El próximo 8 de julio se cumplen 16 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el histórico fallo, conocido como fallo "Mendoza", que obliga al Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abordar la grave contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo. Sin embargo, a pesar de las advertencias de las organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado, responsables de supervisar el cumplimiento del Plan de Saneamiento, sobre la falta de ejecución de las tareas que dicta la sentencia, la estructura que debe velar por su cumplimiento es cada vez más frágil.
En este contexto, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB), integrantes del Cuerpo Colegiado, entregaron un documento a la Corte el 17 de junio pasado, en respuesta al pedido de que analicen el último informe presentado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), donde detallan el estado de cumplimiento de la sentencia.
En 2008, la Corte resolvió que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir los daños al ecosistema con suficiente grado de predicción. Para cumplir con estos objetivos, el máximo tribunal estableció ocho mandas: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal; y el establecimiento de un plan sanitario de emergencia.
“Podemos constatar que todavía subsisten demoras en la ejecución de obras y que los indicadores utilizados por ACUMAR apenas reflejan la complejidad que implica la medición del cumplimiento de la sentencia, además de observarse un bajo nivel de ejecución”, sostienen desde FARN
Por ejemplo, según informan desde ACUMAR, se cumplió en un 40% con el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Sin embargo, desde FARN enfatizan en que este indicador “omite dar cuenta de que cada atraso en la inversión y disponibilidad en la entrega y mejoras de viviendas para los afectados genera el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que residen en la cuenca y también la prolongación de la exposición de dichas personas a la contaminación”.
Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explicó que “todos sufrimos los efectos de un ambiente degradado, pero las infancias y adolescencias son más vulnerables a la contaminación del aire, suelo y agua, por lo que requieren de una mayor protección y defensa de sus derechos”.
Sin embargo, detalló Fernández, “los relevamientos y diagnósticos de ACUMAR en lo que respecta a la afectación diferenciada de la contaminación en la niñez resultan precarios e insuficientes. Tampoco se proponen medidas integrales para gestionar esta afectación diferenciada ni prevenir los daños sociales y ambientales que sufren los menores de edad”.
En un informe de las Naciones Unidas, publicado el pasado miércoles 19 de junio, advierten que en 2021 la exposición a la contaminación atmosférica produjo más de 700.000 muertes de niños menores de cinco años. Después de la malnutrición, es el segundo factor de riesgo de muerte en el mundo para este grupo de edad.
Frente a esta problemática, el Cuerpo Colegiado solicitó la convocatoria a una audiencia pública ante la Corte para que la autoridad de la cuenca brinde las explicaciones correspondientes sobre la efectividad y cumplimiento de las mandas judiciales; y para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, de gestión de residuos, entre otras disciplinas, expongan ante el Tribunal su conocimiento técnico y brinden mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz.
Desde el Cuerpo Colegiado sostienen que deben ser convocados a la audiencia pública los afectados directos por la contaminación de la cuenca, el Auditor General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría General de la Nación y la Defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros.
“En el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, ACUMAR no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las mandas que integran la condena. Es crucial que el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado y, en consecuencia, cuente con el presupuesto necesario. Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”, advirtieron desde FARN.
