Argentina encierra contradicciones todavía no resueltas en relación al litio. El gobierno de Alberto Fernández quiere impulsar el desarrollo del sector, con un rol destacado del Estado en la extracción del mineral y el desarrollo de las baterías para los autos eléctricos, mientras que las tensiones sociales y ambientales se mantienen.
El deseo de expansión del Gobierno tiene una dimensión internacional: se calcula que, a nivel mundial, el sector del transporte es responsable de casi un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el abandono de la tecnología del motor a combustión en favor del vehículo eléctrico es un requisito ineludible a la hora de diagramar la transición energética. En este sentido, el litio desempeña un papel fundamental como mineral clave, del que Argentina dispone en abundancia.
Los salares continentales de Argentina, Bolivia y Chile representan casi el 60% de los recursos globales de litio. Argentina cuenta con el 9% de las reservas totales del mundo —recursos cuya viabilidad de explotación ha sido probada en términos técnicos y económicos— y ocupa el tercer lugar detrás de Chile y Australia.
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El litio en Argentina
Existen dos proyectos que producen litio para la exportación en Argentina. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, la empresa norteamericana Livent cuenta con una capacidad de producción de 20.000 toneladas de litio equivalentes al año y planea duplicarla a partir de una inversión de 640 millones de dólares. Livent está asociada con BMW.
El segundo proyecto es Sales de Jujuy en el Salar de Olaroz, con una capacidad de 17.500 toneladas de litio equivalentes por año. Está manejado por la australiana Orocobre, asociada a la japonesa Toyota Tsusho y la empresa provincial JEMS). Sales de Jujuy vende litio a Toyota en Japón y a otros fabricantes de baterías en Corea y China. También está en etapa de expansión.
El único nuevo proyecto que va a entrar en producción en el corto plazo es Cauchari-Olaroz operado por Minera Exar, que pertenece a la canadiense Lithium Americas y la china Jiangxi Ganfeng Lithium, con peso minoritario de JEMSE. El año que viene comenzaría la producción y finalizada la construcción tendría una capacidad de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Cuenta con contratos con Tesla, Volkswagen y BMW.
Según cifras oficiales a las que accedió Diálogo Chino, el año pasado se exportaron 31.500 toneladas de carbonato de litio por 134 millones de dólares, por debajo de los 184 millones de dólares de 2019. Con el ingreso pleno de producción de Caucharí-Olaroz, la capacidad total del país pasaría de las 37.500 toneladas actuales por año a 85 mil toneladas.
En otro escalón está la francesa Eramet, cuyo proyecto en el Salar de Centenario-Ratones, Salta, quedó estancado por la pandemia y la incertidumbre macroeconómica del país. En la misma línea aparece la firma surcoreana Posco, que planea construir una planta de carbonato e hidróxido de litio en Salta, y Galaxy y Orocobre con su inversión en Catamarca.
Hay entre 50 y 60 firmas que tienen prácticamente todas las concesiones de los salares en sus manos en Argentina. Martín Obaya, investigador de la Universidad de San Martín, sostiene que el marco regulatorio de la actividad minera favorece la especulación con los proyectos, con empresas que compran una concesión pero luego la venden para obtener ingresos.
La Ley de Inversiones Mineras y el Código de Minería que regulan la actividad del litio permite la importación de equipos libres de aranceles, incluye desgravaciones impositivas y estabilidad fiscal y establece regalías de apenas el 3% por la exportación. No establece mecanismos de diálogo social con las comunidades ni cuenta con herramientas para avanzar en la agregación de valor.
La situación es diferente en Chile y Bolivia, en donde el litio es considerado un recurso estratégico. En Chile, operan empresas privadas bajo contratos con el Estado. Se pagan regalías móviles del 6 al 40% y hay recursos destinados a financiar centros de investigación. En Bolivia el sistema es público y se desarrollaron proyectos pilotos pero no en fase industrial.
Conflictos ambientales
En una zona disputada, un tema sobre el que pueden surgir conflictos es el agua. “La minería del litio compite por un recurso crítico como el agua, ya que se trata de zonas de extrema aridez. La poca agua dulce que hay disponible es subterránea y es recurso básico para las comunidades y la biodiversidad”, explica María Laura Castillo Díaz de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Para la extracción del mineral, las empresas realizan un pozo de 200 a 400 metros de profundidad desde donde extraen agua junto con minerales. El líquido se deja reposar entre uno y dos años en piletones enormes en donde el agua se evapora por efecto de la energía solar. El compuesto resultante requiere de grandes cantidades de agua dulce para llegar al carbonato de litio.
En el salar de Olaroz y en Catamarca, el sector del litio avanza a pesar de cierto grado de tensión con las comunidades. Distinta es la situación en Salinas Grandes, una cuenca compartida entre Salta y Jujuy en donde viven 33 comunidades. Allí hubo varios proyectos exploratorios frenados y por ello no hay prácticamente presencia empresarial.
Alicia Chalabe, abogada de estas comunidades de Salinas Grandes, describe cómo están organizadas y explica que "el conflicto seguirá existiendo mientras no se reconozcan los derechos indígenas". Además, afirma que "la legislación provincial no contempla el derecho a la consulta previa. Las comunidades no son informadas correctamente, ni se les pide su consentimiento en casos de afectación de las condiciones de biodiversidad”.
El reclamo de las comunidades se basa en el Convenio 169 de la OIT ratificado por la legislación argentina. Asimismo, está vigente el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que establece estándares regionales para los derechos de acceso en asuntos ambientales.
“El método actual de extracción de litio no es sostenible a raíz del volumen de agua que requiere y de residuos que genera. Además, es muy poco eficiente en términos económicos, con lo cual no va a permitir abordar una demanda multiplicada por 35 que se espera en un escenario de masividad de los vehículos eléctricos”, sostiene Ernesto Calvo, director del Instituto de Química, Física, de los Materiales, Medio Ambiente y Energía.
El propio Calvo junto a su equipo desarrolló un nuevo método de extracción que compite en el mundo con proyectos de empresas y gobiernos para acceder a la escala industrial. “Tarde o temprano va a ocurrir un cambio tecnológico en favor de un método de extracción directa más eficiente, rentable y amigable con el entorno ambiental”, aseguró a Diálogo Chino.
Los planes para el litio en Argentina
El gobierno de Alberto Fernández estudia un proyecto de ley que apunta a consolidar una empresa pública para la producción de litio junto con una comisión de carácter autárquico para funcionar a nivel científico, técnico, comercial e industrial. La comisión tendría participación del Gobierno nacional, las provincias, comunidades originarias y universidades. También se avanzaría con una agencia de estímulo al desarrollo científico en litio.
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“La empresa pública debería ser una YPF (la empresa petrolera nacional) del siglo XXI. El problema es que los salares están casi todos concesionados”, advierten desde el bloque de diputados oficialista.
Federico Nacif, especialista en litio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sostiene que “lo primero que se debería regular es a los proyectos que actualmente están en marcha. Los planes para producir litio con una empresa estatal en todo caso pueden tener efecto dentro de ocho años”.
Nacif junto a otros especialistas plantean que es necesario sacar al litio del ámbito de la ley de inversiones mineras y declararlo recurso estratégico. Pero la Argentina es un país federal en donde las provincias tienen dominio originario sobre sus recursos, con lo cual avanzar en esa dirección implicaría un fuerte conflicto político.
La electromovilidad en Argentina
Asimismo, la provincia de Jujuy y el Estado nacional firmaron un memorándum de entendimiento (MOU) con la empresa china Ganfeng para estudiar la instalación de una fábrica de baterías de litio y el Ejecutivo nacional alcanzó otro MOU con la firma china Jiangsu Jiankang Automobile para producir en el país vehículos urbanos eléctricos y baterías.
La promoción de la electromovilidad es motivo de disputa con las terminales automotrices, que advierten que es lejana la posibilidad de la fabricación en escala de automóviles eléctricos en el país debido a que Brasil, el principal comprador, no parece avanzar en el eléctrico sino el híbrido, para aprovechar el gran peso del etanol como combustible.
Se espera que en el corto plazo el Gobierno envíe al Congreso un proyecto de ley para impulsar la electromovilidad. Los detalles todavía no se conocen, pero se buscaría incentivar la industrialización del litio así como la fabricación de vehículos eléctricos con componentes nacionales y el mercado de venta de estos nuevos modelos.
Asimismo, las terminales argumentan que la industria argentina está especializada en la fabricación de utilitarios, un vehículo que no se adapta bien a la actual tecnología eléctrica, ya que exige mucha potencia y autonomía. Las automotrices presionan para que el primer paso sea el apoyo al híbrido (combinación de nafta o gas y eléctrico).
A corto plazo, el mercado de vehículos eléctricos podría abrirse en el transporte público y a partir de la importación de determinadas unidades para uso urbano. Las empresas chinas aparecen como los únicos actores capaces de montar fábricas, pero surge el interrogante de qué grado de vinculación con la industria local tendría esa apuesta.
*Este contenido fue publicado originalmente en Diálogo Chino el 1 de octubre de 2021.
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