que los datos que sí se reportaban eran publicados en formatos no reutilizables. Además, la información provista por cada provincia era muy heterogénea, y no todas publicaban datos desde la página web de sus ministerios o áreas de salud.
Un año más tarde, continuamos ese análisis y detectamos grandes avances en estos aspectos, lo que prueba que los gobiernos tienen, en mayor o menor medida, la capacidad de generar y recolectar información para su uso estratégico. En junio de 2021, junto con el IPS, desarrollamos una primera versión de la herramienta IRR para Argentina que, al igual que en el caso costarricense, reúne indicadores en cuatro dimensiones (económica, social, de salud y de interacciones sociales) para, en conjunto, conformar un índice.
Entre las primeras tres, algunos de los indicadores incluidos son la tasa de empleo no registrado, el porcentaje de hogares con hacinamiento crítico y la mortalidad en la población por enfermedades consideradas como factores de riesgo. La dimensión relacionada con las interacciones sociales incluye indicadores que buscan reflejar cómo las características del espacio público y la movilidad de las personas afectan la transmisibilidad del virus. La herramienta facilita la integración de estas cuatro dimensiones y combina información que habitualmente está desagregada, lo que brinda una mirada multidimensional que podría ayudar a comprender el contexto local y los desafíos específicos que enfrenta cada área.
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Ahora bien, ¿podrían los gobiernos en Argentina, tanto nacionales como provinciales, usar una herramienta como esta para tomar decisiones? Al recolectar la información necesaria para generar el puntaje del índice, nos encontramos con que las fuentes de información no siempre estaban actualizadas (los datos de salud son de 2018), o no abarcaban el total de la población (la Encuesta Permanente de Hogares -EPH-, de frecuencia trimestral, releva datos sobre los 31 aglomerados urbanos del país, pero sobre las zonas rurales la disponibilidad de información es escasa). Además, algunas fuentes requieren relevamiento y actualización constantes (datos de movilidad de Google) por lo que, si se quiere calcular el índice de forma continua, es necesario contar con la capacidad para hacer un procesamiento permanente de la información.
Generar métricas robustas, actualizadas y de fácil acceso, que aporten al proceso de toma de decisiones de los gobiernos, puede no ser una tarea sencilla y requiere adquirir información y capacidad para procesarla. No obstante, vimos que, cuando así lo desean, los gobiernos tienen la capacidad, en la medida en que les sea posible, para mejorar y avanzar en una mayor recolección de información. Y contar con información de calidad, actualizada y oportuna permitiría desarrollar herramientas como el IRR, que contemplen dimensiones adicionales a la cantidad de casos de COVID-19 y contextualicen las respuestas a la pandemia a la situación de cada lugar.
*Las autoras son analista y consultora del programa de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC, respectivamente.
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