En un escenario global donde los residuos médicos de la pandemia dejan toneladas de basura que contaminan todas las esquinas del mundo y donde millones de personas se están viendo afectadas por la guerra, que remueve los canales de suministro de los servicios energéticos esenciales para la supervivencia, América Latina puede puede hacer un cambio decisivo adoptando un marco transformador de género en la sala de máquinas de las políticas ambientales.
La desigualdad de la distribución de los cargos de poder no es algo nuevo para las mujeres: sólo 22 de 195 países del mundo tienen Jefas de Estado o de Gobierno y sólo un 25% de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres. Sin embargo, la desigualdad se agudiza al profundizar en temas ambientales. Según cifras de la ONU, sólo un 12% de los cargos ministeriales relacionados con el medio ambiente a nivel mundial eran ocupados por mujeres en el 2015. Igualmente, en el nuevo sector de la energía renovable, únicamente el 32% de las plazas de tiempo completo y aproximadamente 14% de los cargos de liderazgo son ocupados por mujeres. Las mujeres también están subrepresentadas en la toma de decisión al interior de sus comunidades por normas sociales que frecuentemente limitan la participación en las asambleas comunitarias sólo a los titulares de derechos de tierra y propiedad que en su mayoría son hombres.
¿Por qué es importante esta participación? En América Latina y el Caribe las mujeres tienen acceso limitado a oportunidades, servicios y recursos, y dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerados, situación que se vio agudizada por la pandemia. Además, las mujeres constituyen la mayoría de las personas que viven en situación de pobreza y dependen en mayor medida de recursos naturales amenazados por el cambio climático para sostener sus medios de vida, su salud, seguridad alimentaria y acceso al agua. Sin embargo y a pesar de ser ellas las principales actrices de estas esfera, son los hombres quienes comúnmente toman las decisiones relacionadas con la protección ambiental, la atención al cambio climático y la gestión de tierras y territorios. La falta de representación de perspectivas femeninas en estas decisiones, produce que éstas se adopten mal informadas y amenazando los derechos de las mujeres en diversos ámbitos, tales como la política agraria, hídrica, alimentaria y energética.
Así, son las mujeres quienes también sufren desproporcionadamente las consecuencias de la falta de mecanismos de participación y políticas ambientales que ignoran sus necesidades y experiencias. Las condiciones de pobreza energética y la implementación de estrategias de transición a energía renovable sin perspectiva de género y derechos humanos, a menudo tiene graves consecuencias para sus derechos a la salud y a un nivel adecuado de vida, ya que los combustibles de biomasa frecuentemente utilizados para cocinar en los hogares de bajos ingresos causan enfermedades respiratorias que muchas veces terminan fatalmente. Más aún, el daño y la degradación ambiental también presenta numerosos efectos sobre los derechos de las mujeres, que en conjunto con las condiciones sistemáticas de desigualdad y discriminación, tienen afecciones a la salud producto de la contaminación y toxicidad de tierra, aire y agua (por ejemplo, abortos espontáneos, cáncer de mama e intoxicaciones, entre otros), el aumento de las tareas de cuidado (como la mayor dificultad para la recolección del agua o alimentos, o cuidado de personas dependientes por enfermedad), inseguridad alimentaria, e incluso pérdida de la vida. Los daños al ecosistema causados por el cambio climático además generan impactos a derechos culturales por la degradación de tierras y territorios ancestrales para las mujeres indígenas.
A nivel internacional, esto ha sido relevado desde hace 15 años por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), el que considera que la obligación de cumplir los derechos sociales, implica la promoción de la igualdad de participación de todas las personas, sin distinción por motivos de género en la planificación del desarrollo y la adopción de decisiones, así como en los beneficios del desarrollo y en todos los programas orientados al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, el Comité DESC destacó que la falta de acción decisiva de los Estados para prevenir daños a derechos humanos causados por los efectos del cambio climático, puede constituir una violación a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esto se suma al reconocimiento al derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible emitido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a finales del año pasado. Es claro, entonces, que para realizar los derechos sociales de las mujeres es indispensable reorientar el modelo de desarrollo para transitar hacia sistemas energéticos justos que permitan proteger al medio ambiente al tiempo de avanzar en la igualdad de género.
¿La solución? Incluir marcos legales e institucionales que incluyan expresamente el principio de no discriminación contra las mujeres, aseguren la transparencia y el acceso a la información y articulen espacios de participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente y la energía en todos los niveles, integrando así las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas en favor del desarrollo sostenible, tal como lo señala la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La planeación de políticas ambientales y energéticas inclusivas deben tomar en consideración las experiencias y perspectivas de las mujeres en toda su diversidad, incluyendo sistemas de conocimientos científicos, locales y tradicionales. Las mujeres tienen un rol fundamental en la conservación de ecosistemas y el desarrollo de soluciones responsivas a las necesidades de sus comunidades. No atender las barreras estructurales que limitan su efectiva participación es vulnerar sus derechos, pero también una pérdida inconmensurable para todos, al no contar con una fuente de información y experiencia para articular respuestas a los complejos retos que representa la crisis climática.
Por eso el llamado que hacemos es a considerar que el medio ambiente y la transición a energía renovable es un asunto de derechos humanos y una causa de la lucha feminista por construir un mundo más sostenible pero también más justo para todas nosotras.
*Alejandra Lozano es abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en derecho internacional por la Universidad de Cambridge. En la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) se desempeña como Oficial de Programa sobre Justicia Climática y Ambiental y trabaja para promover una transición justa y con perspectiva de género.
*Valentina Contreras es abogada de la Universidad de Chile y máster en Derechos Humanos de la London School of Economics (LSE). En la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) trabaja para promover el reconocimiento de los mecanismos de garantía de estos derechos en el debate constitucional de Chile.
