En las cárceles argentinas hay cada vez más presos y hacinamiento. La noticia parece repetida y en parte lo es: hace 10 años que crece la cantidad de personas encerradas y hace 10 años que las celdas que construyen los gobiernos son menos que las personas que se suman a los penales.
El informe que la semana pasada presentó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el sistema penitenciario confirma la tendencia pero también expone que la población carcelaria subió como no lo había hecho desde 2002 y 2003, años posteriores a la última gran crisis económica.
Las personas encarceladas llegaron a ser 85.283 a fines de 2017, un 11,83 % más que en 2016. Ese crecimiento duplica el promedio que registra el país desde 1996, período durante el que solo bajó en 2006 y 2007.
La tasa de presos cada 100 mil habitantes también subió de manera excepcional en el último año: 10,86%. Ese incremento duplica el promedio que venía registrando desde hace dos décadas, aunque todavía mantiene al país con una de las tasas más baja de América.
Una suba récord que recae sobre una población vulnerable
Antes de explicar qué nos dicen estos números, sirve tener presentes estas dos referencias que muestran lo excepcional de la suba:
- El Indec calculó que la población argentina creció un 1% entre 2016 y 2017. En ese mismo año, la población de las cárceles del país subió 12 veces más rápido.
- La tasa de delitos cada 100 mil habitantes bajó un 2% en 2017. Pero la tasa de encarcelamientos cada 100 mil personas subió un 10,86%.
Un segundo punto a visualizar es entender quién, por qué y desde cuándo está preso la mayoría de los detenidos.
- El preso "promedio" es argentino, joven, no tiene estudios ni oficio y es pobre: el 94% es de nacionalidad argentina, el 96% es varón, el 60% tiene menos de 34 años, el 69% tiene como máximo la primaria completa, el 42% estaba desocupado cuando fue detenido y el 51% no tiene oficio.
- El 73% es preso primario: cometió un delito por primera vez.
- Cuatro de cada 10 presos están acusados o condenados por robo o intento de robo.
- El 45% fue detenido durante 2017 o 2016.
¿Qué hizo crecer la cantidad de presos?
Contestar esta pregunta implica entrar en un terreno menos firme, de debate, apoyado en estadísticas y también en hipótesis.
“La gran mayoría de los arrestos son en flagrancia (in fraganti). Y eso podría explicarse principalmente porque la presencia policial en la Argentina ya había escalado a 803 policías cada 100 mil habitantes en 2015 y es la relación más alta de América Latina”, señaló Fernando Cafferata, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad de Tres de Febrero (CELIV).
El dato es de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas y muestra que la Argentina sumó un 18% de efectivos en los últimos cuatro años y tiene proporcionalmente entre dos y cuatro veces más policías que la mayoría de los países del mundo. En América Latina le sigue Uruguay, que suma 676 efectivos cada 100 mil personas.
El problema que plantean varios especialistas es que esa presencia policial lleva tranquilidad a parte de la sociedad pero ataca delitos menores que cometen personas en situaciones vulnerables.
“Lo que hay que preguntarse es por qué hay un mercado para los celulares y autos robados y para lo que se roba en una casa. Hoy, las detenciones sacan de la calle a las personas consideradas peligrosas pero no atacan el problema de fondo, que es el mercado criminal, más allá de lo social”, consideró Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los números marcan que si bien en 2017 hubo una leve baja del 2% en la tasa de delitos, si se lo compara con las cifras de diez años atrás, hay que hablar de un incremento del 9,5%. Es decir, se está muy lejos de resolver el problema de la criminalidad.
Procesos más rápidos que llevan más gente a la cárcel
Otro aspecto que explica el aumento de presos está relacionado con leyes aprobadas en los últimos años que simplificaron procesos judiciales y limitaron beneficios para que los detenidos consigan la libertad anticipada o condicional.
Por un lado, se usa cada vez más el juicio abreviado, una figura instaurada en 1997 que le permite al fiscal hacer un pacto con el imputado a cambio de una pena menor si el acusado admite su culpabilidad.
En 2016, en tanto, se votó la ley de flagrancia, que acelera el juzgamiento de las personas que son vistas y detenidas cuando cometen un delito. Con esa ley, se llegan a condenas apenas 36 horas después de cometido el delito.
“Los juicios unipersonales y la ley que instaura técnicas especiales de investigación, como la figura del arrepentido o los agentes encubiertos informantes, también pueden estar incidiendo en la cantidad de condenados”, consideró Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal.
Finalmente, desde mediados del año pasado, rige una ley que limita las excarcelaciones en casos de delitos graves, entre los que figura desde homicidio y secuestro hasta producción y comercialización de drogas, que son delitos más comunes o expandidos.
Según los registros del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, en 2017 y en comparación con 2016, se redujeron a la mitad o menos las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad, de prelibertad o de prisión discontinua, por ejemplo.
Algunas de estas reformas y otras provinciales hicieron que se revirtiera una tendencia histórica: ahora son más los presos que tienen una condena que los que simplemente están procesados y a la espera del juicio. En 2017, los condenados pasaron a ser el 54,4% de la población carcelaria.
En gran medida, ese giro histórico se explica porque las cárceles bonaerenses, que albergan al 44% de los presos del país, pasaron a tener al 53,5% de sus presos con condena.
“Desde el punto de vista de la política penitenciaria, ese cambio es importante porque estando condenado, el preso está obligado a trabajar, estudiar y hacer deporte. Si no lo hace, pierde beneficios, como reducción de penas, acceso a visitas o más tiempo de patio. Es un aspecto importante para trabajar en la resociabilización”, explicó Juan Baric, subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense.
Más allá de ese punto, la estadística oficial marca que en todo el país aún son mayoría los presos que no reciben ni capacitación laboral ni educación:
Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena
Endurecimiento de penas y de la política criminal
El crecimiento de la población carcelaria también se explica por las reformas penales de las últimas dos décadas.
“Desde la reforma del código penal iniciada con la ley Blumberg, en 2004, los cambios se orientaron a penas más altas, de cumplimiento efectivo y con menos posibilidades de obtener libertades condicionales. Entran muchos y salen pocos”, aseguró Litvachky, del CELS.
Ariel Cejas Meliare, director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, lo ejemplifica: “La mayoría de los detenidos por droga no son traficantes sino mulos. Pero llegan a las cárceles federales con prisión preventiva porque piden al menos 4 años de cárcel, por lo que no pueden llegar libres al juicio. Habría que preguntarse si trafican para enriquecerse o lo hacen por necesidad y falta de instrucción, y por lo tanto deberían darle una excarcelación”.
Justamente, el actual Gobierno asegura haber endurecido su política contra las drogas y orientó recursos en ese sentido. El informe presentado la semana pasada confirma tanto el análisis de Meliare como la promesa del Gobierno: por primera vez los presos por infracción a ley de estupefaciente son más que los encarcelados por homicidio doloso. Mientras que casi cuatro de cada 10 detenidos por la ley de drogas está preso por tenencia o tenencia para comercialización (mulos).
La simplificación de los procesos judiciales y la gran presencia policial en las calles también son vistas por algunos especialistas como un endurecimiento de la política criminal.
Con la creación de la Policía Metropolitana y el traspaso de la Federal a la Ciudad de Buenos Aires, la relación de policías por habitantes trepó a 881 policías cada 100 mil porteños, la más alta del país. Eso podría ayudar a explicar en parte que los detenidos con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires se hayan duplicado en un año, al pasar de 2.585 a 5.265 en 2017.
La sobrepoblación agrava el futuro
El impacto más visible del crecimiento de la población carcelaria es el aumento del hacinamiento. Las cárceles registran una sobrepoblación del 15,2%: hay 11.223 presos más que las plazas disponibles. En 2015 esa relación era del 6,2%.
La situación más crítica se vive en la provincia de Buenos Aires, que llegó a un 24% de sobrepoblación en 2017 y este año cerrará con un nuevo incremento.
“Hay que advertir en este sentido que la mayoría de los presos queda en libertad entre 3 y 5 años después de ser encarcelado. Por eso, cuando hay niveles altos de encarcelamiento, como los que estamos viendo ahora, hay que contar con dispositivos para trabajar con esas personas y que puedan reinsertarse en la sociedad una vez en libertad. De lo contrario, lo que puede ocurrir es que haya un incremento importante del delito de aquí a cinco años”, señaló Cafferata, del CELIV, donde justamente están investigando esos fenómenos en toda América Latina.
Sin embargo, los primeros indicios respecto a la inversión en rehabilitación de los presos no es buena: el proyecto de presupuesto que el Gobierno nacional envió al Congreso prevé un aumento de apenas el 11% de la partida destinada a alojamiento y tratamiento en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Esa cifra representa un ajuste importante, sobre todo si se tiene en cuenta que la inflación de este año superará el 40% y que las cárceles federales tienen actualmente un 15% más de detenidos que en 2016.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la radiografía oficial marca un desafío enorme: en 2017 el 74% de los presos no recibió capacitación laboral y el 53% no participó de ningún programa educativo.
