En cinco años, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) ayudó a reducir a la mitad los embarazos adolescentes en Argentina. Este logro es significativo en términos de salud reproductiva y desarrollo social, ya que, según el Ministerio de Salud de la Nación, siete de cada diez embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años y el 85 % de los embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales. De hecho, muchos de ellos son resultado de abusos sexuales.
Por otro lado, un informe del Ministerio de Salud de 2021 revela que, aunque en ese año nacieron 529.794 bebés en Argentina, la tasa de natalidad disminuyó ligeramente de 11.8 a 11.6 por cada mil habitantes. Provincias como Salta, Santa Fe y Chaco registraron un aumento en nacimientos, mientras que CABA, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa presentaron tasas inferiores a 10 por cada mil habitantes.
El Plan ENIA jugó un papel crucial en la reducción de la tasa de fecundidad adolescente, que pasó de 65 nacimientos en 2010 a 30 nacimientos por cada mil adolescentes en 2020. Este descenso significativo también se explica por la aplicación de políticas públicas efectivas, como el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la distribución de implantes subdérmicos desde 2014, así como la implementación de la Educación Sexual Integral desde 2009.
Desafíos
A pesar de estos logros, el Plan ENIA ha enfrentado desafíos. Durante una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, especialistas denunciaron recortes en recursos humanos y demoras en la entrega de insumos esenciales, como dispositivos intrauterinos (DIU) y preservativos.
En abril pasado, el Ministerio de Salud confirmó la baja de 619 contratos vinculados al Plan ENIA. A mayo, solo se había ejecutado el 11.51 % del presupuesto vigente.
Fortalecer el Plan ENIA a través de una ley
Un grupo de senadores impulsa un proyecto de ley para que el trabajo de este organismo sea respaldado desde el poder Legislativo. "Con el fin de sostener y fortalecer el Plan ENIA, consideramos necesario instituirlo por ley, producto del consenso parlamentario. Lo entendemos como parte de la obligación constitucional de legislar y promover medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de niños y mujeres", argumentaron en un escrito los senadores del bloque del Frente de Todos, Oscar Parrilli, Wado de Pedro, Silvia Sapag, Alicia Kirchner y Carolina Moisés.
Respecto a los recursos, el proyecto establece que los gastos del Plan ENIA incluyen la contratación de recursos humanos, así como la adquisición y distribución de bienes y servicios de salud sexual y reproductiva. Estos se financiarían con el presupuesto anual del Ministerio de Salud de la Nación y deberían incrementarse en términos reales cada año. Este aspecto es relevante dado que, en 2020, el estudio "Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en la Adolescencia en la Argentina" del Fondo de Población de las Naciones Unidas reveló que estos embarazos costaban 32 mil millones de pesos anuales.