Valeria tiene 15 años y dejó la escuela después de cursar séptimo grado. Ella se fue de su casa por la mala relación que tenía con su padrastro y para convivir con su marido de 21 años, con el que tiene un bebé de cinco meses. La pareja vive en Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero, y ninguno de los dos tiene trabajo. Sus únicos ingresos provienen de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.
El caso de Valeria no es aislado. Casi el 5% de las niñas argentinas menores de 18 años están casadas o en situación de convivencia. Muchas veces estas uniones se dan con hombres entre 10 y 15 años mayores que ellas. Los datos surgen de un estudio diagnóstico cuanti-cualitativo que realizo la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) en el marco del Proyecto Matrimonios y Uniones Convivenciales en la Argentina, que se está desarrollando desde octubre de 2019 con el apoyo del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres para la Lucha contra la Violencia.
Si bien la zona Asia-Pacífico es la más afectada por esta problemática, Latinoamérica y el Caribe es la región que mayor incremento de matrimonios y uniones convivenciales infantiles ha tenido en los últimos años. Las consecuencias más recurrentes vinculadas al matrimonio infantil son: el abandono escolar, la maternidad adolescente, el aumento de la violencia de género y el mayor riesgo de infección con VIH.
En Argentina, las provincias de Misiones (7,2%), Chaco (6,9) y Formosa (6,4%) lideran las cifras de niñas y adolescentes madres que viven en matrimonio o convivencia. En Ramon lista, localidad de Formosa, el porcentaje llega al 15,4%. Los mandatos culturales y ancestrales y los roles estereotipados de género contribuyen a propiciar la persistencia y naturalización de estas uniones a edades tempranas en la sociedad.
Valeria participa del programa Embarazadas de la organización Haciendo Camino. A través de esta iniciativa se promueve el cuidado de las mujeres durante el embarazo y el desarrollo del vínculo madre-hijo desde el período de gestación. Las mamás asisten a los Centros para ser controladas y participan de charlas que las preparan para la maternidad. Si bien el programa no se enfocó originalmente en adolescentes, la realidad mostró que la mayoría de las mujeres que se acercaron eran madres muy jóvenes en situación de pobreza.
“Valeria ingresó al programa con 14 años. El primer día, le tomamos los datos y le entregamos unos paquetes de leche. Como tenía el bebé a upa, le pregunté si andaba sola para ver cómo ayudarla a que se lleve las cosas. Y me dijo con mucha naturalidad que su marido la estaba esperando afuera. Recuerdo que me impactó”, cuenta Yamila Villalba, operadora familiar en Haciendo Camino.
Villalba señala que es muy recurrente en la zona que las nenas dejen la escuela después de la primaria. Muy pocas son las que continúan con estudios secundarios. “Valeria está dedicada a su pareja, a su hijo y a la casa. No tiene otra actividad más que venir a Haciendo Camino o visitar a su mamá”, dice.
Un problema recurrente según Villalba es que las madres no hablan con sus hijas de la educación sexual. Es un tema tabú para ellas. “Es importante que las chicas tengan mayor acompañamiento por parte de sus familias. Cuando ocurre un embarazo adolescente, el grupo familiar se termina enojando y las corren. Por lo tanto, a las chicas no les queda otra que irse con sus parejas”, dice la promotora familiar de Haciendo Camino.
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Otra participante de este programa es Camila. Ella tiene 19 años y convive con un hombre que tiene 20 años más que ella. La pareja tiene un bebé de siete meses. Al comienzo de la relación ella se fue a vivir a la casa de sus suegros y hace un tiempo se mudó con su marido y su hijo a una casa que les prestaron. Él trabaja en el rubro de la construcción, por lo que está fuera de lunes a viernes y vuelve los fines de semana.
Recientemente, Camila comenzó a generar ingresos propios a partir de la venta de comida y cobra la Asignación. Ella comenzó la secundaria, pero la abandonó en el segundo año porque quedó embarazada.
“En la organización vemos con frecuencia casos de violencia de género. Se ve el dominio de la pareja hacia las chicas. Y muchas veces, ellas no se separan porque dicen que no tienen a donde ir. En los talleres hablamos de estos temas e intentamos empoderar a las mamás para que puedan cambiar su destino”, cuenta Villalba. La dependencia económica de sus parejas impide a muchas adolescentes escapar de los hogares donde son maltratadas. El aislamiento de la familia y amistades socava la salud mental de las niñas y las adolescentes casadas o unidas.
“La restricción de la libertad y el embarazo posicionan a las niñas y adolescentes en una relación desigual de poder con sus parejas y con la imposibilidad de poder acceder a información, atención de su salud, educación y a sus redes familiares, volviéndose un círculo peligroso de violencia. Está situación se vio potenciada con el COVID. La violencia contra las niñas menores de 14 años suele ser ejercida por los padres o padrastros y en las adolescentes de 15 a 18 años por varones jóvenes entre 18 a 29 años”, opina Mabel Bianco, presidenta de FEIM.
A partir del comienzo de la pandemia, con el cierre de escuelas o su afectación para otros usos, las niñas y las adolescentes perdieron un espacio de aprendizaje, socialización y protección. La educación limitada y el confinamiento pueden aumentar la percepción de que las niñas de la familia se convertirán en una carga financiera o de que el matrimonio es una transición positiva para niñas con opciones limitadas.
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Cuándo es legal el matrimonio infantil y qué cambios son necesarios
Los estándares internacionales de derechos humanos recomiendan que la edad mínima para celebrar matrimonio se fije en 18 años y, que en aquellos supuestos excepcionales que se permita el matrimonio a una edad más temprana, la edad mínima no debe ser inferior a 16 años. En esos casos se debe requerir autorización judicial y los motivos para solicitar el permiso deben estar determinados rigurosamente en la legislación.
En Argentina, el Código Civil y Comercial (CCyC) de la Nación establece entre los impedimentos para contraer matrimonio, el de tener menos de 18 años. El artículo 404 regula las excepciones: “…el menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial. El menor que haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. A falta de ésta, puede hacerlo previa dispensa judicial. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes legales. La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas del matrimonio; también debe evaluar la opinión de los representantes, si la hubiesen expresado”.
“Si bien el artículo 404 del CCyC establece algunos criterios que deberá tener en consideración el juez a la hora de evaluar la solicitud de dispensa judicial, como son la edad y grado de madurez y la comprensión de las consecuencias jurídicas, dichos criterios resultan insuficientes para determinar si el consentimiento se brindó de forma libre, plena e informada”, expresa Celeste Leonardi, Oficial en Derechos Sexuales y Reproductivos en UNFPA Argentina. Otro punto marcado por la abogada es que el CCyC no establece una edad mínima. De allí que, conforme al marco internacional, el Estado argentino debería adecuar su legislación y fijar una edad mínima para los supuestos excepcionales del artículo 404.
Por otro lado, para Leonardi la actualización legislativa resulta solo una de las medidas para abordar la problemática. “Teniendo en cuenta que la pobreza, la violencia de género y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos son algunos de los principales determinantes del matrimonio y uniones de niñas y adolescentes, se deben desarrollar estrategias para promover posibilidades de crecimiento económico a las adolescentes para poder disminuir la desigualdad estructural. También, se debe garantizar la educación sexual integral y fortalecer el acceso a información sobre la sexualidad en la escuela y en los servicios de salud sexual y reproductiva para los y las adolescentes. Finalmente, robustecer las medidas de protección integral contra la violencia de género”, desarrolla la referente de UNFPA.
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Un programa para reducir el Matrimonio Infantil
El Programa Mundial del UNFPA-UNICEF para Acelerar las Medidas Encaminadas a Poner Fin al Matrimonio Infantil se basa y justifica en el reconocimiento de que esta práctica viola los derechos de los niños y afecta su bienestar. El programa se realizó en 12 países donde la práctica es más común o presenta una carga más elevada (Bangladesh, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, India, Mozambique, Nepal, Níger, Sierra Leona, Uganda, Yemen y Zambia).
Algunos resultados notables de la fase I del Programa (2016 - 2019) revelan los siguientes datos:
- En Etiopía, cerca de 490.000 niñas adolescentes participaron de clubes, donde mentores les brindaron capacitación e información sobre salud sexual y reproductiva, servicios legales y mecanismos de denuncia de matrimonios infantiles. Como resultado, 24.785 matrimonios infantiles fueron cancelados o anulados.
- En Bangladesh, una campaña nacional para poner fin al matrimonio infantil llegó a más de 190 millones de personas a través de la televisión, la radio y las redes sociales, y recibió premios nacionales e internacionales por contribuir a un cambio social positivo.
- En Sierra Leona, se contribuyó a que cerca de 9.000 niñas adolescentes que habían abandonado la escuela regresaran a clases, proporcionándoles financiación para las matrículas escolares, uniformes, libros y otros útiles académicos
- En Yemen, más de 10.000 niñas adolescentes, incluidas niñas ya casadas, accedieron a servicios de salud y protección, como apoyo médico, legal y psicosocial y acceso a refugios.
- En Nepal, cerca de 30.000 niñas adolescentes participaron en el programa de capacitación en habilidades sociales y financieras “Rupantaran”, y más del 65% de las niñas demostraron un mayor conocimiento y habilidades para ejercer sus derechos después de la capacitación.
El Banco Mundial llevó a cabo un estudio exhaustivo para comprobar si las mujeres de todo el mundo que se habían casado siendo niñas tenían menos poder de decisión en el matrimonio, con preguntas específicas sobre la búsqueda de servicios de salud reproductiva y el uso de anticonceptivos. Según el estudio, tanto en el caso del uso de anticonceptivos como en el de la capacidad de decisión, la variable que más influía eran los años de educación. Lo que el estudio confirmó fue que el matrimonio infantil sí tenía un efecto sobre la salud reproductiva y las facultades decisorias, sobre todo a través de su impacto indirecto en el nivel de instrucción alcanzado.
Por lo tanto, hay evidencias que avalan el acceso a la educación como uno de los mecanismos más efectivos para prevenir los matrimonios y uniones y sus impactos (abandono escolar, maternidad precoz, aumento de la pobreza). Bianco coincide en que este es un elemento fundamental para prevenir todos los abusos que pueden sufrir las niñas. La referente de FEIM reflexiona: “Las intervenciones más auspiciosas fueron las que permitieron mantener a las niñas en la escuela y ayudar a las familias a facilitar esto. Y allí es necesario que todas las niñas y adolescentes puedan acceder a la ESI”.
