Una gota de carfentanilo puede matar a un ser humano en muy poco tiempo. Antes de que la mención de ese químico llegara a todos los medios por el caso de la cocaína adulterada (justamente con carfentanilo), solo los veterinarios lo sabían. Pero entre el 2 y el 3 de febrero, con la muerte de 24 personas y más de 80 intoxicaciones en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el carfentanilo, un opioide relacionado con la morfina, se hizo conocido. ¿Para qué se usa? Sirve como anestesia para elefantes, hipopótamos y rinocerontes. Y luego de que haya sido mezclado con cocaína —todavía no sabe oficialmente si fue adrede—, surge una pregunta: ¿cómo se puede proteger al consumidor de un producto ilegal, sin que eso signifique dar apoyo a ese consumo?
Admitir que hay gente que se droga y proponerle ayuda y cierto control para evitar un mal mayor es un abordaje que se llama “reducción de daños”. No es un apoyo al consumo, sino un replanteo de paradigma, según los especialistas. El concepto fue ideado a partir de las experiencias de Liverpool, Ámsterdam, Rotterdam y otras ciudades de Europa en los años '80. Implementaban acciones como el intercambio de jeringas y la dispensación clínica de metadona para usuarios de heroína. Pero en la Argentina actual, la gran pregunta es si pueden convivir la lucha contra el narcotráfico con la seguridad del consumidor.
“Mientras la tenencia para el consumo personal siga penalizada, se coloca el problema en la sustancia por su ilegalidad”, dice Jorgelina Di Iorio, doctora en Psicología y coordinadora del Área de Intervención y Capacitación de Intercambios, una asociación civil dedicada al estudio y la atención de problemas relacionados con las drogas.
“Eso dificulta la atención en salud: las personas que usan drogas están estigmatizadas y por eso muchas veces no cuentan lo que les pasa ni a sus familiares ni a los servicios de salud. En la medida en que esto siga siendo considerado ilegal, se dificulta el acceso a la salud. Así que el primer punto sería la modificación de la Ley de Drogas [23.737]. En el mientras tanto, tenemos la Ley de Salud Mental [26.657], que plantea que hay que acompañar con abordajes múltiples y diversos a quienes usan drogas. Acompañar en vez de castigar a quien tiene un consumo problemático”.
El 3 de febrero, ante las muertes por intoxicación, Intercambios emitió un comunicado en el que señalaba que la falta de información había impedido anticipar una tragedia como esta y que podía ser pertinente la experiencia de Estados Unidos tras la epidemia de opiáceos para observar qué herramientas y estrategias se utilizaron: por ejemplo, salas de consumo seguro y provisión de jeringas. La distribución de naloxona también se proponía: es un antídoto contra los opioides que revierte completamente los efectos de una sobredosis si es administrado a tiempo. “Que se aplique como una política de reducción de daños”, decía el comunicado, “implicaría que no solo esté disponible en centros de salud sino también que se encuentre al alcance de la población. En algunos países ya puede adquirirse en farmacias sin receta. También existen tiras reactivas que indican la presencia de fentanilo, que son muy fáciles de usar y económicas”.
Otro punto de vista es pensar que la mayoría de las personas que llegan a un tratamiento de rehabilitación lo hacen de manera coercitiva. Obligados por un familiar, una esposa, una novia, el colegio, el juez, el empleador: “La mayoría no quiere parar por voluntad propia”, dice Ignacio O’Donnell, director de la sede de la ciudad de Buenos Aires de la fundación CETRAQ, licenciado en Sociología, magister en Prevención y asistencia de las adicciones y exinterventor del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte
Sigue: “Proteger al consumidor quiere decir concientizar y formar a personas como los médicos, porque muchas veces los consumidores entran en el sistema de salud por otros temas: una pierna rota o un golpe, y no se realiza una detección temprana de su adicción. Lo mismo con los docentes y con la Justicia. Muchos de los consumidores podrían recibir tratamiento en lugar de una causa penal”.
O’Donnell cree que también habría que hacer una campaña de información y concientización respecto a las adicciones a las drogas para que no acarreen estigmas y sean consideradas como otro tipo de adicciones: por ejemplo, al juego o a la comida. Controlar y enseñar a tomar alcohol y fármacos también le parece importante. “La manera principal de proteger al consumidor”, dice, “es vincularlo rápidamente al sistema de salud. En vez de meterlo en el sistema penal y criminalizarlo por el consumo, que tenga un contacto rápidamente disponible con un médico”.
Pero él, quizás desde una posición pragmática, no cree que el concepto de reducción de daños se aplique hoy acá, sino que es utilizado en Estados Unidos y otros países donde hay heroína. “La reducción de daños se puede aplicar en casos de pibes que están en volquetes comiendo basura y fumando pasta base, pero es un concepto que para mí no dice nada”, dice. “El modelo viable tiene que ver con la información temprana y la detección, la participación de la familia, los seguimientos a largo plazo. Para los adictos graves, la adición debe ser tomada como una enfermedad crónica que se cura con un proceso largo e integral”.
El consumo crecía antes de la pandemia (pasó de 3,6% de la población en el año 2010 a 8,3 % en la 2017, según la SEDRONAR) y, aparentemente, ha vuelto a crecer en los últimos meses.
Un informe de la SEDRONAR de 2017 —uno de los últimos disponibles públicamente— dice: “El 5,3 % de la población entre 12 y 65 años consumió cocaína alguna vez en su vida, lo que implica un incremento del 100% con respecto al estudio del 2010. En comparación con el año 2010 se triplicó el consumo alguna vez en la vida entre adolescentes. El 1,5% de la población declaró consumo de cocaína en el último año, el 2,4% de los varones y el 0.7% de las mujeres. Al igual que con la marihuana, entre los 18 y 24 años se encuentran las tasas más altas”.
En 2018, Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), dijo que en el país había unas 2,5 millones de personas con problemas graves en el consumo de varias sustancias.
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Pistas desde el Estado
“Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”, dijo en la tarde del 2 de febrero, en plena crisis, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Algunos lo criticaron como apologista. “En mi experiencia de funcionario público, esto tiene que ver con atajar la urgencia”, considera O’Donnell. “Es una declaración de emergencia”. Al mensaje del ministro lo siguió uno similar del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “La alerta que se generó desde el Ministerio de Salud de la Provincia es una acción de reducción de riesgos y daños”, dice Di Iorio. “Hay pistas para ir en esa dirección, son avances”.
En Pasala mejor: Más cuidados, menos riesgos - Manual de estrategias preventivas en contextos de ocio nocturno y recreativos, un documento de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), se lee:
- “Más que la eliminación del uso de drogas, la reducción de daños busca, a través de estrategias planificadas y articuladas, favorecer que el uso de drogas ocasione el mínimo de daños posible a la sociedad y sus ciudadanos. La estrategia fundamental de esta última –competencia de los gobiernos- se apoya en la educación sanitaria, que se dirige a alcanzar la modificación de los conocimientos, actitudes y comportamientos de salud de las personas, grupos y comunidades incidiendo sobre los determinantes de salud individuales, comunitarios y sociopolíticos.”
- “Nuestro desafío en tanto política pública será brindar la información real y necesaria sobre los efectos, los riesgos y los daños asociados al consumo de sustancias, garantizar mejores condiciones ambientales y de acceso en los espacios de ocio, con el fin de -información mediante- fomentar un efectivo proceso de toma de decisiones y de generación de autonomía con estrategias y mensajes preventivos que nos acerquen al usuario y que contemplen los diferentes contextos y patrones de consumo.”
“En nuestro país”, dice Di Iorio, “la Ley de Salud Mental tiene a la reducción de riesgos y daños como uno de los abordajes, y lo que plantea es disminuir los efectos negativos de los usos de drogas, que son diversos y no solo médicos, sino también sociales, legales o vinculares. La reducción de daños es una política sanitaria que reconoce que los consumos de sustancias psicoactivas son parte de la vida cotidiana de las comunidades y de los países. Es un modelo planteado con la evidencia empírica de que los modelos prohibicionistas no funcionan”.
¿Dos ejemplos señalados por Di Iorio? “En los últimos años se han multiplicado los dispositivos territoriales de la SEDRONAR. Y la sanción de la Ley de Canabis Medicinal”.
➡️ SEDRONAR, línea gratuita y anónima de ayuda y prevención: 141
