El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que inyectar con desinfectante de uso doméstico a los enfermos de coronavirus podría curarlos. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a la policía y a los militares matar a tiros a “quien creara problemas” durante la cuarentena. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó durante semanas que el virus fuera un peligro y continuó abrazando y estrechándoles la mano a sus simpatizantes, solo para dar un súbito giro e imponer un estricto encierro sin el menor aviso.

Dado que los líderes populistas tanto de la derecha como de la izquierda han ocupado los primeros puestos en el ránking de la incompetencia durante la pandemia, se ha vuelto común afirmar que pronto ellos pasarán a ser sus víctimas políticas. Desgraciadamente, puede que esto sea solo una ilusión. El virus es letal e implacable, pero por sí solo no aplanará la curva del contagio populista.

La crisis ha tenido un subproducto saludable: restaurar un mínimo de respeto por los conocimientos especializados. Luego de haber convertido el menosprecio de los expertos en el distintivo de sus carreras políticas, tanto Trump como el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se han visto obligados a realizar conferencias de prensa junto con sus asesores científicos, quienes han contradicho abiertamente a sus jefes cuando ha sido necesario. Aún peor, Trump ha tenido que soportar la indignidad de un sondeo que revela que el índice de aprobación de Anthony Fauci, el máximo experto de su gobierno en enfermedades contagiosas, es casi el doble del suyo.

Este es un golpe contra el fervor antielites que ha llevado a los populistas al poder. Sin embargo, otros factores todavía operan a su favor. Ciertamente, los populistas afiebrados no son los únicos que han demostrado ser incapaces. El primer ministro de España, Pedro Sánchez, y el de Italia, Giuseppe Conte, –que no son populistas ellos mismos, pero en cuyos gobiernos de coalición participan populistas– tienen el poco envidiable antecedente de estar a la cabeza de países que lideran al mundo en el número per cápita de muertes por coronavirus.

Y, de todos modos, ¿quién dijo que los hechos determinan las preferencias políticas? Es posible que en la era del COVID-19, el peso de las noticias falsas y de la política impulsada por la identidad, no esté en descenso sino en aumento. Trump culpó a China por el virus y prohibió la entrada de migrantes a Estados Unidos, lo que su base aplaudió. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ha seguido el mismo guión, afirmando que la crisis del coronavirus es una triquiñuela de los medios de comunicación. Como dijo un epidemiólogo de la Universidad de São Paulo: "Es como si todos estuviéramos en un mismo tren que va hacia el borde de un precipicio y alguien dice: '¡Cuidado! ¡Ahí hay un precipicio!' Y los pasajeros exclaman: '¡Oh no, no es así!' Y el conductor del tren concluye: '¡De acuerdo, no hay nada por delante!'"

Puesto que es difícil establecer relaciones causales (¿Son efectivas las cuarentenas para enlentecer la tasa de contagio? ¿Son efectivas las políticas fiscales expansionistas para que la economía salga de una recesión?) la mayor parte de la gente no espera formarse una opinión propia. En su lugar, uno escucha a las personas que dicen saber y sigue esta simple norma: les creo a aquellos con quienes me puedo identificar, que hablan y actúan como yo, y que posiblemente compartan mis valores y tomen las decisiones que yo hubiera tomado de haber tenido suficiente información.

Es por ello que los votantes confían en los políticos populistas y desconfían del establishment político, de los líderes de las instituciones tradicionales y, hasta hace poco, de los expertos y tecnócratas. Por lo tanto, el que los populistas ganen o pierdan políticamente como resultado de la pandemia, depende de si la crisis fortalece o debilita aún más la confianza en las instituciones democráticas.

Puedo imaginar dos respuestas muy diferentes a esta segunda cuestión. La primera es la de 2010: según lo estimaron muchos electores, luego de la crisis financiera global, los grandes bancos obtuvieron un rescate, mientras que el ciudadano de a pie solo consiguió desempleo y perder su casa. (Por supuesto que en Estados Unidos dicho rescate evitó otra Gran Depresión y además le permitió al Estado ganar dinero, pero eso no lo sabe nadie).

En algunos países, la recuperación económica fue lenta; en otros, como Grecia, la crisis se arrastró por casi diez años. Añadiendo una cucharada de corrupción, una pizca de ineptitud y un chorrito de escándalo jugoso, desde la FIFA a la Iglesia Católica, voilà: obtenemos un perfecto estofado de desconfianza. No remamos todos para el mismo lado, fue la conclusión de muchas personas. Las elites solo trabajan para sí mismas. Como dice Donald Trump: ¡hay que drenar el pantano!

La segunda respuesta se remonta a 1945. De las ruinas y la devastación de la guerra surgió una confianza social duradera. En el caso del Reino Unido y Estados Unidos, el joven rico de la Universidad de Oxford o de Yale había luchado lado a lado con el hijo de un minero del carbón de North Yorkshire o de Hazard, Kentucky. Las empresas privadas, grandes y pequeñas, se habían movilizado para un propósito común: ganar la guerra. Y los políticos habían cumplido la mayor promesa que un político puede hacer: alcanzar la victoria.

El sufrimiento y la pérdida de vidas durante la Segunda Guerra Mundial fue horrible. Sin embargo, en muchos países la conclusión razonable de los ciudadanos fue: estamos en esto juntos, y juntos construiremos un mañana mejor.

Y ahora… ¿la respuesta será la de 2010 o la de 1945?

Si bien es muy temprano para decidirlo, el aplauso ritual a los trabajadores de la salud de primera línea, sea en Nueva York, Madrid, París o Estambul, recuerda el espíritu de 1945. En mi rincón de Londres, los vecinos salimos todos los jueves a las 8:00 p.m. en punto, no solo para celebrar al Servicio Nacional de Salud, sino también para intercambiar historias y ofrecernos ayuda unos a otros con las compras o el cuidado de algún niño que lo necesite .

La confianza en una institución pública y en los vecinos es mala para el populismo, y los políticos populistas lo saben. Es por ello que Santiago Abascal, el líder de Vox, el movimiento de extrema derecha de España, exige que se ponga fin a los aplausos y a las entusiastas canciones que los acompañan, y que en su lugar los españoles toquen las cacerolas en contra del gobierno.

Pero antes de que los liberales demócratas se ilusionen demasiado, deben recordar que la crisis también va a crear muchas divisiones: entre los profesionales que pueden trabajar desde su casa y los obreros fabriles que no pueden hacerlo; entre los adultos mayores que no pueden salir y los jóvenes que sí podrían pero permanecen encerrados a causa de un decreto gubernamental; y entre los trabajadores formales que pueden recibir un subsidio salarial y los autónomos que han perdido todo ingreso.

Es posible que la curva del contagio del virus se esté aplanando, pero las curvas del desempleo y de las quiebras comerciales aún van en alza. Si al shock de salud pública le sigue una crisis económica prolongada y con muchas víctimas, la confianza en el gobierno y en las instituciones sufrirá, y las identidades nacionales se fracturarán aún más. Será una repetición del 2010, o peor. Como dice el refrán: unidos resistimos, divididos caemos. Si terminamos cayendo, no serán los demócratas liberales quienes recojan los platos rotos.

Andrés Velasco, excandidato a la presidencia y ex Ministro de Hacienda de Chile, es Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

© Project Syndicate 1995–2021.

Es evidente que, a día de hoy, la mayor preocupación a nivel mundial es vencer a la COVID-19, evitando más muertes y nuevos contagios. Una vez logrado este objetivo, la crisis económica producida por esta pandemia será el asunto más acuciante.

La situación actual deja la problemática del medio ambiente en un plano muy secundario. Sin embargo, aquellos que nos dedicamos a la contaminación ambiental no podemos bajar la guardia.

El parón de las actividades económicas debido a la cuarentena mundial nos ha proporcionado buenas noticias a nivel ambiental: el saneamiento de la capa de ozono y la mejora de la calidad del aire y de las aguas.

Sin embargo, también se ha observado un incremento en la producción y consumo de material plástico, sobre todo de usar y tirar. Este aumento se da tanto en el uso hospitalario como en el uso doméstico y probablemente irá en aumento a medida que avance el desconfinamiento de los ciudadanos.

No debemos olvidar que la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales del planeta según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado en 2019.

El plástico para usos hospitalarios

El plástico es un material imprescindible para los equipos de protección individual (EPI) del personal sanitario. Las mascarillas que utilizan, las denominadas FPP, tienen un material filtrante constituido por un entramado de fibras plásticas que retiene los virus.

Además de las mascarillas, otros EPI también hechos de material plástico son los guantes, las batas impermeables, las gafas y viseras y las pantallas protectoras faciales. Pero el uso de material plástico en los hospitales no se reduce a los EPI. Incluye también diversas piezas para equipos médicos, como respiradores y ventiladores, jeringas de policarbonato, tubos médicos de PVC, bolsas de sangre…

A causa de la pandemia, la generación de residuos hospitalarios se ha incrementado de forma exponencial. Por ejemplo, los residuos generados en los hospitales asturianos se han multiplicado por cuatro, estimándose en unas 185 toneladas durante el mes de abril.

A estos residuos hospitalarios debemos sumar también los residuos generados en las residencias de ancianos. En Valencia capital se han recogido 134 toneladas de residuos procedentes de 20 residencias en menos de un mes.

Todos estos residuos no pueden ser reciclados y su destino será bien vertederos o bien incineración. El problema se sitúa ahora en las instalaciones de tratamiento térmico de residuos hospitalarios que empiezan a estar colapsadas.

En Asturias, estos tratamientos térmicos se han incrementado un 307 %. En otras comunidades como Madrid, se ha optado por derivar parte de estos residuos a instalaciones de residuos sólidos urbanos. En la incineradora de Valdemingómez ya se han tratado más de 90 toneladas de residuos sanitarios desde principios del mes de abril.

Debemos cuestionarnos el posible riesgo ambiental de estos procesos. Si no se trabaja con las condiciones óptimas para la incineración de residuos que poseen un elevado contenido en plástico, se pueden generar emisiones de compuestos cancerígenos como las dioxinas y los furanos.

Plástico en el ámbito doméstico

Hace unas semanas, el Gobierno recomendó a los ciudadanos el uso de mascarillas para salir a la calle o acudir a supermercados y farmacias. Esta misma recomendación se ha extendido por todo el mundo, por lo que miles de millones de personas están utilizando mascarillas de plástico, que además son de un solo uso. Italia estima que necesita usar unos 90 millones de mascarillas al mes.

Lamentablemente, ya se han empezado a ver mascarillas flotando en las playas del archipiélago de Soko, situado entre Hong Kong y Lantau. Es el indicativo de una mala gestión de este residuo.

Cuando salimos a la calle también utilizamos otros artículos sanitarios de un solo uso como guantes, geles hidroalcohólicos o toallitas desinfectantes. Después de su utilización, mascarillas, guantes y toallitas deben ir al contenedor de resto, por lo que tampoco entrarán en el círculo de reciclaje.

La pandemia de COVID-19 también ha aumentado el consumo de otros plásticos desechables como bolsas, botellas de agua, recipientes para enviar comida a domicilio o embalajes del comercio por internet. Un informe de Ecoembes señala que desde el inicio del estado de alarma se ha incrementado un 15 % la recogida de material en los contenedores amarillos. Este aumento se debe a un mayor consumo dentro de los hogares como consecuencia del confinamiento de la población.

La pandemia está cambiando muchos de nuestros hábitos cotidianos. Ahora preferimos acudir a grandes superficies, donde todo se vende mucho más empaquetado, para realizar una compra completa en un único establecimiento.

También optamos por el uso de bolsas de usar y tirar, en lugar de las bolsas reutilizables, por miedo a que estas últimas se hayan podido contaminar. Todo el material plástico se deshecha, sobre todo al saber que el coronavirus puede permanecer de dos a tres días en el plástico.

Nuevos usos del plástico durante la desescalada

Ahora que nos enfrentamos a las diferentes fases de desconfinamiento, los diversos espacios públicos se están preparando para evitar el contacto entre personas y mantener las distancias de seguridad.

Se está incrementando el uso de mamparas protectoras que actúan como barrera física y aumentan la seguridad de clientes y trabajadores. Estas mamparas ya se han instalado en comercios como farmacias o supermercados y se está evaluando su incorporación en bares y restaurantes, e incluso en el interior de los aviones.

La empresa italiana Nuova Neon Group ha diseñado unos cubículos para poder mantener las distancias de seguridad en las playas. Son similares a los ya utilizados en los hospitales de campaña creados a raíz de la saturación del sistema sanitario.

Tanto las mamparas como los cubículos se fabrican con metacrilato, también conocido como plexiglás. Es un material plástico transparente, irrompible, flexible y resistente que proviene del propileno, uno de los productos resultantes de la refinación del petróleo.

Al igual que todo el material plástico, el empleo de metacrilato requiere de diferentes aditivos químicos, como los retardantes de llama o los filtros solares.

• Los retardantes de llama. Estos compuestos se añaden con el fin de reducir la inflamabilidad. Se ha demostrado que son contaminantes muy persistentes en el medio ambiente y que se acumulan en los organismos vivos. Pueden tener efectos nocivos sobre ellos y sobre las personas, tales como daños neurológicos, disrupción endocrina o cáncer.
• Los filtros solares. Estas sustancias, entre las que se incluyen los benzotriazoles, se aplican como protección contra la radiación UV. También son dañinos para la salud, provocan disrupción endocrina.

Las mamparas y cubículos tienen una vida útil de unos 10 años. Pero la realidad es que, una vez superada la crisis sanitaria, todo este material será retirado y nos encontraremos con una gran cantidad de residuo plástico. Deberemos ser capaces de gestionarlo correctamente, evitando su impacto ambiental en ecosistemas terrestres y acuáticos.

¿Un paso atrás en la reducción del plástico?

Hasta la llegada de la pandemia de COVID-19, el 2021 parecía ser un año crucial en la lucha contra el empleo abusivo del plástico. Sobre todo para los de un solo uso, que deberían estar prohibidos en la Unión Europea a partir del año que viene.

Asimismo, el 6 de marzo de este año, España se sumaba al Pacto Europeo de los Plásticos, una iniciativa con el objetivo de reducir su uso innecesario.

La ironía es que, hasta antes de la pandemia, la sociedad estaba plenamente concienciada de los problemas de sostenibilidad de los plásticos. Sin embargo, la necesidad de contener la propagación del virus ha causado el resurgimiento del plástico como un material indispensable.

Por otro lado, tenemos la cuestión económica. Los precios bajos del petróleo implican que se podría fabricar mucho plástico aún más barato. Algunos parlamentarios europeos así como algunos lobbies industriales, entre ellos los transformadores de plástico, están solicitando un relajamiento de ciertos estándares medioambientales para facilitar la recuperación económica. Piden un retraso de al menos un año en la implementación de la Directiva de plásticos y que se levanten las prohibiciones de algunos artículos de un solo uso.

Es cierto que por motivos de higiene y salud no es factible prohibir el uso de plásticos de un solo uso mientras dure la emergencia sanitaria. Pero es muy importante evitar que, una vez resuelta la crisis, se produzca un mayor problema ambiental. No hay que olvidar que la problemática de la contaminación por plásticos seguirá aún presente.

Urge el desarrollo de materiales alternativos a los plásticos más biodegradables y más reciclables, así como el avance en el diseño de nuevos aditivos químicos que sean menos contaminantes. Si a día de hoy dispusiéramos de estas soluciones, el actual incremento del uso de material plástico no estaría afectando tan negativamente al medio ambiente.

Ethel Eljarrat, Investigadora Científica del Departamento de Química Ambiental, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA - CSIC)

© The Conversation. Republicado con permiso.

Las catástrofes hacen aflorar las desigualdades. Aunque un cataclismo sanitario, como el causado por la COVID-19, ataca a todos los estratos sociales, dispongan de más o menos dinero, ante una crisis de esta envergadura la desigualdad social se hace aún más visible.

El impacto de la pandemia tiende en la práctica a ser muy asimétrico, pues los medios de los que disponen los distintos países e individuos para afrontarla no son los mismos. El supuesto carácter ‘democrático’ de la enfermedad es tan sólo aparente.

No todos los confinamientos son iguales

Durante el confinamiento, las diferencias en las condiciones de vida se acrecientan y estas diferencias pueden resultar decisivas para poder mantener la salud física y mental. Así, por ejemplo, son enormemente disímiles las posibilidades de practicar el distanciamiento físico recomendado en estas circunstancias.

Piénsese en lo dispar que son las condiciones de las personas sin techo, los que están encarcelados o quienes moran en hogares de reducidas dimensiones e insalubres frente a quienes habitan casas con un pequeño jardín o los que disfrutan de grandes mansiones.

No todos los confinamientos son iguales. Y el caso de los refugiados y los migrantes irregulares resulta paradigmático, sobre todo en cuanto a las condiciones de precariedad y vulnerabilidad. Si los efectos catastróficos de la pandemia son duros para todos, estas personas los perciben de una manera muy intensa.

Estamos ante una crisis múltiple y sus efectos no han acabado de notarse. Crece la certeza de que tras los miles de muertos, llegarán los millones de parados y, allí donde no exista un potente sistema de cobertura social, los millones de pobres. Sin un sólido Estado de bienestar no es posible garantizar que los cuidados que todos necesitamos durante y tras la pandemia lleguen efectivamente a todos.

La crisis también se hace sentir entre los inmigrantes

Es urgente y necesario articular una renta básica para todas las personas que han perdido su empleo o se encuentran en situación de verdadera emergencia. Ahora más que nunca, cobertura sanitaria y servicios sociales son también prestaciones imprescindibles. Y de esas medidas los inmigrantes no pueden quedar excluidos, convivan con nosotros de manera regular o irregular.

Si los migrantes y refugiados no están adecuadamente protegidos no será posible controlar la pandemia. Si no se pone remedio a las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se desenvuelven las vidas de no pocos de ellos, la pandemia no se detendrá.

Nuestra seguridad, la de todos, no estará garantizada si no lo están también sus derechos. Una cosa no va sin la otra.

Es una realidad fácilmente contrastable que, en medio de la pandemia y en los lugares donde más se les necesita, los inmigrantes están trabajando para frenar la propagación de la COVID-19 (en países como Gran Bretaña y Estados Unidos, por poner dos casos, el porcentaje de sanitarios con origen migrante se aproxima al 40%) y para sostener los suministros y los servicios básicos. Son indispensables para el cuidado doméstico de personas dependientes o para la recogida de las cosechas que mantienen la cadena alimentaria. Y esas labores las realizan con un gran riesgo para su salud.

Estos trabajadores van a ser también imprescindibles para la recuperación de una economía ahora en añicos. Su labor es esencial (haciendo uso de la jerga puesta ahora en circulación), pero sus condiciones son precarias. Una injusticia que no se debe dejar pasar sin reparar.

El mensaje populista que no cesa

Sin embargo, ni en tiempos de pandemia han cesado los mensajes emitidos desde sectores nacionalpopulistas, ahora en pleno auge, de las sociedades más prósperas del planeta. Se reiteran en la necesidad de implantar controles aún más estrictos en las fronteras para frenar la expansión de la pandemia, en línea con su tradicional fijación por el control de la inmigración. Frente a estas demandas intempestivas e insolidarias, en estos tiempos se han producido dos tipos de reacciones sobre las que merece la pena reflexionar y tomar nota.

Por un lado, se está registrando una inmigración inversa que muchos no esperaban, pero que ya se dio cuando en la anterior crisis económica numerosos inmigrantes regresaron a sus países de origen de manera discreta. En estos momentos, hay migrantes que están pagando cantidades para ellos astronómicas con el fin de poder huir de España y cruzar el Mediterráneo hacia las costas africanas. Este tipo de reacción corrobora una tendencia observada ya por los expertos: los flujos migratorios propenden a la autorregulación sin que sean precisas imposiciones autoritarias.

Por otro lado, nos encontramos con reacciones políticas que difieren del chovinismo de bienestar al que nos hemos ido acostumbrado. En este sentido, es de destacar la decisión adoptada por el gobierno portugués al inicio de la pandemia de proceder a la regularización de la situación de aquellos inmigrantes que tenían pendientes la autorización de residencia. De este modo, pueden acceder no sólo al subsidio de paro sino también a los servicios de salud, algo crucial para controlar la pandemia.

Juan Carlos Velasco es el editor del blog "Migraciones. Reflexiones cívicas"

© The Conversation. Republicado con permiso.

La pandemia de COVID-19 no debe llevar a que los gobiernos reduzcan sus ambiciones climáticas. Acelerar la transición a una economía sostenible de bajos niveles de carbono puede impulsar la recuperación y, al mismo tiempo, desarrollar resiliencia para el futuro.

Otros países podrían buscar inspiración en Dinamarca en cuanto a iniciativas climáticas que además contribuyan a la recuperación económica. El país está poniendo en práctica medidas reales para lograr su objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 70% para 2030 y llegar a cero emisiones en 2050.

Como directores ejecutivos de corporaciones danesas con presencia global en energías renovables, tecnología hídrica y productos farmacéuticos, respectivamente, hemos sido nombrados por el gobierno danés para presidir “asociaciones público-privadas por el clima”, creadas para impulsar la búsqueda objetivos climáticos. Nuestra tarea ha sido desarrollar estrategias integrales para alcanzar las metas de reducción de emisiones en nuestros respectivos sectores de la manera más eficaz en función de los costes.

Tras haber coordinado estas asociaciones durante los últimos siete meses, tenemos la convicción de que los gobiernos de todo el mundo se beneficiarían mucho de este modelo de colaboración y de nuestras conclusiones específicas sobre cómo hacer que los sectores manufacturero, energético, biotecnológico y de las ciencias de la vida logren casi la neutralidad de carbono para 2030. A medida que los países gastan billones de dólares en proteger empleos y medios de vida durante la pandemia, resulta crucial que den forma a ese estímulo de maneras que aseguren una recuperación sostenible en el largo plazo.

La Organización Mundial de la Salud estima que el capital anual necesario para cumplir las metas de emisiones de carbono del Acuerdo climático de París asciende a cerca del 1% del PIB global por año. Por consiguiente, los gobiernos deberían capitalizar la actual oportunidad de trazar planes de recuperación de medio y largo plazo hacia el doble objetivo del estímulo financiero y la descarbonización.

La búsqueda de ambas metas al mismo tiempo no es solo un imperativo moral. También tiene sentido en lo económico. Los gobiernos necesitan con urgencia destrabar la capacidad del sector privado de innovación e inversión, partiendo con objetivos de reducción de emisiones concretos y ambiciosos para 2030 y 2050. Una vez esos objetivos se hayan establecido, los gobiernos deberían involucrar a las empresas en el desarrollo de estrategias de descarbonización específicas por sector.

La lógica de aprovechar el sector privado es sencilla. Los líderes de negocios están en la mejor posición para identificar estrategias de reducción de carbono económicamente sólidas dentro de sus propios sectores y conocen de primera mano lo que necesitan de sus gobiernos para destrabar las inversiones privadas. Eso es lo que llamamos la fórmula danesa de colaboración público-privada.

Los análisis que hemos realizado en nuestras asociaciones por el clima revelan oportunidades que hace solo unos años se habrían considerado impensables. Al aplicar y elevar la escala de tecnologías que ya existen de una manera eficaz en función de los costes, los sectores manufacturero, energético, biotecnológico y de las ciencias de la vida podrían alcanzar la neutralidad de carbono para 2030.

Además, estos sectores también cuentan con tecnologías y servicios con el potencial de impulsar las reducciones de carbono en otros sectores, como productos y servicios con ahorro de energía y el reemplazo de combustibles fósiles con electricidad verde para descarbonizar el transporte y otros sectores de la industria.

Por ello nuestras recomendaciones tienen aplicaciones globales tanto para países en una etapa temprana de descarbonización como para aquellos que ya están bien avanzados en ese proceso. La primera medida clave es que los gobiernos deberían fijar objetivos nacionales ambiciosos de reducción de emisiones para cada sector económico, con lo que darían transparencia y certidumbre de largo plazo para las compañías y los inversionistas.

Segundo, todos los países tienen que crear las condiciones para un aumento importante de la producción de energías renovables, la electrificación verde y la mejora de la eficiencia energética. Los negocios “amigables con el medio ambiente” son buenos negocios: la energía eólica y solar son hoy las opciones más baratas para dos tercios del planeta, y la eficiencia energética mejora la competitividad económica al tiempo que beneficia a los consumidores.

Tercero, nuestros gobiernos deberían ajustar sus marcos normativos para elevar al máximo la inversión en tecnologías innovadoras –como bombas de calor, hidrógeno renovable y biocombustibles- a través de un mayor nivel de investigación, desarrollo y despliegue público y privado.

De manera similar, se debería reformar las adquisiciones públicas y las políticas fiscales para fortalecer los incentivos que promuevan actividades e inversiones bajos en carbono. Y las empresas de todo el mundo deben asumir la responsabilidad más allá de sus propias emisiones directas, presionando para que sus cadenas de suministro globales impulsen reducciones parecidas.

Más allá de estas recomendaciones generales, estamos más que dispuestos a compartir detalles con gobiernos y otras empresas sobre nuestros planes de acción específicos para descarbonizar los sectores manufacturero, energético, biotecnológico y de las ciencias de la vida de manera tan eficaz en función de los costes como sea posible.

Recomendamos a las autoridades y a los líderes empresariales que se basen en estas lecciones al buscar modos de fomentar la recuperación económica y acelerar la transición hacia un mundo menos contaminante.

En términos colectivos, debemos asegurarnos de que la pandemia de COVID-19 no nos retrotraiga al mismo estilo de “negocios como de costumbre” que generó la crisis climática. Al aplicar el modelo y los principios que hemos enunciado, todas las sociedades pueden hacer más que solo recuperarse; pueden también ponerse en forma para el futuro. Ese es el enfoque correcto, tanto en lo ambiental como en lo económico.

Henrik Poulsen es Director Ejecutivo de Orsted. Mads Nipper es Director Ejecutivo de Grundfos. Lars Fruergaard Jorgensen es Director Ejecutivo de Novo Nordisk.

© Project Syndicate 1995–2021.

Los líderes del G20 deben reunirse urgentemente para acordar una respuesta global mejorada y más coordinada a la crisis de COVID-19. Aunque los bloqueos se están reduciendo en muchos lugares, el número diario de nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo alcanzó recientemente su nivel más alto hasta ahora, mientras que la devastadora carga económica de la pandemia continúa aumentando a medida que surgen nuevos epicentros en el mundo emergente y en desarrollo.

Estamos en un momento crítico, porque los países más pobres de África, Asia y América Latina enfrentan emergencias económicas y de salud pública que exigen medidas inmediatas. Un grupo diverso de economías de ingresos medios también necesita ayuda. Juntos, estos países representan casi el 70% de la población mundial y representan aproximadamente un tercio del PIB mundial.

Sus necesidades se agudizarán en los meses y años venideros. La Organización Internacional del Trabajo espera que las horas de trabajo globales en el segundo trimestre de 2020 estén un 10.5% por debajo de los niveles anteriores a la crisis, lo que equivale a la pérdida de más de 300 millones de empleos a tiempo completo. Y, por primera vez en este siglo, la pobreza mundial está aumentando.

De hecho, una recesión global podría revertir hasta tres décadas de mejoras en los niveles de vida y, según una estimación, empujar a 420-580 millones de personas a la pobreza en todo el mundo. Además, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que COVID-19 probablemente duplicará el número de personas que padecen hambre aguda, a 265 millones.

La pandemia también ha dado lugar a la mayor emergencia educativa de nuestra vida, con 1.700 millones de niños, más del 90% del total mundial, que no asistieron a la escuela debido a los cierres patronales. En los países pobres, muchos nunca pueden regresar. Millones de niños que ya no reciben comidas escolares pasan hambre y los gobiernos con problemas de liquidez están reduciendo la ayuda educativa.

Esta emergencia económica y social global no terminará hasta que superemos la emergencia sanitaria mundial. Y eso requerirá superarlo en todos los países.

Damos la bienvenida a las promesas por un total de $ 8 mil millones en una cumbre virtual especial del 4 de mayo para desarrollar vacunas, diagnósticos y tratamientos COVID-19, e instamos a los gobiernos y otros donantes a pagar estas contribuciones de inmediato. Pero queda mucho por hacer.

La coordinación global es particularmente importante en el desarrollo, la fabricación en masa y la distribución equitativa de cualquier vacuna eventual. Y, dado que dicha vacuna debe estar disponible de manera universal y gratuita, instamos a todos los miembros del G20 a que apoyen la reposición de fondos para Gavi, la Alianza de Vacunas, en una conferencia de promesas en línea el 4 de junio.

En una línea similar, la capacidad de prueba de COVID-19 debe incrementarse y desplegarse a una escala mucho mayor. Además, una colaboración transfronteriza más estrecha es esencial para aumentar el suministro mundial limitado de equipos médicos vitales. Los países en desarrollo también necesitan apoyo para desarrollar sus sistemas y capacidades de salud, y para mejorar sus redes de seguridad social. Y los países del G20 deberían apoyar el llamamiento de las Naciones Unidas para proteger a los refugiados, las personas desplazadas y otras personas que dependen de la ayuda humanitaria.

Como reflejo del deterioro económico y fiscal sin precedentes en muchas economías emergentes y en desarrollo, más de 100 países han pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional. Más probablemente lo hará. Pero aunque el FMI ha dicho que estos países necesitan $ 2.5 billones para superar la crisis, solo se ha asignado una fracción de esa cantidad.

Entonces, si bien acogemos con beneplácito las buenas intenciones en el corazón del plan de acción COVID-19 del G20, los líderes mundiales deben hacer más.

Primero, el alivio de la deuda de los 76 países de la Asociación Internacional de Fomento debe ampliarse radicalmente para incluir el alivio de los acreedores bilaterales y privados hasta el final de 2021. Además, los acreedores multilaterales deben demostrar que están proporcionando nuevos préstamos netos; si no, deben proporcionar alivio de la deuda. Y debido a que se está acabando el tiempo para que los acreedores privados otorguen alivio de la deuda voluntariamente, ahora se debe considerar un nuevo enfoque vinculante.

Mientras tanto, una docena o más de economías de mercados emergentes pueden encontrarse con problemas de servicio de la deuda en los próximos meses. El FMI debería prepararse ahora para reunir a las partes relevantes.

En segundo lugar, el G20 debería acordar que se proporcionarán los $ 2.5 billones de apoyo necesarios. Esto requerirá que el FMI, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo aumenten sus límites máximos de préstamos y subvenciones, y los bancos multilaterales de desarrollo aumentarán su cartera de préstamos pendientes en los próximos 18 meses de $ 500 mil millones a $ 650-700 mil millones. Estas instituciones deben asegurar mayores recursos y permitir un despliegue más ambicioso de su capital para que puedan actuar adecuadamente.

Todo esto hace imprescindible una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (el activo de reserva global del FMI) y la transferencia de asignaciones existentes no utilizadas y nuevas a países desesperados por apoyo. Un nuevo problema de DEG liberaría $ 600 mil millones de inmediato, y más de $ 1 billón para 2022. El G20 debería reunir el apoyo político para esta medida y emprender el trabajo técnico necesario, para que pueda implementarse tan pronto como se llegue a un acuerdo.

En la primera etapa de la crisis de COVID-19, se hizo hincapié en la provisión de liquidez, la protección del empleo y las inversiones de emergencia en salud. Ahora, a medida que los encargados de formular políticas buscan devolver la economía mundial a los niveles de crecimiento anteriores a la crisis, es vital una mejor coordinación fiscal y monetaria.

Por lo tanto, los gobiernos deberían considerar establecer un objetivo de crecimiento global junto con los objetivos nacionales de inflación. La inversión verde debe ser parte del estímulo, y los gobiernos deben favorecer los proyectos de infraestructura que promuevan el desarrollo sostenible y, por lo tanto, ayuden a combatir el cambio climático.

Para recaudar ingresos vitales para los gobiernos nacionales, los líderes mundiales deberían acordar una estrategia coordinada para recuperar el dinero perdido para los paraísos fiscales. Los países deben intercambiar automáticamente información tributaria, levantar el velo del secreto que rodea a los beneficiarios y fideicomisos beneficiarios y sancionar a los países que no cumplen con los requisitos y que se niegan a implementar las reglas acordadas.

COVID-19 es un llamado de atención para que el mundo construya un multilateralismo nuevo y más efectivo que esté equipado para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La arquitectura financiera y de salud global debe ser reforzada, y en parte rediseñada, para mejorar nuestra preparación y capacidad para combatir crisis futuras rápidamente y a escala. La acción adicional del G20 para evitar que la recesión inducida por la pandemia se profundice y mitigar su impacto en las personas más pobres del mundo, avanzaría en este objetivo. Instamos a sus líderes a aceptar lo que debe hacerse ahora.

Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido, es Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Educación Global y Presidente de la Comisión Internacional de Financiación de la Oportunidad de Educación Global. Erik Berglöf, ex economista jefe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, es Director del Instituto de Asuntos Globales de la London School of Economics and Political Science. Helen Clark, ex primer ministro de Nueva Zelanda, es ex administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministro de finanzas de Nigeria, es presidente de la Junta de Gavi, la Alianza de Vacunas y Miembro Distinguido de la Iniciativa de Crecimiento de África en la Brookings Institution.

© Project Syndicate 1995–2021.

COVID-19 ha exacerbado las fallas profundas en la economía global, exponiendo claramente las divisiones y desigualdades de nuestro mundo actual. También ha multiplicado y amplificado las voces de quienes piden reformas de gran alcance. Cuando incluso el conjunto de Davos está emitiendo llamados para un "restablecimiento global del capitalismo", se sabe que los cambios están en marcha.

Hay algunos hilos comunes que se ejecutan en las agendas políticas recientemente propuestas: para preparar a la fuerza laboral para las nuevas tecnologías, los gobiernos deben mejorar los programas de educación y capacitación e integrarlos mejor con los requisitos del mercado laboral. Se debe mejorar la protección social y el seguro social, especialmente para los trabajadores en la economía de las app y en los arreglos de trabajo informales.

En términos más generales, la disminución del poder de negociación de los trabajadores en las últimas décadas apunta a la necesidad de nuevas formas de diálogo social y cooperación entre empleadores y empleados.

Se deben introducir impuestos progresivos mejor diseñados para abordar la ampliación de la desigualdad de ingresos. Las políticas antimonopolio deben revitalizarse para garantizar una mayor competencia, particularmente en lo que respecta a las plataformas de redes sociales y las nuevas tecnologías.

El cambio climático debe abordarse de frente. Y los gobiernos deben desempeñar un papel más importante en el fomento de nuevas tecnologías digitales y verdes.

En conjunto, estas reformas cambiarían sustancialmente la forma en que operan nuestras economías. Pero no alteran fundamentalmente la narrativa sobre cómo deberían funcionar las economías de mercado; ni representan una desviación radical para la política económica. Lo más crítico es que eluden el desafío central que debemos abordar: reorganizar la producción.

Nuestros problemas económicos centrales (pobreza, desigualdad, exclusión e inseguridad) tienen muchas raíces. Pero se reproducen y refuerzan diariamente en el curso de la producción, como un subproducto inmediato de las decisiones de las empresas sobre empleo, inversión e innovación.

En el lenguaje economista, estas decisiones están plagadas de "externalidades": tienen consecuencias que se extienden a otras personas, empresas y partes de la economía.

Las externalidades pueden ser positivas: piense en aprender los efectos indirectos de la investigación y el desarrollo, que son bien reconocidos (y constituyen la justificación de los créditos fiscales y otros subsidios públicos). Las externalidades negativas obvias son la contaminación ambiental y los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima.

Tales efectos indirectos también incluyen lo que podría llamarse externalidades de "buenos trabajos". Los “buenos trabajos” son aquellos que son relativamente estables, que pagan lo suficientemente bien como para sustentar un nivel de vida razonable con cierta seguridad y ahorro, garantizan condiciones de trabajo seguras y ofrecen oportunidades para el progreso profesional. Las empresas que las generan contribuyen a la vitalidad de sus comunidades.

Por el contrario, la escasez de buenos empleos a menudo conlleva altos costos sociales y políticos: familias rotas, abuso de sustancias y delincuencia, así como una disminución de la confianza en el gobierno, los expertos y las instituciones, la polarización partidista y el nacionalismo populista. También hay claras ineficiencias económicas, ya que las tecnologías que mejoran la productividad permanecen reprimidas en algunas empresas y no se extienden, lo que contribuye a un crecimiento salarial general anémico.

Las decisiones de las empresas acerca de cuántos trabajadores emplear, cuánto pagar y cómo organizar el trabajo no afectan solo el resultado final. Cuando una empresa decide automatizar su línea de producción o externalizar parte de su producción a otro país, la comunidad local sufre daños a largo plazo que no son "internalizados" por sus gerentes o accionistas.

La suposición implícita detrás de gran parte de nuestro pensamiento actual, así como el del modelo tradicional de estado de bienestar, es que los "buenos trabajos" de la clase media estarán disponibles para todos con las habilidades adecuadas. Desde esta perspectiva, la estrategia adecuada para fomentar la inclusión es una que combine el gasto en educación y capacitación, un sistema progresivo de impuestos y transferencias y el seguro social contra riesgos idiosincráticos como el desempleo, la enfermedad y la discapacidad.

Pero la inseguridad económica y la desigualdad de hoy son problemas estructurales. Las tendencias seculares en tecnología y globalización están vaciando la mitad de la distribución del empleo. El resultado son más trabajos malos que no ofrecen estabilidad, salarios suficientes y progresión profesional, y mercados laborales permanentemente deprimidos fuera de los principales centros metropolitanos.

Abordar estos problemas requiere una estrategia diferente que aborde la creación de buenos empleos directamente. La responsabilidad debería recaer en las empresas para internalizar las repercusiones económicas y sociales que causan. لعبة بلاك جاك اون لاين مجانا Por lo tanto, el sector productivo debe estar en el corazón de la nueva estrategia.

Dicho sin rodeos, debemos cambiar lo que producimos, cómo lo producimos y quién tiene voz en estas decisiones. Esto requiere no solo nuevas políticas, sino también la reconfiguración de las existentes.

Las políticas activas del mercado laboral diseñadas para aumentar las habilidades y la empleabilidad deben ampliarse a asociaciones con empresas y dirigirse explícitamente a la creación de buenos empleos. Las políticas industriales y regionales que actualmente se centran en incentivos fiscales y subsidios a la inversión deben reemplazarse por servicios y servicios comerciales personalizados para facilitar la creación de empleo al máximo.

Los sistemas nacionales de innovación deben ser rediseñados para orientar las inversiones en nuevas tecnologías en una dirección más favorable al empleo. Y las políticas para combatir el cambio climático, como el Acuerdo Verde Europeo, deben estar explícitamente vinculadas a la creación de empleo en las comunidades rezagadas.

Un nuevo orden económico requiere un quid pro quo explícito entre las empresas privadas y las autoridades públicas. Para prosperar, las empresas necesitan una fuerza laboral confiable y calificada, una buena infraestructura, un ecosistema de proveedores y colaboradores, fácil acceso a la tecnología y un régimen sólido de contratos y derechos de propiedad. La mayoría de estos se proporcionan a través de la acción pública y colectiva, que es el lado del trato del gobierno.

Los gobiernos, a su vez, necesitan que las empresas internalicen las diversas externalidades que sus decisiones laborales, de inversión e innovación producen para sus comunidades y sociedades. العاب الربح Y las empresas deben cumplir con su parte del trato, no como una cuestión de responsabilidad social corporativa, sino como parte de un marco regulatorio y de gobierno explícito. العب اون لاين مجانا

Sobre todo, una nueva estrategia debe abandonar la separación tradicional entre las políticas favorables al crecimiento y las políticas sociales. Un crecimiento económico más rápido requiere la difusión de nuevas tecnologías y oportunidades productivas entre las empresas más pequeñas y segmentos más amplios de la fuerza laboral, en lugar de limitar su uso a una élite estrecha. Y mejores perspectivas de empleo reducen la desigualdad y la inseguridad económica de manera más efectiva que la redistribución fiscal sola. En pocas palabras, el crecimiento y las agendas sociales son lo mismo.

Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es el autor de Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy. Stefanie Stantcheva es profesora de economía en la Universidad de Harvard.

© Project Syndicate 1995–2021.

El más que probable incremento de la pobreza y la desigualdad que se dará tras la pandemia de la covid-19 hace recordar la importancia de la Carta Universal de los Derechos Humanos.

Dicha carta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en uno de los peores momentos del siglo XX, apenas tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue el punto de partida de una nueva convivencia. Hoy es el momento de recuperarla, dado que estamos ante uno de los desafíos mundiales de mayor dimensión desde entonces.

Pactos y protocolos

Para desarrollar la Carta Universal de los Derechos Humanos se aprobaron, en 1976, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDPC). Con estos pactos se desarrollaron diversos protocolos, que son de obligado cumplimiento para los países que los han ratificado.

En 1976, la gran mayoría de los países se comprometieron con la defensa de los derechos civiles y políticos. Además, en 1989 se desarrolló un protocolo especial para la abolición de la pena de muerte.

El compromiso con los derechos económicos, sociales y culturales contenido en el PIDESC tuvo que esperar 32 años, pues el Protocolo Facultativo para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales solo se ratificó en 2008.

Algunos países, entre ellos Estados Unidos, no lo han ratificado y otros, como Arabia Saudí, Sudán, Tanzania o Botswana, ni siquiera lo han suscrito. España, en cambio, ha ratificado ambos protocolos.

¿Cómo se hacen efectivos los derechos económicos, sociales y culturales?

Es frecuente que los derechos económicos, sociales y culturales se resientan en tiempos de crisis. Todavía permanece en el recuerdo la crisis de la zona euro entre 2009 y 2012.

Los estados deben garantizar a la ciudadanía el cumplimiento y disfrute de estos derechos. No se trata solo de impedir que se violen, sino de garantizar que las personas puedan ejercerlos. Dicho de otra forma, los estados tienen la obligación de hacer lo que sea necesario para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos.

En 1999 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció las “Observaciones Generales” para determinar cuáles eran las mejores formas de desarrollarlos. Entre ellas destacan:

• Obligación de respetar. Los estados no han de hacer nada que afecte negativamente el disfrute de un derecho económico por parte de la sociedad. Por ejemplo, en cuanto al derecho a la alimentación, no habrían de llevar a cabo medidas que malgasten el agua o utilicen alimentos para fines no alimentarios. En el caso del maíz, debe ser empleado para alimentar antes que para fabricar biocombustibles que sustituyan al petróleo.

• Obligación de proteger. Los estados tienen que diseñar políticas que protejan los derechos económicos. Siguiendo con el ejemplo del derecho a la alimentación, un estado debe desarrollar políticas encaminadas a la conservación del medioambiente, la producción de alimentos sanos y nutritivos, etc.

• Obligación de facilitar. Cuando no es suficiente con respetar y proteger, hay que intervenir. Por ejemplo, si un país no tiene suficientes alimentos para su población, habrá que solicitar ayuda alimentaria del exterior o importar alimentos.

La gestión de la crisis del coronavirus y los derechos económicos

Esta triple crisis sanitaria, económica y social pone de manifiesto la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por ello hay que evitar que suponga un recorte de derechos o un olvido (o incumplimiento) de los compromisos internacionales con la Carta Universal de los Derechos Humanos.

Ya ocurrió así hace más de una década y ese error no se puede repetir. La crisis de 2009-2012 de la zona Euro se saldó con fuertes recortes. En los países más golpeados, las políticas de austeridad afectaron de forma muy importante a la sanidad, la educación y la lucha contra la exclusión social.

También erosionaron el trabajo decente, el acceso a la vivienda e incluso servicios básicos como la alimentación.

El confinamiento ha mostrado que el impacto no es igual para todos. Depende de los derechos económicos que se tengan previamente y del compromiso del Estado para garantizarlos.

El trabajo decente, una cuestión individual, pero también social

Los trabajadores informales de América Latina (y no digamos de África) se enfrentan a un enorme riesgo de contagio. Estas personas tienen que salir cada día a buscarse la vida para poder comer. El dinero del que disponen lo consiguen diariamente en sus actividades callejeras.

No tienen ni un salario ni ahorros para sobrevivir confinados. Esto hace que aumente su exposición al virus, y las posibilidades de contagio y expansión de la enfermedad en su comunidad.

La ausencia del derecho al “trabajo decente” es un problema del individuo (que se puede contagiar) pero también de la sociedad (porque se resienten la salud pública, el sistema sanitario y el sistema económico y social del país).

El destino de quienes han conseguido mantener el empleo y el de aquellos que lo han perdido también será diferente. Para evitar que los más perjudicados caigan bajo la línea de la pobreza y la exclusión social, va a ser necesaria una poderosa política de protección ante el desempleo.

No se puede olvidar que los tiempos de pandemia también deben ser tiempos de derechos económicos y sociales. A mediados del siglo XX la Declaración Universal de los Derechos Humanos sentó las bases de la reconstrucción posbélica. Ahora, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben ser el pilar sobre el que se apoye la reconstrucción tras la pandemia de la covid-19.

Ángeles Sánchez Díez, Coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM), Universidad Autónoma de Madrid.

© The Conversation. Republicado con permiso.

A pesar del auge del feminismo en los últimos años, los efectos negativos y generalizados del sexismo en la inteligencia artificial suelen ser subestimados.

Lejos de ser minoritario, el sexismo, y la discriminación que éste genera, impregna hoy en día el funcionamiento de los algoritmos de inteligencia artificial. Esto es un problema porque cada vez usamos más algoritmos para tomar decisiones cruciales sobre nuestras vidas. Por ejemplo, quién puede acceder y quién no a una entrevista de trabajo o a una hipoteca.

Sexismo en los algoritmos

La literatura científica que estudia la presencia de sesgos y errores en los algoritmos de aprendizaje automático está todavía en sus primeras etapas, pero los resultados son muy preocupantes.

Se ha comprobado que los algoritmos heredan los sesgos de género que imperan en nuestra sociedad. Como veremos a continuación, los sesgos humanos llevan a errores sistemáticos en los algoritmos. Es más, a menudo estos sesgos tienden a incrementarse debido a la gran cantidad de datos que manejan los algoritmos y a su uso generalizado.

Por ejemplo, en un estudio en el que se aplicaron técnicas de aprendizaje automático para entrenar a una inteligencia artificial utilizando Google News, se resolvió la analogía “hombre es a programador de ordenadores lo que mujer es a x”. La respuesta automática fue que “x = ama de casa”.

De manera similar, otro hallazgo inquietante fue el que se observó en un algoritmo entrenado con texto tomado de internet. Éste asociaba nombres femeninos como Sarah con palabras atribuidas a la familia, tales como padres y boda. En cambio, nombres masculinos como John tenían asociaciones más fuertes con palabras atribuidas al trabajo, como profesional y salario.

Amazon también tuvo que eliminar su algoritmo de selección de personal porque mostraba un fuerte sesgo de género, penalizando los CV que contenían la palabra mujer.

El sexismo también se cuela en los algoritmos de búsqueda de imágenes. Por ejemplo, una investigación mostró que en Bing se recuperan fotos de mujeres más a menudo al utilizar en las búsquedas palabras con rasgos cálidos, como por ejemplo, sensible o emocional. Por el contrario, palabras con rasgos de competencia, tales como inteligente o racional, están más representados por fotos de hombres. Es más, al buscar la palabra persona se recuperan más a menudo fotos de hombres que de mujeres.

En otro trabajo se observó que el algoritmo asociaba imágenes de compras y cocinas con mujeres. Así, deducía que “si está en la cocina, es mujer” la mayor parte de las veces. En cambio, asociaba imágenes de entrenamiento físico con hombres.

Además de los datos de texto y las imágenes, las entradas e interacciones que realizan los usuarios también refuerzan y nutren el aprendizaje de sesgos de los algoritmos. Un ejemplo de ello lo confirmó un trabajo en el que se observaba que los temas relacionados con la familia y las relaciones románticas se discuten mucho más frecuentemente en los artículos de Wikipedia sobre las mujeres que sobre los hombres. Además, la biografía de mujeres tiende a estar más vinculada (mediante enlaces) a la de los hombres que viceversa.

Sesgo algorítmico en lenguas con género

Hasta la fecha los estudios que se han centrado en examinar el sesgo de género lo han hecho casi exclusivamente analizando el funcionamiento de los algoritmos con el idioma inglés. Sin embargo, esta lengua no tiene género gramatical.

En inglés, la maestra simpática y el maestro simpático se dice igual: the nice teacher. Por tanto, cabe preguntarse qué ocurre con lenguas como el español, que sí tiene género gramatical.

La investigación al respecto ha encontrado sesgos de género al traducir del inglés a idiomas con género gramatical como el nuestro. Por ejemplo, un estudio mostró que al traducir la palabra lawyer del inglés al español había una asociación automática más fuerte con la palabra abogado que abogada. Por el contrario, la palabra nurse estaba más relacionada con la palabra enfermera que enfermero. En principio tendría que haber asociado ambas traducciones con idéntica probabilidad.

A pesar de las numerosas críticas de los últimos años, los sesgos que se producen al traducir desde una lengua sin género gramatical, como el inglés, a una con género gramatical, como el español, se siguen dando hoy en día en algunos traductores automáticos como, por ejemplo, DeepL (ver Figura 1).

Algunos traductores como Google Translate han introducido correcciones. Hoy en día traducen con el masculino genérico un conjunto de palabras (ver Figura 2), pero han incorporado también el desdoblamiento por género femenino y masculino de palabras e incluso frases cortas (ver Figura 3).

¿Qué solución tiene?

En la actualidad, se están desarrollando iniciativas y estándares destinados a abordar el problema de los sesgos algorítmicos. Pero, por el momento, la mayor parte de los sistemas de inteligencia artificial presenta sesgos.

La investigación sugiere que subestimamos los sesgos presentes en las máquinas e incluso tendemos a considerar más justas y preferir las recomendaciones de los algoritmos a las de los humanos. Pero, ¿realmente queremos delegar nuestras decisiones en algoritmos que asocian mujer con ama de casa? IBM predice que “sólo la inteligencia artificial que esté libre de sesgos sobrevivirá”.

Naroa Martinez es investigadora Posdoctoral, Universidad de Deusto, Bilbao. Helena Matute es catedrática de Psicología de la misma universidad.

© The Conversation. Republicado con permiso.