Su mamá la abandonó en un hogar apenas nació, no terminó la primaria y quedó embarazada a los 14. Se las arregló como pudo y sola: vendió trapos de piso en la calle y ropa en una feria. Varios años fue empleada de seguridad. Pero a principios de 2015, con 37 años, sin trabajo y con hijos de 3, 5 y 9 años, aceptó una oferta: vender cocaína en la casilla que alquilaba en la Villa 20 del barrio porteño de Lugano.
El 27 de noviembre de 2015, la policía pateó la puerta de esa casilla y encontró a Gilda en su casa, con 300 dosis de cocaína, unos 100 gramos. Fue presa sin condena y su hermano quedó a cargo de sus hijos. “Gilda es mi nombre real. No me da vergüenza contar lo que me pasó. No vendía droga por ambición, lo hice por desesperación. Lo que me da es pena porque casi pierdo a mis hijos y los hice sufrir”, asegura Gilda, que está en libertad condicional.
Pobre, sin educación, madre soltera y jefa de hogar. Gilda ejemplifica a la perfección la historia de vida más repetida entre las 3.602 mujeres que están presas en la Argentina. Como ella, la mayoría tampoco tenía antecedentes penales, fue encerrada sin condena y su primer delito fue vender o traficar drogas en pocas cantidades.
“Una gran mayoría de las mujeres encarceladas son mulas que por desesperación, por su situación socioeconómica, aceptan pasar por la frontera la droga que se pueden tragar en pequeñas cápsulas o que pueden esconder en su cuerpo. O se dedican al narcomenudeo, que es una comercialización a muy baja escala”, afirma Mariana Lauro, jefa del área de grupos vulnerables de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
La estadística respalda ese diagnóstico. De los 85.283 presos que hay en el país, solo el 4,2% son mujeres. Pero mientras la mayoría de los hombres está detenido por robo y apenas un 12% por causas vinculadas a la venta o tráfico de drogas, entre las mujeres esos dos delitos explican el 43% de las causas de su encierro.
La tendencia es todavía más evidente si se analizan únicamente las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, a donde derivan a la mayoría de los detenidos por violar la ley de drogas, ya que en la mayoría de los casos se trata de un delito de jurisdicción federal. En esas unidades, el 60,6% de las mujeres está presa por violación a la ley de drogas.
Saber qué delitos se les imputa a las mujeres presas por su vínculo con las drogas ayuda a entender qué rol tenían en una hipotética red criminal. El 56% está presa por comercialización, el 32% por tenencia y el 12% por tráfico.
“Si analizamos los datos de quienes tienen condenas, vemos que al 84,7% recibió 4 años o menos, que es la pena mínima para quien comercia estupefaciente. Por eso no hay dudas de que estas mujeres son el eslabón más débil y el último. Encerrarlas es una pena desproporcionada”, considera Victoria Darraidou, investigadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.
Madres, con hijos a cargo y "desesperadas"
La Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humano de la Nación coincide con el diagnóstico: “Tradicionalmente, el rol de las mujeres en el tráfico de drogas se circunscribe a enlaces prescindibles e intercambiables en los dispositivos de venta de drogas, no representan piezas significativas y son fácilmente captadas por las fuerzas de seguridad”, destacan en un informe publicado el año pasado.
El recorrido o trayecto de las mujeres presas por droga explica esa “desesperación”, como la llamó Gilda, que a muchas las pudo haber empujado a vincularse con el comercio de drogas. Solo el 13% de las presas por drogas del país terminó la primaria o el secundario y casi la mitad no tenía empleo. Mientras que el 80% es madre y tienen en promedio 3 hijos a cargo, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
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“Lo que ellas hacen es trabajar de mulas o con el narcomenudeo para organizaciones. En ese sentido, la proporción de mujeres que estaba armada al momento de cometer un delito es mucho menor a la de los hombres. Y cuando participan de un delito, las mujeres mayormente suelen estar acompañadas”, remarca Carolina Bologna, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Seguridad y Violencia (CELIV), de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que analizó el contexto de encierro de las mujeres en América Latina.
Lo que da a entender Bologna es que la mujer, además de desesperada, es “usada” por otras personas que se aprovechan de su situación.
Un caso paradigmático en este sentido es el de Claudia, una mujer boliviana que estuvo presa durante alrededor de un año por cruzar la frontera hacía la Argentina con algo más de un kilo de cocaína en un maletín, un trabajo con el que buscaba juntar 500 dólares que necesitaba para pagar la quimioterapia de su hijo de 13 años, diagnosticado con cáncer.
Cuando el periodista Fernando Soriano hizo público el caso, el juez que lleva la causa permitió que la mujer se reencontrara con su hijo por razones "humanitarias". El nene finalmente murió y unos días después el juez aceptó excarcelar a la mujer "de manera extraordinaria y excepcional" ante "la situación socio-económica, laboral y familiar". De esa manera, Claudia pudo volver a Bolivia reencontrarse con sus tres hijas y aguardar el juicio en libertad.
Situaciones como ésta explica en parte por qué una de cada cuatro mujeres detenidas por drogas es extranjera, en su mayoría de Bolivia, Paraguay y Perú.
La mayoría está presa sin condena
“La situación de las mujeres presas se agrava con otro dato preocupante, que es el uso excesivo de la prisión preventiva. Es decir, tenés mujeres muy vulnerables, que delinquen por primera vez y que son el último eslabón, y que además las mantienen presas sin una condena”, advierte Ariel Cejas Meliare, director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
El dato, en ese sentido, es alarmante: el 70% de las mujeres presas en el servicio penitenciario federal no tienen condena. Es decir que están con una prisión preventiva, un recurso que debiera utilizarse excepcionalmente cuando el juez considera que existe un riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
En los hombres presos en el servicio penitenciario federal, el 58% está sin condena. En gran medida, esto se debe a que justamente las mujeres están acusadas principalmente por delitos de drogas, que recaen en juzgados federales, muchos de ellos abarrotados de causas y con investigaciones de repercusión nacional, por lo que tienen mayor morosidad.
Esto ocurre a contramano de lo que pasa en la mayoría de las cárceles provinciales del país, donde desde hace dos años se logró que sean más los presos que tienen condena que los que sólo están procesados.
“Una de las principales consecuencias del encierro es que rompe el tejido social. Porque una vez que se aisló a la mujer de sus hijos, de sus amigos, de su familia, salir en libertad es tan difícil como estar adentro. Porque las cárceles aíslan, mantienen a la persona ausente del contacto directo con sus vínculos en el medio libre”, asegura Liliana Cabrera, docente de poesía de YoNoFui, un colectivo feminista integrada por mujeres cis, lesbianas, trans y travestis que da talleres de artes y oficios dentro y fuera de los penales.
El arresto domiciliario busca aliviar la pena
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación son conscientes de la situación. De hecho, tienen algunas iniciativas muy orientadas a subsanar estas situaciones a través de la prisión domiciliaria, principalmente la que contempla el monitoreo con pulseras electrónicas, que comenzó en junio de 2015.
Ese programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica beneficia hoy a 707 personas que estaban presas en cárceles federales, de las cuales 292 son mujeres, un 42%, una relación muy alta si se tiene en cuenta que en esas cárceles las mujeres son el 8% de la población. Además, de las mujeres que hoy están en sus casas pero monitoreadas con una pulsera electrónica, 263 están procesadas o condenadas por delitos de drogas.
“Con este programa apuntamos a determinados colectivos de personas en condiciones de vulnerabilidad y tiene una gran impronta de género”,explica Mariel Viladrich, directora del programa y funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Viladrich explica que “estas mujeres, en general se encuentran con una vulnerabilidad socioeconómica que es aprovechada por los narcotraficantes, que las utiliza, en el marco del crimen organizado, siendo detenidas cuando entran o salen del país con droga”.
Gilda, la mujer con la que empezamos esta nota, fue una delas que alcanzó el beneficio de la pulsera. “Estuve presa seis meses y al final me dieron la pulsera. Fue un gran alivio. Me pude reencontrar con mis hijos. Como no podía salir de casa, me las arreglé lavando ropa en casa para otras familias. Y ahora, hace dos meses, me dieron libertad condicional. Así que ya puedo trabajar: cuido dos abuelas y compro ropa en Once para revender”, cuenta Gilda, que debe cumplir una condena de 4 años y 3 meses.
También hay un incremento en el otorgamiento de arrestos domiciliarios simples, es decir sin el monitoreo de la pulsera. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal de la Corte Suprema de la Nación pasó de otorgar 70 arrestos domiciliarios a mujeres en 2016 a 178 actualmente. Y del total de personas beneficiadas, las mujeres pasaron de representar el 40% a ser el 55%.
Una parte de estas políticas surgen como respuesta a la ley 26.472, de 2008, que amplía la posibilidad de prisión domiciliarias a mujeres embarazadas, con niños menores de 5 años o con una persona discapacitada a cargo.
En YoNoFui está integrada por 40 personas que trabajan en el equipo docente y las demás áreas, muchas de ellas ex detenidas. Una de sus principales apuestas es tender un puente entre el "adentro" y el "afuera". Y con ese objetivo instauraron varios cursos, principalmente en la cárcel de mujeres de Ezeiza y José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, y de Santa Rosa, en La Pampa. Enseñan carpintería, tejido en telar y encuadernación, entre otras disciplinas.
Mucho de lo que producen las personas durante el encierro o ya en libertad, lo venden en un mercado virtual. De hecho, la organización está constituida como una cooperativa, lo que ofrece cierto horizonte para el futuro.
