El 2023 marcó un sombrío hito en la aplicación de la pena de muerte globalmente, con 1.153 ejecuciones confirmadas, según revela el último informe de Amnistía Internacional. Este número, que excluye los casos no documentados de China, representa un incremento de más del 30 % respecto al año anterior y es el más alto registrado desde 2015.
De acuerdo con la investigación, Irán fue responsable de 853 ejecuciones, el 74 % de todo el mundo. Esta escalada se atribuye a la decisión del Gobierno iraní de utilizar esta medida como herramienta para infundir miedo y asegurar el control sobre la población, aplicándola incluso por delitos como los asociados a drogas y espionaje, asegura Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Por su parte, Arabia Saudí abarca un 15 % de las ejecuciones. A su vez, Estados Unidos mostró un aumento de 18 (2022) a 24 (2023) casos anuales, generando interrogantes sobre la promesa aún no cumplida del presidente Joe Biden de abolir esta normativa a nivel federal. En la región africana subsahariana, además, las ejecuciones registradas se triplicaron (de 11 en 2022 a 38 en 2023) y las condenas aumentaron de 298 en 2022 a 494 en 2023.
A pesar de estos aumentos, el informe también subraya avances hacia la abolición de la pena de muerte. En 2023 se documentaron ejecuciones en solo 16 países, el número más bajo registrado por Amnistía Internacional hasta la fecha. Además, se destaca los casos de dos países asiáticos —Pakistán y Malasia— que han eliminado la pena de muerte para ciertos delitos.
En el continente africano, aunque ningún país abolió completamente la pena de muerte en 2023, se observan movimientos legislativos prometedores. En Ghana, por ejemplo, el Parlamento votó a favor de dos proyectos de ley que eliminan la pena de muerte, aunque aún no se han convertido en ley. Además, Kenia, Liberia y Zimbabue tienen proyectos de ley con el mismo fin.
“Está ampliamente demostrado que la pena de muerte no conduce a ningún resultado positivo. La discriminación y la arbitrariedad inherentes que caracterizan a la pena capital sólo han agravado las violaciones de derechos humanos de nuestros sistemas de justicia penal. Hace años hacemos campaña y seguiremos insistiendo en abolir este castigo de una vez por todas”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización insta a todos los gobiernos a apoyar la resolución de la ONU, que será sometida de nuevo a examen en la Asamblea General del organismo este año para poner fin a la pena de muerte en la próxima Asamblea General.
