Edenor empezó a instalar en la provincia de Buenos Aires medidores de luz que funcionan con un servicio prepago. Al igual que los planes de celulares que tienen ese mismo sistema o la tarjeta Sube, las familias deben ir a un kiosco o local de pago de servicios para cargar dinero a su cuenta y así tener electricidad. Si el medidor se queda sin crédito, la luz se corta. Así viven en 180.000 hogares.
El plan de la empresa es extender el sistema a 250.000 usuarios para fines de 2019, según informó a RED/ACCIÓN Eduardo Mirabelli, vocero de Edenor, desde donde consideran que la medida es una forma de formalizar las conexiones de todos aquellos que están “colgados” de la luz, reducir la morosidad, simplificar el control del uso del suministro y alentar a “consumir electricidad de manera inteligente”.
Sin embargo, el modelo está generando que en los hogares con menos recursos sea cada vez más difícil pagar el servicio. “A veces tienen que elegir entre recargar la luz o comprar alimentos para sus hijos”, advirtió el padre Francisco Paco Olveira, sacerdote del colectivo en Opción por los Pobres, al referirse a la situación que viven, por ejemplo, familias de barrios vulnerables de Merlo, en el Oeste del Conurbano.
Cuando una familia no puede recargar el medidor y se queda sin crédito, el sistema permite que sigan recibiendo hasta 150 kWh de energía, que se les cobrará en la próxima carga. Pero si llegan a agotar ese "saldo negativo", la empresa les corta el servicio.
En cuanto al precio del servicio, quienes tienen medidores prepagos pagan prácticamente lo mismo que los usuarios de barrios de clase media y alta. Por lo que para las familias que no tienen garantizados sus ingresos mensuales básicos, se vuelve un servicio casi inaccesible.
Un plan con alcance en 21 municipios
Lo que entre fines de 2016, comienzos de 2017 —y aún antes— Edenor comenzaba a poner en práctica a modo de “prueba piloto”, hoy es una medida consolidada y en expansión. La "solución" que encontró Edenor surgió incluso antes de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) definiera las normas para esto, ya que según informa en su sitio web aprobó una primera versión del reglamento a fines de 2017.
En dos polos opuestos respecto a los beneficios de plan, tanto Mirabelli como Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), coinciden en que los antecedentes de este tipo de medidores son históricos.
“Nació en Inglaterra, en la década del 70, cuando Margaret Thatcher empezó a tener conflictos gremiales por el carbón. Entonces la gente prendía una vela a la noche porque no podía pagar la luz”, señala Bassano y agrega: “Las empresas de servicios, cuando están liberadas al mercado sin intervención del Estado ni siquiera para cumplir normas constitucionales, generan problemáticas tan severas como la que están viviendo los usuarios. Esto trae aparejado lo que se llama ‘pobreza energética’, es decir, cuando una persona no puede acceder a los principales servicios de energía porque su costo está más allá del ingreso que tiene. Los gobiernos, como el nuestro, han abandonado al usuario y han dejado librado al azar el accionar de las empresas de energía”.
ADDUC es uno de los organismos que actualmente lleva adelante varias denuncias sobre la legalidad del sistema de medidores prepagos.
Mirabelli, por su parte, justifica la adopción de la medida comparando a la Argentina con los países del primer mundo, por un lado, y con aquellos donde hay una pobreza extrema, por el otro: “Este tipo de medidores se iniciaron en lo que hoy conocemos como países desarrollados: Francia, Estados Unidos, Inglaterra. En Sudáfrica el 100% de los medidores son prepagos”. Y recuerda que en nuestro país comenzaron a colocarlos, de manera aislada, en el año 2002: “Arrancamos a modo de prueba piloto con unos 100 medidores. La gestión de aquellos años no lo autorizaba, no lo veía con buenos ojos”. Pese a eso, dice que entre 2003 y 2004 instalaron “unos 5000 de estos medidores”.
“En esta administración del ENRE, lo que era una prueba piloto se convirtió en una regulación perfectamente clara: hoy tenemos alrededor de 180.000 instalados en 21 municipios. Están en nuestra área de concesión, desde Córdoba y Pueyrredón, (Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires) hacia el norte, todo el corredor Norte del Gran Buenos Aires y el corredor Oeste, hasta los municipios de Las Heras, Marcos Paz. Por el momento, en el único municipio en el que no tenemos Medidor Integrado de Energía (MIDE) es la Ciudad de Buenos Aires. Después, hay en todos: en algunos más en otros menos”, señala.
¿Una medida inclusiva o que aumenta las desigualdades?
El vocero de Edenor afirma que los medidores recargables solo traen beneficios: “Incluyen a la gente que está ‘colgada’”; “te avisa si tenés algún dispositivo conectado de manera innecesaria”, “pueden configurarse para que indiquen la cantidad de energía consumida en el día, el saldo, y con una alarma que se active cuando se está consumiendo más de lo que el usuario estableció como límite”, “se aprende a consumir racionalmente, sin desperdiciar energía”. “Con el añadido de un módem se convierten en inteligentes: nos posibilita saber cuándo se cortó el suministro en cada uno de nuestros clientes, poder verificar eventuales movimiento de tensión y cualquier anomalía que exista”, afirma Mirabelli y asegura que tiene medida la satisfacción: “Las encuestas hechas entre los que tienen los MIDE indican un 99,75% de aceptación y satisfacción”.
Sin embargo, el padre Paco Olveira asegura que lo que él ve a diario no es lo que describe la empresa: “En Libertad, Merlo, hay un barrio que se llama Barrio Nuevo. Dentro de ese barrio hay un asentamiento que se llama Eva Perón donde viven, aproximadamente, unas 100 familias. Allá los vecinos tienen medidores prepagos: tienen que ir a un comercio donde pagan, por ejemplo, $50 y con eso tienen luz hasta que se agotan los $50. Después, si no tienen más plata para recargar, se quedan a oscuras. A veces tienen que elegir entre recargar la luz o comprar alimentos para los hijos”.
Mirabelli explica que para colocar estos medidores recargables “tiene que haber por lo menos calles y en los barrios o asentamientos suele haber pasillos, con lo cual no se cumplen reglamentos básicos de seguridad para la instalación”. De todos modos, dice que en casos en que los usuarios no pueden pagar no les corresponde hacerse cargo: “Nosotros no somos una empresa pública, somos una empresa privada. No recibimos fondos del Estado. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad”.
Leandro Rooseleer, vocero del ENRE, adhirió a la postura de la distribuidora: “El objetivo [de los medidores prepagos] es cubrir aquellos casos en que el usuario no puede pagar mensualmente el consumo y que, de alguna manera, se pueda autoadministrar”. Respecto a la situación del barrio Eva Perón señaló que “en ese caso es el Municipio el que debe hacerse responsable por la situación y colocar un medidor comunitario”.
De todos modos, no es el único barrio. Bassano, de ADDUC, asegura que son muchos los usuarios que no pueden pagar las recargas del medidor: “La energía prepaga tiene dos consecuencias nefastas: la primera, que si no tenés suficiente carga te cortan la luz y podés quedar en el medio de cualquier situación inconveniente (comiendo, bañándote, pidiendo un médico)”. La segunda, dice, “es que es más cara”, porque la mayoría de los usuarios, para evitar que se les corte la luz, recargan el medidor antes de haber gastado toda la energía que habían comprado, ese saldo que tenían no se les bonifica en la nueva carga. “Cuando vos estás comprando kilowatts obtenés determinada cantidad pero quedan otros que no usaste. Con eso se paga entre un 5% y un 20% demás”.
Respecto a los modos en que la distribuidora se contacta con los usuarios que no pueden abonar para que se suscriban al medidor prepago también hay entredichos. La empresa no puede obligar a los consumidores a pasarse a este sistema. Según el ENRE “la instalación del medidor autoadministrado deberá contar con la expresa adhesión por parte del usuario titular del suministro (...) y la distribuidora deberá informar al usuario sobre el funcionamiento del dispositivo y la forma de controlar sus consumos. Esto supone la entrega de un manual explicativo y de una lista con los datos de los puntos de venta anticipada de energía eléctrica”.
Pero aunque Mirabelli asegura que en ningún caso Edenor colocó sin pedido de los usuarios el medidor de energía recargable porque “para instalarlo el futuro cliente tiene que firmar una solicitud y si no quiere no se le instala”, Bassano dice que ya son "miles" las denuncias que hay por este tema: “Lo han hecho sin previo aviso y sin la autorización del consumidor, por lo que son ilegítimos esos actos. Debe ser previo y a solicitud del consumidor, no con la anuencia y con la autorización firmada en el momento de la colocación o después porque se están violando normas del código civil. El consumidor no puede renunciar a sus derechos. Las normas son de orden público y ninguna resolución del ENRE o del Ministerio de Energía pueden suplantar o cambiar reglas de raigambre constitucional (artículo 65 de la Ley 24.240)”.
Un modelo que podría pasar a ser la regla y no la excepción
Aunque por el momento los usuarios de los medidores prepagos son, principalmente, quienes tienen dificultades para afrontar un abono mensual, Mirabelli asegura que de acá a algunos años todos utilizaremos estos dispositivos. “Vamos hacia ahí porque la tecnología es largamente superadora. Es más, a través de la app de Edenor digital a cualquier hora del día podés recargar energía eléctrica si te quedaste sin y no te diste cuenta. No ocurre. No tenemos casos. Porque las personas se metodizan. A veces subestimamos a las personas. Pero empiezan a saber cuánto consumen, cuánto les dura. Lo mismo que hacemos con otras cosas de nuestra vida cotidiana. Se va hacia ahí: hacia el medidor inteligente”.
Bassano asevera en cambio que “el país no puede sostener más este grupo de empresas. Es como si una familia de bajos recursos comprara una Ferrari que no le sirve para nada porque son cuatro los que tienen que entrar. El futuro Gobierno tiene que crear un sistema que les sirva a los argentinos porque esto es muy caro, no se puede pagar en ninguna parte del país. El próximo Congreso tendrá que resolver qué hace con estas empresas”.
