Dado que la investigación de la que trata esta nota está en curso y hay un menor de edad involucrado, los nombres Rosaline, Stevenson y Ricardo son ficticios, para proteger la identidad de las víctimas.
PUERTO PRÍNCIPE — El aire que llena la oficina en el centro de la capital haitiana es pesado, caluroso, característico de septiembre, uno de los meses más húmedos en la isla. En una sala de reuniones donde apenas corre el aire esperamos junto a Reginald, mi traductor, a que llegue Rosaline. Es septiembre de 2018, y estoy culminando un viaje de reportaje de dos semanas en Haití. Mi reunión con Rosaline es la última antes de partir de vuelta a Buenos Aires.
Finalmente, después de una hora de espera y con el sol empezando a ponerse de a poco tras los cerros de Puerto Príncipe, su figura aparece tímidamente en la puerta. De tez oscura, pelo corto y vestida de rosa, explica que dudó en venir, en compartir su historia, en revivir su sufrimiento. ¿Qué la convenció? “Lo hago por mi hijo”, nos dijo, se sentó en un sillón, y empezó a contar su historia.
Fue en diciembre de 2010, once meses después del terremoto que devastó Haití y dejó más de 200.000 muertos —incluyendo a su entonces marido y padre de su primer hijo— cuando Rosaline conoció a Ricardo. Ambos estaban haciendo las compras en Granite, un supermercado local, cuando Ricardo se le acercó a hablar.
“Me dijo que era muy linda, que él acababa de llegar al país hace dos días, que no conocía mucho y que si yo le podía mostrar la ciudad. Le dí el número de mi casa y después de unos días me llamó para salir con unos amigos”, cuenta Rosaline en voz baja, y haciendo pausas para que Reginald pueda traducir. “Después de eso seguimos hablando, saliendo varias veces, hasta que nos pusimos de novios”.
Pasaron seis meses de noviazgo, de una rutina conjunta. Durante el día, Ricardo, militar y chofer del Ejército, trabajaba como conductor de otros militares argentinos desplegados en el país como Cascos Azules de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). Pero su tiempo libre lo pasaba con Rosaline. “Dormíamos juntos, nos despertabamos juntos, salíamos, compartimos muchas cosas”, cuenta Rosaline.
En mayo de 2011, después de varios meses de noviazgo, Rosaline quedó embarazada. Pero en junio, Ricardo concluyó su misión y volvió a la Argentina.
“Él sabía que estaba embarazada y que tenía fecha de parto para enero. Me dijo que iba a volver en diciembre, para estar cuando dé a luz. Pero no volvió. Le escribí varias veces por Facebook y nunca contestó”.
Historias que se repiten
El legado de los Cascos Azules en Haití tiene luces y sombras. Mientras que estas fuerzas tuvieron un rol crucial en la estabilización del país y en reforzar las instituciones de seguridad locales (un objetivo en el que se destacó el valioso trabajo de los cascos azules argentinos en la isla), también fueron ellas las responsables de traer el cólera a Haití y al menos 134 militares están implicados en casos de abuso sexual.
Si bien la historia de Rosaline y Ricardo es distinta, no es única, y un reciente estudio sacó a la luz la escala de esta problemática. El estudio se basó en 2.500 entrevistas llevadas a cabo en distintas comunidades de Haití, y reveló que por lo menos 265 de las personas entrevistadas mencionaron conocer a mujeres y niñas haitianas que tuvieron hijos con hombres que trabajaban para las Naciones Unidas.
Las entrevistas, lideradas por una profesora inglesa y una científica canadiense, también revelan que niñas de hasta 11 años fueron abusadas sexualmente y embarazadas por Cascos Azules, para luego ser “dejadas en la miseria”, criando a sus hijos solas. Esos bebés son conocidos como “pequeños minustahs”.
Las nacionalidades más mencionadas en estas historias son de Uruguay y Brasil (75 y 58 casos, respectivamente). Argentina se encuentra en el cuarto puesto de nacionalidades identificadas, con casi 20 entrevistados mencionando casos de embarazos relacionados con oficiales o suboficiales argentinos.
En algunos casos, como el de Rosaline, el embarazo fue fruto de relaciones consensuadas, algunas más casuales, y otras más serias. Otros casos involucraron abuso sexual explícito. Pero según el estudio, la gran mayoría de los embarazos surgió de un problema menos conocido: relaciones sexuales “transaccionales”. En estos casos, mujeres y niñas recibían comida o dinero a cambio de tener sexo con miembros de la MINUSTAH.
Luego de que los padres hayan sido repatriados a sus respectivos países de origen, estas madres asumieron la responsabilidad de criar a sus hijos solas, en contextos de extrema pobreza y la gran mayoría sin recibir ningún tipo de asistencia por parte del gobierno haitiano, la ONU, ONGs, o las fuerzas armadas de los países a cargo de los respectivos Cascos Azules. Como si fuera poco, muchas de las jóvenes madres, como Rosaline, también fueron obligadas a irse de sus propias casas.
“Mi familia se tomó muy mal la noticia del embarazo. Ya ni me quieren ver, dicen que los humillé mucho. Ahora ya no vivo con mi familia”, cuenta Rosaline, quien desde que tuvo a su hijo no tiene un hogar estable y vive en casas de vecinos que la reciben por dos o tres días. A falta de trabajo, lo poco que consigue Rosaline para comer lo que consigue es a través de amigos. “Hay muchos días que no como. Si tengo comida, cocino para que coman mis hijos”.
Un camino legal turbulento
“La ONU dice promover los derechos humanos, los derechos de los niños, pero claramente no están respetando los derechos humanos de las personas haitianas”, dice Mario Joseph, abogado de Bureau des Avocats Internationaux (BAI), una organización de abogados haitianos que representa a víctimas del cólera y abuso sexual en la isla.
A fines de 2017, junto con el Instituto para la Justicia y Democracia en Haití (IJDH), una organización Estadounidense, BAI presentó demandas por paternidad en representación de 11 niños (de 10 madres distintas) ante la corte haitiana. Entre ellos se encuentra Stevenson, el hijo de ahora 9 años de Roseline.
“El objetivo final es que los padres reconozcan a sus hijos y que las madres puedan obtener algún tipo de manutención”, dice Sienna Merope-Synge, abogada del IJDH.
Pero el camino legal no es fácil y requiere la activa participación de la ONU y del gobierno de la nacionalidad del Casco Azul involucrado para gestionar pruebas de ADN e información sobre el paradero del presunto padre.
“Si se obtiene esta evidencia, el juez analiza esos resultados y dicta su fallo. Si es a favor de la mujer, el juez ordena que se le provea una manutención. A partir de ahí, depende de la ejecución de la sentencia”, explica Merope-Synge. “La ONU debería reconocer el fallo, ir al país involucrado, y pedir que se provea la pensión, que puede ser por parte del gobierno o el individuo, dependiendo de la ley local”.
El caso legal de Rosaline
Según cuenta Merope-Synge, en 2019, Rosaline recibió los resultados del test de ADN que realizó la ONU para comprobar que Stevenson era efectivamente hijo de Ricardo. El resultado fue positivo.
En respuesta, los abogados de Rosaline confirmaron que la ONU le otorgó una asistencia financiera para víctimas, que incluye apoyo para vivienda y costos escolares. Sin embargo, según Merope-Synge, el apoyo no es suficiente para subsistir y cubrir los costos de las necesidades básicas de la familia.
Mientras tanto, Rosaline todavía no ha recibido ningún tipo de manutención por parte del gobierno argentino o directamente de Ricardo. Fuentes oficiales del Ministerio de Defensa consultadas por RED/ACCIÓN se refirieron al tema de manera muy breve: “Nuestra prioridad es garantizar los derechos de los niños y las mujeres, y estamos trabajando con celeridad para que se resuelvan estos casos”.
Según la misma fuente, actualmente hay cuatro casos de paternidad contra militares argentinos por parte de mujeres haitianas siendo investigados, y la gestión que asumió con el nuevo Gobierno “está trabajando para que las cuatro mujeres haitianas tengan representantes legales en Argentina”. En el caso de que la justicia falle a favor de las madres, la responsabilidad de la manutención caería sobre el individuo acusado, no sobre el gobierno.
Mientras tanto, voceros de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas le confirmaron a RED/ACCIÓN que el Ministerio de Defensa de Argentina está “activamente cooperando con la ONU mientras trabajamos para resolver estos casos de paternidad”.
La esperanza de un encuentro en la Argentina
De vuelta en Puerto Príncipe, el sol ya se ha ocultado completamente, y Roseline se alista para volver a su casa. El viaje en moto es largo, de más de 40 minutos, y sus hijos la esperan.
Al hablar de Stevenson, se le dibuja una sonrisa en la cara.
“Es igual a su papá, tiene su físico y su personalidad. Es muy inteligente, tiene un nueve de promedio. Siempre me pregunta cuándo vamos a ir a la Argentina a conocer a su papá”, dice y de a poco se le llenan los ojos de lágrimas. “Lo único que quiero es que el papá tome conciencia y que se ocupe del niño, darle un lugar para que pueda dormir, para que pueda vivir como un niño más. Espero que le llegue ese mensaje”.
El reportaje de esta nota se hizo con el apoyo de una beca del Instituto Político para la Libertad (IPL) de Perú y la National Endowment for Democracy (NED) de Estados Unidos.
