La Corte Suprema se pronunciará en los próximos días sobre el derecho al olvido que invoca Natalia Denegri: quiere que Google desindexe las notas de hace un cuarto de siglo que la mencionan en un contexto con el que no se siente identificada. Derechos en pugna.
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Olvido digital. El listado de logros y reconocimientos de Natalia Denegri parece no tener fin. Es actriz, periodista, productora y presentadora de televisión, y en los estantes de su biblioteca se abarrotan 17 Premios Emmy. El Congreso de los Estados Unidos le rindió honores en 2017 por su ayuda a los damnificados por el huracán María en Puerto Rico y al año siguiente la revista People en Español la incluyó en la lista de las 25 Mujeres Latinas Más Poderosas. Quedó tres puestos por debajo de Salma Hayek y diez por encima de Thalía. Más empoderada no se consigue.
El problema es que no quiere que cuando alguien escriba su nombre en el buscador de Google, aparezcan las notas periodísticas de fines de 1996 en las que, con 19 años, se la menciona involucrada en el “caso Coppola”: no se siente identificada con la imagen que los medios dieron de ella en aquellos años de pizza con champagne. Y aclara que no pide que se borren las notas (varias, de todas maneras, están ya borradas), sino que se las desindexe: que no se pueda acceder a ellas a través de motores de búsqueda escribiendo su nombre.
El caso Denegri interesa, no tanto por el morbo vintage que suscita sino por las implicancias que podría tener en el futuro para otros casos. Sus aspectos a considerar son múltiples. Aquí, algunos:
- Derecho a la fama. O al buen nombre. Todo el mundo lo tiene, y son básicamente tres los factores que lo condicionan: si los hechos que pueden afectarlo son verdaderos o falsos; si corresponden al ámbito íntimo, privado o público; y si quien lo invoca es un desconocido o una persona pública. No la tiene fácil Denegri: las notas que quiere desindexar son básicamente debates televisivos reales, sin imágenes íntimas y todos los involucrados tenían notoriedad mediática.
- Derecho al acceso a la información. En las democracias modernas, se protege la libertad de prensa sobre todo porque así se blinda el derecho de los ciudadanos a enterarse de los asuntos que consideran de interés. En los programas de Mauro Viale, Chiche Gelblung y Lucho Avilés el rating volaba con el “caso Coppola”: dejando de lado el debate sobre el buen gusto, el público quería saber de qué se trataba. El pedido de Denegri se debilita.
- El antecedente. Denegri siente que aquella Natalia de 19 años no se parece a la de hoy. Tiene razón. Pero a algunos les preocupa la posibilidad de que, en adelante, políticos, contratistas del Estado o delincuentes comunes, invocando que ya no se identifican con un hecho ilícito del pasado, pudieran invocar el derecho a limpiar su huella digital y logren desindexar noticias que los comprometan. Los ricos, capaces de llevar un juicio contra Google hasta el final, tendrían el privilegio de editar su propia vida. Eso debilita el pedido.
- El origen de la información. Acá podría estar la oportunidad para Denegri. En derecho, la doctrina “del árbol venenoso” establece que las pruebas habidas de manera ilícita no son válidas en un juicio, sin importar su contundencia. En el derecho al acceso a la información podría admitirse algún paralelismo: los productos mediáticos generados bajo engaño o coacción (cuánto más si se trata de una menor de edad), nacen envenenados. No deben permanecer. Parece ser el caso de Denegri, según su propio testimonio: jura que hubo coacción y hasta violencia de género, aunque su argumento se debilita cuando salen a la luz entrevistas en las que dijo que el caso Coppola le había servido para su carrera. En cualquier caso, es un lugar en el que poner la lupa.
La Corte decidirá y el debate público sobre el tema seguramente se reduzca, finalmente, a un puñado de artículos y alguna mención en la radio. Habrá que recordar una y otra vez que el futuro de las democracias se juega en estas batallas.
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Tres preguntas a Michael Douglas. Este Michael Douglas, que no tiene nada que ver con el actor, es un abogado australiano experto en derecho a la privacidad y derecho a la información. Es profesor en la Law School de Curtin University, en Australia
- ¿Cómo surgió el “derecho al olvido” en Europa?
Internet cambió dramáticamente nuestras vidas. Casi todos nosotros ponemos, voluntariamente, a disposición de todos, información que es personal. Somos más abiertos. Pero también están pasando cosas malas: están habiendo hackeos y robos y filtraciones de información. Mark Zuckerberg alguna vez dijo públicamente que la privacidad ya no es la norma social, pero eso es cuestionable. Imaginemos el peor momento de nuestras vidas, ese que más nos avergüenza, y que alguien lo filma y lo sube a Internet. Eso sucede todo el tiempo: Internet está lleno de los peores momentos que vive la gente. Y una vez que están online, es muy difícil de sacarlos, porque es demasiado fácil copiarlos y compartirlos, en una memoria de capacidad ilimitada. Alguien llamó a eso “el problema de la eternidad digital”. La Unión Europea reaccionó ante ese fenómeno con la Ley del Derecho al Olvido, a raíz de un caso que sucedió en España. Se determinó que las personas tienen derecho a la privacidad, y que se les podía pedir a los buscadores como Google o Bing que quitaran links a información privada o personal. Y ellos deben hacerlo si la información es inadecuada, irrelevante o excesiva. Eso pareció un avasallamiento del derecho a la privacidad por encima de otros derechos.
- ¿Qué derechos están en pugna?
Este debate divide a todas las comunidades y atraviesa también a los políticos, no importa si son de derecha o de izquierda. Es un equilibrio difícil: por un lado, el derecho al olvido protege el derecho a la privacidad (y todos coincidimos en que algo de privacidad es bueno tener), pero por otro lado si se hace eso, limpiamos Internet y se niega el derecho del público a acceder a la información. Y el acceso a la información es una de las razones por las cuales Internet es tan buen facilitador del debate público, que es un componente esencial de nuestra democracia. Quiero la información de Internet porque me permite tomar buenas decisiones (ir a un buen restaurante, por ejemplo, gracias a los rankings y comentarios), pero la privacidad también hace mejor mi vida, así que es difícil el equilibrio. La Unión Europea se jugó por el derecho a la privacidad, y muchos están de acuerdo, aunque otros están en la vereda opuesta.
- ¿Estás más del lado de los que defienden el derecho a la privacidad o a la información?
No voy a decir quién tiene razón (no tengo esa autoridad). Sólo voy a decir que el Derecho al Olvido no puede ser implementado en la práctica y por eso es una mala ley. Desde que se la implementó, Google recibió un tsunami de gente que quería lo mismo, que se limpiaran sus récords en internet. Hubo más de 180.000 pedidos de que se eliminaran links o información en más de 640.000 URL. Imaginen el trabajo que significaría eso para el equipo de Google: imposible. No se le puede pedir a una compañía privada que tome acciones para tu protección, como si se tratara de un organismo gubernamental. Las compañías se rigen por las ganancias, y para eso es clave tener costos bajos. El derecho a ser olvidados tiene un costo. Además, si le pedimos a Google que remueva información sobre nosotros, ellos tendrán que decidir cuándo tenemos razón y cuándo no. No es rol de una empresa determinar qué debe permanecer y qué no disponible para el público. Además, la ley no tiene en cuenta que Internet es planetaria: remover links en Europa no sirve para nada, porque se puede acceder a la misma información desde URL localizados en otros lugares, sin movernos de la misma computadora. Ni qué decir que los Estados Unidos jamás aprobarían algo así, porque aman la libertad de expresión.
Las tres preguntas a Michael Douglas se tomaron de la presentación “Do we have the right to be forgotten?” dada en el contexto de TEDxSouthBank. Para acceder a la charla completa, podés hacer clic acá.
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Premios. El Círculo de DIRCOMS y el Consejo Profesional de Relaciones Públicas reconocieron las campañas de comunicación y a los profesionales del sector que se destacaron por su gestión en el 2021 en una nueva edición de “La Noche de las Comunicaciones”.
En esta edición de los Premios DIRCOMS, los ganadores fueron: Grupo Arcor y su campaña “Arcor, 70 años mirando al futuro” (Comunicación Externa); ArcelorMittal Acindar con “#YoGenero” (Comunicación Interna); Tenaris con “Integrar, conectar y digitalizar la educación en pandemia” (Sustentabilidad); Andreani con “Relaciones a largo plazo” (Asuntos Públicos); Flybondi con “#ElPalomarNoSeVa” (Gestión de Crisis); Camuzzi Gas con “Historias que conectan” (Publicaciones) y Bristol Myers Squibb con su campaña “Vivir con cáncer” (Digital). Además, se entregaron los “Reconocimientos DIRCOMS”, con los que se señala a quienes se han destacado especialmente en temas vinculados con la comunicación. Los reconocidos fueron Mateo Salvatto, Marcelo Longobardi y Esteban Bullrich.
Los premiados por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas fueron: Brenda Bianquet, de L’Oréal Argentina (Ámbito Corporativo); Pablo Tomino, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Ámbito Público); Santiago Rossi, de Arena Pública Consultores (Ámbito de la Consultoría); Carolina Carbone, Universidad de Belgrano (Ámbito Académico); Julián Olguín, Jeffrey Group (Joven Profesional); Alejandra Brandolini, AB Comunicaciones (Trayectoria); Pierpaolo Barbieri, Ualá (Liderazgo); Fundación Huésped (Organización de la Sociedad Civil).
¡Felicitaciones para todos ellos!
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Academia. El caso Denegri, además de discusiones de café entre legos, suscita análisis jurídicos bien fundamentados. Este artículo de Carlos Laplacette explica que se trata de un pedido de “supresión de los registros de Google, así como cualquier enlace a una serie de notas periodísticas, varias de ellas alojadas en la plataforma Youtube y otras en los diarios Clarín y La Nación, por considerar que se trata de información vetusta y sin interés periodístico”. La Justicia civil hizo lugar al pedido de Denegri, y Google apeló, por lo que ahora el caso está en la Corte.
Laplacette piensa que el derecho al olvido “afecta la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a buscar y recibir información, consagrado en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica” y propone una solución alternativa: una información desactualizada o que presenta el pasado como una realidad actual contamina el debate público, por eso debe transparentarse y adecuarse el funcionamiento de los algoritmos de los buscadores. Un debate técnico, ético y jurídico que recién empieza.
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Oportunidades laborales
- Kilimo mantiene la búsqueda de Head of Communications. LINK.
- Sigue abierta la búsqueda de Meta para la posición Content Policy Manager, Regulatory Compliance, LATAM. LINK.
- Meta también mantiene la búsqueda de Director, Competition Policy, LATAM. LINK.
Hasta acá llegamos esta semana. Todas tus ideas, propuestas o consultas son bienvenidas. Podés escribirme a [email protected]
¡Hasta el miércoles que viene!
Juan
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