Argentina acaba de pasar una coyuntura en relación con su deuda. La misión del Fondo Monetario Internacional al país ha afirmado que la deuda del sector público es insostenible, como lo habían señalado el presidente Alberto Fernández y su ministro de economía, Martin Guzmán, un experto en temas de deuda.
Según el FMI, “el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades financieras brutas a niveles consistentes con un riesgo de reinversión manejable y un crecimiento potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible”.
La situación actual refleja la acumulación masiva de deuda bajo la administración del ex-presidente Mauricio Macri, que aumentó la deuda del gobierno de 241.000 a 321.000 millones de dólares durante sus primeros dos años. Esa acumulación fue acompañada por una fuerte apreciación del peso, pero solo un débil crecimiento económico. Fue sucedida por una recesión, alta inflación y una fuerte depreciación de la moneda. Debido a la combinación de aumento de la deuda y una fuerte caída en el valor del PBI en dólares, el coeficiente de endeudamiento del gobierno central se disparó a más del 90% del PIB en 2019.
La actual crisis de la deuda también refleja una amplia pérdida de confianza entre los acreedores externos y los agentes nacionales. En los últimos dos años, esta crisis de confianza ha provocado una interrupción súbita del financiamiento externo y casi 50.000 millones de dólares en fuga de capitales. Esa cifra no está muy lejos de los 44.000 millones que el país ha utilizado del préstamo por 50.000 millones que el FMI aprobó en junio de 2018 y se aumentó a 57.000 millones en octubre del mismo año.
Está de más decir que el hecho de que la economía argentina se derrumbó en medio de un programa del FMI debería conducir a un análisis profundo. En retrospectiva, el Fondo claramente cometió un gran error al respaldar la liberalización masiva de los flujos de capital que la administración Macri adoptó en 2016 y 2017. Esta decisión condujo a un ciclo de auge y colapso del financiamiento externo: las entradas cuantiosas de capital fueron sucedidas por salidas masivas que obligaron a la administración Macri a reintroducir fuertes controles a los flujos capital.
Vale la pena recordar que en 2012 el FMI adoptó la “Visión institucional sobre flujos de capital”, que favorece un enfoque cauteloso para dicha liberalización y resalta la necesidad de acompañarla con políticas macroprudenciales fuertes, incluidas regulaciones a las entradas de capital. De hecho, este marco era particularmente relevante para Argentina, dada su historia de ciclos de auge y colapso del financiamiento externo. Una vez más, el país experimentó un auge que trajo pocos beneficios, seguido por un colapso que tuvo costos significativos.
Mirando hacia el futuro, la tarea inmediata más importante es garantizar una solución sostenible y ordenada de la crisis de la deuda. Como dijo el FMI en su declaración: “se requiere una contribución significativa de los acreedores privados para ayudar a restablecer la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”. Esto requerirá una negociación constructiva con los acreedores privados para maximizar su participación en el arreglo de la deuda.
En el centro de las negociaciones debe haber un programa conservador que garantice un nivel de servicio de la deuda compatible con la recuperación económica y la estabilización del tipo de cambio, que también es esencial para reducir la inflación. Los acreedores se beneficiarían de este escenario, ya que reforzaría la capacidad del país para pagar su deuda, evitando así otra ronda de negociaciones y creando un ambiente positivo para futuros negocios con Argentina.
La pregunta, entonces, es qué condiciones permitirán que dicho programa tenga éxito. Es esencial modificar los vencimientos y otorgar cierto nivel de alivio en el servicio de la deuda durante el período de recuperación. En tal sentido, los negociadores tendrán que decidir sobre la combinación de reducción de la tasa de interés y recortes de los saldos. Sin embargo, demasiado énfasis en recortes podría crear un clima de confrontación en el que los títulos argentinos podrían pasar a manos de especuladores. Esto podría causar fuertes dolores de cabeza, como Argentina se enteró en 2012 cuando el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Thomas Griesa, emitió su infame decisión sobre la deuda del país.
El gobierno de Fernández ya ha mostrado buena fe al no incumplir cuando se posesionó en diciembre de 2019; y la Provincia de Buenos Aires hizo lo mismo al hacer pagos puntuales de su deuda hace unas semanas. Si bien varios de los acreedores de la Provincia habían expresado su disposición a considerar posponer parte de las amortizaciones por algunos meses, otros acreedores importantes estuvieron menos interesados en dicha colaboración. En cualquier caso, el ministro Guzmán y los acreedores ahora deben trabajar juntos para encontrar una solución cooperativa, completa y sostenible.
Por su parte, el FMI debe transformar su programa de préstamos de un acuerdo stand-by a corto plazo en una facilidad extendida el próximo año. Y, mientras tanto, el Fondo debe servir como un socio fuerte del gobierno argentino durante las negociaciones con los acreedores, con el fin de garantizar un nivel sostenible de deuda.
Una cosa adicional es muy clara: Argentina debe evitar otra liberalización prematura de los flujos de capital. A diferencia del período previo a la crisis actual, la visión institucional del FMI sobre los flujos de capital deberá ahora aplicarse con rigor.
José Antonio Ocampo, autor de Resetting the International Monetary (Non)System, es miembro del directorio del Banco de la República, el banco central de Colombia, profesor en la Universidad de Columbia y presidente de la Comisión de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas.
