Son parte del campo que no exporta. Son los productores de la agricultura familiar que ven peligrar su trabajo por la eliminación de subsidios y la falta de acceso a la tierra. Organizados buscan alternativas para seguir produciendo.
En dos hectáreas y media de una quinta en El Pato, provincia de Buenos Aires, Javier Paniagua sembró una variedad de verduras que resplandecen bajo el sol del invierno. Después de una semana de lluvia, es probable que pierda un porcentaje de su producción. Pero está tranquilo, tal vez porque siguió los pasos correctos: la rotación de los cultivos le permitió aprovechar los nutrientes de la tierra, el abono natural sirvió para fortalecerlos.
Desde hace tres años, parte de su producción se comercializa a través de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), un grupo de quince mil familias, en territorio argentino, que comprendió que si se organizaba, podría lograr un precio más justo por su trabajo: hasta un 50% del precio de venta frente al 5% que reciben en el mercado convencional.
La UTT se formó con el objetivo de lograr el acceso a la tierra y la soberanía de los alimentos. Verduras, carnes, conservas y panificados se venden y distribuyen a través de nodos y almacenes, el último fue inaugurado en Capital Federal y se encuentra en Almagro, la agricultura familiar es la que alimenta a más del 60% del mercado interno.
“Nosotros manejamos un precio fijo, lo acordamos con la administración y cumplimos con los pedidos pero son tiempos difíciles para la vida del campo y sobre todo para la agricultura familiar”, dice Javier Paniagua.
Aumentaron los alquileres de las tierras, también los impuestos, y a partir del próximo año, el Monotributo Social Agropecuario (MSA) que era gratuito, tendrá un costo que muchas familias no podrán pagar: 268 pesos por persona que antes subsidiaba Agroindustria. Por eso, y por las condiciones precarias en las que trabajaban, el 18 de julio miembros de la UTT realizaron una protesta frente a la Rural. El mismo día en que se inauguraba la exposición más tradicional de la industria agrícola y ganadera exportadora, ellos organizaron un #verdurazo en el que regalaron 10 mil kilos de verdura a la gente.
“El MSA era una herramienta para blanquear el trabajo que uno hacía, al quitarlo se invisibiliza a los pequeños productores”, opinaba Mariana, una productora de una quinta agroecológica de Esteban Echeverría y delegada de UTT. A su vez, denunciaba el desmantelamiento de los entes que los asistían, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF).
Desde inicios de 2016, los 860 despidos sufridos en la secretaría perjudican el vínculo que mantenía el Estado con cerca de 200 mil productores campesinos de todo el país. En el caso de la provincia de Salta, 4.500 familias de productores del NOA están padeciendo los recortes de la SAF.
Mientras que Rosalía Pellegrini, una de las voceras de la UTT, explicaba que el MSA era un apoyo para la agricultura familiar que produce los alimentos en condiciones de precariedad. “Se vive alquilando una tierra que sale hasta 10 mil pesos la hectárea, en casillas de madera, los insumos son a precio dólar, el combustible está carísimo. Hoy en Buenos Aires tenemos 100 hectáreas de producción totalmente agroecológica, una fábrica de bioinsumos y trabajamos para que todo el cordón hortícola empiece a desarrollar prácticas de agroecología pero eso es muy difícil sin políticas públicas de apoyo al pequeño productor”.
El 2 de agosto se desarrolló una audiencia en la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación. Les explicaron cómo los afectaba el sistema de reempadronamiento que los compromete a pagar lo que antes era gratuito.
Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones decía: “Para los agricultores familiares el monotributo fue una manera de tener identidad. Jamás imaginamos que un productor se jubile o poder facturar. Somos sujetos productivos, pagamos impuestos pero la agricultura sigue siendo negocio de unos pocos. El impuesto que nos cobran es confiscatorio”.
En comunicación telefónica, el Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, que mantuvo charlas con los productores, explicó que el Monotributo Social siempre estuvo destinado a efectores sociales que atravesaran cierta vulnerabilidad, por lo que el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, otorgaba el beneficio del 75% del costo del monotributo y el efector social tenía que pagar el otro 25%.
El problema es que desde 2017 el beneficio se congeló y muchos nuevos productores no pudieron anotarse en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF) y, en junio pasado, el por entonces Ministerio de Agroindustria, transformado desde el 3 de septiembre en Secretaría de Gobierno, anunció que se haría una actualización de la base para los que quisieran acceder al monotributo social y se eliminaría ese subsidio.
“Verificamos que era una política que no tenía el efecto buscado, que es la formalización del productor. Muy pocos utilizaban la factura y la obra social, por estar lejos terminaban yendo a hospitales públicos”, sostiene Hardie. Y habla de 105 mil beneficiarios que lo usaban poco, o que no les correspondía por tener otra actividad, que multiplicados por $268, son cerca de 30 millones de pesos por mes que el Ministerio ahorrará a partir de 2019. Lo cierto es que hasta el cierre del plazo, 15 mil personas habían actualizado sus datos y solo la mitad había aceptado pagar el cargo del monotributo, los otros lo dieron de baja.
Cuando Javier Paniagua llegó hace 20 años a la Argentina desde Paraguay tenía 17 y nunca había escuchado hablar de los conceptos de orgánico y agroecológico. Su hermana le prestó un techo, probó suerte en la construcción y después empezó a trabajar en una quinta en donde se empleaba primero por hora y luego por un porcentaje de las ganancias. Pasó de la floricultura a la horticultura, y del uso intensivo de agroquímicos al aprendizaje de otras técnicas que aprendió cuando juntó el dinero suficiente para alquilar un terreno y se vinculó con la UTT. Hace dos años, se capacitó con técnicos del Consultorio Técnico Popular (COTEPO), e inició un camino sin retroceso.
El camino se vincula con la sabiduría de un hombre que utiliza técnicas ancestrales para cuidar los cultivos: el ingeniero agrónomo Jairo Restrepo. El colombiano naturalizado brasileño, es consultor de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), y viaja y asesora a organizaciones que quieran aprender sobre agricultura orgánica. Los biofertilizantes son claves para que la vida brote y crezca, diversa, por eso enseña a fermentar el abono, a preparar caldos minerales.
“Los campesinos son los principales proveedores de los alimentos para más del 70% de la población mundial, mientras que la agricultura industrial solo provee el 30% y usa más del 75% de los recursos agropecuarios del planeta. Es un modelo insostenible”, explica el agrónomo en un video que tuvo gran repercusión en el medio.
Javier Paniagua sueña con que se sancione la ley que le permita pagar un crédito por la tierra, algo para dejarle a su familia. “Muchos compañeros no piensan en la tierra que les vamos a dejar a nuestros hijos, algunos terminan enfermos por usar venenos. Yo tengo una hija de doce años y le enseño a querer la tierra, no me voy a ir de acá. Ella es el futuro”.
