Paz Rodríguez Niell es abogada y magíster en periodismo y editora de política del diario La Nación. Su área de especialidad es el periodismo judicial, las investigaciones sobre corrupción y la relación de la Justicia con los otros poderes del Estado.
—¿Qué papel cumplen los medios en la comunicación de lo que hace la Justicia? ¿Cuánto les importa a los jueces lo que dicen los periodistas?
—Los medios son importantes. Son un factor de poder. Cumplen una función como comunicadores de lo que pasa en la Justicia, y muchas veces como traductores. Las causas penales, que son de derecho público (esto es, hay un interés del Estado en ellas), son secretas. Suceden dentro de un juzgado y sólo las partes tienen acceso formal a ella. El acceso informal de un periodista a la causa, la abre al resto de la sociedad. Ahora son cada vez menos secretas: muchas veces los jueces contratan asesores de prensa, difunden pasos intermedios de un proceso judicial o preparan gacetillas con información de una causa. Quieren ser ellos los que las expliquen, conscientes de que son complejas.
—¿Qué es la teoría de la defección estratégica y cómo se relaciona con la causa de los cuadernos?
—Es una teoría que elaboró una politóloga estadounidense, Gretchen Helmke, que estudió cuándo y por qué la Justicia toma medidas en contra de un gobierno. Muestra que cuando un gobierno se debilita, los jueces empiezan a tomar medidas en su contra para poner distancia y acercarse al que venga. Así pronostica ciclos políticos inversos. Esto, cualquiera que viva en la Argentina, lo entiende perfectamente. Hace un año y medio había muchos funcionarios presos, que fueron saliendo con el cambio de gobierno. Pero también hay otra explicación: ya se reunió la prueba necesaria y no hace falta que sigan detenidos. A esto se suma que la Cámara de Casación convalidó los testimonios de los arrepentidos, lo cual va en contra de los intereses de Cristina Kirchner. No parece estarse cumpliendo esta vez la defección estratégica.
—El lobby frente a los poderes ejecutivo y legislativo está bastante institucionalizado. ¿Cuál es tu mirada desde el periodismo del lobby judicial?
—Lo primero que hay que decir es que existe. Hay de todo. Puede ser un abogado que lleva la causa y hace ese lobby adentro del expediente, incluyendo afirmaciones que van más allá de lo estrictamente penal: son políticas. Otros son abogados que conocen a los jueces, porque en el micromundo de Comodoro Py hay relaciones que vienen desde la época de la facultad. Hay abogados que hacen lobby de manera más o menos legítima, según cómo plantean esa relación: puede haber una coima o puede haber un alegato de oreja con argumentos jurídicos. Además está el otro mundo de los operadores: funcionarios del Ministerio de Justicia, el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura, etc. Lo importante es qué negocian y para qué.
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