NUEVA YORK – Son tiempos difíciles para las mujeres: desde la iniciativa de los republicanos estadounidenses de hacer que la Corte Suprema anule Roe v. Wade, la sentencia que en 1973 consagró el derecho al aborto, al aumento de las restricciones en Polonia al acceso a anticonceptivos de emergencia y el drástico enfoque de Brasil a la educación sexual. Pero si algo ha demostrado el movimiento feminista global a lo largo de los años es que puede superar potentes resistencias para defender los derechos de los grupos marginados. En 2020 volverá a hacerlo.
El reto es formidable. La perpetuación de normas de género regresivas es el corolario inevitable del autoritarismo, el etnonacionalismo y la xenofobia adoptados por los líderes políticos de muchos países, en particular Brasil, Hungría, India, Turquía y Estados Unidos.
Según los líderes “fuertes” como el brasileño Jair Bolsonaro, el húngaro Viktor Orbán y el indio Narendra Modi, las mujeres nacen para ser madres y esposas, los inmigrantes y las minorías raciales, étnicas y religiosas son peligrosos e inferiores, y las personas LGBTQI+ merecen ser excluidas, detenidas o incluso asesinadas. Estos líderes han envalentonado a la gente que comparte sus puntos de vista a participar en actos de discriminación y ataques violentos contra minorías raciales o de otros tipos, migrantes, mujeres y otros grupos marginados.
Con medidas como restricciones al aborto y la anticoncepción y la eliminación de políticas de protección a las personas LGBTQI+, estos líderes han buscado controlar los cuerpos ajenos, su sexualidad y su reproducción, y castigar a quienes desafían sus caducas creencias. Por ejemplo, inmediatamente después de asumir su cargo en la Casa Blanca, el Presidente estadounidense Donald Trump reinstauró la “ley mordaza global”, que perjudica fatalmente a las mujeres al prohibir la ayuda estadounidense a cualquier organización que provea, refiera o promueva atención sanitaria abortiva.
Sin embargo, como presidenta de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres y una experimentada promotora de los derechos de la mujer, he visto de primera mano lo que el movimiento feminista puede hacer. Por ejemplo, la lucha de las feministas argentinas contra las muy estrictas leyes antiaborto vigentes en su país.
Hace veinte años en las Naciones Unidas, diplomáticos argentinos se negaron siquiera a reconocer la existencia de los derechos sexuales o reproductivos. Pero en 2005 las feministas argentinas lanzaron la Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, comenzando una difícil batalla contra poderosos adversarios.
En 2018, cientos de miles de activistas se tomaron las calles en todo el país usando pañuelos verdes (hoy un símbolo global de la lucha por el aborto) para exigir al Senado que aprobara una ley que legalizaba el aborto. Perdieron, pero por un estrecho margen, en un resultado que habría parecido imposible hacía un par de años atrás. Y siguieron luchando. El mes pasado, asumió el mando del país un presidente, Alberto Fernández, que se ha comprometido a legalizar el aborto.
Nunca es fácil el proceso de lograr un cambio social que proteja a los grupos marginados. No hay victorias rápidas contra oponentes débiles. Pero, como lo han demostrado una y otra vez las feministas, si se tiene un compromiso sostenido los cambios que una vez parecieron imposibles pueden parecer inevitables más adelante.
Solo en el último año ha habido numerosos ejemplos de estos cambios. El estado mexicano de Oaxaca y el estado australiano de Nueva Gales del Sur descriminalizaron el aborto, como también lo hizo Irlanda del Norte, mientras otros países liberalizaron sus leyes, ampliando las circunstancias en que las mujeres pueden tener acceso a servicios de aborto seguros y legales. En abril, la Corte Suprema de Corea del Sur derogó como inconstitucional la ley antiaborto local, fijando la escena para la descriminalización este año.
Más allá del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado en 2019 en Austria, Ecuador, Irlanda del Norte y Taiwán. Más aún, en un notable cambio de poder político, Finlandia eligió como primera ministro a Sanna Marin, una mujer de 34 años. Los cinco partidos políticos que forman la coalición gobernante del país están encabezados por mujeres, y cuatro de ellas tienen menos de 40 años de edad.
Quienes promueven los derechos de las mujeres se han comprometido a hacer del 2020 un año igualmente importante para la lucha global por la igualdad, no solo de mujeres y niñas, sino de todos los seres humanos. Por ejemplo, en India las mujeres están liderando las protestas contra una nueva ley de ciudadanía que discrimina a los musulmanes.
Resulta particularmente inspirador el que chicas jóvenes y activistas no binarios estén encabezando movimientos por un cambio transformacional. Por ejemplo, Emma González lidera un movimiento por una reforma a la propiedad de las armas de fuego en EE.UU.; Bertha Zúñiga defiende los derechos a la tierra de los pueblos indígenas en Honduras; y Jamie Margolin y Greta Thunberg han surgido como líderes del activismo contra el cambio climático.
Este año se cumplen 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones Unidas, que reconoció los derechos de la mujer como derechos humanos y estableció el lugar de la igualdad de género en la agenda global. Desde la creación de la plataforma, los activistas la han utilizado para hacer que los gobiernos cumplan sus compromisos sobre una amplia gama de problemáticas, como la mortalidad materna, el matrimonio infantil, la violencia de género, la participación política y los derechos reproductivos.
Las activistas del feminismo proseguirán con este trabajo en el Foro Generación Igualdad Beijing+25, convocado por México y Francia, en Ciudad de México y París en julio. Allí llamarán a asumir nuevos y osados compromisos para dar respuesta a desafíos transversales como el cambio climático y la crisis de refugiados.
Esta perspectiva más amplia es vital. De hecho, las feministas deben fortalecer sus alianzas con otros movimientos progresistas, especialmente aquellos que luchan por la sostenibilidad ambiental, la justicia racial y los derechos de las personas LGBTQI+. Solo mediante la movilización conjunta y el apoyo recíproco de las agendas podremos superar las fuerzas del supremacismo blanco, heteronormado, patriarcal y explotador para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible.
Los efectos de estas iniciativas dependerán de las decisiones de los ciudadanos y las autoridades. Las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre próximo tendrán consecuencias importantes. Para mejor o peor, Estados Unidos tiene un impacto desproporcionado sobre la manera en que el resto del mundo responde a problemas en múltiples ámbitos, como la acción para evitar el cambio climático, la ayuda extranjera, la diplomacia y los derechos humanos.
Si Trump pierde las elecciones, Estados Unidos podría volver a ser un ejemplo positivo, reviviendo la cooperación multilateral, renovando el apoyo a las agencias de la ONU que trabajan sobre la salud y los derechos humanos, y asegurándose de que puestos clave del gobierno y la judicatura una vez más estén ocupados por personas que apoyan los derechos humanos y el estado de derecho. Pero, ocurra lo que sea, una cosa es segura: el movimiento feminista y sus aliados progresistas no tirarán la toalla.
Françoise Girard es Presidenta de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres.
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