Hoy es costumbre culpar a la economía o a los economistas por muchos de los males del mundo. Los críticos sostienen que las teorías económicas son responsables de la creciente desigualdad, de la escasez de buenos empleos, de la fragilidad financiera y del bajo crecimiento, entre otras cosas. Pero si bien las críticas pueden impulsar a los economistas a mayores esfuerzos, la arremetida contra la profesión ha desviado involuntariamente la atención de una disciplina que debería asumir una porción mayor de la culpa: la política pública.
La economía y la política pública están estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo, y no deberían ser vistas como si lo fueran. La economía es a la política pública lo que la física es a la ingeniería, o la biología a la medicina. Si bien la física es fundamental para el diseño de cohetes que pueden usar energía para desafiar la gravedad, Isaac Newton no fue responsable del desastre de la nave espacial Challenger. Tampoco hay que culpar a la bioquímica por la muerte de Michael Jackson.
La física, la biología y la economía, en tanto ciencias, dan respuesta a preguntas sobre la naturaleza del mundo en el que vivimos, generando lo que el historiador económico Joel Mokyr de la Northwestern University llama conocimiento proposicional. La ingeniería, la medicina y la política pública, por otro lado, responden interrogantes sobre cómo cambiar el mundo de maneras específicas, lo que conduce a lo que Mokyr califica como conocimiento prescriptivo.
Si bien las facultades de ingeniería enseñan física y las facultades de medicina enseñan biología, estas disciplinas profesionales se han desarrollado de forma bastante independiente del desenvolvimiento de sus ciencias básicas. De hecho, al desarrollar sus propios criterios de excelencia, planes de estudio, revistas académicas y carreras profesionales, la ingeniería y la medicina se han convertido en especies distintas.
Las escuelas de política pública, por el contrario, no han sufrido una transformación equivalente. Muchas de ellas ni siquiera contratan a su propio personal docente, sino que utilizan a profesores de ciencias fundacionales como la economía, la psicología, la sociología o la ciencia política. La escuela de política pública de mi propia universidad, Harvard, sí cuenta con un amplio cuerpo docente propio –pero esencialmente contrata doctores recién graduados en las ciencias fundacionales y los promueve sobre la base de sus publicaciones en las principales revistas especializadas de esas ciencias, no en política pública.
A los profesores jóvenes se les desaconseja adquirir experiencia práctica en políticas públicas antes de que alcancen la titularidad (tenure) y no es frecuente que la adquieran. Y hasta los profesores titulares tienen una interacción sorprendentemente limitada con el mundo exterior, debido a las prácticas de contratación prevalecientes y al miedo de que un compromiso externo pueda implicar riesgos para la reputación de la universidad. Para compensar esta carencia, las facultades de política pública contratan a los llamados “profesores de la práctica”, como es mi caso, que han adquirido previamente una experiencia en políticas públicas en otra parte.
Desde el punto de vista de la enseñanza, uno podría pensar que las escuelas de política pública adoptarían una estrategia similar a las facultades de medicina. Después de todo, tanto los médicos como los especialistas en política pública son llamados a resolver problemas y necesitan diagnosticar las causas respectivas. También necesitan entender el conjunto de posibles soluciones y descifrar los pros y los contras de cada una de ellas. Finalmente, tienen que saber cómo implementar la solución que proponen y evaluar si funciona o no.
Sin embargo, las escuelas de política pública ofrecen sólo programas de maestría de uno o dos años, y tienen un pequeño programa de doctorado con una estructura típicamente similar a la que se aplica en las ciencias. Eso se compara desfavorablemente con la manera en que las facultades de medicina capacitan a los médicos e impulsan su disciplina.
Las facultades de medicina (al menos en Estados Unidos) admiten a los alumnos después de que hayan terminado una carrera universitaria de cuatro años en la que hayan tomado un conjunto mínimo de cursos relevantes. Los estudiantes de medicina luego participan en un programa de dos años de enseñanza principalmente en aulas, seguido por dos años en los que rotan por diferentes departamentos en los llamados hospitales escuela, donde aprenden cómo se hacen las cosas en la práctica al acompañar al médico principal y a sus equipos.
Al final de los cuatro años, los médicos jóvenes reciben un diploma. Pero entonces deben empezar una residencia de tres a nueve años (dependiendo de la especialidad) en un hospital escuela, donde acompañan a médicos principales, pero donde se les asignan cada vez más responsabilidades. Después de siete a trece años de estudios de posgrado, finalmente se les permite ejercer la práctica como médicos sin supervisión, aunque algunos hacen pasantías adicionales supervisadas en áreas especializadas.
Por el contrario, las escuelas de política pública esencialmente dejan de enseñarles a los alumnos después de sus dos primeros años de una educación esencialmente en las aulas y (aparte de los programas de doctorado) no ofrecen los muchos años adicionales de formación que brindan las facultades de medicina. Sin embargo, el modelo de hospital escuela podría ser efectivo en política pública también.
Consideremos, por ejemplo, el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, que fundé en 2006 después de dos experiencias en políticas públicas sumamente enriquecedores en El Salvador y Sudáfrica. Desde entonces, hemos trabajado en más de tres docenas de países y regiones.
En algunos sentidos, el Laboratorio se asemeja un poco a un hospital escuela y de investigación. Se centra tanto en la investigación como en el trabajo clínico de atender “pacientes”, o gobiernos en nuestro caso. Es más, reclutamos PhDs recién graduados (equivalente a los profesionales médicos recién recibidos) y graduados de programas de maestría (como los estudiantes de medicina después de sus dos primeros años de universidad). También contratamos graduados de licenciaturas como asistentes de investigación, o “enfermeros”.
Al abordar los problemas de nuestros “pacientes”, el Laboratorio desarrolla nuevas herramientas de diagnóstico para identificar tanto la naturaleza de las restricciones que enfrentan los países como los métodos terapéuticos para superarlas. Y trabajamos junto con los gobiernos para implementar los cambios propuestos. En verdad, es allí donde más aprendemos. De esa manera, garantizamos que la teoría enriquezca a la práctica, y que los conocimientos obtenidos en la práctica enriquezcan nuestra investigación futura.
Los gobiernos tienden a confiar en el Laboratorio, porque no tenemos un ánimo de lucro, sino más bien el simple deseo de aprender con ellos al ayudarlos a resolver sus problemas. Nuestros “residentes” permanecen con nosotros durante tres a nueve años, como en una facultad de medicina, y suelen asumir puestos de relevancia en los gobiernos de sus propios países cuando nos dejan. En lugar de utilizar nuestra experiencia adquirida para crear “propiedad intelectual”, la hacemos ampliamente disponible a través de publicaciones, herramientas online y cursos. Nuestra recompensa es que otros adopten nuestros métodos.
Esta estructura no fue planeada: simplemente emergió. No fue promovida desde arriba, sino que sencillamente se la dejó evolucionar. Sin embargo, si se abrazara la idea de estos “hospitales escuela”, podría cambiar radicalmente la manera en que la política pública se desarrolla y se enseña, y se la pone al servicio del mundo. Si esto llegara a ocurrir, quizá la gente deje de culpar a los economistas por cosas que nunca debieron haber estado bajo su responsabilidad.
Ricardo Hausmann, ex ministro de planificación de Venezuela y ex economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor en la Harvard Kennedy School y director del Harvard Growth Lab.
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