“Cuando alguien rompe un vidrio, no solo hay que reparar el vidrio, sino también las relaciones”. Horacio Monsalvo ilustra de manera sencilla un modelo de justicia que se ha convertido en el nuevo paradigma en distintos lugares del mundo y que se aplica hace años con éxito en dos municipios bonaerenses. Se llama justicia restaurativa.
“Es un proceso en el cual todas las partes implicadas en un delito resuelven colectivamente cómo solucionar sus consecuencias y las implicaciones a futuro, no es solo una reparación en términos materiales”, sintetiza Monsalvo, director de Mediación de la Municipalidad de San Martín y responsable de su Programa Justicia Juvenil Restaurativa, uno de los que aplica este modelo en el país.
Howard Zehr, autor de El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa, explica que este es un modelo que puede aplicarse de distintas maneras, siempre siguiendo un principio fundamental: “El comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino que también hiere a las víctimas y a la comunidad, por lo cual, víctimas y comunidad deben ser parte en la resolución del conflicto”.
La justicia restaurativa es una práctica recomendada por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de adolescentes (Reglas de Beijing). Naciones Unidas se refiere a este modelo como una “respuesta evolutiva al delito, que promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades”.
La experiencia de San Martín
En el municipio de San Martín, el Programa Justicia Juvenil Restaurativa —por el cual ya pasaron más de 500 jóvenes— se inició en 2013 con la suscripción del convenio entre distintas instituciones que intervienen. Luego de una prueba piloto, se puso en marcha formalmente. Consiste en un trabajo de reflexión y diálogo que involucra a las distintas partes implicadas. Originalmente fue pensado para jóvenes de entre 16 y 18 años que hubieran cometido delitos menores, pero más adelante también se incluyó a quienes están por debajo de la edad de imputabilidad (que en la Argentina es de 16 años).
“Si analizamos el comportamiento de los adolescentes, vemos que no necesariamente cambia frente a la sanción o la amenaza de la sanción. Los adolescentes no responden a la amenaza, no como un adulto. Teníamos que encontrar algo que funcionase mejor que el proceso penal tradicional. Lo que pretende la restauración es, además, reparar el vínculo que se dañó al cometerse un delito o transgresión”, dice Monsalvo. Y explica que parte del proceso es promover la reconciliación entre la víctima y el victimario, lo cual, “no siempre significa que terminen abrazados”.
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El programa de justicia restaurativa en San Martín, premiado en 2019 en el XI Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, implica un trabajo coordinado de la Fiscalía General, la Municipalidad y el Colegio de Abogados de la localidad. Por un lado, los fiscales analizan qué casos de delitos pueden ser derivados al programa. Luego, un equipo de profesionales de Psicología y Trabajo Social evalúa si el victimario está en condiciones de participar o si se requiere un trabajo previo (algo que puede darse, por ejemplo, en un caso de consumos problemáticos). Finalmente, un grupo de operadores y operadoras (que son abogadas y abogados) trabaja con la víctima, el victimario y la comunidad en busca de una estrategia restaurativa.
El tratamiento de cada caso es heterogéneo. “Se hacen entrevistas con el joven y con la víctima y, a veces, también encuentros entre ambos. No hay respuestas únicas”, aclara Monsalvo y señala que hay tres instancias necesarias en este proceso: “Primero, debe haber un reconocimiento por parte del infractor de lo que pasó; luego, debe responsabilizarse y, finalmente, ambas partes tienen que acordar una forma de reparación”.
Este proceso, entonces, incluye la voz de la víctima. “Le permite expresar las consecuencias que padeció. A veces, cuando llamamos a la víctima de un delito, se sorprende. Escucharlas ayuda a fortalecerlas”, aclara Monsalvo.
El abogado menciona un ejemplo que amplía la idea con la que comenzó esta nota: “A una persona le rompieron el vidrio del auto. Estaba convencida de que se trataba de una venganza, porque había tenido una discusión con adolescentes en la plaza. Pero a partir de las entrevistas que hizo en el programa se dio cuenta de que en realidad la rotura se había producido por accidente en medio de una disputa entre los propios adolescentes. Entonces, se dio cuenta de que no tenía motivos para sentir temor”.
“La compañía de seguros arregló el vidrio —sigue Monsalvo—, pero en uno de los encuentros con la víctima, el joven victimario señaló que quería hacer algo, necesitaba reparar de alguna forma simbólica el daño producido. Y le propuso: ‘Al menos, te lavo el auto dos fines de semana’”.
Monsalvo señala que el joven que comete un delito está en un contexto particular en el que se debe buscar su reinserción, que no sea estigmatizado ni excluido. “Si en la escuela, el club o el barrio le dicen ‘ladrón’ es difícil que pueda salir de eso”, explica. Por eso, una parte del programa de justicia restaurativa en San Martín es el trabajo de concientización en escuelas, clubes o sociedades de fomento.
Un ejemplo de este proceso es lo que ocurrió en un caso de amenaza de bombas en una escuela. “La víctima en una amenaza de bomba es la escuela. Los victimarios son parte de su comunidad. Pero la respuesta inicial de muchas escuelas es expulsarlos, y esto no es razonable”, describe Monsalvo. En lugar de eso, dice el abogado, lo aconsejable es un trabajo reflexivo. “Por ejemplo, en una escuela muy grande de San Martín los jóvenes no habían advertido lo que generaban esas amenazas cuando había que evacuar a los niños y niñas del jardín maternal. Al darse cuenta de lo que ocurría y tener la oportunidad de seguir integrados al colegio, la comunidad quedó fortalecida y no volvieron las amenazas de bomba”.
El trabajo en San Isidro
Otro municipio que aplica desde hace varios años un modelo de justicia restaurativa es San Isidro. “El programa nació en 2013 con el objetivo de crear una respuesta distinta para los jóvenes en conflicto con la ley penal. Nos enfocamos especialmente en inimputables, es decir, menores de 16 años, porque cuando ellos cometían un delito el sistema jurídico no tenía una respuesta”, explica Raúl Calvo Soler, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, autor de diversos libros y especialista en resolución de conflictos, a la cabeza del programa en San Isidro.
En esta localidad de la zona norte del conurbano bonaerense, el programa responde a un trabajo conjunto entre la municipalidad, el Colegio de Abogados de San Isidro, la Procuración (en un comienzo fue la Fiscalía), la Asociación de Magistrados, el Obispado y la Universidad de San Andrés.
“Primero trabajamos con jóvenes no institucionalizados. Cuando un menor de 16 comete un delito, el sistema, la Fiscalía, la Defensoría y los jueces sobreseen la causa, la archivan; a esa edad no puede haber respuesta judicializada. Entonces, al principio nos enfocamos en aquello de lo que el sistema judicial no se estaba ocupando. Hoy también trabajamos con jóvenes que cumplen penas. En cualquiera de estos casos se puede hacer una intervención”, destaca Calvo Soler.
En el programa trabajan siete personas, todas parte de la Fundación Funrepar que desarrolla proyectos de justicia restaurativa en la Argentina y otros países.
“Trabajamos con las dos partes involucradas en un hecho. A veces se concreta el encuentro entre víctima y victimario, en otras no es posible o necesario. Pero es importante destacar que la justicia restaurativa no es mediación penal. En la mediación se busca nada más que un acuerdo para pagar”, distingue el especialista.
“Cuando nos piden la intervención, ya sea con un joven institucionalizado o no, lo primero que hacemos es un análisis de contexto: el entorno del victimario, su realidad. También conversamos con la víctima, para entender qué pasó, cómo ve las cosas”, detalla.
En cuanto al victimario, lo que busca el programa es que reflexione, que reconozca los hechos, se responsabilice y piense en cómo reparar el daño, igual que en San Martín.
Se trabaja con distintas estrategias según el caso. “Lo restaurativo depende de la particularidad del individuo. A diferencia de la justicia penal, es clave la particularidad de cada persona”, define el abogado.
“Este es un proceso que hacemos de manera reflexiva: con cámara Gesell, con herramientas como el deporte, el arte y todo lo que ayude al victimario a entender qué hizo, qué consecuencias generó, cómo impactó en otras personas y cómo puede restaurar el daño”, cuenta.
La pandemia de COVID-19 menguó el trabajo de los programas de justicia restaurativa de ambos municipios. No solo porque bajaron los casos de delitos juveniles al principio del aislamiento, sino también porque la modalidad de trabajo, como por ejemplo los encuentros en cámara Gesell, debe promover la confianza y confidencialidad, algo por demás complicado cuando no se puede hacer de manera presencial. Así, las actividades se han reactivado paulatinamente, en la medida en que las restricciones sanitarias lo fueron permitiendo.
“No tiene sentido que un joven repare si no entiende el daño que ha provocado. La clave es que entienda, no que repare por reparar, no que diga que es responsable porque tiene enfrente a un juez o un fiscal que lo presiona, sino porque lo entendió, porque pudo ver lo que hizo”, destaca Calvo Soler, quien también ha participado de capacitaciones durante una prueba piloto en Pergamino, donde se implementó el programa en 2018.
“Por otra parte, con la persona perjudicada por un delito también trabajamos el proceso de inteligencia emocional, el manejo de la situación, la legitimación como víctima”, agrega Calvo Soler. Intentamos que se sienta protagonista, que para ella tenga sentido responder a la pregunta: ‘¿Cómo podría usted ser reparada?’”.
“Para nosotros, el joven restaura porque entendió el daño provocado. Y la víctima se siente restaurada, en parte, porque ha sido protagonista en el proceso. Para nosotros, es la clave para que no haya reincidencia”, reflexiona el letrado.
Un paradigma cada vez más común
La justicia restaurativa es un paradigma cada vez más elegido.
“Todos los países europeos, también los anglosajones, tienen programas de justicia restaurativa. Es extraño encontrar estados del primer mundo que no desarrollen estos modelos”, dice Calvo Soler.
Monsalvo destaca como referencias los modelos que trabajan en Bélgica y en Cataluña. En San Martín, tomaron como base a este último para capacitar al personal.
“La formación fue muy importante en términos de guía conceptual y modalidad de trabajo. Pero también hubo que hacer adaptaciones a la realidad del conurbano bonaerense. Los casos acá son muy distintos: revelan otro tipo de vulnerabilidades que no existen en Cataluña”, aclara el abogado de San Martín.
En esa línea, Calvo Soler, apunta: “No tomamos modelos de otros países. La justicia restaurativa tiene un componente que es la cultura. Extrapolar un modelo de otro país es extrapolar un modelo que quizás no existe”.
Los casos
“Trabajamos con casos de delitos menores, acaso contravenciones. Tratamos de llegar antes de que pasen a mayores. Son los que el sistema judicial descarta, para los cuales hoy no hay una respuesta”, explica Monsalvo el tipo de hechos y las personas sobre las que tiene incidencia el programa de San Martín. Los menores de 16 años son derivados del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. “Hemos recibido jóvenes de 13 y 14 años”, dice. En todos los casos, destaca el abogado, la participación en el programa es voluntaria. “Quien quiere abandonarlo, puede hacerlo, pero no ocurre con frecuencia”, aclara.
El objetivo es trabajar en casos de delitos menores para prevenir los mayores. “Cuando ves en la televisión a un joven involucrado en un homicidio, por ejemplo, no es que un día se levantó para ir a matar. Es alguien que comenzó con un delito pequeño, pero nadie hizo nada”, apunta.
De todas maneras, la experiencia en San Martín no es la única posible. Calvo Soler, a cargo de un programa que incluye casos de jóvenes institucionalizados, destaca que “en muchos lugares del mundo se trabaja la justicia restaurativa también con adultos”.
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Programas efectivos
“¿Cómo medir la efectividad de estos programas? Suele hacerse a partir del número de jóvenes que participaron y no volvieron a ser detectados por el sistema”, señala Monsalvo. Y cuenta, satisfecho, que en San Martín el número de repitencia es 0.
Por su parte, Calvo Soler destaca: “Tenemos un informe de la Universidad de San Andrés que manifiesta que desde que está el programa en funcionamiento, el municipio de San Isidro, en comparación a otros de la provincia, ha venido reduciendo los niveles de delincuencia juvenil”.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 9 de julio de 2021.
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