En 2015, 193 países reunidos en Naciones Unidas se comprometieron a poner fin al hambre en todo el mundo de aquí a 2030, como parte de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Queda menos de una década, y las perspectivas de que se alcance el objetivo no parecen buenas. Para mejorarlas, los gobiernos y el sector privado tendrán que encarar al mismo tiempo dos crisis mundiales: la de los alimentos y la del medioambiente.
Estos últimos años, hubo un aumento de la inseguridad alimentaria, como resultado del conflicto violento y del cambio climático, a los que se sumaron la pandemia de COVID‑19 y la consiguiente crisis económica mundial. Hoy hay hasta 811 millones de personas que padecen hambre, de las que 132 millones ingresaron a la categoría de malnutrición durante la pandemia. Y otros tres mil millones de personas son demasiado pobres para pagar por una dieta saludable.
El enfoque tradicional en la lucha contra el hambre se basa en producir más alimentos, pero eso supone un enorme costo ambiental. La agricultura consume el 70% de las reservas de agua dulce del mundo y ocupa el 40% de la superficie disponible. Ha contribuido a llevar al borde de la extinción a alrededor de un millón de especies. La producción de alimentos genera el 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) y es la principal causa de deforestación en la Amazonia.
Eso plantea un difícil dilema a la hora de formular políticas para erradicar el hambre: cómo alimentar a miles de millones de personas y al mismo tiempo salvar el planeta. Por ejemplo, subsidiar el uso de fertilizantes puede contribuir a mejorar los rendimientos agrícolas y reducir el hambre, pero también puede provocar un uso excesivo de nitrógeno, perjudicial para el suelo.
Asimismo, la cría de ganado y el cultivo de arroz generan emisión de metano, un GEI más potente que el dióxido de carbono. El modo más eficaz de reducir las emisiones de metano es mediante impuestos. Pero eso provocará un encarecimiento de los alimentos, afectará el acceso de los consumidores pobres a la nutrición y pondrá en riesgo los medios de vida de agricultores y rancheros.
De modo que es necesario hallar un nivel óptimo de contaminación ambiental que no reduzca la productividad agrícola ni atente contra el bienestar social y económico de las personas pobres. Necesitamos una solución que permita alimentar la mayor cantidad de bocas posible sin poner en riesgo el planeta.
Hallar un plan viable demanda adoptar una mirada holística en relación con los sistemas alimentarios, muy distinta del enfoque compartimentalizado de la actualidad. Para evitar consecuencias no deseadas, es esencial cuantificar los posibles dilemas entre objetivos contrapuestos apelando a datos. Y para pasar de las estrategias basadas en datos a la acción, se necesita un esfuerzo coordinado que impulse la inversión pública y privada.
Ninguna intervención aislada resolverá el problema del hambre. Pero hay estudios que sugieren que una combinación de medidas básicas tendientes a aumentar la productividad agrícola y limitar la pérdida y el desperdicio de alimentos puede reducir en 314 millones durante la próxima década la cantidad de personas que padecen hambre crónica, además de poner dietas saludables al alcance de 568 millones de personas. Ampliar las redes nacionales de seguridad social (incluidos los programas escolares de alimentación) puede dar a otros 2400 millones de personas acceso a una dieta saludable de aquí a 2030.
Otro estudio muestra de qué manera una serie de iniciativas de bajo costo puede salvar del hambre a 500 millones de personas de aquí a 2030 y al mismo tiempo limitar la emisión agrícola de GEI, en sintonía con los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima (2015). Algunas de ellas son: investigación y desarrollo en el área de la agricultura para una producción más eficiente de alimentos; servicios de provisión de información a los agricultores (por ejemplo, pronósticos meteorológicos y precios de los cultivos); programas de alfabetización para las mujeres (que representan casi la mitad de la población de pequeños agricultores en los países en desarrollo); y extensión de la protección social. Para hacerlo factible, sólo es necesario que los países ricos dupliquen el monto que dedican a ayuda alimentaria hasta 26 000 millones de dólares por año hasta 2030 y que los países pobres mantengan el nivel actual de inversión de 19 000 millones de dólares al año.
La automatización puede ayudar a resolver los dilemas que se dan entre la producción de alimentos y la protección del medioambiente. Por ejemplo, ya existen robots (que parecen maquinarias agrícolas de uso habitual en miniatura) capaces de identificar y eliminar malezas. Al hacer innecesario el uso de costosos herbicidas químicos, pueden reducir en un 90% el costo de desmalezar, al tiempo que protegen el suelo del uso de sustancias químicas potencialmente nocivas. Asimismo, es posible usar inteligencia artificial y soluciones basadas en la «nube», en combinación con fotos aéreas tomadas mediante drones, para detectar áreas afectadas por plagas. Los datos recabados facilitarán las decisiones que deben tomar los agricultores en materia de irrigación, siembra y fertilización, además de indicar cuál es el mejor momento del año para vender un cultivo determinado.
Los gobiernos deben colaborar con el sector privado para que estas tecnologías avanzadas para la agricultura de precisión estén a un costo accesible, sobre todo para los pequeños agricultores. La buena noticia es que las empresas privadas se muestran cada vez más interesadas en promover la sostenibilidad, por ejemplo mediante esquemas de «financiación mixta» (blended finance), donde el crédito comercial complementa una inversión inicial de gobiernos u organismos de financiación multilaterales. Mecanismos de financiación como el descrito pueden ser un modo eficaz de reducir el riesgo implícito para la financiación privada y alentar la inversión en la mejora de los sistemas alimentarios.
Por ejemplo, los gobiernos de Estados Unidos y Países Bajos colaboraron con la empresa alemana Neumann Kaffee Gruppe y con tres bancos europeos para proveer 25 millones de dólares en préstamos para la producción sostenible de café a pequeños agricultores en Colombia, Kenia, Honduras, la India, Indonesia, México, Perú y Uganda. Al principio los bancos rechazaron la propuesta, porque la falta de acceso de los pequeños agricultores a servicios financieros les impide demostrar solvencia, y eso los convierte en un grupo de alto riesgo para los prestamistas comerciales. Pero los bancos suscribieron el esquema cuando el gobierno neerlandés y Neumann Kaffee Gruppe acordaron cubrir el primer 10% de las pérdidas si el plan no funcionaba (y el gobierno de Estados Unidos absorbería otro 40%).
Los detractores dirán que revertir la tendencia del hambre creciente es un asunto que pertenece al ámbito de la política interna de cada país. Puede que estén en lo cierto, pero otros problemas, como la emisión de GEI, exceden de la capacidad de cualquier país o región y demandan acciones y financiación en el nivel internacional.
Salvar el planeta no tiene que impedir alimentar a los pobres, y viceversa. Si los gobiernos se organizan, todavía estamos a tiempo de eliminar el hambre antes de 2030.
Máximo Torero es economista principal en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
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