El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo a mediados de febrero que apartó de la Policía bonaerense a más de 400 agentes que en septiembre habían participado de manifestaciones (rodeando la Quinta de Olivos con patrulleros) y de una huelga por un aumento salarial y mejores condiciones laborales. Su sanción final aún se evalúa.
¿Qué pasaría con ellos si fueran expulsados y —habiendo sido adiestrados en el uso de armas de fuego, y conociendo las prácticas policiales y las ilegales— no encontraran un trabajo? En otras palabras, y más allá del caso particular de estos 400 bonaerenses, ¿qué políticas deben adoptarse para que los policías expulsados no se conviertan en delincuentes?
La pregunta no es extraña, pero en la Argentina no hay un seguimiento posterior de casos. Un policía exonerado fue detenido en junio de 2018 por formar parte de una banda de diez bonaerenses que extorsionaban a comerciantes y liberaban zonas para robos. Otro exonerado fue detenido en 2019 en Esperanza, Santa Fe, por tres estafas. Y en julio de 2020 fueron detenidas por asaltos en Moreno cuatro personas; entre ellas, un policía de la Bonaerense exonerado, cuya mujer trabajaba en el comando de patrullas de Hurlingham (ella también quedó presa). En los procedimientos secuestraron armas y ropa de fuerzas de seguridad.
Dos de los tres delincuentes que asesinaron a un policía bonaerense que quiso evitar un robo a una financiera en Vicente López, son dos policías exonerados de la PFA en 2012. pic.twitter.com/3SF0AtIxMR
— Mauro Szeta (@mauroszeta) January 8, 2019
Por ahora, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía bonaerense definió lo que ocurrió en septiembre pasado, en la Quinta de Olivos, como “hechos de extrema gravedad institucional” y “actos de insubordinación”, y evaluó a 1.800 policías. Más de 400 dejaron de cumplir funciones, entregaron su arma y cobrarán el 50% del sueldo hasta que se determine una sanción final que podría ser su baja definitiva.
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Qué es una exoneración
No todos los policías apartados reciben la misma sanción. La exoneración es la más grave: es la expulsión permanente, sin chance de trabajar en ninguna repartición de la administración pública provincial (la cesantía es la expulsión permanente, pero en cambio deja abierta esa posibilidad).
“La exoneración es una herramienta importante para el gobierno democrático, ya que permite disciplinar a los efectivos que cometen faltas graves”, dice por email la socióloga estadounidense Leslie MacColman, que en su tesis doctoral investigó la reforma policial en la ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2018.
“La gobernabilidad democrática de la policía es extremadamente difícil en todos lados. Hay un juego de poder entre la fuerza policial, que actúa con sus propios intereses, y el gobierno electo que actúa con los suyos. Aunque la sanción de los policías sea justificada, desde el punto de vista legal, y aunque lo demande la opinión pública, los actores políticos a veces pagan un precio muy caro. Por lo tanto, tienden a ser muy estratégicos cuando se trata de disciplinar a la policía”, explica.
“En ese sentido, creo que vale la pena examinar ambos lados de la ecuación y ver cómo evoluciona esto en el tiempo. Por un lado, ¿quiénes fueron los policías que participaron? ¿quién los incentivó? y ¿por qué creían que podían hacerlo con impunidad? Pero, por otro lado, también hay que interrogar la respuesta de Berni y el gobierno, en general: ¿quiénes están siendo disciplinados? y ¿qué pasa con los otros efectivos de la misma fuerza que, frente a otras faltas gravísimas, sistemáticamente logran evitar el disciplinamiento?”.
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Al servicio del crimen organizado
“Hay bastante bibliografía internacional que indica que los policías exonerados son rápidamente reclutadas por el crimen organizado”, dice Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El ejemplo más estremecedor está en México: los Zetas son un cartel (hoy sin demasiado poder) que nació con un núcleo de entre 30 y 40 militares, desertores de las fuerzas especiales de México y empleados al principio por el líder del Cartel del Golfo como guardia personal. Aunque no fueron exonerados, para el caso, el problema es similar: gente entrenada por el Estado que luego usa lo que aprendió para quebrar la ley.
“El crimen organizado se tiene que abastecer de recursos profesionales para llevar adelante sus negocios criminales”, sigue Bergman. “Reclutar a algún joven de un barrio carenciado para que haga trabajo como de halcón [integrantes de grupos narcos que actúan como vigilantes] no alcanza. Por eso es muy importante el monitoreo de los exonerados”. ¿En la Argentina hay crimen organizado? “Desde luego”, dice el director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, y habla de las bandas de Rosario, aunque explica que no tienen la escala del crimen organizado de México, Colombia o Brasil.
En octubre de 2018, el gobierno bonaerense creó una lista pública de inicialmente 8.500 policías apartados. Se llama Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia (REPEI) y hoy tiene 9.434 legajos cargados que se pueden consultar online (es actualizado por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad). La cifra de 9.434 es casi un 10% de los 94.191 policías de la Bonaerense.
En el REPEI se incluyó a los agentes dados de baja por faltas graves desde 1966, aunque el núcleo más importante del listado es de 1.400 expulsados desde diciembre de 2015 (entre ese mes y octubre de 2018, se apartaron más de 11.500 policías, hubo más de 700 detenidos y se iniciaron unos 27.000 sumarios, de los cuales 926 fueron por enriquecimiento ilícito, indicó entonces el gobierno provincial).
“Los policías son actores sociales únicos y poderosos”, dice la socióloga Leslie MacColman. “Algunos académicos los llaman ‘especialistas en violencia’ por los saberes prácticos de coerción que tienen. Pero su poder no reside sólo allí, sino en la información que manejan. Los policías conocen su jurisdicción y disponen de información detallada sobre las dinámicas criminales”.
Con la publicación del REPEI, las autoridades buscaron evitar que los exonerados por corrupción o robo pudieran reinsertarse en lugares vinculados con la seguridad, como agencias privadas, o se transformaran en asesores de políticos o empresarios (una auditoría interna detectó que algunos dados de baja trabajaban en agencias privadas de seguridad e incluso eran sus dueños). “Es importante que los policías sepan que ante actos ilícitos no solo habrá una condena administrativa, sino también social”, dijo entonces la gobernadora María Eugenia Vidal. El plan incluía un reentrenamiento, mejorar las condiciones laborales y un sistema para premiar a quienes tienen la mejor capacitación, para renovar la forma en que se deciden los ascensos.
Un estudio publicado en julio de 2020 por la materia de Periodismo de Datos de la Universidad Nacional de Avellaneda indica que la primera causa de expulsión entre 2016 y 2019 fue corrupción, con un total de 837 policías. Otras son violencia de género y/o familiar, abandono de servicio y violencia policial. Según datos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires —dice el mismo estudio—, sobre un total de 94.191 policías, 40.096 son mujeres. Del total de 1.883 expulsiones entre 2016 y 2019, el 75% fueron del género masculino.
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Exoneración: un sub-óptimo
“Al exonerar a un policía que comete un delito, se le quita su privilegio y su atributo determinante”, dice un exfuncionario de Seguridad que por sus compromisos actuales pide reserva, y cuyo nombre sonó hace tiempo como candidato a ministro del área para Alberto Fernández (aunque finalmente no accedió al puesto). “Si después no se hace otro seguimiento, esta persona seguirá delinquiendo, pero sin el uniforme. Por lo tanto, la simple exoneración ya resta daño. Es un pequeño paso”.
“Pero la exoneración es un sub-óptimo”, sigue el exfuncionario. “Lo óptimo es que el policía que delinque esté en la cárcel”. El exfuncionario dice que no hay proyectos de ley sobre seguimiento y control de policías exonerados. “Ese tipo de información no se publica, sino que se sigue desde el área de Inteligencia Criminal de la Policía, que debería reunir información sobre este colectivo, y advertir o guiar a las áreas de investigación. El problema no es tanto la falta de proyectos sino la devaluación de las áreas de Inteligencia Criminal”.
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En Guatemala y Colombia
El asunto de las exoneraciones no está entre los más discutidos por los legisladores, ni tampoco entre los más estudiados por los académicos. En ningún país. Pero cuando la purga policial es para deshacerse de las personas incapaces de apegarse al Estado de derecho, la socióloga Leslie MacColman señala como modelo a “los países que implementaron procesos robustos de justicia transicional luego de conflictos armados”.
Por otro lado, agrega: “Si el objetivo es purgar la fuerza y evitar el crecimiento de los mercados ilícitos y la violencia criminal, creo que los casos ‘exitosos’ son más escasos. Hay un estudio interesante sobre Guatemala, donde los autores (Guillermo Trejo y Camilo Nieto Matiz) muestran que las actuaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ayudaron a romper los vínculos entre organizaciones criminales y fuerzas de seguridad”.
Durante la década del ‘90 hubo en Colombia una exoneración masiva de policías. “Si bien no hubo un proceso administrativo en cada caso, se produjo en el marco de una crisis policial de envergadura”, dice vía email Hugo Frühling Ehrlich, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. “Comprendía la comisión de delitos por policías, infiltración del crimen organizado en la Policía y el trabajo de muchos de esos policías para carteles del narcotráfico, la comisión de homicidios, etcétera. Una situación de corrupción de esa magnitud deja pocas alternativas: es mucho más peligroso que ese tipo de funcionarios permanezca en el cuerpo policial a que se les expulse de este. Como policías pueden cometer delitos aprovechando su autoridad y a la vez impedir que se investiguen”.
Frühling Ehrlich cree que la situación actual de la Policía bonaerense puede ser distinta: “Aquí hubo una actuación política de insubordinación y al parecer no se trata de policías que hayan delinquido habitualmente”, dice. “Puede ser razonable pensar en una exoneración selectiva de los principales líderes y asegurar anotaciones de demérito o suspensión de otros. De esta manera mantendrían sus puestos por algún tiempo y su retiro operaría de manera escalonada porque no podrían ascender a puestos superiores, pero a la vez se evitaría la salida masiva de policías al mismo tiempo”.
En la Argentina el problema es histórico. Ya en 1997, un sargento de la Policía bonaerense echado por hacer huelga decía: “Varios policías exonerados que hoy no consiguen trabajo cayeron en el delito porque no saben hacer otra cosa. Pero tampoco desde la jefatura ni desde el poder político les dejaron otra salida”.
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