Puerto Príncipe, la capital de Haití, lleva varios meses asediada. Según los informes, unas 200 bandas se han hecho con el control de más del 80 % de la ciudad.
La oleada de violencia ha dejado a los residentes con pocas opciones aparte de encerrarse en sus casas o buscar refugio en otras ciudades o países.
Pero encontrar seguridad fuera no es fácil. Las recientes medidas adoptadas por EE.UU., uno de los destinos más comunes para los migrantes haitianos, han creado problemas adicionales. La limitación de los vuelos de entrada y salida, la suspensión de los servicios de visado en Haití y la negativa a conceder el “estatuto de protección temporal” a los haitianos que lleguen a EE.UU. después de noviembre de 2022, por ejemplo, no solo han dificultado el proceso sino que han convertido en ilegal en la mayoría de los casos que los haitianos emigren a Estados Unidos.
Con tales restricciones, y con la intención de la administración Biden de enviar de vuelta a casa a los haitianos interceptados en ruta hacia EE.UU., muchos buscan emigrar al único país que comparte frontera terrestre con Haití: la República Dominicana. Pero no es un camino de rosas.
Xenofobia antihaitiana
El caos que se ha abatido sobre Haití en los últimos meses ha provocado el desplazamiento interno de más de 360 000 personas. También ha provocado una ola de xenofobia en la República Dominicana, donde los haitianos constituyen una minoría considerable. En un país de unos 11 millones de habitantes, la estimación del número de migrantes haitianos que residen en la República Dominicana oscila entre 500 000 y 1 millón. Recientes incidentes de xenofobia han incluido acoso a migrantes haitianos, extorsión y denuncias de agresiones tanto físicas como sexuales.
El sentimiento antihaitiano también ha cuajado en políticos que abogan por normas fronterizas más estrictas en un año electoral.
El presidente dominicano Luis Abinader, recién reelegido, ha dejado claro que pretende continuar políticas migratorias que incluyen la construcción de un muro fronterizo y la colocación de puestos de control estratégicos para impedir lo que su administración describió en su día como una “avalancha de extranjeros ilegales, especialmente de nacionalidad haitiana”.
Un vecino no tan amistoso
Los haitianos han sido durante mucho tiempo objeto de deportaciones masivas y de violencia en la República Dominicana. En 1937, el dictador Rafael Trujillo ordenó el asesinato masivo de haitianos en un incidente conocido como la Masacre del Perejil. Durante seis días, los lugareños armados con machetes mataron a unos 20 000 haitianos, (algunos estiman que hasta 30 000).
Ahora, como entonces, el color de la piel se ha utilizado para identificar a los descendientes de haitianos. La República Dominicana es un país que generalmente se enorgullece de su “mestizaje” en contraste con la “negritud” de Haití. Y los funcionarios de inmigración dominicanos han sido acusados regularmente de realizar perfiles raciales de los negros como extranjeros, haitianos e ilegales.
El racismo contra los negros en la República Dominicana es tan notorio que, en noviembre de 2022, la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo emitió un aviso de viaje instando a los estadounidenses negros a tomar precauciones al viajar a la República Dominicana por el riesgo de ser confundidos con haitianos y detenidos injustamente.
Aumento de las deportaciones
Los esfuerzos dominicanos para deportar a los haitianos han aumentado últimamente, alcanzando su punto máximo en julio de 2023 con 24 000 deportaciones. El total mensual se redujo en enero de 2024 a 9 400, sólo para aumentar de nuevo en abril de 2024 a más de 16 500.
El aumento de las deportaciones se produce a pesar de las peticiones de grupos de derechos humanos, que en marzo pidieron a las autoridades dominicanas que detuvieran temporalmente las deportaciones de solicitantes de asilo haitianos.
De hecho, los grupos de derechos humanos llevan mucho tiempo vigilando con cautela la evolución de la situación en la República Dominicana.
En 2013, las enmiendas constitucionales rescindieron la ciudadanía por derecho de nacimiento en el país. Esto significa que los hijos de no ciudadanos nacidos en la República Dominicana entre 1929 y 2010 ya no pueden optar a la ciudadanía dominicana. Según las primeras estimaciones, algo más de 200.000 personas se convirtieron en apátridas.
Los críticos tacharon la legislación de racista, señalando que, entre otras cosas, parecía violar el Artículo 15, secciones 1 y 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se afirma que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que no se le puede privar de ella arbitrariamente.
Diez años después, 130 000 personas siguen siendo apátridas, sin protección y con un riesgo de deportación cada vez mayor.
Los grupos de derechos humanos también han manifestado su preocupación por la forma en que las autoridades dominicanas llevan a cabo la política de inmigración, con múltiples informes de trato inhumano a los haitianos, como el uso de fuerza excesiva en las redadas, persecuciones mortales y separaciones de padres e hijos.
En abril, circularon por Internet imágenes de vídeo que revelaban las condiciones del tristemente célebre centro de detención de la localidad de Haina, un lugar tan contaminado por plomo que ha sido apodado “Chernóbil dominicano”. En las imágenes, se ve a docenas de haitianos tirados por el suelo en condiciones de hacinamiento.
Indiferencia ante la difícil situación de los haitianos
La sociedad dominicana parece relativamente indiferente a la difícil situación de los inmigrantes haitianos.
Una encuesta realizada en febrero de 2024 entre casi 30 000 personas reveló que el 99 % de los encuestados cree que no se están violando los derechos humanos de los haitianos a pesar de la política de deportación.
Este sentimiento está impulsado por la creencia de que la República Dominicana debe poder regular sus propias leyes de inmigración independientemente de la influencia de otros Estados nación. Esto es evidente en las declaraciones de políticos como el expresidente Leonel Fernández, que dijo en una entrevista periodística que la interferencia internacional en la política de inmigración dominicana refleja una falta de respeto por la soberanía y la autodeterminación del país.
Del mismo modo, cuando se le preguntó a Abinader, el actual presidente, si la República Dominicana haría caso a la petición de la ONU de dejar de deportar a haitianos, se limitó a declarar: “No, no lo haremos… seguiremos aplicando nuestras leyes y nuestra Constitución”.
Las medidas adoptadas para reprimir a los inmigrantes haitianos han ido acompañadas de la agitación de grupos de derechas. Uno de estos grupos, la organización nacionalista y conservadora Antigua Orden Dominicana, tiene el objetivo declarado de “reconquistar” la República Dominicana a los haitianos.
El grupo ha utilizado su creciente plataforma en las redes sociales –tiene 77 000 seguidores en Facebook, por ejemplo– para organizar protestas contra la inmigración haitiana y la “imposición de la comunidad internacional”.
Este nativismo que da prioridad a los dominicanos tiene eco en la retórica del presidente del país. Cuando la BBC le preguntó en abril cómo puede justificar la República Dominicana seguir deportando haitianos dada su crisis actual, Abinader respondió: “De la misma manera que lo hacen Estados Unidos y Bahamas y todos los demás países”.
Añadió que su gobierno no consideraría la posibilidad de ofrecer refugio, ni siquiera a corto plazo, a los haitianos.
Con la reelección de Abinader, las posibilidades de que los haitianos afectados por la crisis sean acogidos al otro lado de la frontera parecen más escasas que nunca.
*Edlin Veras, Visiting Assistant Professor of Sociology and Black studies, Swarthmore College
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
