La mayoría de los países latinoamericanos históricamente han sido receptivos a los inmigrantes, pero el aumento sin precedentes en 2021 de la cantidad de personas desplazadas debido al malestar político, la inestabilidad económica, la violencia, la omnipresente desigualdad, el cambio climático, la pandemia de la COVID-19 y otros factores implicó que los esfuerzos de muchos gobiernos para proteger a los inmigrantes quedaran a mitad de camino frente a las intenciones incorporadas en sus políticas.
Una de las características más preocupantes de la situación migratoria en Latinoamérica es la brecha que existe entre las intenciones de cada país, según lo expresan sus políticas migratorias, y su capacidad para proporcionar a las personas desplazadas la protección que necesitan. Esto suele estar vinculado al insuficiente apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional.
Los países en toda la región están haciendo tremendos esfuerzos para gestionar la actual crisis migratoria, priorizando los programas como pueden con sus limitados recursos, pero las diferencias en sus enfoques fomentan aún más el movimiento de personas, porque los inmigrantes y quienes buscan asilo suelen ir a los lugares que son más seguros para ellos y sus familias.
Otro problema es la falta de soluciones a largo plazo. Pensemos en la reciente crisis relacionada con los haitianos —tanto los que quedaron atrapados en el sur de México como quienes se dirigían hacia la frontera de ese país con Estados Unidos—. Muchos de los miles de haitianos que atravesaron Panamá en 2021 ya habían buscado seguridad en Sudamérica después del devastador terremoto de 2010, pero no hallaron una solución a largo plazo.
Algunas rutas migratorias son históricas y representan las vías que usó la gente para escapar del peligro o buscar nuevas oportunidades durante muchas generaciones, pero las crisis humanitarias y las oleadas migratorias que producen son cada vez mayores. Solo en Panamá la cantidad de personas que cruzan el tapón del Darién pasó de 6500 en 2020 a 124 875 durante los primeros 11 meses de 2021 (prácticamente se multiplicó por 20).
Los gobiernos y las organizaciones internacionales junto con la sociedad civil local deben desarrollar una estrategia más eficaz, colaborativa y centrada en las personas para gestionar estas crisis. Panamá reconoció su papel dentro de esta ruta migratoria y aumentó sus esfuerzos para brindar atención médica a los migrantes. A quienes pasan por el país se les proporciona asistencia médica básica y se les hacen análisis para detectar la COVID-19 y otras enfermedades.
Muchos de los inmigrantes y quienes buscan asilo llegan al país desnutridos y con heridas debido a la peligrosa travesía a través del tapón de Darién, una densa jungla que interrumpe la autopista Panamericana entre Panamá y Colombia. Allí contraen enfermedades, y enfrentan animales mortales y un paisaje traicionero. Las mujeres y los niños son especialmente vulnerables a la violencia, los asaltos sexuales, el tráfico de personas y la extorsión por grupos criminales. Más perturbador aún es que uno de cada cinco inmigrantes en la región es un niño (el 80 % de ellos, de menos de cinco años, una etapa crucial para su desarrollo a largo plazo).
Ningún país puede gestionar esta cuestión por sí solo. La situación requiere una iniciativa internacional para monitorear los flujos migratorios y ofrecer atención a las personas desplazadas mientras cruzan Latinoamérica. Necesitamos un sistema en el que todos los países compartan la responsabilidad de proteger a la gente en tránsito, incluida la provisión de cuestiones básicas como atención médica, alimentos, apoyo psicosocial y seguridad. Panamá se ha estado haciendo cargo de esto en Darién, pero con el continuo aumento de los inmigrantes, es cada vez más urgente que la respuesta involucre a más países.
El Comité Internacional de Rescate (International Rescue Committee, IRC) promueve desde hace mucho marcos políticos (o acuerdos) para unificar recursos para la atención de los refugiados e inmigrantes. La idea es unir a los donantes, los países receptores y las organizaciones de desarrollo y humanitarias para crear sistemas capaces de satisfacer las necesidades de estas poblaciones vulnerables. Dentro de esos marcos, los gobiernos anfitriones se comprometen a implementar políticas inclusivas y a largo plazo para proteger a las poblaciones desplazadas. Como contrapartida, los donantes y las instituciones financieras prometen financiamiento a largo plazo para apoyar su implementación.
El modelo de «acuerdos» ya se implementó en Jordania con apoyo del Banco Mundial. Podría brindar un marco inicial para mejorar la situación de los inmigrantes en toda Latinoamérica. Como primer paso para alcanzar esa meta los gobiernos debieran centrarse en la coordinación y armonización de sus políticas migratorias. Existen mecanismos para ayudar a los donantes y países anfitriones a forjar acuerdos de compromisos concretos para el financiamiento, compartir los costos, armonizar las políticas transfronterizas y proporcionar seguridad, documentación, educación, empleo, atención sanitaria y la posibilidad de obtener la ciudadanía; pero serán necesarias mucha más atención y financiamiento para cumplir la promesa de esos acuerdos.
Para evitar crisis futuras debemos solucionar las principales causas de la migración, principalmente los conflictos violentos, la COVID-19, el cambio climático, la desigualdad sistémica y la falta de oportunidades económicas en los países desde donde emigra la gente. Esto no solo implica crear empleo e implementar programas de desarrollo, sino también proporcionar respuestas humanitarias eficaces y políticas de apoyo para la protección.
El desafío es romper este ciclo de migración y desplazamiento que se perpetúa a sí mismo, creando un entorno seguro tanto para quienes tratan de reconstruir sus vidas en otros lugares como para quienes vuelven a sus países de origen. Por ejemplo, los más de 100 000 haitianos que emigraron y buscaron asilo en Sudamérica debieran tener la oportunidad de asentarse allí permanentemente para tener que seguir mudándose.
La cantidad personas desplazadas que atraviesan Latinoamérica aumenta rápidamente, y Panamá y el IRC están pidiendo a los gobiernos, las organizaciones humanitarias y las instituciones multilaterales que actúan conjuntamente. Debemos proteger a las personas vulnerables y trabajar para crear un mundo donde puedan buscar oportunidades significativas en sus propios países u otros lugares, cumpliendo todas las normas internacionales y leyes migratorias. La mayoría de los inmigrantes y quienes buscan asilo en la actualidad no cuentan con esa opción.
Si la comunidad internacional no dedica más recursos a cuidar a los inmigrantes durante sus viajes, sus problemas simplemente empeorarán y las crisis humanitarias en los países de la región serán más frecuentes y graves. Debemos romper este ciclo antes de que se salga de control.
Traducción al español por Ant-Translation
Erika Mouynes es ministra de Asuntos Exteriores de Panamá. Meghan Lopez es vicepresidenta regional para Latinoamérica del Comité de Rescate Internacional.
