La Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer el dictamen del proyecto de Ley Antimafias. Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de Seguridad y respaldada por el oficialismo, el bloque del Pro, el radicalismo y algunos miembros de Hacemos Coalición Federal, avanzará ahora para su debate en el recinto de la Cámara baja. La oposición más fuerte provino de Unión por la Patria, con un dictamen de rechazo presentado por el diputado Martín Soria.
Entre sus principales propuestas se encuentra el incremento de penas para delitos graves, como narcotráfico, trata de personas y venta ilegal de órganos. Por este motivo, el proyecto propone una reforma del Código Penal para establecer penas de 8 a 20 años de prisión por pertenencia a una asociación ilícita (actualmente se imponen las escalas de acuerdo a la participación que tuvo cada miembro en el delito). También determina que si un miembro de una organización criminal comete un delito grave, todos los demás miembros de la organización recibirán la misma pena, considerándolos cómplices necesarios del delito.
Además, introduce la figura de la Zona de Investigación Especial, destinada a agilizar los procesos judiciales, lo que permitiría la extinción de dominio de bienes obtenidos a través de actividades criminales. Este consiste en la desposesión de bienes de quienes hayan sido causantes probados de ese tipo de delitos, los cuales son transferidos inmediatamente al Estado nacional.
Asimismo, el proyecto introduce el concepto de "reiterancia" para imponer penas más severas a los reincidentes. Según la ley actual, alguien es reincidente si ha sido condenado dos o más veces a prisión. De aprobarse el proyecto, no será necesario que esas condenas se hayan cumplido; si una persona comete dos delitos diferentes, las penas se sumarán una tras otra, hasta un máximo de 50 años.
También especifica delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidios, lesiones, pornografía infantil, secuestro, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, incendios, tenencia ilegal de armas y explosivos.
